Mientras el magistrado Nilson Pinilla esperaba la llegada a la Corte Constitucional de las pruebas pedidas para el estudio de la ley de referendo, se hizo público un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos según el cual la fuerza pública tuvo responsabilidad en la desaparición de sobrevivientes del Palacio de Justicia. El presidente de la Corte, quien además miembro de la Comisión de la Verdad que presentará su informe final el 6 de noviembre, atiende en La Guillotina sus deberes de magistrado y comisionado: referendo y holocausto. No confundir con referendo y hecatombe. Gustavo Gómez: ¿La idea que tiene usted de lo que pasó en el Palacio de Justicia a cambiado después de conocer el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos? Nilson Pinilla: Para nada. Pero si me parece triste que se le dé tanta trascendencia a un informe extranjero, después de que el asunto fue desdeñado durante tanto tiempo en Colombia. Más teniendo en cuenta el pacto que se produjo para mantener una situación de impunidad durante 20 años. G.G.:¿Quiénes son los protagonistas de ese pacto de impunidad? N.P.: Es difícil individualizar, pero resulta muy diciente recordar que, cuando la Comisión de la Verdad le preguntó a Alfonso López si hubo algún acuerdo en la alta dirección del Estado para no investigar los hechos del Palacio de Justicia, él se quedó pensando y contestó, enfatizando con la cabeza que sí. G.G.: ¿Por qué creía López Michelsen que se había dado ese pacto? N.P.: Planteo dos hipótesis: para no perturbar la gobernabilidad de Virgilio Barco como un resultado de acuerdo entre partidos políticos para no mortificar al entonces presidente Belisario Betancur. G.G.: En ese orden de ideas ¿Andrés Pastrana conoció el informe pero no atendió para no hacerle daño a Betancur? N.P.: No lo sé, pero es una suposición encajada en la teoría de la propensión a la impunidad G.G.: ¿La Comisión sabía de la existencia del informe? N.P.: Sabíamos de su existencia y a través del Centro Internacional para la Justicia Transicional, el Ictj de Nueva York, que nos ha brindado la ayuda que aquí nos han negado, se pidió su desclasificación con la idea de atender la obligación de la comisión. Pero no estamos en la tarea de establecer responsabilidades individuales. G.G.: ¿Ni siquiera en el caso de Belisario Betancur? N.P.: Nos pronunciamos sobre el tema del gobierno nacional y evidentemente abordamos manifestaciones personales como la de ex presidente cuando dijo que dio instrucción a la fuerza pública de establecer la democracia, recuperando el Palacio pero respetando la vida de los rehenes y los guerrilleros. Betancur, estando a corta distancia, oyendo los disparos y las explosiones, advirtió que no se respetaba la vida de nadie y no atendió a ningún clamor, incluyendo el del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. G.G.: ¿Cuál era la intensión de la fuerza pública? N.P.: Aniquilar al enemigo. La falta de preparación para un rescate urbano llevo al exceso de fuerza reconocido ya por el Consejo de Estado en demandas contra la Nación. Queda claro en un episodio bien diciente: sale el consejero de Estado Rodolfo Arciniegas con un mensaje para que cese el fuego, haciendo ver que hay rehenes en el baño entre el segundo y el tercer piso. Y, en palabras del magistrado Hernando Tapias, que sobrevivió muy malherido, esa información sólo sirvió para que la fuerza pública mejorara la puntería. G.G.: De las personas que están desaparecidas, ¿Cuántas cree que realmente salieron con vida? N.P.: Cuatro porque las identificamos acompañadas de uniformados: Carlos Rodríguez, Cristina Guarín, David Suspes y la guerrillera Irma Franco. También salió vivo el magistrado auxiliar Horacio Urán, cuyo cuerpo fue encontrado luego en el Palacio. Es altamente probable que los 11 de la cafetería hayan sido sometidos a un proceso de desaparición, que se constata a través de personas que iban en ese camino de desaparición forzada y que, milagrosamente, por la llamada de un pariente o conocido, fueron ubicadas en el Batallón de Inteligencia. El 6 de noviembre revelaremos todo lo que hemos podido establecer. G.G.: Aunque se está llevando máximo reserva sobre el tema, lo llevo, si me permite, a los terrenos del referendo. ¿Puede algún poder legal o palaciego apurar a la Corte en tiempos que tiene para la consideración de la ley del referendo? N.P.: Ninguno puede. La Corte Constitucional en cuanto tiene claridad de lo que tiene que hacer. G.G.: ¿En los plazos que determina la lay es posible sacar adelante el estudio de este asunto? N.P.: Sí, vamos a hacerlo. El magistrado sustentador, Humberto Sierra, está muy dedicado al tema, como lo demuestra el auto en que ordena una cantidad de pruebas que deben ser remitidas a la Corte en un término perentorio. G.G.: En caso de que no se cumplan los tiempos, ¿sabe el costo que tendrá para la Corte, expuesta a la furia de los reeleccionistas? N.P.: Nos es indiferente. Únicamente podemos establecer objetivamente si el trámite que se siguió para la expedición de esa ley está viciado. G.G.: ¿Algún magistrado le ha reportado presiones indebidas? N.P.: Estamos tan concentrado en el trabajo, que no nos damos cuenta de que hay presiones. G.G.: Qué sucederá si las pruebas no son satisfactorias o no está completas? N.P.: Si no son indispensables para tomar la decisión, sigue adelante. Si de ellas depende dilucidar un punto de gran preeminencia, volveremos a solicitarlas. Y se produciría, allí sí, un satisfactorio de los términos. G.G.: Con lo que los reeleccionistas cruzan los dedos para que todo llegue a tiempo… N.P.: Todos estamos cruzando los dedos, porque debe haber una definición. Ahora, sí por ejemplo las pruebas del Congreso, por poner un caso, no son adecuadas, tenemos la potestad de revisar una serie de grabaciones y videos en la tarea de establecer qué pasó. G.G.: ¿Van a citar a algún parlamentario o funcionario? N.P.: Hasta el momento no se ha determinado es necesidad. Hace falta que se valore la calidad de la información para que se determine si es indispensable o no ese testimonio. G.G.: ¿En qué afecta el proceso el hecho de que no llegue el aval de la Registraduría sobre la financiación de la recolección de firmas? N.P.: No se puede sacrificar el fondo del asunto, que nos obliga a pronunciarnos sobre la exequibilidad de la ley del referendo, porque falte alguna prueba o certificado. G.G.: ¿Con o sin el certificado del Registrador ustedes deciden? N.P.: Si consideramos que es indispensable y el Registrador no lo envía, insistiremos. G.G.: De lo que se pidió , ¿qué le parece a usted que es determinante? N.P.: Todo. La Corte tiene que tomar una decisión y la va producir en tiempo. No nos tardaremos un minuto más de los plazos establecidos en la Constitución y en la ley. G.G.: ¿El futuro del país está hoy en las manos de la Corte Constitucional? N.P.: No, este país vale mucho como para que su futuro tenga que quedar sometido a la decisión de una de sus instituciones. G.G.: El presidente le dijo a José Gabriel Ortiz que estaba en manos de la Corte y de Dios. No le parece que Uribe tiene a la Corte en un altísimo nivel? N.P.: En el nivel de Dios no está nadie. Estamos actuando únicamente a una altura: las de las expectativas que tiene el país en este asunto. Si quisiéramos un resultado infalible tendríamos que pedirle a Dios que fuera Él mismo quien viniera a administrar justicia. G.G.: Muchos creen que es Mesías ya está aquí… N.P.: Yo, no. Las Sagradas Escrituras dicen que vendrá, pero al final de los tiempos, y recuerde que ya le dije que los tiempos están corriendo y todavía no se terminan.