Sábado, 21 de enero de 2017

| 1982/07/12 00:00

PACIENCIA Y DINERO PARA EMPEZAR DE NUEVO

En Colombia, organizaciones de juristas atienden la creciente demanda de anulaciones matrimoniales.

PACIENCIA Y DINERO PARA EMPEZAR DE NUEVO

Hace 10 años anular un matrimonio podía costar un millón de pesos. Hoy puede conseguirse por cien mil. Y en algunos casos gratis. Anteriormente, la demanda debía entablarse ante un tribunal en Roma y someterse a la parsimoniosa espera de unos cuarenta años. Ahora, el proceso dura entre año y medio y dos años, sin necesidad de cruzar las fronteras nacionales, y resolverse en uno de los tribunales eclesiásticos que existen en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Sin embargo, para quedar "libre" en Colombia, después de haber contraído matrimonio eclesiástico, se requiere de tiempo y de dinero. Pero, además, pasar por tortuosas pruebas de causales de anulación que, aunque tienen validez universal (son las mismas en el Japón que en Colombia), no dejan de ser una confrontación personal difícil de soportar. Como quien dice... ¡Cásese pero no se equivoque!

CADA DIA SON MAS
Si hace los mismos diez años conseguir un especialista en derecho canónico capaz de litigar el caso de anulación ante la curia era un verdadero privilegio, ahora la demanda es tan grande que se han formado organizaciones de juristas destinados únicamente a resolver problemas matrimoniales. Tal es el caso de la Organización Hernán Jaramillo Isaza una de las primeras y más grandes del país, que cuenta con 37 especialistas que incluyen abogados, psicólogos y sacerdotes, con sede en once ciudades y con un avión particular que les permite movilizarse a los expertos sin las trabas del gráfico aéreo comercial. Como ésta, existen otros grupos de consultores jurídicos que, aunque proliferen y avancen en la interpretación de las causales de anulación, siempre tienen ante sí el mismo "cuello de botella": la Iglesia. Sólo en cinco tribunales eclesiásticos puede gestionarse la demanda y son sus jueces los únicos aptos para emitir cualquier dictamen.
La avalancha de demandas ha superado las posibilidades de la Iglesia para aligerar los procesos y es así como sólo hay diez sacerdotes con capacidad de resolver la creciente demanda de anulaciones, razón por la cual en 1981 sólo se dictaron 255 sentencias de nulidad, a las cuales se sumaron 150 casos que venían de 1980. Es decir que únicamente 405 parejas quedaron en la libertad de contraer matrimonio nuevamente, número bastante pequeño si se piensa en el cuantioso volumen de separados con la misma aspiración.
Y no es por capricho que la gente solicita anulación, puesto que las soluciones, también cada vez más comunes, de matrimonio civil en Contadora, Panamá, Quito, Maracaibo o San Antonio de Táchira (según los alcances del bolsillo) son simples formalidades para calmar la censura social, pero sin validez civil o jurídica alguna.

TORTUOSO CAMINO
Existen 15 causales de derecho canónico y 21 jurisprudencias de la Sagrada Rota Romana que fijan normas sobre la invalidez del matrimonio y éstas deben, en últimas, ser evaluadas y juzgadas por los sacerdotes y peritos psiquiátricos de los tribunales eclesiásticos. Según Jaramillo Isaza la causal más común que alegan los abogados es la de "inmadurez psicológica", aunque la causa más generalizada de solicitud de separación, sin diferencia de estratos sociales, es la del consumo de alcohol por el hombre.
Rabias, gritos, lágrimas y sollozos son reacciones comunes entre las gentes, generalmente mujeres, que esperan, pacientemente, en las antesalas de abogados. Cuando un cliente llega a la oficina el primer paso que se da es la revisión minuciosa de su historia. De este recuento depende la fijación de las causales que se alegarán ante la curia: Desde error acerca de la persona misma (cuando uno quiere casarse con determinada persona y lo hace con otra), fuerza sobre uno o ambos de los contrayentes para obligarlos a casarse, falta de consentimiento, perturbación mental, inmadurez psicológica, hasta homosexualismo o lesbianismo, ignorancia de la naturaleza del matrimonio, exclusión de la prole, amenazas de suicidio, encarcelamiento y otras.
Definidas las causales, en unas nada agradables sesiones entre el interesado y su abogado, éste debe llevarlas a la curia con sus debidas pruebas y testigos, para que a través de un perito psiquiatra, adscrito a ésta, se acepte o no la demanda. el camino es largo y el costo alto. Aunque las tarifas del abogado no deben subir de $50.000.00, muchas veces van mucho más allá, "dependiendo de los recursos materiales del cliente". Igual sucede con los peritos psiquiatras que "cobran como cualquier profesional por su trabajo", a lo que hay que añadir el costo de los derechos eclesiásticos que no pasan de los $15.000,00. Con suerte, $100.000,00 y dos años de espera se puede rehacer, legalmente, la vida afectiva en Colombia.

DESASTRES EN LA FAMILIA PAISA
Medellín es hoy no solamente la capital del terrorismo y de la violencia, sino el centro mismo de las separaciones y anulaciones matrimoniales. En los últimos seis meses una ola impresionante de rupturas conyugales "azota" la capital de la montaña. Las mojigatas antioqueñas, las familias pacatas, anudadas alrededor de la mesa en el hogar, la mujer paisa rezandera y absorbente, silenciosa y conformista, debatiéndose entre la crianza de los hijos, los remiendos, las arepas y el limpión, hacen parte del pasado. Medellín ha registrado en lo que va del año una ascendente demanda de separaciones y anulaciones matrimoniales, hasta el punto de que, según datos de la organización Hernán Jaramillo Isaza, ha doblado la demanda más alta, la de Bogotá, que oscilaba entre 15 y 20 consultas diarias. Y mientras esto ocurre en Medellín, la costa, y en especial Barranquilla, registra el más bajo índice de demandas de anulación matrimonial, lo que hace pensar que entre los costeños la fórmula de "ojos que no ven corazón que no siente" sigue siendo elocuente y práctica.
De cualquier manera, el fenómeno de la crisis del matrimonio es cada día más notorio. Sin embargo, a pesar de sus implicaciones y paradójicamente, los colombianos, creyentes o no, siguen casándose por la Iglesia, pegados al ritual tradicional. La opción del matrimonio civil aún parece no calar. Por eso, los juzgados continúan llenándose de innumerables juicios de separación de bienes, demandas por alimentos, liquidaciones de sociedades conyugales, impugnaciones de paternidad, custodias de los hijos... Y no exactamente de matrimonios civiles, porque aún está vigente la frase popular "La Iglesia para casarse y el juez para separarse".

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