La red de militares envuelta en tráfico de armas

El coronel Robinson González, quien se convirtió en uno de los principales problemas para el Ejército, recibirá este lunes una nueva notificación: una orden de captura derivada de un nuevo proceso en su contra por delitos ligados al tráfico de armas.

 

Según las primeras informaciones de los investigadores, González fue la punta de lanza de un entramado que permitía que bandas criminales recibieran armas del Ejército. Dentro del grupo ilegal están 14 militares más, 12 de los cuales ya fueron capturados y serán presentados por la Fiscalía.

Un fiscal adscrito a la Unidad de Bandas Criminales estructuró la investigación que advierte que desde 2012 estos militares sacaban armas de distintos batallones en el país con destino a los 'Urabeños' y una disidencia del Erpac en los Llanos Orientales. La investigación se desarrolló en 10 ciudades y hay cuatro militares activos y dos de la Policía.

En el caso de González, la notificación de su orden de captura la recibirá en la cárcel La Picota donde se encuentra el oficial después de las revelaciones hechas por SEMANA, que daban cuenta de hechos de corrupción en el Ejército donde González era protagonista.

 

El oficial, quien se encuentra procesado por dos homicidios que entraron en la denominación de ‘falsos positivos’, se dio a conocer en noviembre pasado cuando fueron revelados audios donde él y el entonces magistrado Henry Villarraga, hacían acuerdos turbios para que los procesos de muertes extrajudiciales pasaran de la justicia ordinaria a la Penal Militar.

 

Pero más allá de eso González fue el protagonista de una investigación de Semana que reveló comprometedoras conversaciones que salpicaron a algunos generales del Ejército y a varios tenientes coroneles y coroneles. En ellas se hacen referencias explícitas a la asignación de millonarios contratos de diferentes unidades militares donde se habla de mordidas de hasta el 50 %.

 

En la mayoría de las conversaciones aparecía el coronel González ‘cuadrando’ millonarios contratos con generales y coroneles y organiza los pagos a los subalternos presos por falsos positivos con el fin de mantener su silencio. 

 

Fue por estas revelaciones que González fue trasladado del Centro de Reclusión Militar (CRM) de la PM 13 en Bogotá a la cárcel La Picota. 

Tal y como lo reveló Semana González además de ser una de las piezas clave de esta red, contaba con dos soldados activos que estaban a su disposición y la de su familia las 24 horas del día. Contaba también con vehículos oficiales para sus traslados en Bogotá y fuera de la capital a pesar de estar detenido. 

 

El tema era tan descarado, que el coronel tenía el visto bueno de los directores del penal, ya que, como consta en los audios, se encontraba permanentemente por fuera de la cárcel. O estaba en su casa, o en diligencias personales, o averiguando un penthouse para comprar, o incluso se dio el lujo de salir de la cárcel en carro oficial con toda su familia a pasar tres semanas de ‘vacaciones’ en diciembre de 2012.