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| 5/7/2011 12:00:00 AM

El ajedrez de la extradición

La demora y los mensajes ambiguos del gobierno Uribe sobre la extradición de 'Don Berna' inquietaban a Estados Unidos. La presión diplomática y el acoso judicial llevaron al presidente a apurar el compromiso asumido con los gringos.

"Con intención o sin ella, al autorizar la extradición de 'Don Berna' la Corte Suprema de Justicia le puso una trampa a Uribe", escribió en un cable confidencial de finales de 2005 William Wood, entonces embajador de Estados Unidos en Colombia. Para el diplomático, esta decisión dejaba al presidente en la encrucijada de extraditarlo y tener una respuesta violenta del paramilitarismo -que aún mantenía fuertes sus estructuras de mando y poder-, o no hacerlo y alimentar las versiones de que su gobierno no estaba persiguiendo a los jefes paramilitares sino cooperando con ellos.

Estados Unidos no tenía dudas sobre el compromiso de Uribe con la extradición. Pero les llamaba la atención el manejo de los casos de los jefes paramilitares. Era tal la inquietud que Wood escribió en un informe para el presidente George W. Bush, previo a una reunión entre los dos mandatarios, que la Embajada "estaba tomando medidas para evitar que se matara la gallina de los huevos de oro".

El embajador conocía de lo que era capaz Uribe cuando quería sacar adelante sus propósitos. En 2004, cuando capturaron al comandante guerrillero Simón Trinidad, el presidente, según uno de los cables revelados por WikiLeaks, solicitó con urgencia a los gringos que pidieran extraditado a Trinidad, a pesar de que en ese momento no había cargos en ese país contra el guerrillero. "Obviamente prefieren verlo seguro en una cárcel de Estados Unidos a que esté bajo el poco confiable sistema judicial colombiano", comenta Wood en la nota diplomática. Tal vez por eso, cuando la Corte decidió autorizar la extradición de 'Don Berna', el embajador subrayó cómo el alto tribunal había necesitado menos de un tercio del tiempo que se tomó para decidir sobre la suerte de Trinidad.

Desde el comienzo de las negociaciones con los paramilitares, el gobierno colombiano amenazó a los jefes paras con extraditarlos para ponerlos en cintura. Pero Estados Unidos siempre insistió en que ese mecanismo judicial no debía ser un tema de la negociación. Así lo demandó el subsecretario de Estado en una oportunidad en la que Uribe explicaba su propuesta de "zonas de concentración", con la que buscaba que los paras desmovilizados cumplieran sus penas. Uribe siempre aceptó esa exigencia, pero en privado era renuente a extraditar a los jefes paramilitares involucrados en el proceso de paz, según comentan los diplomáticos en sus comunicaciones.

La ambigüedad en los mensajes que el gobierno le enviaba a Estados Unidos y los que se transmitían a los paramilitares tenía a los gringos con las alertas encendidas. Por ejemplo, estos monitoreaban el apoyo de la opinión pública a la extradición, que en ese momento bajó tres puntos, y les hacían un detallado seguimiento a las diferentes iniciativas que se discutieron en el Congreso y que podrían afectar su aplicación. Una de ellas fue el proyecto que proponía prohibir extraditar a cualquier persona que se reincorporara a la vida civil a través de un proceso de paz. En sus comunicaciones, la Embajada aseguraba que tenía información de que narcotraficantes y paramilitares estaban influyendo en el trámite legislativo. Lo mismo sucedió con la propuesta que incluía un proceso oral en el trámite de extradición.

Por eso causó revuelo un discurso en la que Uribe afirmó que "la extradición no es negociable, y aquellos que deseen evitarla deben demostrar a la comunidad internacional su buena fe y la intención de la reforma". Dicha frase llamó la atención de la Embajada, que buscó al comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y al ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, para conocer los alcances de lo dicho por el primer mandatario. Ambos trataron de explicar que el presidente no había dejado una puerta abierta para evitar la extradición, sino que había sacado el tema de la mesa de diálogo.

Para Estados Unidos, lo que sucediera con 'Don Berna' era un termómetro de lo que en verdad quería hacer Uribe. El trámite de la extradición tomó dos años y medio. El comisionado de Paz en un momento defendía la tesis de que extraditar a 'Don Berna' traería consecuencias políticas negativas para el proceso con los demás jefes paras, pero el nuevo embajador, William Brownfield, consideraba que extraditarlo mostraba mano firme y le daría legitimidad a la negociación. Las preocupaciones eran crecientes: a la Embajada llegaban versiones según las cuales el gobierno había hecho "compromisos privados" con determinados jefes paras y ahora se enfrentaba a su miedo y su desconfianza, como se lo confió el expresidente César Gaviria.

El asunto se convirtió en una verdadera 'papa caliente'. Hubo reuniones y solicitudes de información para verificar si 'Don Berna' seguía delinquiendo desde su lugar de detención y cuál sería el impacto de una medida en su contra. A finales de 2007 fueron consultados desde el alcalde de Medellín, Sergio Fajardo -quien consideraba que el paramilitar venía cumpliendo con sus compromisos con el proceso de paz- hasta el general Óscar Naranjo, quien aseguró que a la fecha no tenían pruebas en su contra. Uribe demandaba una prueba judicial o un testigo. Para ese momento lo único que había era informes de inteligencia del DAS que sin suficientes pruebas relacionaban a 'Berna' con algunos crímenes en Cartagena y Medellín. Según Andrés Peñate, entonces director del organismo de inteligencia, lo que inclinó la decisión del presidente Uribe de trasladar a 'Don Berna' a la cárcel de Cómbita, dejándolo a las puertas de la extradición, fue una carta enviada por la esposa de Vicente Castaño que contaba que el jefe para había participado en la muerte de su marido.

En paralelo, se había abierto una dura controversia jurídica por la decisión de extraditar al jefe paramilitar alias 'Macaco'. Varias organizaciones de víctimas interpusieron diferentes recursos en los que alegaban que la extradición iba en contra de la verdad y la justicia. Esa tesis empezaba a coger fuerza en el mundo jurídico, y le preocupaba a Uribe, según le contó a la Embajada el secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo. Esto se sumó a la creciente desconfianza que el presidente les tenía a las Cortes en medio del célebre 'choque de trenes' y a la presión de Estados Unidos acorralaron al presidente.

Y fue así como Uribe concluyó que la mejor opción era extraditar de una vez a todos los jefes paramilitares, en un hecho sin precedentes, la noche del 13 de mayo de 2008. La disposición contó con el respaldo público del embajador Brownfield, quien salió a los medios a garantizar que a su gobierno le interesaba que se supiera la verdad sobre los crímenes de estos comandantes y que cumplieran con la reparación a sus víctimas. Algo que no ha sucedido, al menos en los optimistas términos que se anunciaron en su momento.
 
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