Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 6/22/1987 12:00:00 AM

POLVORA EN GALLINAZOS

Mientras Reagan insiste en exámenes antidrogas a funcionarios, crece siembra de marihuana en EE.UU.

Nadie sabe para quién trabaja. La campaña antidrogas iniciada por Ronald Reagan desde que asumió la Presidencia de Estados Unidos logró--especialmente a partir de 1984 cuando se iniciaron las fumigaciones con glifosato y paraquat en plantaciones de La Guajira y meses antes en México-disminuir contundentemente el cultivo de marihuana en Colombia y otros países de América Latina. Sin embargo, esta medida, en vez de ayudar, se volvió como un boomerang contra los propósitos del mandatario, pues, en ese periodo no solo aumentó el número de adictos en ese pais, que pasó de 30 millones en 1982 a 64.4 millones en 1985, sino que además la marihuana se convirtió en el cultivo comercial número uno de Norteamérica, con un valor de 26.700 millones de dólares en 1986, cifra que equivale a dos veces la deuda externa colombiana.
Hay quienes incluso, como el doctor John Morgan, director de Farmacología de la Universidad de Nueva York, aseguran que "las políticas antidrogas del presidente Reagan son la cosa más importante que ha sucedido nunca a la industria doméstica de la marihuana y uno de los más grandes fracasos políticos de cualquier presidente de Estados Unidos desde la gran depresión de los treinta. La administración Reagan es la responsable del incremento en el cultivo doméstico de la marihuana, el consumo de la heroína y la inundación de cocaína en los últimos cinco anos".
Pero Reagan no parece amilanarse mucho ante este tipo de comentarios y, por el contrario, cada vez se muestra más decidido a sacar adelante su programa antidrogas. Una clara muestra de ello es la orden impartida por el Presidente a finales de septiembre del año pasado de que todos los empleados federales en posiciones importantes debían someterse a una prueba aleatoria para la detección del consumo de drogas.
Esta orden, que Reagan espera hacer extensiva a los 2.2 millones de empleados civiles del gobierno federal, y de ser posible incluso para los empleados privados, ha suscitado desde entonces una serie interminable de debates jurídicos para establecer hasta dónde la medida atenta contra el derecho de las personas a su privacidad.
Aunque ninguna corte federal de apelaciones ha declarado todavía que el test viole la Cuarta Enmienda de protección contra investigaciones y detenciones no razonables--aún en casos donde no hay motivos para sospechar el consumo de drogas--, los jueces de esta misma corte han defendido, por lo menos en cuatro casos hasta el momento, la constitucionalidad de esta práctica.
Es así como, a pesar de que las decisiones anteriores de la Corte Suprema han sostenido que el derecho a la privacidad contemplado en la Constitución protege contra intromisiones gubernamentales, el tratamiento dado hasta ahora por las cortes federales de apelaciones a los cuatro casos mencionados--que involucran guardias de prisión, montadores de caballos, conductores de buses y empleados de la aduana--parece estar afirmando que, por lo menos en algunas instancias, el derecho a la privacidad tiene que ceder ante la necesidad de erradicar las drogas de los lugares de trabajo.
El problema central que enfrentan los jueces de las cortes federales de apelaciones es si los tests que exigen a los empleados suministrar muestras de orina son legalmente similares a los registros de casas y cuerpos, registros que han sido contemplados por mucho tiempo en la ley norteamericana. La pregunta es si la aplicación aleatoria del test no se prestará para exámenes arbitrarios.
Por su parte, los abogados gubernamentales que defienden la medida argumentan que la prueba urinaria no es en absoluto como el registro de una casa. "El test de drogas no reviste más problemas de inconstitucionalidad que otras pruebas como los exámenes físicos, la toma de huellas dactilares o las investigaciones sobre antecedentes que se le hacen a un candidato para cualquier trabajo. Los empleados no deben tener la más absoluta reserva de privacidad que impida a un empleador averiguar, por un conducto razonable, la aptitud de sus subalternos, especialmente cuando estos tienen información anticipada sobre la aplicación de estas pruebas", afirmó Richard K. Willard, asistente del procurador general de la División Civil del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Lo único claro es que, mientras juristas y comentaristas de uno y otro bando se trenzan en largas discusiones sobre la medida de Reagan, en las narices de las autoridades norteamericanas crece la siembra de marihuana en forma sostenida. Acaso el esfuerzo del gobierno de Washington deba enfocarse en los próximos años en invadir, no tanto la privacidad de los consumidores, como las hectáreas de plantación de los productores de la ya nada despreciable marihuana made in USA.

-
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1851

PORTADA

El doloroso asesinato de 81 líderes (este año)

José Jair Cortés es el más reciente de casi un centenar de líderes asesinados este año sin que el Estado pudiera evitarlo.¿Cómo parar este desangre?