Cinco mitos sobre la continuidad de Claro y Movistar

La interpretación confusa de una sentencia (la 555 de la Corte Constitucional), ha generado pánico entre usuarios y empresarios de telefonía móvil en el país pues se piensa que Claro y Movistar dejarán de prestar el servicio.

Estos son los cinco mitos que rondan sobre el tema:

1. Nos quedaremos sin servicio de celular. Falso. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no se suspende el servicio de voz ni de datos móviles y que esto no implica un alza en las tarifas como comentan algunos usuarios.

2. Las redes son patrimonio público. Falso. Hay quienes tildan a los operadores móviles de ladrones, por usar supuestamente una infraestructura que es de los colombianos. También tildan al gobierno de vendido por permitir que estas empresas comercialicen usando estas redes.

Es imperativo entender que han sido los operadores quienes han construido su propia infraestructura (torres, antenas, redes…) con inversiones privadas. No han tomado bienes del Estado.

Lo que sí es público y limitado, es el espectro electromagnético. Este se entrega a los operadores para que presten sus servicios por un tiempo determinado, tras el pago de una compensación.

Esto se hace mediante un proceso de subasta en el que gana quien dé más dinero y quien muestre una mejor eficiencia del espectro dentro de su plan de trabajo y su modelo de negocio.

Cuando el Estado adjudica espectro, busca además de maximizar sus ingresos, generar competencia al asegurar la mayor cantidad de ofertas posibles para los usuarios. El caso más reciente fue la adjudicación de espectro para 4G, que se entregó a seis operadores.

Por las primeras concesiones en 1993, lo que pagaron los operadores supera los 1.100 millones de dólares, además de las inversiones en infraestructura, que en 20 años se calculan en 14.000 millones de dólares.

Además de ese pago, las empresas privadas de comunicaciones, tipo Claro, Movistar, Tigo, Avantel y DirecTV deben dar cobertura, prestar servicio gratuito y donar equipos a poblaciones donde no es rentable operar pero que el Estado tiene la obligación y el deber de garantizarles servicio de voz y datos.

3. Los operadores deben devolver las torres. Falso. Las torres son solo el lugar para ubicar antenas a gran altura. De hecho son las antenas, no las torres en sí las que permiten dar conexión.

La mayoría de torres hoy en el país ni siquiera son propiedad de los operadores ya que las han vendido a American Tower, una empresa que se encarga de la instalación y el mantenimiento de torres y alquila espacios a los operadores para que instalen sus antenas y presten así el servicio.

4. Todos los operadores deben devolver su infraestructura. Falso. El conflicto está en las redes que se montaron antes de 1998, así que de entrada Tigo no tiene nada que ver con este asunto porque sus redes son de 2003.

Claro y Movistar firmaron sus primeros contratos de concesión en 1993 cuando eran Cocelco, Occel, Celcaribe y Celumóvil.

En ese momento recibieron 25 MHz de espectro para operar (hoy cada uno tiene 85 MHz) y se sabía que al término del contrato debían devolver su infraestructura al Estado.

Una ley de 1998 determinó que a partir de ese momento, las inversiones en infraestructura son propiedad de las empresas, para siempre. Lo que sigue siendo propiedad del Estado y se entrega en concesión, es el espectro.

La sentencia del 2014 ratifica ese hecho pero abre la posibilidad de que la reversión se haga en dinero, es decir, que los operadores paguen un monto al Estado en vez de devolver los activos como antenas y espectro usados antes de 1998.

El ministerio TIC adelanta unos peritos técnicos para determinar el valor que tendrán que pagar los operadores según el avalúo que se haga de los activos anteriores a 1998.

El ministro Diego Molano asegura que la decisión de la sentencia, da seguridad jurídica a los inversionistas pues confirma que los activos y las inversiones que los operadores han hecho desde 1998 y los que se hagan a futuro, pertenecen a los inversionistas y no al Estado.

Pensar que las inversiones de un privado y de un extranjero, como lo son Claro y Movistar, deben pasar al Estado, sí afectaría la continuidad en la prestación de los servicios ya que los empresarios no verían a Colombia como un país en el que pueden invertir a largo plazo.

Sería un proceso de expropiación de activos que va en contravía la política de participación legítima del sector privado, que adelanta el gobierno.


5. El 28 de marzo vence el permiso de Claro y Movistar para operar. Verdadero. Pero en noviembre de 2013 solicitaron al Ministerio TIC la renovación de sus contratos de concesión con el Estado para continuar prestando el servicio.

El ministerio TIC entra entonces a evaluar si en estos 10 años los operadores han cumplido con los compromisos que adquirieron en 2004, cuando renovaron sus contratos por primera vez.

Estos compromisos incluyen estándares en calidad del servicio y despliegue de cobertura, entre otros asuntos.
El Ministro TIC, Diego Molano, ha dicho que se están evaluando las solicitudes de renovación de los contratos y el valor que deberán pagar las empresas.

Eso sí, en ningún caso se dejará de prestar el servicio.

Para el 28 de marzo deben estar ya firmados los nuevos contratos de concesión por 10 años más o por el tiempo que determinen las partes.

“Habrá continuidad en la prestación del servicio y tendremos más inversión en el sector de telecomunicaciones en el país”, concluye el ministro.