En la Cámara de Representantes se está discutiendo un proyecto de ley que pretende crear una superintendencia para que vigile al sistema de educación del país. Uno de los artículos sugiere un cambio estructural en los soportes que le brinda el Estado a las investigaciones científicas que se desarrollan en las universidades.

La ponencia está a cargo de la congresista del Partido de la U, Astrid Sánchez Montes de Oca. Ella justificó la necesidad de la iniciativa en que el Ministerio de Educación no cuenta con las suficientes herramientas para ponerle la lupa con rigurosidad a los establecimientos de formación, alegando todas las funciones que debe cumplir la cartera.

Entre tantas cosas, en el paquete legislativo hay una línea que ha llamado la atención: “Modifíquese el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia”. Ese fragmento legaliza el funcionamiento de las instituciones de educación superior del país. Por ejemplo, la autonomía en sus estatus y la elección libre de sus directivos.

El reemplazo que propone les restaría beneficios a las universidades privadas en cuando a los apoyos que les brinda el Estado para el desarrollo de los estudios científicos. Ese fortalecimiento se mantendría, pero sería exclusivo para las universidades públicas. Así quedó por sentado en el proyecto de ley que ya superó el primer debate.

“El Estado fortalecerá el desarrollo de las condiciones para la investigación científica en las instituciones de educación superior”, se lee en el artículo nuevo. Mientras que el que pretende modificar cita lo siguiente: “El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá condiciones especiales para su desarrollo”.

Ese cambio ha generado estruendo en el sector. El académico y profesor de la Universidad Nacional de Colombia Moisés Wasserman pidió ponerle la lupa al proyecto de ley porque, como está diseñado el artículo, sí sería inminente que las instituciones de educación superior del sector privado fueran suprimidas de los beneficios.

Así lo hizo saber en su cuenta oficial de Twitter, donde adjuntó una fotografía donde se lee el polémico párrafo: “Ojo al cambio en el artículo 69 que parece eliminar un sector privado y a centros de investigación del apoyo estatal para investigar. ¡Por favor, abogados, revisen y comenten!”, afirmó el docente universitario.

El exministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Iván Duque Márquez, Tito José Crissien Borrero, también se unió a la discusión a través de las redes sociales al definir que es una iniciativa que “no es coherente con la realidad nacional” que hoy se vive en los centros de formación, por esa razón no contaría con el aval del Gobierno.

Esa misma opinión tiene el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Juan Espinal. Él considera que es importante crear una superintendencia que vigile los manejos que se le da al sector, con especial énfasis en las instituciones públicas que tendrían que ser más rigurosas a la hora de rendir cuentas sobre las finanzas.

Sin embargo, muestra rechazo por el artículo que restringiría los apoyos a las universidades privadas a razón de que también ofrecen un servicio. Y aprobar este paquete como está diseñado, sería desconocer las tareas que les entregan al conocimiento. Es decir, cree que debe de haber un equilibrio entre ambas.

“No se puede dejar a un lado el apoyo a la universidad privada, que también presta un derecho fundamental. Ese artículo no puede ir, no puede salir adelante. Hay que seguir apoyando los convenios que hace el Estado con el sector privado, muchas también tienen responsabilidades sociales. Es un artículo inviable”, afirmó el congresista Espinal.