En la madrugada de este 28 de noviembre, una operación del Gaula de la Policía Huila y tropas del la Quinta División del Ejército irrumpió en una vivienda rural de la vereda San Miguel, municipio de La Plata, y liberó a nueve hombres que permanecían secuestrados desde octubre.
Según las autoridades, los rescatados estuvieron privados de la libertad durante 46 días y la intervención permitió la captura de al menos dos presuntos integrantes de una estructura armada ilegal que los tenía cautivos.
Las víctimas, todas identificadas como mineros procedentes de Antioquia, habrían sido atraídas con la promesa de trabajo en yacimientos auríferos. Los hombres se habrían desplazado hacia la zona entre el 14 y el 17 de octubre; fue en esos días en que la supuesta oferta laboral se convirtió en una trampa y su retención por parte de la subestructura Hernando Gonzáles Acosta, adscrita al Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias.
Los rescatados relataron a las entidades condiciones extremas. Estaban encadenados —al cuello, manos y pies— y confinados en una sola habitación de dimensiones reducidas: aproximadamente 3 metros por 1,80 metros, donde dormían hacinados y con raciones escasas de agua y comida.
Durante el allanamiento, las unidades del Gaula y el Ejército capturaron a dos presuntos custodios y recuperaron a un menor de edad que había sido reclutado por la estructura; ese adolescente fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
En el lugar también se incautó material de guerra: armas, munición, un artefacto explosivo revisado y equipos de comunicación, entre otros elementos que las autoridades señalaron como parte de la logística de la subestructura.
Uno de los detenidos fue identificado por las autoridades como Ricardo Alfonso Guainas Gachetá, conocido con los alias Richar o Cristo. A este nombre se le atribuye la presunta responsabilidad en el atentado con moto bomba ocurrido el 18 de abril en el casco urbano de La Plata, que dejó dos muertos y decenas de heridos; sobre él pesan órdenes de captura por terrorismo, homicidio agravado, secuestro y concierto para delinquir, y desde la primera semana de octubre le figuraba una circular azul de Interpol.
Walter Rodríguez narró las condiciones del cautiverio: “Nos amarraron de las manos, nos vendaban los ojos y nos montaron en vehículos para llevarnos muy adentro de la selva… Nos amarraron los pies con cadenas y candados para que no pudiéramos fugar”. Los entes encargados también informaron que los captores exigían una cifra cercana a los 5.000 millones por la liberación de las víctimas.