“Yo necesito hablar con él. De verdad, si no, no va a funcionar nada, Mariale (...) te lo tengo que decir, porque el miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan, no digan después que uno es problemático”.
De este talante eran los reclamos que hacía el representante Wadith Manzur a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, a fin de exigir los millonarios contratos de la UNGRD antes de que se presentara la ponencia para el presupuesto del año 2024.
El representante Manzur, según el testimonio de Benavides ante la Corte Suprema de Justicia, era una especie de cacique entre los congresistas de la Comisión de Crédito Público que apoyaban las propuestas del Gobierno Petro a cambio de millonarios contratos.
Esto se desprende de la declaración que le entregó Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, el emproblemado exministro de Hacienda, al alto tribunal. Benavides estuvo el pasado mes de agosto durante casi una semana declarando en la investigación que avanza en la Corte Suprema contra los congresistas Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, quienes, según la demoledora confesión, no daban puntada sin dedal.
Su testimonio salpicó también a su exjefe Ricardo Bonilla, quien era, finalmente, el dueño de la chequera del Gobierno. En la declaración de Benavides, que se extendió por más de 50 horas, deja en evidencia las presiones a las que acudía Manzur para sacar adelante los contratos y hasta las asesorías que les brindó a funcionarios del Ministerio de Hacienda para demostrar que la olla de corrupción en la UNGRD se estaba cocinando.
Según Benavides, Manzur era el congresista que más insistía en obtener una respuesta a la “propuesta” presentada por los miembros de la Comisión al Gobierno antes de que el Ministerio de Hacienda radicara la ponencia del presupuesto de 2024. En ella pedían repartir la torta de contratos asignando un 20 por ciento a los congresistas más influyentes –como el propio Manzur– y un 10 por ciento a los de segundo nivel.
Pero la cosa no paró ahí. El apetito burocrático de Manzur, quien, además, era miembro de la Comisión de Acusación, que investiga al presidente Gustavo Petro, lo llevó a buscar independizarse de la torta destinada a la Comisión de Crédito Público y pedir su propia tajada. Así se escuchó en la audiencia de Benavides mientras leían los chats de prueba.
“Ayer me senté al lado de él, le dije varias cosas y me ignoró. Le dije que yo quería trabajar por aparte y no quiso”. Benavides respondió: “OK, listo, o sea, repre, yo solo puedo pasar el mensaje”. Manzur agregó: “De verdad no entiendo por qué me tratan así tan indiferente”.
La exasesora reconoció que “esos chats eran presión. Lo que yo hacía, y recuerdo ese chat, porque para mí era importante hacerle saber al ministro Bonilla que el representante se sintió ignorado y, como parte de mis funciones respecto del relacionamiento, eso podría llegar a tener un impacto en la relación del Congreso y el ministro de Hacienda”.
Para noviembre de 2023, Benavides supo que en el contrato de Cotorra, que formaba parte del paquete de tres obras por más de 92.000 millones con los que se estaba comprando el respaldo de la Comisión, tenían interés tres congresistas: Wadith Manzur, Liliana Bitar y Julián Peinado.
De hecho, la exfuncionaria recordó ese episodio: “Yo tengo un chat con el representante Wadith el 8 de noviembre, en el cual, al saber que ellos no querían asistir a la sesión del 9 de noviembre (para crear incentivos tributarios a patrocinadores del fútbol femenino), yo le digo algo así como: ¿qué más falta? (...) Después de ese chat, en la sesión del 28 de noviembre hay quorum, y los congresistas votan ciertos créditos”.
La exasesora de Bonilla afirmó que Manzur advirtió varias veces que los congresistas de la Comisión de Crédito Público “no estaban tranquilos” y “no sentían garantías” con la distribución de los cupos indicativos, eufemismo para esa repartición burocrática. El tiempo jugaba en contra del Gobierno.
Benavides le confesó a la Corte Suprema que, con la llegada del mes de diciembre, Manzur volvió a aparecer pidiéndole que “la gestión ya se viera de otra forma, porque lo que yo les había dicho, sobre todo la última semana de noviembre, era que el ministro (Bonilla) estaba haciendo lo pertinente (...) sin que ellos supieran que yo sabía de la reunión del 27 de noviembre en Presidencia”.
La exasesora del Ministerio de Hacienda se refiere al oscuro episodio que fue bautizado como el “cónclave” por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, hoy en la cárcel.
SEMANA reveló imágenes de ese encuentro en el Palacio de Nariño que habría dirigido Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y prófugo de la justicia, para ordenar la compra de congresistas con los contratos de la UNGRD a cambio de apoyo a los trámites de las reformas del Gobierno Petro y la aprobación de créditos ante la banca internacional.
Volviendo al capítulo de Manzur, Benavides detalló que en esa reunión el legislador le sugirió que, para mostrar gestión a los congresistas que estaban desesperados por ver avances en sus contratos, lo mejor era contactarse con cada municipio donde se iba a ejecutar el negocio o gestionar un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP).
“El representante me dijo que una forma de mostrar que había gestión al interior de la UNGRD era mostrar que hubiese un CDP. También me dijo que era importante, de alguna forma, contactar a las regiones”, le dijo Benavides a la Corte. Estos CDP fueron aprobados por Bonilla por un monto de 1,4 billones de pesos, como fue documentado.
Esa misma información se la transmitió en su momento a su jefe Bonilla, quien, al escuchar la propuesta del representante a la Cámara, le pidió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que se reunieran con los miembros de la Comisión de Crédito, según la testigo estrella.
Benavides reveló que Manzur fue quien dividió en dos la reunión que, a finales de diciembre de 2023, tendría el entonces viceministro Diego Guevara con la Comisión de Crédito, antes de aprobar los préstamos por 2,5 billones de pesos.
La exasesora de Bonilla precisó que Manzur le dio a entender “que, si estaban todos los que tenían interés en proyectos, el tema no iba a fluir”. Es decir, fue el encargado de priorizar sus intereses junto con sus colegas Liliana Bitar y Julián Peinado, mientras que dejó a un lado a los congresistas Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.
Benavides también reveló cómo el congresista Manzur, después de sugerirle que se contactara con los alcaldes donde se iban a ejecutar los contratos para mostrar gestión, terminó diciéndole “que una llamada a un alcalde no significa nada”.
Mientras tanto, el Gobierno buscaba afanosamente la forma de entregar los tres contratos en Cotorra (Córdoba), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca) por más de 92.000 millones de pesos. La confesión de María Alejandra Benavides ante la Corte Suprema pone de manifiesto el poder de Manzur en el escándalo y sus presiones al Congreso para que el Gobierno atendiera las exigencias de la Comisión de Crédito Público.