“Hay expectativa de que con los acuerdos va a mejorar la salud en el país”

Semana.com: No hay un punto de la agenda que trate puntualmente el tema de la salud, pero varios lo nombran explícitamente, ¿cuáles son?

Jaime Urrego (J.U.): Aparece en los acuerdos de reforma rural integral, en el de víctimas, el de cultivos de uso ilícito y en el desmovilización. En el de desarrollo rural hay tres componentes que se recogerían en un Plan Nacional de Salud Rural, dirigido a las zonas rurales donde ha sido más intenso el conflicto armado.

Semana.com: ¿Qué se buscaría con ese plan?

J.U.: Tiene como objetivo la ampliación de infraestructura, el desarrollo tecnológico y lo que tendría que ver con superar las inequidades, las brechas que hay con las zonas rurales del país, sobre todo, donde hay comunidades indígenas y afrodescendientes.

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Semana.com: Otros de los puntos que hace referencia a la salud es el de narcotráfico y cultivos ilícitos, ¿ahí qué se plantea?

J.U.: En este también se construiría un Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas, no solamente en los momentos de producción, transformación, comercialización, sino también entendiendo el problema del consumo de drogas como un asunto de salud pública. En esa medida, deberá haber un plan específico que no solo ataque las otras etapas de la transformación, producción y erradicación de los cultivos ilícitos, sino que además pueda trabajar en la prevención y tratamiento de las personas con problemática de consumo de sustancias psicoactivas.

Semana.com: Y en los otros puntos, ¿cuál es la referencia?

J.U: En el que tiene que ver con el acuerdo de víctimas, se trata de fortalecer lo que ya se viene haciendo en relación al PAPSIVI, (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas), para que en esta nueva etapa las víctimas identificadas tengan una atención completa, integral, continua, en sus territorios con servicios de salud mental y con énfasis en víctimas de violencia sexual en el marco de lo previsto en la Ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). También se habla de la salud en el último acuerdo y tiene que ver con los combatientes, o los que van a ser los excombatientes, en términos de que ellos tendrían el ingreso al sistema de salud y seguridad social para que tengan acceso a este derecho.

Semana.com: ¿Todo esto es pensado para las víctimas y desmovilizados o van a beneficiar a la población en general?

J.U: Unos son específicos y otros son generales. El acuerdo de víctimas es para ellos y seguramente habrá una parte que tiene que ver con los excombatientes, que ingresarían al sistema y exigiría que, por ejemplo, los programas para atender problemas de salud mental y las relacionadas con el conflicto, se puedan fortalecer.

Semana.com: ¿En cuáles es más abierto?

J.U: En el Plan Nacional Rural. Se calcula que pueden ser unas 15 millones de personas, entre víctimas, personas en situación de desplazamiento que se encuentran en las ciudades y las comunidades campesinas en general que habitan esos territorios, las beneficiadas. Y, en el punto de drogas, será general en las zonas más afectadas por el conflicto en materia de prevención y seguramente atención y rehabilitación para quienes estando en el marco del conflicto tiene problemas de consumo y dependencia.

Semana.com: El sistema de salud ya tiene múltiples problemas. ¿Cómo se manejaría ahora que entrarán más personas al sistema?

J.U: El Gobierno está implementando el modelo que se denomina MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud), en el marco de la política PAIS (Plan de Atención Integral en Salud). Es un modelo que ha generado muchas expectativas y debates, pero que continúa centrado en el modelo de aseguramiento a través de las EPS y que en aquellos departamentos con grandes brechas de inequidad y dispersión será administrado con la estrategia de asegurador único, como ya se inició en el Guainía. Quienes estamos en una postura crítica afrente al modelo basado en el mercado y en un aseguramiento a cargo de EPS, consideramos que extender y concentrar mayor poder en este tipo de actores en las zonas rurales es un contrasentido y que al contrario al menos en una primera etapa de transformación del modelo de salud, allí la atención debe estar basada en la oferta pública, en el fortalecimiento de esta red y sin intermediación de las EPS que subordinan su obligación de garantizar el derecho a la salud con sus intereses económicos, en contra de lo previsto en la Ley Estatutaria 1751 que indica que en este tipo de zonas se priorizará la atención en salud sobre la rentabilidad financiera.

Semana.com: Entonces, ¿cuál es la propuesta?

J.U: Lo que esperaríamos con estos debates que vienen después del plebiscito, como punto de partida para la construcción de una Paz estable y duradera es que haya un sistema de salud público, a cargo del Estado, universal y gratuito financiado por impuestos, donde no sea el mercado el que asigne las prioridades y donde la participación, el enfoque territorial, la promoción y la prevención sean los ejes articuladores de un nuevo modelo de salud para la paz. Podría ser que en una primera etapa las zonas rurales colombianas como el Chocó, la zona Pacífica del departamento del Valle, del Cauca, Nariño, Vaupés, Guainía, Vichada, Amazonía, Arauca, Meta, Caquetá, Guajira, pudieran disfrutar de un modelo que tuviera centralidad en lo público sin intermediación, porque esta no ha demostrado ser eficiente, eficaz y muchas veces esas EPS, están involucradas en temas de ineficiencia, quiebra y corrupción.

Semana.com: ¿Cuáles otros temas de la salud deberían ser prioridad en esto de conseguir la paz?

J.U: En un foro que tuvimos en la Universidad Nacional, el Ministerio de Salud presentó datos de estadística de encuestas recientes, donde se encuentra que casi el 35% la población tiene la expectativa de que con los acuerdos van a mejorar la salud y educación del país. Ese es un mensaje muy claro de la población sobre las expectativas que tiene. Entonces, la propuesta es que se pueda abrir la posibilidad de transformación radical del modelo de salud en Colombia, iniciando por el campo.

Semana.com: ¿Hay propuesta de una reforma total al modelo de la salud en el país?

J.U: Sí la hay. Pero no es viable en este momento, porque el Gobierno y las fuerzas que toman las decisiones en este país no están interesadas en ese plano, a pesar de que son conscientes de la crisis. Aunque justo el escenario de los postacuerdos, las ordenes judiciales, la ley Estatutaria y los clamores de los ciudadanos en todo el país indican la necesidad de una reforma profunda al sistema de salud que incluso debería tener un alcance constitucional.

Semana.com: ¿Cuál sería el fondo de esa crisis?

J.U: Hay dos lecturas de la crisis. Los actores que tienen el poder político de decisión, la ven de una manera en la cual no lo asocian al papel que han venido jugando las EPS en el país. Los que estamos en una posición más crítica, dudamos que con el modelo actual de aseguramiento se van a cumplir no solo los acuerdos, sino las expectativas de cambio de toda la población.

Semana.com: ¿Está planteado dar prioridad a las víctimas y su situación psicosocial?

J.U: Hay que poner en contexto que hay una ley que es la 1448, que es la Ley de Víctimas y ya tiene varios años en operación, además de sentencias de la corte constitucional que otorgan prioridad a la atención en salud y psicosocial de las víctimas. Esto que se pone en los acuerdos en materia de salud no es nuevo, en esa ley ya estaba determinado que había que hacerlo. Sin embargo, la falla está en el modelo.

Semana.com: Pero entonces, ¿cómo funcionaría?

J.U: La norma y la línea técnica es favorable para hacer una atención integral en salud a las víctimas, sin embargo al entregarle la responsabilidad a las EPS, todos los avances en materia legal y técnica quedan en nada puesto que éstos actores no tienen ni el interés, ni la capacidad, para garantizar una atención de calidad. Todo esto ha llegado a tal punto que al Gobierno está ejecutando parte del plan de manera directa con recursos complementarios y equipos directos en las regiones, pues es evidente que las EPS teniendo los recursos y la obligación de hacerlo no cumplen.

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Semana.com: ¿Qué más habría que hacer para materializar todo lo hablado?

J.U: Ojalá sea posible que estas zonas que han estado sometidas al conflicto, tengan mayores niveles de participación, es decir, que realmente haya consultas efectivas bien realizadas con las comunidades, pues ninguna política es buena si realmente no es construida con todos los actores de la sociedad.

Semana.com: ¿Qué sería entonces lo difícil de implementarlo?

J.U: En Colombia hay una paradoja: no es que la gente no esté afiliada al sistema de salud, pues somos uno de los países con mayor afiliación, o por lo menos cobertura nominal, en América Latina. Pero una cosa es que tu estés afiliado y otra que tengas acceso real a los servicios de salud.

Semana.com: Y un trato digno…

J.U: Lo que pasa es que el trato digno va ligado a que no medie el interés económico en las relaciones del servicio de salud con los ciudadanos. Cuando media un interés económico, hay una asimetría porque el derecho queda supeditado a la satisfacción del interés económico de los actores y en este momento el Gobierno ha manifestado y ha ratificado su interés de que ese modelo se mantenga a nombre de que eso produciría mayores niveles de eficiencia, eficacia, sin embargo la evidencia muestra lo contrario.

Semana.com: Es decir que ven muy difícil que se cambie el modelo.

J.U: Ese debate entre “lo público es corrupto y lo privado no”, es una falacia porque hay niveles de corrupción en lo uno y en lo otro. Sin embargo, con control y participación social, consideramos que lo público tiene mayor posibilidades de cumplir con esa tarea, entre otras cosas porque, por ejemplo, la infraestructura física en el país, si bien tiene una brecha que se debe superar, tiene hospitales o centros de salud de primer nivel en la gran mayoría, si no en todos los municipios del país. Estos hospitales están siendo liquidados, están en quiebra. Pero, todo está mal mientras está en lo público, aunque al otro día, probablemente, entren a ser operados por privados y tampoco los mejoran porque tienen otro tipo de intereses.

Semana.com: ¿El Gobierno está en capacidad de dar cobertura a todas estas personas que van a entrar al sistema?

J.U: La cobertura ya está. Los números dicen que no son más de 17 mil personas entre milicianos y combatientes y esto entre 48 millones de habitantes, no es significativo. Ese no es el punto. El punto está en que recursos sí hay, pero el modelo no funciona y lo hace menos en los territorios rurales, y ahí vive el 30% de la población más vulnerable, más discriminada y segregada, con peores indicadores de salud.

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Semana.com: Entonces, ¿el problema es el modelo con las EPS?

J.U: La misión que se le entregó a las EPS en el año 93 se ha ido desfigurando y lo que persiste es el interés económico; no están sirviendo para lo que teóricamente deberían servir. Muchas tareas que antes tenían las EPS han sido relegadas porque son ineficientes, porque sus intereses pesan más de lo que debe cumplir el Estado social de derecho. Entonces, uno se cuestiona por qué la terquedad de mantener un actor que es costoso, ineficiente y que después de 22 años no aprendió a hacer la tarea. Por supuesto que hay muchos desarrollos en el país que no hay que desechar, pero esos acumulados se podrían traducir a una tarea en donde lo público fuera el eje articulador.

Semana.com: Si no hay un cambio del modelo, a la larga no habría cambios en el posconflicto…

J.U: Lo que me interesa poner de presente es: por qué si se tiene la tarea clara, se la siguen entregando al que no le interesa y al final no tiene cómo hacerlo. Con este modelo, nosotros no tenemos una gran expectativa de que las víctimas vayan a ser atendidas de manera adecuada, oportuna, pertinente, con calidad, calidez, como lo merecen después de ser víctimas de un conflicto y quizá la población con más expectativas en los acuerdos. Esto en todo caso lo que significa es que hay que sacar adelante los acuerdos para que cese la guerra y que en el marco del postconflicto se definan las reformas en salud y en todas las condiciones que determinan la calidad de vida que el país necesita.