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| 12/8/2007 12:00:00 AM

Regalo de Navidad

La autoridad reguladora de las telecomunicaciones hace bajar las tarifas celulares.

La Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT) demostró por segunda vez que hablaba en serio cuando prometió proteger a los usuarios de la telefonía móvil. El miércoles de la semana pasada, y tras un proceso de consultas públicas, expidió la Resolución 1763, que establece un tope máximo de 123 pesos por minuto para el cobro de la interconexión entre operadores. Eso significa que un operador celular no podrá cobrar a otro más de esa suma por cada llamada que un usuario haga a un número de otra red. Antes de la resolución, había libertad de tarifas y por lo tanto el operador establecía el precio que le parecía adecuado. A veces era de hasta 900 pesos o más el minuto y nunca bajaba de 250 pesos.

La guerra de tarifas que existe actualmente en el mercado de las telecomunicaciones móviles colombianas permitió precios de hasta 50 pesos el minuto o menos cuando una llamada se hace dentro de la propia red (mejor dicho, a un número del mismo operador), pero no bajaba de 300 pesos cuando la llamada iba afuera. Y aunque la Resolución 1763 no establece el precio que se debe cobrar al usuario final, sino el cargo máximo que pueden cobrarse entre sí Comcel, Movistar, Tigo y Avantel, es evidente que las empresas interesadas en hacer más atractivos sus planes aprovecharán esta reducción para mejorar sus ofertas. Una de las razones por las que la gente no cambia de operador, por más inconforme que se encuentre, es que las llamadas a números de otra red resultaban costosas. Eso se empieza a derrumbar.

Durante los días previos a la expedición de la resolución hubo crecientes rumores –no probados– de presiones indebidas sobre la CRT para que no tomara esta decisión. Incluso la aparición de un nuevo criterio fue recibida con sospecha. El criterio propuesto en uno de los borradores de la discusión sugería que se tomara en cuenta las inversiones del operador en cobertura rural, lo cual favorecería a Comcel, la empresa dominante en el mercado y la que ha desplegado una red de antenas y estaciones más extendida en el país. El director de la CRT, Lorenzo Villegas, negó que hayan existido presiones sobre él o sobre alguno de los comisionados y, con presiones o sin ellas, tomó la determinación más conveniente para los consumidores.

Este mismo Villegas dio un par de meses atrás otro garrotazo a las compañías prestadoras de servicios de telecomunicaciones, con el nuevo régimen de protección de los derechos de los suscriptores, el Decreto 1732, que exige a las empresas transparencia en las facturas, devolver el dinero cobrado de más al cliente, no cobrar los días que estuvo fuera de servicio, permitir que el usuario cambie de plan o de operador cuando quiera y no cañar diciendo que 128 kbps es banda ancha, para el caso de los proveedores de acceso a Internet, entre muchas otras cosas.

La función de la autoridad reguladora en cualquier país es promover la competencia (en lugar de fortalecer los monopolios) y proteger a los consumidores. Esta CRT actual lo está haciendo y sus decisiones podrían mejorar significativamente la estructura del mercado en el futuro. Quedan pendientes algunas medidas trascendentales, como obligar al cobro por segundos y acabar con el oneroso ‘redondeo’ al minuto, así como la implementación de la portabilidad numérica, mediante la cual cada usuario conservará su número aun si cambia de operador y se eliminará otra barrera que retiene a los usuarios, el miedo a perder el número. Cuando los suscriptores puedan cambiar libremente de operador, la competencia entre estos últimos será formidable y los consumidores serán los principales beneficiados.
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