Defensoría urgió definir la situación de 1.200 niños venezolanos bajo protección del ICBF

Tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, la Defensoría del Pueblo urgió definir la situación de más de 1.200 menores de edad del vecino país que se encuentran bajo protección del ICBF.

El titular de ese despacho, Carlos Camargo, señaló que, a la par de la reapertura de la frontera entre las dos naciones y el regreso de los embajadores, se deben buscar soluciones a temas que han quedado pendientes tras varios años de rompimiento de las relaciones.

En ese sentido, destacó la reactivación del comercio, por el impacto positivo que tendrá sobre el empleo y la economía, pero consideró fundamental también que se revise el tránsito de migrantes en situaciones de precariedad económica, sin la documentación legal necesaria y en condiciones de vulnerabilidad.

Aseguró que como Estado colombiano se requiere estar vigilantes para lo que pasa por ‘debajo’ de los puentes fronterizos, y evitar vulneraciones a los derechos humanos, de manera particular la trata de personas o la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

“Las difíciles condiciones económicas y sociales, la indiferencia institucional en algunas regiones, la falta de entornos protectores y el conflicto armado genera diferentes vulneraciones a los derechos de los menores de edad. Por esta razón, los niños, niñas y adolescentes deben ser la prioridad en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela”, dijo Camargo.

Recordó que, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, hay un registro de 1.200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana que se encuentran en Colombia bajo protección y en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

“Es urgente encontrar una salida institucional para que los menores de edad no permanezcan indefinidamente en hogares de paso o instituciones de protección y se pueda adelantar la reunificación familiar correspondiente, verificando previamente que se cumplan las condiciones apropiadas en términos de derechos de los niños”, agregó.

Recordó que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional priman sobre los derechos de los demás, por lo que señaló que antes de avanzar en temas de cualquier otro orden, es prioritario lograr que los menores de edad venezolanos puedan encontrar a sus familias.

Así mismo, el defensor del Pueblo destacó la importancia del Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos, que ha permitido, además de dimensionar el fenómeno, brindar ayuda humanitaria para la población proveniente de ese país.

Peligros por nuevas dinámicas

Igualmente, señaló que el proceso migratorio de ciudadanos venezolanos ya empieza a mostrar nuevas dinámicas y requiere de atención especial por parte de los dos gobiernos, además de los otros países de tránsito y receptores de población en movilidad humana.

“De manera particular, se observa un éxodo hacia el norte del continente que busca atravesar el tapón del Darién. De los 134.000 migrantes que este año han llegado hasta Panamá, el 69 % son venezolanos que viajan en precarias condiciones económicas y 15 % son menores de edad”, dijo.

Ante esta situación, envió una carta dirigida al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en la que exhortó a todas las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que se impulsen acciones que propendan por la garantía integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en todo el territorio.

Destacó que la población migrante está doblemente expuesta a riesgos, tanto por su condición de irregularidad como por la vulnerabilidad en el marco del conflicto armado.

“Las dinámicas de migración irregular muchas veces son intervenidas por los actores armados ilegales, de allí la importancia de recalcar sobre el no uso de estas vías alternas e ilegales para el ingreso al país”, reiteró Camargo.

Igualmente, señaló que se mantendrán vigentes las Alertas Tempranas para 16 municipios y 4 áreas no municipalizadas en la zona fronteriza con Venezuela: Convención, El Carmen, Puerto Santander, Cúcuta, Teorama, Tibú, Toledo y Villa del Rosario (Norte de Santander); Maicao (La Guajira) y Curumaní (Cesar).

Así mismo, cubre a Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Saravena (Arauca); Puerto Carreño (Vichada), e Inírida (Guainía). Las 4 áreas no municipalizadas advertidas son Cacahual, La Guadalupe, Puerto Colombia y San Felipe (Guainía).

Estas alertas están relacionadas con riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales y de las organizaciones criminales en las zonas de frontera.

Finalmente, durante la visita a Cúcuta, además de expresar su preocupación por la situación de los niños migrantes venezolanos no acompañados, llamó la atención de las autoridades de salud para que se establezcan los protocolos necesarios para proteger a la población ante nuevos brotes de covid-19 o de cualquier otra enfermedad.