¿Venderá el Gobierno su participación en Movistar?

En época de vacas flacas hay que buscar recursos y activos para financiar proyectos. En la afanosa búsqueda de liquidez que tiene el Gobierno para cumplir las ambiciosas metas del Plan Nacional de Desarrollo, varios tecnócratas pusieron sobre la mesa que la Nación tiene una participación accionaria del 30 % en Telefónica-Movistar y puede ser una buena opción, pero no es tan sencillo llegar a ella.

El propio ministro de las TIC, David Luna, aceptó que desde el Ministerio de Hacienda han solicitado que se revisen los activos que tiene la Nación para evaluar cuáles se pueden vender para tener mayor flujo de caja. Entre las opciones que atañen al sector están la empresa de mensajería 472, que fue calificada por Luna como "un activo vital” y también la participación accionaria en Movistar.

Esta consideración es un secreto a voces en el sector, pero sigue siendo una opción lejana. Luna señaló que en los próximos días habrá una reunión con la participación del propio presidente Juan Manuel Santos con la OCDE, para definir varios puntos para ingresar al selecto grupo. Esta reunión sería trascendental para definir el futuro de estos activos.

Y es que la OCDE ha sido insistente en la independencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), adscrita al Ejecutivo. El entuerto en términos prácticos se resume así: para la OCDE “no es recomendable” que el Gobierno sea juez y parte en el sector de las telecomunicaciones. Mientras compite con sus activos en Movistar, también regula y dirime disputas en el sector, algo que les resulta “improcedente”.

Como cualquier venta de activos estatales, esta participación enciende una interesante controversia. Para algunos expertos, el Gobierno no puede tener un interés financiero en un operador. En el caso de Movistar este interés oficial no se limita a buscar que la empresa tenga buenos resultados, sino que necesita generar recursos para atender las pensiones de la antigua Telecom, que cuestan más de siete billones de pesos.

Semana.com consultó la opinión con el exministro TIC Diego Molano, esta vez desde su posición de consultor internacional. En primer término, indicó que no tiene "ni idea sobre esta posible venta”. Explicó además que efectivamente, “ese es uno de los puntos que menciona la OCDE. Cosa que no se entiende porque hay muchos países que hacen parte de esa organización que tienen participaciones importantes en operadores de telecomunicaciones, como Alemania en T-Mobile, Francia en Orange, Italia en TI, Austria, etc.”.

Agregó, además, que "lo que hay que garantizar es que la regulación sea verdaderamente independiente de todos los operadores y eso ya sucede en Colombia. El Minhacienda es el que se encarga de eso y Min TIC nunca ve los temas de las acciones de Telefónica o de las otras empresas del Estado”.

En la otra orilla están los demás operadores, que también han insistido en "el fortalecimiento de la CRC” para que tenga el suficiente músculo y así dirimir las espinosas disputas que se están adelantando en el sector. Semana.com consultó con fuentes de Telefónica-Movistar sobre este tema y dijeron no tener conocimiento al respecto.

Venta compleja

En caso de que el Gobierno decida poner a la venta su participación en Movistar, tendría que enfrentar obstáculos. El primero sería encontrar un comprador. Expertos del sector consultados por Semana.com explicaron que la primera opción sería precisamente dentro de Telefónica, para que los españoles se hagan con la totalidad del paquete accionario. “Es una opción compleja, pero los españoles sí lo han considerado” aseguró una de las fuentes.

El segundo problema que podría surgir es el precio. Un equipo técnico tendría que entrar a realizar un diagnóstico para establecer el valor real pues, como dicen los expertos, sería aventurado dar una cifra por ahora porque el mercado de las telecomunicaciones es extremadamente cambiante.

Todo dependerá del afán que tenga el Ejecutivo por tener mayor flujo de recursos para poder solventar algunos de los proyectos que quiere lograr para el 2018. Las posiciones están sobre la mesa y será el Gobierno quien define si vende esta participación, una movida que podría revolucionar todo el sector móvil en el país.