Las autoridades denunciaron una incursión de grupos armados en la Isla de la Dulzura —antes conocida como Isla de la Amargura— en el municipio de Cáceres, ubicado en la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Según información que se ha conocido, y que ha sido denunciada por varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos, los hombres armados les dieron orden de desalojar la Isla de la Dulzura hoy 3 de septiembre.
Se trata de 130 familias campesinas afiliadas a la JAC y 58 familias indígenas zenú afiliadas al cabildo de la Isla de la Dulzura, de las cuales algunas ya están concentrándose en el puerto de la isla. El hecho se registra solo tres días después de que la Defensoría del Pueblo emitiera la alerta temprana N.° 45 de 2020 sobre el riesgo que corren las comunidades del Bajo Cauca en Antioquia. Según la entidad, durante los últimos tres años, 50.483 personas se han desplazado desde esa subregión antioqueña. Entre 2018 y 2019 se emitieron cinco alertas tempranas de inminencia en el Bajo Cauca. Se trata de unos llamados por la vulneración en la zona de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
“Para el año 2020 se observa un cambio sustancial en la dinámica de los actores armados ilegales, pues mientras en 2018 y 2019 esta se caracterizaba por la expansión hacia los territorios en donde tenían intereses económicos, para finales de 2019 y durante 2020 se observa el interés de atacar lo que se consideran las sedes de mando del enemigo, provocando masacres y desplazamientos forzados”, se lee en la Alerta. El documento también señala que “las muertes violentas no cesan en épocas de pandemia, y solo entre los meses de marzo y junio del presente año la Policía Nacional tiene un registro de 72 homicidios. La violencia no ha respetado las restricciones de movilidad y aislamiento social por la covid-19”.
Justamente, este jueves se conoció la noticia sobre una emboscada en Caucasia que dejó dos policías muertos. El hostigamiento ocurrió en la vía que conduce al municipio de El Bagre, ubicado en la misma subregión del Bajo Cauca. Según las primeras informaciones, un camión de la Policía Nacional fue atacado con fusiles. Jaime Luis Castaño y Carlos Enrique Calderón, quienes pertenecían a la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal, murieron durante su traslado al hospital municipal César Uribe Piedrahita; otro uniformado resultó herido. Así mismo, el pasado 31 de agosto en horas de la noche, llegaron hasta el casco urbano de Tarazá, tambien en el Bajo Cauca, 54 personas que salieron de la vereda La Esperanza del corregimiento La Caucana.
El secretario de Gobierno de ese municipio, Deivyson Montero, aseguró que “desde el día cinco de junio del presente año se vienen presentando desplazamientos masivos desde la vereda La Esperanza del corregimiento La Caucana”. Según Montero, durante el mes de agosto han llegado hasta el casco urbano 72 personas conformadas por 18 núcleos familiares. La situación en esa subregión antioqueña no es nada alentadora. Precisamente, el pasado mes de enero el presidente Iván Duque ordenó al Ministerio de Defensa crear un comando especial para la región del Bajo Cauca antioqueño, luego de que se presentara el estallido de una granada en un salón de billar de Caucasia, que afectó a doce civiles; sin embargo, los hechos violentos continúan en casi todos los municipios de esa subregión antioqueña.