Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2000/10/23 00:00

Asesinos Ocultos

Esta semana UNICEF presentó el primer informe sobre minas antipersonales en Colombia. El panorama es trágico. El futuro es más alentador

Asesinos Ocultos

Es una de las canciones de moda. Se titula ‘Fíjate bien’ y la canta Juanes, ex líder del grupo de rock Ekhymosis. El coro del tema es pegajoso, fácil de memorizar y dice: “Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina, te desbarate los pies, amor”. Juanes ha dicho que la letra es una metáfora sobre estar atento al camino para poder sortear las trampas que pueden encontrarse a lo largo de la vida. Sin embargo, para un número creciente de colombianos, habitantes de zonas rurales, el coro de esta canción es una dolorosa y penosa realidad.

Una profesora de la vereda Mesitas, perteneciente al municipio de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, contaba que “los niños sí pueden jugar, pero sólo en la canchita; por esos potreros ya no se puede porque eso está todo lleno de minas… Antes llevaba a los niños por allá a jugar y a hacer clase, pero ahora toca decirles que no se vayan a meter por esos lados…”. Estos niños han sido afortunados: viven para contar el cuento y no han sufrido heridas ni mutilaciones. Sin embargo muchos de ellos han dejado de ir a estudiar.

Historias como éstas, sumadas a otras aún más sangrientas y atroces, se han vuelto cada vez más comunes. Son el reflejo de un fenómeno preocupante: la proliferación de minas antipersonales como consecuencia del incremento y degradación del conflicto armado. El asunto ha adquirido tal magnitud que la seccional de Unicef en Colombia, dado que los niños y niñas son la población más vulnerable a este tipo de armamento, realizó el primer estudio nacional sobre el tema titulado ‘Sembrando minas, cosechando muerte’. Los resultados se presentaron esta semana y son contundentes. Colombia no sólo es el único país de América Latina donde aún se siembran estos artefactos explosivos sino que, se sostiene en la investigación, “pasó de tener una problemática leve de esta materia a la categoría de grave, según estándares internacionales”. La Organización de Estados Americanos (OEA) cree que el caso colombiano es de alto riesgo, un 15 por ciento del territorio nacional está afectado, y es equiparable al de países como Bosnia, Kosovo o Chechenia.



Un mal paso

Muchos colombianos se enteraron de la cuestión de las minas antipersonales a través de los medios de comunicación cuando Lady Di, la fallecida esposa del príncipe Carlos de Inglaterra, comenzó a apoyar a las Organizaciones No Gubernamentales que luchaban por la erradicación de estos artefactos. Visto a través de las imágenes de televisión el problema de las minas parecía algo lejano y ajeno a la realidad propia de las ciudades. En ciertos sectores del campo, en cambio, el tema era más cercano de lo que sus habitantes quisieran o pensaran.

Edgar Moreno vivía en el municipio de El Carmen de Chucurí, Santander, y realizaba labores de vaquería para ganarse la vida. Desde 1991 había oído historias de campesinos o ganado que habían caído por la acción de las minas.

El primero de enero de 1992, a las 2:30 de la tarde, mientras le quitaba el broche a una cerca para pasar ganado de un potrero a otro, pisó una mina antipersonal hechiza, una de las 120 que estaban sembradas en el área. “Sentí la explosión, me vi la pierna izquierda destrozada de la rodilla para abajo y quedé inconsciente”, recuerda Edgar. Un compañero, que en otro incidente perdió también la pierna izquierda por uno de estos artefactos, lo auxilió. Casi 31 horas después, luego de haber sido insultado y maltratado sin consideración a su condición en dos retenes de la guerrilla, recibió atención médica adecuada en Barrancabermeja.

Las heridas de mina antipersonal son clasificadas en el informe de la Unicef como las más complejas y dramáticas de todas las producidas en la guerra: “Las ondas explosivas entierran pedazos de metal y plástico en el cuerpo de la víctima. Tierra, pedazos de ropa y calzado, fragmentos óseos y esquirlas se internan en el miembro afectado causando, casi invariablemente, la amputación”. Se complican, además, porque como lo determinaron los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), sólo el 25 por ciento de las víctimas reciben atención hospitalaria adecuada en las seis horas siguientes al accidente.

Edgar Moreno no sabía nada de esto. No se desangró porque un pedazo de sus botas de caucho se le incrustó como un aro alrededor del muslo e impidió que la hemorragia fuera mayor. Igual, a las 7 de la noche del 3 de enero de 1992 el joven firmó los papeles en los que autorizaba a que le amputaran la pierna. Hace dos semanas Edgar, que hoy tiene 25 años, contó esta historia y la de su posterior rehabilitación en un auditorio de Ginebra, Suiza, en el que se encontraban reunidos miembros de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas (Icbl, por sus siglas en inglés), Premio Nobel de la Paz 1997.

Su testimonio fue uno de los 18 de sobrevivientes de minas antipersonales de igual número de países del mundo que escucharon los delegados reunidos en ese lugar. A él lo impresionó, en particular, el caso de José Feliberto, un angoleño que de joven perdió los dos brazos y un ojo como consecuencia de la explosión de una mina con la que estaban jugando. Hoy José dirige la campaña para la erradicación de minas en su país y practica la natación. Edgar y los otros 17 sobrevivientes fueron condecorados en una emotiva ceremonia en la que el maestro de ceremonias fue Paul McCartney y el discurso principal estuvo a cargo de su novia, la modelo Heather Mills, quien perdió una pierna en un accidente automovilístico. Edgar tuvo que resolver muchas inquietudes porque si algo quedó claro en esta reunión de Ginebra es que la comunidad internacional ve con preocupación lo que está ocurriendo con las minas antipersonales en el país.



Las víctimas

En Colombia, según el informe de Unicef, los militares producen dos tipos de minas que usan con fines defensivos “para la protección de infraestructura para las comunicaciones y bases militares”. Estos campos minados están registrados en mapas y en casos excepcionales ocasionan dificultades. Hace poco, por ejemplo, los indígenas iku, de la Sierra Nevada de Santa Marta, denunciaron que no pueden acceder al cerro Inarwa, uno de sus centros ceremoniales tradicionales, porque hay unas antenas de comunicaciones y una base militar rodeada de minas.

Este incidente es aislado. El verdadero problema lo constituyen las minas antipersonales artesanales, fabricadas por grupos al margen de la ley con materiales comunes y técnicas aprendidas de expertos centroamericanos o africanos. El informe de Unicef sostiene que estas organizaciones incrementan en un 20 por ciento anual el número de minas sembradas en Colombia. Con el agravante de que esta tarea la hacen sin un patrón específico, en cantidades muy variables y sin ningún tipo de señalización. “En el Sumapaz, cuando las tropas empiezan a presionarlo, ‘Romaña’ mina el terreno para dificultar el avance de los soldados. Nuestro equipo entra para abrir trochas y que las tropas sigan la ofensiva pero por las circunstancias no podemos destruir el resto”, dice el capitán Oliverio Pérez, comandante del Equipo de Explosivos y Demoliciones del Ejército (Exde).

Los militares son las primeras víctimas de este tipo de armamento, al que se ven expuestos durante sus patrullajes en campos, caminos, riberas de ríos y lagunas, casas o sembrados. Quienes sobreviven a la explosión tienen a su favor que reciben toda la atención que necesitan de la institución, tanto física como sicológica y ocupacional, para su rehabilitación plena. Este tratamiento puede costar entre 3.000 y 5.000 dólares por persona, es decir, entre seis y 10 millones de pesos. Los civiles sobrevivientes, en cambio, están a la deriva. Algunos son ayudados por el Cicr o por la Fundación Cirec, una entidad que aplica una exitosa metodología de recuperación para los discapacitados por minas que en la pasada reunión de Ginebra fue puesta como ejemplo a seguir en 27 países. Ante el crecimiento que ha tenido esta tragedia en el país la semana pasada el gobierno anunció que ya dispuso de 400 millones de pesos del presupuesto nacional para atender a las víctimas de las minas en Antioquia, Bolívar y Santander. El objetivo a largo plazo es construir 20 centros de atención integral para las víctimas de estos artefactos.

A largo plazo la apuesta es más ambiciosa. El Estado acaba de ratificar la firma de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y su destrucción. Por cuenta de esto en los próximos cuatro años tendrán que ser destruidas todas las minas que estén almacenadas en el país y al cabo de 10 Colombia deberá ser un territorio libre de estas armas. El gobierno puede cumplir su parte pero hay que buscar la manera de que los actores armados que están por fuera de la ley hagan lo propio. Mientras esto no se logre y el terror siga sembrado o escondido en cualquier parte continuarán escuchándose las quejas de campesinos, como uno del corregimiento de Buenavista, municipio de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, que dice: “Es que si yo tengo un enemigo a la vista, pues yo veré si me le escondo o si le pido perdón o si lo frenteo… pero yo a la mina le pido perdón y ella todavía me mata”.

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