Ofrezco mi perdón

El 8 de agosto de 1997, guerrilleros del ELN asesinaron al senador Jorge Cristo Sahium, mi padre. Veinte años después, no sé quién dio la orden, por qué acabaron con su vida y qué lograron con su muerte. Todavía me duele el corazón cuando añoro a mi padre y, aun así, si me preguntan qué estoy dispuesto a dar por la paz de mi país, no dudo en contestar: ofrezco mi perdón. Tengo la convicción de que las víctimas del conflicto debemos convertir nuestro sufrimiento compartido en motor de reconciliación. Pero nuestro perdón no puede resultar gratuito. Está condicionado: necesitamos conocer la verdad.

Por eso, fue con gran emoción que, como ministro del Interior, firmé el decreto que crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este órgano temporal de carácter extrajudicial tendrá como objetivo esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado y, en particular, analizar las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, identificar las responsabilidades colectivas y describir el impacto humano y social del conflicto armado, su contexto y sus causas y las condiciones que facilitaron su persistencia. Once comisionados, seleccionados por un comité de escogencia compuesto por cinco personas de altas calidades morales y académicas, garantizarán la independencia que se necesitará para abordar una verdad que hasta ahora nos ha eludido.

La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos también permitirá aportar un pedazo de verdad a miles de familias que aún buscan a sus seres queridos. Tiene como mandato coordinar acciones para identificar a personas dadas por desaparecidas que se encuentran con vida y, en los casos de fallecimiento, localizar sus restos y hacer entrega digna de ellos a sus familiares. Esa tarea la cumplirá de manera coordinada con las organizaciones de víctimas, especialmente de secuestro y desaparición forzada, como se señala en el Acuerdo de Paz.

Ambas entidades forman parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que pone los derechos de las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz. La verdad extrajudicial, complementada con la judicial, que emanará del reconocimiento de responsabilidad individual en la Jurisdicción Especial de Paz, nos permitirá confrontar un pasado de violencia en el cual no debemos sentirnos atrapados. Estamos ante una oportunidad para superarlo.

La creación de estas dos instituciones constituye un avance para los derechos de las víctimas. Representa un paso más en este proceso de reconocimiento a las víctimas que comenzó en 2007, cuando presentamos el primer proyecto de ley que terminaría llamándose la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Fueron épocas difíciles para plantear el derecho a la reparación integral. El gobierno de Álvaro Uribe ni siquiera reconocía la existencia del conflicto armado y se opuso de manera contundente a reconocer a todas las víctimas de este conflicto, negándose a aceptar el principio de igualdad de las víctimas, independiente de quién fuera su victimario.

Recorrimos el país entero escuchando a las víctimas contar sus historias por primera vez, expresar su dolor y su rabia contra un Estado y una sociedad que las ignoraban. Fuimos construyendo la Ley 1448 en conjunto con las víctimas, testimonio tras testimonio. En 2010, el presidente Santos respaldó la iniciativa y, gracias a este apoyo, la promulgó un año después, tras cinco años de debates. Esta legislación, quizá la más socializada en la historia del Congreso de la República, constituyó la cuota inicial del proceso de paz y es hoy la más avanzada del mundo entero.

La Ley 1448 de 2011 puso a las víctimas en la agenda pública, en los titulares de los medios de comunicación y en las preocupaciones de la sociedad. Por primera vez tenemos una política pública de víctimas y ahora les debemos la verdad. Cuando la tengamos, yo, víctima del ELN, sabré perdonar. Estoy seguro de que millones de compatriotas víctimas me acompañarán en el perdón. Así, poco a poco, nos convertiremos en un país que hará de sus víctimas ciudadanos con plenos derechos restituidos como elemento esencial en la reconciliación de los colombianos. Confrontar la verdad, por dolorosa que sea, constituye un paso más a dar para conquistar esta meta.