La Defensoría del Pueblo se pronunció sobres las tres Zonas de Ubicación Temporal que acordó el gobierno Petro con el Clan del Golfo para ir ubicando gradualmente a los integrantes de ese grupo armado, a partir del 1 de diciembre de 2026.
El anuncio dejó varios cuestionamientos de diferentes sectores que compararon ese acuerdo con la fracasada zona de distensión que habilitó el expresidente Pastrana cedió a las Farc para los diálogos de paz, pero que terminó dejando a una guerrilla más fortalecida y un proceso que culminó sin éxito en 2002.
Por eso la Defensoría del Pueblo ahora le está pidiendo al Gobierno del presidente Gustavo Petro que pongan condiciones en las tres zonas que ha anunciado para el Clan del Golfo en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), garantizar una “transición completa hacia la paz y respeto absoluto de los derechos de las comunidades”.
Para la entidad establecer objetivos, condiciones de operación y cronograma, permitiría que las Zonas de Ubicación Temporal adopten “medidas idóneas, integrales y oportunas para garantizar la seguridad, la no estigmatización y la no cooptación o instrumentalización de las comunidades que habitan el territorio donde se ubique la ZUT o los territorios colindantes”.
La Defensoría también destacó que mientras el Clan del Golfo continúe en armas, se debe mantener la protección y autonomía de la población civil para garantizar el principio de distinción, una regla del DIH que obliga al Estado y partes de un conflicto diferenciar a los civiles.
“Las contribuciones tempranas a los derechos de las víctimas a partir del ingreso a las ZUT deben darse con claridades jurídicas y estricto acompañamiento institucional bajo el principio de acción sin daño“, resaltó la entidad.
En el documento se destacó que el Clan del Golfo debe comprometerse a realizar procesos de socialización al interior de sus estructuras sobre el avance del proceso y las Zonas de Ubicación Temporal. Mientras que al Gobierno lo invitó a crear un proceso de pedagogía en los municipios priorizados con las comunidades sobre el proceso de paz.
La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, también solicitó procesos de participación que cuenten con la presencia de autoridades étnico-territoriales, y mecanismos que permita la identificación y entrega de los menores reclutados en las filas de esa organización.