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Seguimiento: las empresas de compostaje y la CAR

El presidente de un colectivo de composteras en Cundinamarca explica los inconvenientes que ha tenido para la realización de esta actividad, especialmente por “la falta de capital y articulación entre las autoridades”.


* Este es un contenido periodístico de la Alianza Grupo Río Bogotá: un proyecto social y ambiental de la Fundación Coca-Cola, el Banco de Bogotá del Grupo Aval, el consorcio PTAR Salitre y la Fundación SEMANA para posicionar en la agenda nacional la importancia y potencial de la cuenca del río Bogotá y  sensibilizar a los ciudadanos en torno a la recuperación y cuidado del río más importante de la sabana.

Colombia y el mundo entero se enfrentan a una situación compleja con la cantidad de basura que producen. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ejemplo, en el país se generan cerca de 12 millones de toneladas de basura al año.

Con el fin de hacerle frente a esta problemática, se han emprendido iniciativas que le apuntan a un mundo más sostenible. Una de ellas es el compostaje, la descomposición controlada de materia orgánica para convertirla en material provechoso y nutritivo para el suelo y las plantas.

Esta alternativa, de la llamada economía circular, ha ido creciendo a través de los años, por lo que cada vez son más las empresas que se dedican a esta actividad que permite disminuir la cantidad de residuos que terminan en los rellenos sanitarios.

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Un ejemplo de este tipo de proyectos es la Asociación 9R Sostenible, liderada por Jorge Eliécer Luna Sánchez, que representa a un colectivo de varias empresas dedicadas al compostaje ubicadas entre los municipios de Madrid, Mosquera y Bojacá, en Cundinamarca.

Jorge Eliécer Luna Sánchez es el presidente ejecutivo de la Asociación 9R Sostenible. Foto: Cortesía 9R Sostenible.

Pese a la importancia de este tipo de actividades para ayudar al medioambiente, de acuerdo con Luna, en el país enfrentan muchos desafíos que van desde un “problema regulatorio”, hasta la “desconexión entre las diferentes entidades públicas”. “Para una cosa somos Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), para otras somos plantas de compostaje y para otras somos rellenos sanitarios. No hay regulación, por eso la importancia de la guía de compostaje”, explica.

Al respecto, Luna se refiere a un hecho puntual, en el que una de las empresas de la asociación que lidera se vio involucrada.

El 27 de octubre de 2020, la Corporación Autónoma Regional (CAR) dio a conocer a través de un comunicado de prensa que había impuesto una medida preventiva en el predio El Refugio, ubicado en el municipio de Mosquera, “donde opera la empresa Crear Vida y/o Eko Bojacá, por el desarrollo de actividades que generaban afectación a los recursos agua, aire y suelo”, escribió la entidad en la misiva.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ejemplo, en el país se generan cerca de 12 millones de toneladas de basura al año. En la imagen parte de la planta dos de la empresa de compostaje. Foto: Cortesía 9R Sostenible.

Las razones, de acuerdo con la autoridad y según compartió en la comunicación, tuvieron que ver, además de la afectación a los recursos mencionados, con “afectaciones a la Aeronáutica Civil, por la proliferación de gallinazos en un área de tránsito permanente de aeronaves con destino al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá”.

Luna recuerda esa situación y describe que la autoridad ambiental llegó a sus instalaciones acompañada de la Policía. “El objetivo que tenía la CAR era cerrarnos las operaciones. Al director de esta institución le pedí desde noviembre que se reuniera con nosotros a través de un derecho de petición. Luego me mandó una comunicación diciendo que delegaba al director de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental (Desca) para que se reuniera conmigo y la reunión fue que llegaron a las plantas, ocho días después en un megaoperativo. Acá seguimos esperando la reunión”, describe.

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Para Luna, esto los hace ver “como si fuéramos los malos, delincuentes, los que estuviéramos haciendo mal las cosas. No sabemos cuál es el interés de atacarnos por parte de la CAR. Más bien, ¿por qué esta institución ambiental no busca, entonces, el fortalecimiento de la actividad que nosotros desarrollamos?”, manifiesta.

La mención que el dirigente gremial y empresario hace del ICA ilustra, de cierta forma, lo que para él es una desconexión entre las autoridades con respecto a los requerimientos que las composteras deben cumplir. Foto: Cortesía 9R Sostenible.

Al impartir la comunicación, la autoridad ambiental compartió una serie de fotografías. Al respecto, Luna describió que emitió un derecho de petición a la entidad para pedirles dichos registros. “La respuesta del director de la CAR fue ‘no, nosotros no tomamos fotos’. Entonces, ¿de dónde salieron las fotos con las que nos acusan? El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) nos visitó esa misma tarde en que la CAR realizó el megaoperativo y tenemos las constancias entregadas por los funcionarios del ICA, donde se muestra que todo lo que encontraron estaba dentro de lo establecido para una fábrica de abonos orgánicos”, comenta.

La mención que el dirigente gremial y empresario hace del ICA ilustra, de cierta forma, lo que para él es una desconexión entre las autoridades con respecto a los requerimientos que este tipo de negocios deben cumplir.

“Nosotros tenemos dos autoridades directas y otras indirectas. El año pasado solicitamos una mesa de articulación con el ICA y las CAR, con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, justamente, para definir cuáles son las funciones que tiene cada una de ellas frente a nuestras empresas”, explicó.

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Sin embargo, Luna afirma que la mesa no logró resultado alguno porque “el ICA es una entidad que depende del Ministerio de Agricultura y las CARs son ‘autónomas’”.

La medida de prevención impuesta por la autoridad ambiental en octubre le preocupa sobremanera al señor Luna pues, según afirma, le ha traído problemas financieros.

Al respecto, la CAR afirma que el 24 de febrero de 2020 realizó una visita técnica por parte de los funcionarios adscritos al área técnica de la Dirección Regional Sabana Occidente al predio El Refugio, donde opera la compostera Eko Bojacá. Esto, con el fin de hacer un diagnóstico sobre lo que ocurría pues, de acuerdo con la Corporación, habían recibido varias quejas por parte de la comunidad del municipio de Madrid.

Una de ellas fue radicada ante la CAR por un ciudadano el 27 de diciembre de 2019, a través de un derecho de petición. La misiva fue enviada “a consecuencia de la contaminación por la calidad del aire y del medio ambiente, por los mal llamados ‘olores ofensivos’ (...). Suponemos, se producen a partir de la descomposición de desechos, de la manipulación de residuos sólidos y líquidos que provienen de la industria para preparación del compost, actividad que se desarrolla creemos presuntamente por las zonas de las fincas El Refugio y/o El Rancho (...)”.

La autoridad ambiental asegura que los informes técnicos de estas visitas concluyeron afectaciones al recurso natural. “El laboratorio tomó muestras y el resultado arrojó que la afectación al suelo era evidente y que, por estar en proximidad a una fuente hídrica, por efectos de escorrentía podría verse afectado el río (...). Esta actividad se debe realizar no directamente en el suelo, sino que este se debe impermeabilizar y en esta actividad ellos nunca lo hicieron”, explicaron desde la CAR.

Desde la imposición de la medida, la empresa se vio obligada a suspender las actividades que causaban "estas afectaciones". Foto: Cortesía 9R Sostenible.

A su vez, estos informes determinaron que, aunque se entiende que la actividad puede generar olores por la degradación del material dispuesto, es necesario contar con medidas adicionales para su manejo. “Se destaca que la sociedad Crear Vida S.A.S realiza el proceso productivo a cielo abierto, lo cual facilita la dispersión de sustancias generadoras de olores ofensivos o emisiones fugitivas no controladas fuera de los límites del predio”, cita el documento.

Así, una vez la entidad contó con los informes técnicos y los resultados de laboratorio, determinó “la imposición de la medida preventiva el día 26 de octubre de 2020 y la suspensión de actividades”, decisión que se mantendrá “en tanto no desaparezcan las causas que dieron origen a su imposición”.

Luna asegura al respecto que la "afirmación de la CAR falta a la verdad, porque ellos tienen los documentos que desde que se apertura la empresa demuestran las medidas de control que se tomaron para cuidar el suelo en la fase inicial de producción de abonos que es cuando se deshidratan los materiales". 

De igual forma, afirma que “aunque la zona se cubrió con invernadero para atender el requerimiento, no es verdad que las cubiertas sean necesarias para la producción de abonos. No compartimos lo afirmado por la CAR, pues los sistemas de operación y los generadores de olores en la zona son múltiples”.

Luna añade además que él nunca recibió los resultados de estas visitas para saber exactamente qué encontraron y así trabajar en ello. “Nosotros pedimos copia de los informes técnicos, de los análisis de laboratorio y, a la fecha, no nos han entregado nada. Les pedimos que hiciéramos una mesa técnica, se les pidió que nos aportaran un profesional para el estudio aviar y allá el expediente está todavía desde el mes de noviembre pendiente de respuesta”, dice.

El estudio aviar solicitado a la CAR por parte de la Asociación, tenía como objetivo hacer un análisis de la presencia de gallinazos o chulos en la zona, luego de ser requeridos por la Aeronáutica Civil debido a la presencia de estas aves. 

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Al respecto, el empresario y dirigente gremial, asegura que la presencia de estas aves se debe a la actividad de otras empresas de la zona y no de las composteras. “La zona es compleja y requiere ser visto en la integralidad, no solo responsabilizando a las empresas de compostaje”. Esta teoría dice haberla confirmado posteriormente con el estudio aviar hecho por una bióloga contratada por la Asociación 9R Sostenible.

“Hay una empresa al lado que no pertenece a la asociación que es la que le da de comer a los gallinazos. Tenemos fotos y evidencia de estas aves pasando por encima de la planta nuestra para ir a comer al otro lado”, comenta.

En cuanto a las afectaciones de aire, suelo y agua, Luna afirma que, para la realización de esta actividad, reciben básicamente los residuos orgánicos producidos por la industria, el comercio y los hogares para ser tratados, pues es su materia prima.

En ese sentido, admite que, aunque “no la hacemos en condiciones ‘óptimas’”, tampoco afectan los recursos naturales.Es claro que no afectamos el ambiente, pues nuestra misión es trabajar por él y disminuir el volumen de residuos que llegan a los rellenos sanitarios para que aumente su vida útil”, afirma.

Luna reitera el llamado, tanto a la autoridad ambiental como a otras autoridades, para trabajar de manera conjunta. Foto: Cortesía 9R Sostenible.

Las razones detrás de esta afirmación, según comenta, tienen que ver con la falta de capital. “Nosotros somos MiPymes, ni siquiera alcanzamos a ser medianas empresas, somos micros y pequeñas empresas. No tenemos capitales gigantescos para hacer una inversión en pisos sólidos o en los ideales universales, además tal ideal tampoco es necesario. No tenemos el dinero, pero trabajamos comprometidos con el medioambiente y dentro de nuestras capacidades económicas”.

Para trabajar de la mejor manera, Luna considera fundamental contar con reglas claras. “Se requiere un marco regulatorio que nos permita cobrar tarifas justas y acabar con la guerra de precios de empresas que tienen malas prácticas y, por ende, tarifas que no van con la realidad de la actividad. Pero también que se reconozca la importancia de lo que hacemos y los generadores de residuos paguen un precio justo y entiendan que ellos son corresponsables y no pueden entregar sus residuos a cualquiera. El barato es sospechoso pues los residuos terminan en alguna alcantarilla o en sitios de acumulación que generan pasivos ambientales”.

A su vez, agrega que sí hay manera de controlar o mitigar los llamados “olores ofensivos” con el uso, por ejemplo, de aspersores de olores o tanques de acero inoxidable, entre otros métodos. Sin embargo, esto requiere una inversión que puede estar alrededor de los dos mil millones de pesos por tanque, según estima.

Por lo que se pregunta, “¿es rentable montar un tanque de acero inoxidable que vale dos mil millones de pesos y no alcanza a manejar más de 60 toneladas, cuando una empresa de compostaje en su facturación no alcanza a recibir 1.500 millones de pesos al año?”.

En ese sentido, reitera el llamado, tanto a la autoridad ambiental como a otras autoridades, para trabajar de manera conjunta y así generar acuerdos en cuanto a la regulación, conceptos y condiciones técnicas necesarias para realizar esta práctica.

“Aquí hay unas empresas listas y dispuestas pero sentémonos en una mesa. ¿Qué es lo que ustedes consideran que estamos haciendo mal? ¿Cómo? Enséñennos, pero venga les enseñamos a ustedes también, porque tenemos muchas cosas que aportarle a la CAR y a las demás autoridades ambientales. Nosotros estamos trabajando con las mejores prácticas posibles”, asegura el dirigente gremial.

De esta forma, la situación, hasta el momento, no ha podido solucionarse. La autoridad ambiental afirma que está a la espera de que la empresa se pronuncie para pedirles el levantamiento de la medida.

Sobre esta petición, Luna afirma que, el pasado 9 de diciembre, envió una comunicación a la autoridad ambiental, a la Alcaldía de Mosquera y a Carlos Eduardo Rodríguez Suárez, Director Regional de Sabana Occidente, en la que pide que se “proceda con el levantamiento de la medida preventiva instaurada”

En el documento, “se describen los requerimientos presentados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y las acciones ejecutadas por Crear Vida S.A.S., que reiteramos no compartimos, pero que se han ejecutado para que con ello se levante la medida impuesta”.

"En diciembre se radicó la solicitud de levantamiento de la medida y solo hasta febrero la CAR respondió, pero igualmente estamos operando pues la medida no es para suspender actividades, como falsamente se divulgó”, comenta al respecto Luna. 

La autoridad ambiental, además, añadió que está "en la etapa de que el municipio nos tiene que enviar una documentación para así nosotros iniciar la apertura de un proceso sancionatorio en contra de la empresa, que no es el único que ellos tienen”. 

De otro lado, Luna asegura que a la "solicitud realizada al municipio de Mosquera en diciembre este respondió que ellos no tienen nada que atender pues es la CAR - Sabana de Occidente fue quien puso la medida y es quien debe hacer su debido trámite".