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Enroque largo

Costo de la ponencia de Sierra Porto. “Encrucijada en el alma”

Los opositores de la reelección más influyentes intelectualmente, o sea los voceros del nuevo constitucionalismo, tienen un motivo para estar preocupados por la ponencia del magistrado Sierra Porto: 

éste ejerció un control de constitucionalidad desechando claramente “estudiar el contenido material” de la ley.

En términos gráficos, es como triunfar en una batalla crucial, pero al costo de perder una pierna y un brazo. Con más batallas a la vista.  Sobrecogedor.

Si la ponencia de Humberto Sierra es acogida, será un duro revés para el llamado “juicio de sustitución” de la Constitución, el recurso usado por la Corte Constitucional para hacer “control material”  por vía de examinar los “límites competenciales”.

De nuevo gráficamente [porque tengo que cuidar los lectores mundanos], es como tener el poder de la última palabra y renunciar a esa preeminencia. Casi inexplicable.

Sierra Porto es el campeón del control  procedimental.  El hombre está lejos del papel que la Corte se atribuyó alguna vez: el de construir  la “progresiva y coherente voluntad constituyente”, mediante la interpretación que actualiza la Constitución “en el tiempo y el espacio históricos”.

No es de esperar que la Corte llegue a  renunciar  del todo a “cogobernar” y a “colegislar”, pero lo cierto es que el precedente de declarar inexequible la ley de referendo por vicios de trámite, la impulsaría a ser menos “activista”, a producir menos “sentencias moduladas”.

Si parece que estoy complacido con esta perspectiva, debo decir que al respecto tengo mi modesta “encrucijada en el alma”: entre el ideal democrático y la realidad del cambio social.

Por un lado, la “justicia constitucional” es un efectivo instrumento de cambio social; por otro, es producto de un poder auto-atribuido, no directamente delegado por el constituyente primario.

Si los gobiernos, los partidos y los congresos no tendieran a ser mediocres, por decir algo, los tribunales constitucionales no tendrían que “ordenar” tantas políticas públicas. Bastaría que eliminaran las leyes inconstitucionales.

Para ciertos sectores, el activismo constitucional es la única posibilidad de justicia social, pero a algunos abogados activistas se les va la mano queriendo que la Corte ordene cosas que deben ser producto de la discusión democrática.

Sí, la política es un espacio desesperante y frustrante para impulsar el cambio social, pero qué hacemos. ¡Si fuera tan fácil siempre como escribir intervenciones ante la Corte o redactar sentencias!

Ahora, ayudaría a resolver la “encrucijada” que la Corte tuviera un activismo más modesto, menos estridente, más consciente de las limitaciones de su sabiduría y del origen de su poder.  Un poco como el proyecto de Sentencia que preparó Sierra Porto.

Por Daniel Mera
Publicado 02/08/2010

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Daniel Mera
Trabajé como director académico de Foros Semana entre abril de 2007 y octubre de 2009. Ahora me dedicaré a participar en los 20 años de la Séptima Papeleta y en el Bicentenario. Me gusta creer que salí indemne de siete años en el sector público, cuatro como secretario privado de un Contralor que no terminó en la cárcel. Sin saber, me metí a emprendedor social, y del arduo aprendizaje nacieron los proyectos de fundaciones Séptima Papeleta y Color de Colombia. Diría que llegué a la 'mayoría de edad política' como columnista sabatino de la Prensa, en un clima, ese sí, de polarización. Pero he controlado la pasión, al punto que una selección de mis artículos llevará por título: Hacia la moderación. ¿Reformismo inofensivo? A la Nacional le debo mis estudios de sociología y haber descubierto un día que se me podían aguar los ojos por el destino de una institución.
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