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| 7/23/1984 12:00:00 AM

TROMPAS Y TROMPADAS

Alrededor de la esterilización, la Iglesia revive la vieja polémica de la planificación familiar

"Castración global" fue el término utilizado por el cardenal Alfonso López Trujillo para denunciar un supuesto plan de esterilización masiva en el país, auspiciado "por una institución bien financiada por el Estado". Durante los días inmediatamente posteriores a las declaraciones del Cardenal, una polémica de grandes dimensiones y profundo contenido filosófico se tomó los medios de comunicación del país, y fue tema obligado de importantes columnistas que lo enfocaron desde muy diversos puntos de vista.
El ex presidente Carlos Lleras, por ejemplo, escribió en Nueva Frontera que "No hay situación más dramática en el mundo católico que la de la posición de la Iglesia frente a las políticas de control de crecimiento de la población". Enrique Caballero expresó desde El Espectador que "Colombia, consoladoramente, es uno de los países en donde campañas persistentes y discretas de planificación familiar empiezan a mostrar situaciones estadísticas relativamente favorables".
El siquiatra
José Francisco Socarrás, por su parte, comentando la posición de la Iglesia se peguntaba perplejo: "En últimas, nos quedamos sin saber si es preferible enviar a los padres al fuego eterno por el empleo de artificios anticonceptivos, o por traer al mundo hijos que serán autores de actos inmorales, de crímenes horrendos, entre cuyas causas está en primer término el hambre que los persigue desde antes de nacer".
Pero sin duda, la afirmación más incendiaria sobre la posición de la Iglesia frente al control natal provino de su mismo seno, en cabeza de padre Alfonso Llano Escobar, quien afirmó desde su columna dominical en El Tiempo: "Lo que diga o enseñe el Papa sobre drogas, licor, sexualidad (...) no constituye doctrina católica ni materia infalible de salvación". Y preguntaba: "¿Porqué (la Iglesia) exige que cada acto conyugal quede abierto a la procreación?"
Sin embargo la planificación familiar, que la Iglesia periódicamente pone sobre el tapete para recordar que a los católicos les están prohibidos métodos distintos a los naturales, no parecía ser en este caso el centro del debate. La polémica más bien giraba en torno a la esterilización, que es un método irreversible y que por lo tanto requiere plena conciencia y absoluta libertad de la persona que acepta someterse a ella.
Los testimonios
Haciendo eco a las denuncias del Cardenal López Trujillo, el noticiero TV Hoy presentó hace pocos días un espeluznante informe del periodista Gonzalo Guillén, que muchos televidentes recibieron con estupor. Se trataba de los testimonios de mujeres que afirmaban haber sido esterilizados en contra de su voluntad o inducidas a ello por maniobras engañosas, cuando el año pasado en el puesto de salud de Cumbal (Nariño), en una sola jornada, se esterilizaron 300 mujeres, no solamente casadas sino también solteras. Una joven de 25 años, María Gobai, aparecía ante las cámaras de televisión afirmando que se había arrepentido en el interior del puesto de salud a someterse a esta operación, y que cerrándole las puertas la habían impedido la salida.
Igualmente escandaloso resultaba el testimonio de una de las promotoras de salud, que sin dar la cara a la cámara contaba que le habían ofrecido 250 pesos por cada mujer que llevara a esterilizar.
Tan graves denuncias apuntaban finalmente hacia la actividad que hace 19 años viene adelantando en el país Profamilia, entidad privada que funciona con aportes de las fundaciones Ford, Rockefeller y la AID, así como contra su director, el médico Miguel Trías, figura que se ha vuelto familiar en el país por su aguerrida campaña en favor del control natal.
Los programas adelantados por la entidad --en casi todos los barrios de las grandes ciudades de Colombia al lado de la Iglesia y de la escuela existe un puesto de Profamilia--, son para muchos una de las principales razones que explican el éxito obtenido en el país en materia de control natal. De estar colocada la tasa de natalidad en 30.4% entre 1973 y 1978, se redujo a 29.7% entre 1978-83, y se proyecta que entre el año 1998 y el año 2.000 esta tasa se habrá colocado en el 20.4%.
Los métodos que promueve Profamilia para el control natal son la píldora, utilizada por un 38% de las mujeres que acuden a la entidad con el propósito de planificar; la esterilización, un 30.5%; los dispositivos intrauterinos, un 17.0%; jaleas, espumas y condones, un 5.5%, inyectables, un 2.5%.
Profamilia no es criticada tanto por la promoción de estos métodos --cada día es mayor la conciencia en el país sobre la necesidad de planificar la familia--, sino por promoverlos sin buscar en las mujeres y hombres que se someten a ellos un consentimiento suficientemente informado sobre los efectos secundarios que dichos métodos conllevan. Consultada por SEMANA, la doctora Luz Helena Sánchez, especializada en la Universidad de Harvard en salud pública y epidemiología, afirma: "Los metodos de control de fertilidad que viene utilizando Profamilia, bajo el entendimiento tácito de que prácticamente carecen de efectos secundarios, son peligrosos, porque la realidad es que cada uno de estos métodos posee sus contraindicaciones. Por ejemplo, la distribución de píldoras en las comunidades rurales y en las comunidades pobres de las ciudades, sin tener en cuenta los antecedentes familiares de la mujer, atenta gravemente contra su salud. La píldora, asociada al consumo de tabaco y alcohol, potencializa en más de tres veces todos sus riesgos como los cardiovasculares, y es un hecho que la mujer colombiana cada día fuma y bebe más".
Sin embargo es en el método de la esterilización --consistente en la ligadura de trompas en la mujer y en la vasectomía en los hombres-- donde se requiere mayor celo, tanto en la forma de promoverlo como en la de aplicarlo, y es precisamente en ello donde se hace más cuestionable la labor de Profamilia.
La subvensión
SEMANA conoció un documento firmado por el ministro de Salud Alfonso Jaramillo Salazar con la Fundación Pathfinder en junio de 1982. A través de éste se extendía a 369.215 dólares la subvención que dicha fundación venía otorgando para un programa de esterilización, cuyo éxito se había hecho evidente en el año de 1981, cuando el promedio de mujeres esterilizadas en el país había ascendido de 500 a 1.000 por mes, hasta llegar a un total de 4.000 durante el período agosto-diciembre de dicho año. En un resumen elaborado por el Ministerio, explicando los detalles del programa de esterilización, se decía textualmente: "A partir de agosto de 1981 el ministerio de Salud y Profamilia (quien fue la administradora de la subvención de Pathfinder) decidieron establecer conjuntamente y en forma experimental un programa de pago suplementario a cada esterilización llevado a cabo en los organismos de salud del Ministerio, reconociendo diez dólares al cirujano y 7.50 al anestesista".
A otras denuncias, como presiones sicológicas efectuadas sobre mujeres 24 horas después de haber tenido un hijo --y por consiguiente lo suficientemente vulnerables como para aceptar ser sometidas a esta operación-- venía a sumarse ahora la de que médicos y enfermeras del Ministerio habían estado recibiendo dinero por cada mujer que esterilizaran, lo cual, en opinión de muchos, es un estímulo absolutamente aberrante.
Consultado por SEMANA, el actual secretario del ministerio de Salud, Francisco Yépes, aceptó que efectivamente estas subvenciones se habían venido efectuando hasta hace seis meses, cuando el ministro de Salud, revisando el convenio firmado con la Pathfinder, resolvió revocarlo por considerar "totalmente antiético" lo allí establecido. Aun más, el doctor Yépes reveló a SEMANA que ante los abusos que en materia de esterilización se han venido denunciando al ministerio de Salud, comisiones de la Procuraduría y la Contraloría han iniciado investigaciones, y el propio Ministerio viene elaborando un código ético que regule la forma de realizarse una operación de esterilización, y que haga obligatorio no sólo informar plenamente al paciente sobre los riesgos y la irreversibilidad de este método, sino también que imponga un tópe mínimo de edad (35 años) para las mujeres que deseen someterse a dicha operación.
A pesar de que el doctor Miguel Trías aceptó que Profamilia actuó como administradora de los fondos recibidos de la entidad donante, efectuando los pagos a hospitales y médicos por medio de una cuenta bancaria manejada exclusivamente por la entidad para tal fin, alega que "Profamilia hizo todo lo humanamente posible para evitar que se pagara por historias (de esterilización) falsas o que se cometieran otras irregularidades administrativas".
Trías también insistió, a traves de diferentes medios de comunicación en que a los usuarios de Profamilia se les informa con detalle sobre los métodos que se les recomiendan. "En el de la ligazón de trompas o la vasectomía, que implican una esterilización, tienen que enterarse de varios factores. En primer lugar que es un acta quirúrgico, y que como tal, así sea pequeña cirugía, implica un riesgo; remoto pero riesgo al fin. Segundo, que es un acto irreversible, y que no se puede volver a ligar como quien abre y cierra una cremallera, aunque hoy sabemos que existen técnicas que permiten esa reconexión, pero que son costosas y no garantizadas. El tercer punto es la posibilidad, bastante remota, de que falle".
Lo primero que parece dejar claro este debate es que algo va de la seriedad y las intenciones de Profamilia en Bogotá, a la ejecución de sus prograrnas en el campo, especialmente cuando hay incentivos económicos para los intermediadios. De todas maneras un programa de control de la natalidad no puede ser asumido por una entidad de carácter privado, sufragada por multinacionales extranjeras sin que paralelamente exista una supervisión cuidadosa por parte del Estado a través del ministerio del ramo, y por medio de una reglamentación que establezca los parámetros éticos dentro de los cuales debe aplicarse el programa de planificación familiar. Algunos afirman que la causa de que no exista a este respecto una política oficial clara se debe al temor del Estado de hablar francamente con la Iglesia de un tema que se sale del plano de la doctrina católica, para cobrar inmensas dimensiones sociales donde tanto creyentes como no creyentes están íntimamente involucrados.
De todas maneras, como lo afirmó en una columna la periodista María Teresa Herrán, el doctor Miguel Trías no es ningún "Mefistófeles". Y si ha habido excesos o desviaciones en la labor adelantada por Profamilia es, en últimas, al Estado al que hay que cobrarle esta responsabilidad.
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