Padres torturadores

La comunidad de Miami siguio de cerca durante más de tres meses un juicio que la aterrorizó y conmovió. No era un caso común y corriente. Se trataba de la demanda que instauró un menor de edad, Ricardo Dávila, de 12 años, contra sus padres, Ricardo y Josefa, de 37 y 41, por una serie de torturas y maltratos a los que estuvo sometido durante un año. Después de largas sesiones, testimonios, pruebas y declaraciones de testigos el jurado tomó la decisión de declarar a la pareja culpable de 34 cargos, 29 por maltrato infantil con agravantes, uno por abuso infantil, uno por abandono y tres por secuestro con agravantes.

La decisión no tomó por sorpresa al público pues de acuerdo con los informes de los médicos la vida del pequeño corría peligro bajo el cuidado de sus padres. Las pruebas testimoniales y las fotos en las que se mostraban las heridas e hinchazones del menor a causa de las golpizas— eran aterradoras. Lo que sí sorprendió, sin embargo, fue la sentencia del juez Alex Ferrer. La mayoría esperaba, así como sucede en este tipo de casos, que Ferrer despojara a los padres abusadores del derecho de patria potestad o les otorgara la custodia de los niños a otros familiares e incluso que el propio Estado se hiciera cargo del menor para darle seguridad y ofrecerle rehabilitación. El juez Ferrer descartó estas posibilidades y decidió tomar una medida más drástica: sentenciar a los padres a cadena perpetua.

Aunque es una sentencia sin precedentes muchos opinan que al juez no se le fue la mano en su veredicto. Durante el juicio se aportaron decenas de pruebas en las que quedó claro que tanto Ricardo como Josefa unos nicaragüenses residentes en Miami recurrieron a toda clase de torturas justificadas como castigos para ‘disciplinarlo’. Entre las más aterradoras estaba quitarle las uñas de las manos a golpes. “Mi papá me golpeaba las uñas de los pies con los martillos. Con un cuchillo al que le echaba alcohol me las levantaba y luego me las halaba con unas tenazas”, reveló Ricardo bajo juramento. En otras ocasiones le pusieron ají picante en los ojos y le hicieron comer cáscaras de huevo y comida descompuesta. También tuvo que comerse sus propios vómitos.

Entre sus perversos métodos de crianza también estaban pegarle con un cable y encerrarlo durante largos períodos en el baño, desnudo, con vendas en los ojos y atado de pies y manos. En una ocasión le lanzaron latas de jugo en su cara que le causaron una herida en la quijada. Los objetos que utilizaban para torturarlo eran diversos. Tenían martillos y palos para golpearlo. Pero también le tiraban latas de aluminio y con un balde le tapaban la cabeza.

Todas las humillaciones y golpizas descritas arriba se le imponían como castigo porque decía mentiras, no lavaba bien los platos, no limpiaba la casa, hacía ruido en el cuarto de sus hermanos o porque se tomaba un jugo. Un día lo castigaron porque no quería correr en el parque.

El hijo de los Dávila nunca había vivido con sus padres sino con su abuela materna en Nicaragua. En febrero de 2000 Ricardo y Josefa decidieron que viajara a Miami para que viviera con ellos y con sus otros dos hermanos. Pero en julio de ese mismo año los castigos se volvieron tan insoportables que el infante tuvo que escapar de su casa a donde sus vecinos. Al relatar todo lo que había tenido que padecer sus vecinos informaron a la policía para que tomara las riendas del caso.

Los abogados de la defensa trataron de mostrar al niño como un diablillo mentiroso y desobediente y a Ricardo y Josefa como unos padres que sólo intentaban disciplinarlo cuando le pegaban. “Yo amo a mi hijo pero de los tres es el que más problemas me ha causado”, declaró.

Ferrer admitió después del juicio que nunca había visto un caso de abuso como este en el que el niño sobrevive. Por eso su fallo fue recibido como adecuado y necesario por periodistas, abogados e instituciones que velan por los derechos de los menores. Y aunque esta vez se hizo justicia lo preocupante es que esta problemática no sólo afecta a Estados Unidos sino a muchos otros países del mundo. En muchos de ellos los casos son tan o más aterradores que el de Ricardo y muchas de sus víctimas no tienen la capacidad de denunciar a sus padres o no han tenido la suerte de vivir para contarlo. Según los expertos este es uno de los temas más complejos puesto que es producto de muchos factores, entre ellos la ignorancia, las dificultades socioeconómicas y las frustraciones de los padres.

Por eso el espeluznante caso del pequeño Ricardo debería servir para que los gobiernos no sólo intervengan de manera efectiva y a tiempo frente a los padres violentos para que reciban la pena que se merecen sino también, y sobre todo, para que se puedan diseñar políticas que busquen prevenir este tipo de abusos.