"El sistema legal colombiano ha contribuido a naturalizar la violencia de género"

En vista del concepto de la Secretaría de Gobierno sobre el asesinato de Rosa Elvira Cely, que generó indignación en redes sociales, Arcadia habló sobre la violencia y la discriminación de género con Isabel Agatón Santander, escritora, jurista y promotora del Proyecto de Ley Rosa Elvira Cely contra el Feminicidio en Colombia.

La reacción por parte de la Secretaría de Gobierno ante el caso de Rosa Elvira Cely ha causado polémica pues culpabiliza a la víctima. Culturalmente, ¿cómo ve hoy el tema de los derechos de la mujer en Colombia?

Cabe señalar que es la opinión de una funcionaria pública, que da cuenta un desconocimiento de la política pública de prevención de violencia contra las mujeres. La Secretaría Distrital de la Mujer, creada por medio del Acuerdo 490 de 2012 del Concejo de Bogotá D.C., tiene entre sus medidas de prevención de violencia contra las mujeres esfuerzos de formación de funcionarios y servidores para prevenir este tipo de reacción. La Secretaría responde a la necesidad de una institucionalidad que vele por los derechos de las mujeres y posicione el tema. La opinión de la funcionaria desconoce a todas luces los esfuerzos tanto del gobierno distrital como del Estado para prevenir y reparar la violencia contras las mujeres, es más, es una respuesta que la naturaliza, la interioriza y la exacerba. 

¿Se puede situar la declaración de que Cely provocó a sus agresores dentro de un contexto de machismo generalizado tanto en la población como en el sistema legal colombiano?

Sí, absolutamente generalizado. El derecho ha contribuido a la naturalización de la violencia de género y de perpetuar estereotipos y prejuicios. Por ejemplo, el Código Penal de 1936 dictaba que un padre, hermano o esposo que encontrara a su hija, hermana o esposa cometiendo adulterio y por eso la matara podía alegar la defensa del honor que como atenuante significativo de la pena. Eso trasmite un mensaje de legitimación de la violencia y al feminicidio al responsabilizar a la mujer por atentar en contra de la moral o las buenas costumbres. Cuando se forman servidores o servidoras sin darles una cátedra de género y de derechos humanos ellos reproducen esa legitimación de la subordinación de las mujeres. Entonces vemos sentencias judiciales en las que no se le cree a la mujer cuando denuncia la violencia sexual porque su palabra no se considera confiable y es la única testigo. Un ejemplo reciente es el de Fredy Valencia, que asesinó y enterró a más de una docena de mujeres en Monserrate, y recibió una condena reducida que consideraba su marginalidad y pobreza. Fue más importante para el juez su condición que la de las mujeres que asesinó, a pesar de que estaban en una situación de extrema vulnerabilidad. Ese desconocimiento de un feminicida serial nos habla de esa profunda naturalización de la violencia.   

¿Qué puede hacer una mujer que ha hecho una denuncia ante reacción como esta?

Desde el derecho tenemos mecanismos y recursos para reaccionar y garantizar los derechos de la mujer, como apelar sentencias. En el caso de Valencia, por ejemplo, ya se interpuso una apelación por medio de la Secretaría de la Mujer. Está el litigio estratégico, acción de tutela o el recurso de casación. En Bogotá se han visto casos emblemáticos y ejemplos de buena práctica. El recurso más necesario es quitar la patria potestad de quién violenta o asesina a la madre de dichos hijos. El país desconoce la magnitud de esa problemática, que sufren las sobrevivientes y sus hijos. Es una práctica casual y desafortunada, la de no restringir las visitas y derechos de un progenitor violento. Deja a una mujer relacionada con alguien que perpetrado violencia sobre ella. Son una crónica de una muerte anunciada, porque esos hombres acaban los feminicidios que no habían terminado.

¿Qué sabe de esfuerzos, desde el Ministerio de Educación, para visibilizar los derechos de las mujeres?

Desde la aprobación de la Ley Rosa Elvira Cely, el Ministerio de Educación tiene la obligación de incluir, a nivel nacional, una cátedra de género en la educación básica primaria y secundaria para deconstruir esas ideas naturalizadas e interiorizadas y deslegitimar la violencia masculina como muestra de poder. Tiene un año, hasta julio, para compartir la reglamentación que ha desarrollado. Por otra parte, al presentar el proyecto de ley conocimos la ausencia de información estatal acerca de la violencia contra mujeres y el feminicidio. Entonces el Consejo Superior de la Judicatura y el DANE deben crear y alimentar esa base de información y estadísticas, que servirá mucho en los procesos de aprendizaje.

¿Qué avances se han visto?

A nivel nacional, políticas públicas a través de las cuales se toman acciones para enfrentar las violencias en contra de mujeres, la formación de servidores, servidoras y autoridades para combatir la interiorización de prejuicios, los esfuerzos, nacionales y distritales, de detección de riesgo para prevenir casos futuros de violencia. Bogotá ha sido un líder, por ejemplo, en la Secretaría de la Mujer se crea un grupo especializado en litigios para casos de feminicidio y unidades móviles de terapia y atención psicosocial a las víctimas. Ha sido la primera y única ciudad con esas iniciativas. Está enfrentando y deconstruyendo la violencia y el prejuicio, recogiendo la experiencia de organizaciones de mujeres para crear estrategias de vida libre, sin violencias y con justicia.  

Por todo eso, es muy desconcertante saber oír una opinión así, desde una funcionaría de la Secretaría de Gobierno. Es necesario seguir trabajando, ir enfrentado diariamente los estereotipos y dictámenes legales que contribuyen y exacerban el feminicidio y violencia en Colombia.