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| 10/11/1982 12:00:00 AM

NACER O NO NACER

El aborbo, un problema sociall que crea polémica. La legislación colombiana lo prohibe y lo castiga.

NACER O NO NACER NACER O NO NACER
Está a favor del aborto? A esta controvertida pregunta, es posible que usted conteste que no.
Si es hombre, con más razón. Sin embargo, si se le pregunta de otra manera, probablemente lo piense dos veces. Por ejemplo, ¿seguiría estando en contra, si su hija soltera quedara embarazada? ¿Si está en situación económica difícil, es padre de 4 hijos y su mujer queda esperando el quinto? ¿Si es un jefe de oficina y deja en cinta a la secretaria?
Si es mujer, quizá diga que está en contra. Pero es posible también que usted sea una de las miles y miles de mujeres que recurren al aborto inducido en Colombia.
No hay tema más polémico y, sin embargo, menos ventilado públicamente en el país. La ilegalidad del aborto y la clandestinidad en que se practica lo hacen materia de discusión oscura y escurridiza. Son escasos los testimonios directos e imprecisos los datos estadísticos. Si se aborda, es desde un enfoque ético; rara vez desde un punto de vista científico.
La legislación colombiana está taxativamente en contra. El país hace parte del mínimo 8% de la población mundial donde el aborto está prohibido terminantemente, sin atenuantes. El 13% lo admite si de eso depende la vida de la madre, el 15% contempla otras razones terapéuticas, el 24% reconoce impedimentos socioeconómicos de la madre o de la pareja para mantener a la nueva criatura, y en el 40% del mundo el sólo deseo de no tener el hijo es razón suficiente para recurrir legalmente al aborto.
En Colombia bajo cualquier condición es delito punible, según el Código Penal. La Iglesia se pronuncia en idéntico sentido, cambiando la palabra "cárcel" por "excomunión" cuando habla de la sanción.
En el último foro público sobre el tema, 15 días atrás, propiciado por la consejera de Estado Aydé Anzola Linares, la opinión de los expositores -abogados, militares y sacerdotes- fue unánime al plantear que el aborto debía ser considerado "homicidio agravado" y castigado con penas hasta de 30 años de cárcel.
Sin embargo, como tantas veces, uno es el país legal y otro, tal vez ni remotamente parecido, es el país real. Una de las legislaciones más austeras en materia de aborto se enfrenta al hecho contundente de que hay una cifra de mujeres que oscila- según las distintas estadísticas que se han levantado- entre un mínimo de 250.000 y un tope de 500.000 que cada año abortan voluntariamente. O sea que según la cifra más baja, habría un aborto por cada dos nacimientos, y según la más alta, la proporción sería de un aborto por cada nacimiento.

A MENUDO PENA DE MUERTE
Un especialista en la materia, el doctor Miguel Trías, dijo hace varios años defendiendo la necesidad de modificar la legislación del aborto: "en el contexto cultural colombiano, nadie es partidario del aborto en abstracto: lo consideramos un mal, pero la realidad es que una de cada tres mujeres embarazadas recurre al aborto que por definición es un crimen. Me niego a creer que la tercera parte de las mujeres colombianas sean criminales" Y en efecto la propia ley tampoco parece creer en sí misma, pues solo un 0.5% de los casos de aborto voluntario registrado son objeto de algún tipo de sanción.
A menos que se considere que el hecho de tenerlo que practicar clandestinamente, en pésimas condiciones y con alto riesgo de perder la vida, ya sea por sí solo sanción suficiente.
Cada año llegan a los hospitales gineco-obstétricos públicos de Bogotá más de 7.000 casos de aborto complicado por infección, y se calcula que el 50% de la mortalidad materna es causada por éstos. Gran parte del presupuesto de los hospitales se va en curar, a posteriori, las consecuencias de un drama que empieza siendo secreto y privado- -el de la mujer que a escondidas interrumpe su embarazo- y que cuando finalmente sale a la luz -porque la mujer infectada debe recurrir al hospital- -ya golpea las estadísticas nacionales como uno de los más graves casos de salud pública.
Desde luego, la magnitud del problema varía de acuerdo a la extracción social de la mujer afectada. Si pertenece a las clases altas puede viajar al exterior, donde le practican el aborto legalmente y en óptimas condiciones médicas. Si pertenece a las clases medias puede tener acceso a médico y equipo especializado, pero si es de los estratos más bajos, que es lo más frecuente, no tiene otra salida a mano que los "remedios" caseros.
La lista de fórmulas para el aborto autopracticado o hecho por comadronas o falsos médicos, es larga e inverosímil. Incluye alambres, palos, sondas, cerveza hervida con aspirina, levantamiento de objetos pesados, inyecciones, aplicación intrauterina de soluciones jabonosas o aceitosas, yerbas como el sauco, la ruda y el perejil, mejoral con jugo de limón... Y las consecuencias son previsibles: infecciones y perforaciones del útero, la vejiga, los intestinos, y a menudo infección generalizada que puede causar la muerte.

SIN SALIDA
¿Por qué recurren las mujeres colombianas, en número tan elevado, a una práctica que, además de prohibida, les significa tanto riesgo en todos los terrenos?.
Según se deduce de las encuestas parciales que se han realizado en el país, -muy limitadas porque la mujer que ha abortado generalmente evita hablar del tema lo hacen porque no les queda otro remedio.
El argumento que aduce la mayoría es absolutamente material y tangible, y tiene que ver con la carga económica que significa un nuevo hijo. Si depende económicamente de un hombre, la negativa de éste a mantener al niño la induce al aborto, para evitar que el recién nacido, ella misma y posiblemente sus demás hijos pasen hambre por el crecimiento de la familia. Otro número considerable de encuestadas da como razón el abandono por parte del marido o compañero: el hombre que se va, o les corta el apoyo económico, al saber que están embarazadas.
Entrevistada en un barrio marginal de Medellín, Flor Angela, vendedora ocasional de lotería, contó que vivía con un hombre legalmente casado con otra, de quien tenía tres hijos. Su compañero vivía y mantenía simultáneamente las dos casas con las dos familias y, al enterarse de que Flor Angela estaba nuevamente en cinta, se mudó definitivamente a la casa de la familia legítima y no volvió a verla.
Si se bastan económicamente a sí mismas y dependen de su sueldo, la situación tampoco les abre otras alternativas. El embarazo les haría perder el puesto, y un recién nacido, cuando no puede remitirse su cuidado a otras manos, les impediría trabajar.
Otras razones, de tipo social y cultural, también han demostrado tener peso y colocar a la mujer en un callejón sin salida. Es el caso de la soltera que queda embarazada. La sociedad, la familia, el propio novio, la rechazaría si se convirtiera en madre soltera, pero al mismo tiempo la censuran si aborta. Es el caso de Fabiola, de 14 años, entrevistada en Cali. Empezó a salir con un obrero y tres meses después quedó embarazada.
No se atrevió a decirle a los padres ni al novio, y acudió por su cuenta a la comadrona del barrio, quien le recetó introducirse una pera bañada en permanganato de potasio. Un solo tratamiento le dio resultado.
Es también alto el número de casos en que la pareja decide conjuntamente recurrir al aborto, por simple imposibilidad de mantener un niño más. Lo recurrente de esta situación se pone de presente en las cifras estadísticas que hablan. en la ciudad, de un número real de hijos de 5.7 contrapuesto al número ideal de 3.4 (2.3 de exceso), y en el campo, un número real de 7.3 frente a un número deseado de 4.4 (2.9 de exceso). El segundo embarazo implica, según encuestas, un 15% de rechazo en la mujer, y el sexto embarazo, un 60% de rechazo en hombres y mujeres.

LAS CARAS DE LA MONEDA
No hay nadie -ni siquiera los sectores feministas más enloquecidos -que opinen que el aborto es algo deseable o positivo por sí mismo. Sin embargo, hay sectores en Colombia que lo ven como mal necesario, como mal menor ante la situación de hecho que representan miles de mujeres abortando en condiciones infrahumanas, o si no, vista la moneda por la otra cara, miles de niños maltratados o abandonados porque sus padres nunca quisieron tenerlos y sin embargo no lo impidieron. Son los sectores que están a favor de que se lo legalice, o al menos que se haga flexible la ley que lo prohíbe.
Según esta franja de opinión, que incluye un porcentaje ampliamente mayoritario de médicos de todas las especialidades, recientemente encuestados por Ascofame, la legalización del aborto significaría una gran reducción de la mortalidad materna y un freno importante al problema de la niñez indeseada.
En cuanto a los riesgos médicos que podrían correrse, especialistas en la materia opinan que un aborto practicado en óptimas condiciones de asepsia, antes de las tres semanas de gestación y con equipo adecuado, no implica más peligro que una inyección de penicilina. Podría haber si un accidente anestésico, exactamente lo mismo que durante la extracción de una muela.
Un aborto en estas condiciones le costaría al hospital unos 200 pesos, en contraposición al costo de internación e intervención que implican los abortos que actualmente llegan a los hospitales, ya con complicaciones graves.

Psicoanalistas que han estudiado el tema aseveran que si el aborto ocasiona problemas emocionales, es fundamentalmente por las condiciones nocivas y clandestinas en que debe practicarse actualmente, y que un aborto legal y debidamente realizado le implica a una mujer mentalmente sana desequilibrios infinitamente menores a los que le implicarían un embarazo y un parto no deseados. Además, afirman que, una vez que la mujer ha tomado la decisión, no hay poder humano que la disuada.
Muchos de los que están por la despenalización del aborto opinan, sin embargo, que éste por sí solo no sería solución, pues se entraría en una cadena infinita y nociva de embarazo no deseado -aborto, embarazo no deseado- aborto... Sería imprescindible, por tanto, complementar la medida con amplias campañas de educación sexual, suministro masivo de anticonceptivos, dentro de la concepción general de una responsabilidad para la procreación.
Por otro lado, si el Estado sólo se ocupa de garantizar estos últimos dos aspectos, obtiene resultados muy parciales, pues está comprobado que en los lugares donde más se fomenta el control natal, no disminuye el número de abortos inducidos. Esto se debe, posiblemente, a la doble presión a que está sometida la mujer por parte de una sociedad que por un lado la empuja a utilizar anticonceptivos, y por el otro, le recalca permanentemente que su misión fundamental y casi única es la de ser madre y que las relaciones sexuales no deben tener otro fin que la procreación. Lo cual le crea una mentalidad doble y contradictoria, que le impediría asumir completamente la teoría de la planificación.
Curiosamente, la experiencia hecha por países que lo han legalizado, demuestra que esto no significó un aumento en el número de abortos. Para quienes opinan que la legislación colombiana se ha quedado siglos atrás al respecto, la legalización del aborto no significaría fomentarlo, sino simplemente poner los pies en la realidad de los miles de abortos que actualmente se realizan en la clandestinidad, ante los ojos impasibles de una sociedad que lo sabe pero que no lo admite, que estigmatiza el hecho, pero que no le da solución.

DICEN NO
Un gran sector de la opinión pública se pronuncia terminantemente en contra de la legalización del aborto. Los siguientes comentarios reflejan esta posición.
Cardenal Anibal Muñoz Duque (1979).
"El aborto provocado siempre será un crimen contra la vida humana cualesquiera que sean las causas que se aleguen como motivación. La ley divina y la natural excluyen todo derecho a matar directamente a la persona humana". "El Concilio Vaticano II declara que el aborto es un crimen abominable porque el respeto al ciclo de la vida establecido por Dios forma parte del respeto a Dios mismo Creador. La Iglesia castiga el aborto causado con pena de excomunión".

Código Penal Colombiano.
"La mujer que en cualquier forma causare su aborto o permitiere que otra persona se lo cause incurrirá en prisión de uno a cuatro años. En la misma sanción incurrirá el que procure el aborto con el consentimiento de la mujer embarazada" (artículo 386). "Hay agravamiento si es practicado por médico cirujano o partera" (artículo 388) "y atenuante de la pena si el aborto se practica "para salvar el honor" de la mujer" (artículo 389).

Luis Enrique Romero
magistrado de la Corte Suprema de Justicia (Exposición en mesa redonda sobre el Derecho de la Vida septiembre 1982). "El homicidio resulta agravado cuando se practica en ascendiente o descendiente y recibe en consecuencia una pena que fluctúa entre los 15 y los 30 años. Tanto en el aborto como en el infanticidio se está incurriendo en un homicidio agravado y, por tanto, la pena aplicada a este tipo de delitos deberia ser la misma que la que sanciona al homicidio agravado".
David Mejía, abogado de la Universidad Bolivariana de Medellín, doctor en derecho canónigo de la Universidad Santo Tomás de Roma director por 12 años de la Revista Arcó, miembro de la Academia de Historia.
Interrogado por SEMANA sobre sus declaraciones en relación a que la "mujer menor y violada debe parir" contestó. "Parto de la base de la Declaración de los Derechos Humanos, que sostiene que la vida empieza con la concepción y termina con la muerte. Cualquier interrupción quedé término a la vida es una violación al derecho a la vida, que debe ser amparado por los Derechos Humanos. En el momento en que se legislara contrariando esta filosofía, se estaria cometiendo una grave violación a lo consagrado en la Declaración. Sostengo que la joven violada debe parir y que el Estado debe hacerse cargo de su asistencia social, así, si no tiene techo, la debe proveer de casa, darle trabajo y educación si no la posee, y garantizarle también al niño asistencia médica, alimentos y educación. Por otro lado, debe descubrir al violador para que caiga sobre él todo el peso de la ley, y hacerle cumplir con sus deberes como padre. El aborto es un delito contra la persona humana, contra la institución familiar y contra la sociedad civil. Se trata, en fin de cuentas, del más tipificado de los delitos sociales".

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