Por una Colombia educada

Antes de 2018, ningún grupo de estudiantes en el país había logrado algo similar a lo que consiguió la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) en noviembre de 2011. En esos días, la presión de los estudiantes llevó al entonces presidente Juan Manuel Santos a echar para atrás su reforma a la Ley 30 de educación superior.

En 2015 surgió la entidad que continuaría reivindicando la educación superior pública como derecho de todos los colombianos: Acrees, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior.

En octubre del año pasado, estos 250 representantes de universidades públicas y privadas de 19 departamentos tuvieron un papel crucial en las movilizaciones masivas y en la mesa nacional del paro nacional universitario. De ese modo hicieron que el Gobierno se comprometiera a asignar 5,85 billones de pesos para educación, ciencia y tecnología. Con seriedad y sin violencia sentaron un precedente importante para garantizar la educación como un derecho de las próximas generaciones.

A pesar de su corta edad, estos estudiantes asumen su lucha como una batalla que no solo hay que dar en las calles, sino mediante un permanente ejercicio de control fiscal a las finanzas de la educación. Conocen perfectamente cuánta plata hay, de dónde viene, a dónde tiene que parar y cuánta más se necesita. Periódicamente le piden cuentas al Ministerio de Educación y a las universidades. Saben cuáles iniciativas de ley afectan el derecho que defienden y tienen una propuesta estructurada sobre la política pública educativa del país.

Rechazan contundentemente la violencia en las manifestaciones y, a pesar de ello, se asombran de pensar que defender una causa tan noble pueda costarles la vida: varios están amenazados.