Hace algunos días, el diario El Tiempo publicó una nota titulada El horror de las mujeres quemadas con ácido en Pakistán. El artículo describe el drama de cientos de mujeres que “han sido atacadas con ácido por negarse a usar burka o por salir a la calle sin la compañía de un hombre” en países como India, Pakistán o Afganistán. Una vez más, las naciones civilizadas del planeta parecen escandalizadas frente al horror del mundo musulmán, en donde los cuerpos de las mujeres se convierten con demasiada frecuencia en un instrumento para que los hombres y la sociedad dejen claro quien tiene el poder.
Sin desconocer en ningún momento las atrocidades que enfrentan las mujeres en un contexto de fundamentalismo religioso – sea musulmán, judío o cristiano – los medios de comunicación y la opinión pública local deberían dedicar menos tiempo a condenar a otras sociedades por la violencia que ejercen contra sus mujeres, y más bien preocuparse por sacar de la invisibilidad el horror que han vivido y siguen viviendo las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia. Particularmente, aquellas que lo han sido en el marco del conflicto armado interno.
Ya en 2004, Amnistía Internacional dejó claro en su informe Cuerpos marcados, crímenes silenciados, que en Colombia la violencia contra las mujeres, y en particular la violencia y la explotación sexuales, formaban parte integral del conflicto armado. Según Amnistía, todos los actores del conflicto colombiano – incluidos el ejército y la policía – han convertido los cuerpos de las mujeres en un campo de batalla. Por esta razón, resulta paradójico que nos parezca un horror sin precedentes que una mujer sea quemada con ácido por su esposo, y al mismo tiempo, desconozcamos que en nuestro país las mujeres también son víctimas de manifestaciones de violencia igualmente crueles e inhumanas.
Los testimonios de las víctimas colombianas son sobrecogedores. A las mujeres embarazadas les han introducido todo tipo de objetos por el vientre hasta hacerlas abortar; a campesinas, afros e indígenas las han violado varios hombres frente a sus hijas e hijos; también han obligado a niñas y adolescentes a bailar desnudas ante grupos de soldados, paramilitares y guerrilleros. Sin embargo, la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto ha sido ignorada durante mucho tiempo por las autoridades colombianas y por la población en general. Es considerada como una forma de violencia que debe enfrentarse en el ámbito privado.
Aún así, durante los últimos dos o tres años, y en gran medida debido al enorme esfuerzo de las organizaciones de mujeres a nivel nacional y regional, el drama de las víctimas comienza por fin a ser visibilizado. El trabajo constante de las organizaciones ha contribuido a avanzar tanto conceptualmente como en la práctica, tal y como lo evidencia el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. En esta decisión, el alto tribunal reconoció por primera vez el impacto diferenciado del conflicto armado sobre las mujeres, entre otras razones, debido al carácter generalizado y sistemático de la violencia sexual ejercida contra ellas.
Adicionalmente, la Corte adoptó en esta decisión una definición amplia del concepto de violencia sexual, incorporando los estándares internacionales desarrollados durante la década de los 90 por el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Según esta definición, la violencia sexual no se limita a la invasión física del cuerpo humano, e incluye actos que no implican penetración o contacto físico, tal y como sería el caso de la desnudez forzada.
Infortunadamente, esto no es suficiente para reparar a las víctimas, y menos aún, para poner fin a la violencia sexual en el conflicto. No basta con reconocer que la violencia sexual constituye hoy en día una violación a los derechos humanos, una infracción al DIH y un delito internacional. Es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de atender y restablecer los derechos de las víctimas, con el propósito de subsanar en alguna medida el daño que ha sido causado al cuerpo y a la vida de todas estas mujeres en nuestro país.
Para que eso sea posible, es indispensable que las instituciones comiencen por enfrentar la problemática en su dimensión real, es decir, como un fenómeno generalizado y sistemático que requiere de atención integral. Hasta el momento, no existe una política pública específica y adecuada para hacer frente a la situación, y por lo tanto, los funcionarios siguen atendiendo a las víctimas como si se tratara de casos aislados y excepcionales. Gracias a una peligrosa combinación entre ignorancia y falta de sensibilización, aunada a una cultura que naturaliza y justifica este tipo de violencia, las mujeres terminan siendo revictimizadas precisamente cuando tienen la valentía de denunciar lo sucedido para hacer valer sus derechos.
La violencia sexual en el conflicto es un horror que no termina. Por lo tanto, es necesario que el Estado desarrolle una política pública que apunte tanto a la prevención como a la atención de víctimas desde una perspectiva integral. Es decir, a través de una estrategia que incorpore acompañamiento psico-social, tratamiento físico y asesoría jurídica, y que además tenga en cuenta la voluntad de las mujeres. El horror comienza – y termina – por casa.