El mayor desfalco al erario en los últimos años.
El caso de Cajanal tiene gran parecido con el célebre robo de Foncolpuertos. La modalidad usada es poner de acuerdo a funcionarios de la entidad, abogados, jueces y pensionados, en este caso del magisterio, para hacer reclamos de derechos pensionales inexistentes. Estos cobros quedaron en evidencia cuando algunos juzgados empezaron a fallar a favor tutelas de las que participaban cientos de personas que pedían que se les reconociera la llamada pensión gracia, un beneficio al que tienen derecho los profesores contratados por municipios y departamentos, pero no los vinculados por el Ministerio de Educación. Uno de los casos que más llamaron la atención fue el pago ordenado por el juez de Buenaventura William Chamorro, de cientos de esos pagos que en principio le costaron al país más de 60.000 millones de pesos. Luego la justicia encontró que Chamorro también se benefició con los dineros de Armando Cabrera, similar a lo que hizo el presidente del Congreso, Hernán Andrade (ver facsímil). SEMANA fue el medio que hace un par de años reveló el millonario desfalco. En ese momento el país estaba pagando fallos judiciales que sumaban más de 500.000 millones de pesos. La publicación mostró también otras modalidades usadas en Cajanal para esquilmar el erario, como fue el pago de pensiones con base en tutelas falsas. Es decir que en este caso no sólo eran inexistentes los derechos pensionales, sino también los fallos judiciales.