Una gran polémica se generó el pasado viernes luego que SEMANA revelara en exclusiva el documento por medio del cual se avalaron 423 nuevos cargos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por un costo cercano a los 60.435 millones de pesos, los cuales son una adición al presupuesto que se les otorgó para su funcionamiento en este 2023.
Y es que con cinco años de existencia, la JEP no ha emitido una sentencia de fondo. Pese a que en noviembre pasado se emitió la resolución que pedía emitir las respectivas condenas contra Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, el último comandante máximo de las Farc antes de la firma del Acuerdo; Pastor Alape, Milton Toncel, alias Joaquín Gómez; Jaime Parra, Pablo Catatumbo, el ahora senador Julián Gallo Cubillos, conocido en su tiempo de guerra como Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda Escobar, por el caso de los secuestros, cinco meses después no se ha tomado una decisión.
En entrevista con SEMANA, el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal López, explicó y defendió el aumento en la planta de personal, señalando que es clave para cumplir con el “gran reto” que es investigar todos los hechos que hacen relación al conflicto armado interno que se extendió por cerca de cinco décadas en Colombia y así cumplir la misión que está en observación de la Fiscal de la Corte Penal Internacional. “Nosotros somos 800 funcionarios y con esa ampliación de la planta pasamos a 1.400″.
Para el magistrado, es necesario tener en cuenta que la Fiscalía cuenta con 28 mil funcionarios y el Consejo Superior de la Judicatura tiene 28 mil”. El presidente de esta Jurisdicción advirtió que el más reciente aumento a la planta de personal se puso de presente durante el Gobierno de Iván Duque que dio una “respuesta positiva” y durante el Gobierno actual se dio todo el aval para el aumento de la planta de personal. “Esta es una adición al presupuesto de este año de la jurisdicción. Por supuesto, en el ciclo presupuestal son decisiones que se toman un año antes”.
Pese a que en un principio la propuesta radicada ante el Ministerio de Hacienda hablaba de 323 nuevos cargos, en medio de la presentación de la nueva propuesta se llegó a un consenso que era necesario ampliar un poco más. “Estamos en un momento muy interesante porque ya hemos definido once macrocasos de los cuales se han venido desarrollando cinco (...), casos que tienen decenas de víctimas y miles de comparecientes”.
Con estos nuevos funcionarios se espera darle agilidad a los procesos y continuar con las líneas investigativas que requieren viajes a territorio para la recolección de declaraciones. “Estamos en la discusión con el Gobierno de futuros complementos de las necesidades emergentes de la gente”.
¿Qué motivó a presentarle al Gobierno la solicitud de la ampliación de la planta de personal?
Bien, primero quisiera poner en contexto la Jurisdicción Especial para la Paz en el ámbito de la administración de justicia del país. La Jurisdicción tiene una función específica que es juzgar 50 años de los peores crímenes y los más graves ocurridos con ocasión del conflicto armado interno. Siendo un tribunal independiente, nosotros hacemos parte de la administración de justicia.
¿Cuál es la diferencia entre la planta de personal de la JEP si se compara con la de la Fiscalía?
Cuando hablaba recientemente en una reunión con los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, que es la máxima autoridad judicial en términos de administración judicial del país, yo les preguntaba cuántos funcionarios tiene la rama judicial colombiana y me decían que tienen alrededor de 35.000 funcionarios. La misma pregunta la formulé al señor Fiscal General de la Nación y él me explicaba que la Fiscalía tiene alrededor de 28.000 funcionarios. La Administración de Justicia lo que muestra es que es un servicio complejo, muy intensivo en personas y en expertos. En el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Nosotros, en el diseño original, somos 800 funcionarios y con esta ampliación de la planta que ya paso a explicar, pasamos a 1400 funcionarios, lo cual nos hace, creo que permite entender el carácter especial, excepcional y temporal de la jurisdicción, que tiene una misión delimitada y que es una muy pequeña parte del servicio de Administración de Justicia del país. En ese contexto, todas las autoridades judiciales tienen permanentemente un diálogo con el Ejecutivo, porque lo que sabemos es que hay unos déficit crónicos del país en términos de administración de justicia. Entonces, este tema de la ampliación permanente del servicio judicial en Colombia es una cuestión de todos los años y de todos los gobiernos. No es una excepción el caso de la Jurisdicción.
Pero, volviendo a la pregunta inicial, cómo se formuló la petición para ampliar la planta de personal.
La jurisdicción fue dimensionada en los acuerdos del 2016 y desde el 2020 se venía tramitando una solicitud de ampliación. Cuando tuvimos conciencia de la dimensión de nuestro trabajo, del tamaño de nuestras obligaciones y de todas las necesidades que tiene la JEP para operar. La ampliación de planta que de la que estamos hablando hoy. Y hay que ser justos en ello. Comenzó en una gestión con el Gobierno del presidente Duque.
¿Es decir que esta petición se radicó en el Gobierno anterior?
Si la solicitud se hizo en ese momento al Ministerio de Hacienda como corresponde. Y la respuesta del Presidente Duque fue una positiva, que también hay que verla en el contexto del cierre del examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre el país. Colombia estuvo sometida durante 17 años a un permanente monitoreo por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional porque había una duda permanente de si el Estado colombiano estaba en capacidad o tenía la voluntad de cumplir sus obligaciones internacionales de investigación, juzgamiento y sanción de los más graves crímenes.
El año pasado, en la visita que hace el Fiscal de la Corte Penal Internacional, termina ese examen y encuentra que para la Corte Colombia está cumpliendo con las obligaciones internacionales Y el argumento fundamental en el que se basa esa decisión tan seria es en que existe la Jurisdicción Especial para la Paz. Es la muestra fundamental para la comunidad internacional de que el Estado colombiano está cumpliendo sus obligaciones internacionales y a partir de eso se hace un memorando entre el fiscal de la Corte Penal Internacional y el presidente Duque, en el que se levanta el examen preliminar con un compromiso serio del Gobierno Nacional de apoyar institucionalmente el desarrollo del trabajo de la jurisdicción, pero especialmente hacer un apoyo financiero de las necesidades emergentes de la JEP.
Pero, ¿por qué la petición fue avalada por el actual Gobierno?
Ese es el contexto de esta ampliación, que fue en principio decidida en el Gobierno anterior y en el nuevo Gobierno, el del presidente Petro. Lo que hacen ellos es mantener esa iniciativa y ampliar, y es allí donde estamos en el contexto de una ampliación de la planta de la JEP, que tiene una asignación en el presupuesto nacional y que tiene la implicación de las instituciones de gobierno. Ese es el origen de por qué nuestro órgano de gobierno, haciendo eco de las decisiones que toma el Gobierno nacional en materia presupuestal, nos permite organizar esta ampliación de la planta.
¿Esta edición que se aprobó hace parte del presupuesto que tiene la JEP para este 2023?
Claro, esta es una adición al presupuesto de este año de la jurisdicción. Por supuesto, en el ciclo presupuestal son decisiones que se toman un año antes. Lo que está sucediendo hoy es que esa decisión que tomó el anterior Gobierno que este Gobierno ratifica y amplió en un 50%, se aplica este año en el presupuesto que ya está asignado. Cosa distinta es la discusión, que ha sido muy productiva de la jurisdicción con el Gobierno Nacional, en el que han previsto un apoyo importante para la jurisdicción en el presupuesto que hoy se está discutiendo y que y que se hará aplicar en los próximos años.
Revisando el documento se habla de 323 cargos pero haciendo las sumas encontramos que son 423 cargos, ¿por qué esa diferencia?
Tiene una explicación muy concreta. Había una aprobación previa que viene del Gobierno anterior. Cuando nosotros hicimos una propuesta más estructurada al Ministerio de Hacienda, el Gobierno actual encontró que era una propuesta razonable y entonces se hizo una ampliación adicional del 50% de lo que ya estaba previsto. Por eso arrancamos pensando en 323 cargos y terminamos en una propuesta que se pudo concretar en 400 y tantos.
¿Qué van a hacer estos nuevos funcionarios?
Con gusto le explico pero antes quisiera dejar sentado una cuestión. La JEP es un organismo judicial de un tamaño bastante modesto respecto al contexto general de la administración de justicia en Colombia. Incluso eso es lo que nos ha permitido o es uno de los argumentos fundamentales que hemos expuesto al Gobierno, por los cuales, por ejemplo, en los temas de la Paz Total no es tan simple decir que la JEP se puede encargar de nuevos juicios, porque nosotros estamos diseñados para una labor muy específica, que es la que se diseñó en los Acuerdos y en esto tiene un tamaño modesto.
¿Pero qué se buscaba con esa ampliación?
Primero, el dimensionamiento que se hizo cuando se diseñó la JEP se quedó absolutamente corto respecto de lo que nosotros encontramos y en lo que hemos hecho en estos cinco años. Entonces, una parte de esa ampliación responde a necesidades que ya se han generado y que necesitamos cubrir; y por otra parte tiene que ver también con la prospección de lo que viene, porque estamos en un momento muy crucial de la jurisdicción, en los próximos cinco años tenemos que terminar la investigación de los macrocasos con todas sus implicaciones.
¿Y el segundo elemento?
La Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal especial de justicia transicional, que no es exactamente igual a un tribunal de justicia penal ordinario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una función judicial en la que juzgamos los más graves crímenes. Todo esto. Pero también la JEP tiene una función extendida que se ejecuta a través de nuestra Secretaría Ejecutiva, que se llaman las funciones misionales. ¿Eso qué significa? Que la JEP, además de juzgar, ofrece defensa judicial a los comparecientes. O sea, los abogados de las personas que comparecen ante la JEP son financiados por la Jurisdicción Especial para la Paz, tanto para miembros de la antigua guerrilla como para miembros de la Fuerza Pública, como para aquellos terceros que lo soliciten, porque lo necesitan.
Segundo, nosotros ofrecemos representación judicial para las víctimas. Eso ha permitido que la gente tenga un índice de participación mucho más alto que la justicia ordinaria, porque cuando usted va ante la justicia ordinaria tiene que proveerse su abogado, salvo lo que les pueda auxiliar la Defensoría del Pueblo. Es algo así como que nosotros hemos tenido un área completa de defensoría pública con cientos de abogados que representan también a las víctimas que elimina la jurisdicción.
En tercer término, nosotros tenemos un despliegue territorial. Tenemos oficinas en los territorios que ofrecen información, relacionamiento con las comunidades y la posibilidad de que el trabajo de la JEP, nuestros juicios, como los ha visto la opinión pública, se desarrollen en territorio. Todo esto más la justicia restaurativa, que es una justicia altamente intensiva en participación, requiere unos gastos que son diferentes a los ordinarios que tendría un tribunal normal. O sea que nosotros tenemos nuestros tribunales, salas y secciones. Y por el otro lado tenemos una secretaría ejecutiva muy vigorosa con todos estos servicios que le estoy diciendo.
Pero no me respondió la pregunta, ¿cuál va a ser la función?
Yo creo que cuando la gente entiende cuáles son las funciones que cumplimos, también se entiende la dimensión de las obligaciones y el destino de estos recursos. Una parte de esos recursos se va a fortalecer la investigación de nuestros macro casos. Estamos en un momento muy interesante porque ya hemos definido que la JEP va a investigar once macrocasos de los cuales se han venido desarrollando cinco y hay seis nuevos que son macro, casos que tienen decenas de miles de víctimas y miles de comparecientes allí. Y por otro lado, estamos frente a la creación de lo que se ha llamado el sistema restaurativa, que se ha venido hablando mucho en la opinión pública, que es como de la mano del Gobierno Nacional y de las Naciones Unidas, vamos a crear los proyectos de sanciones propias en territorio.
Entonces, respondiendo un poco a las necesidades ya creadas y a las futuras, es que se explica por qué necesitamos este número de funcionarios importante. Pero desde ya habría que advertir, como cualquier entidad judicial. Estamos en la discusión con el Gobierno de futuros complementos de las necesidades emergentes de la gente.
Hace muchos años se presentó un debate interesante en la Corte Constitucional que la Comisión de Verdad frente a las problemásticas durante la pandemia. ¿Cómo enfrentó la JEP esta situación?
Nos afectó, por supuesto, pero nos llevó también a una solución muy creativa y muy interesante que fue que la JEP estuvo diseñada desde el comienzo como un tribunal basado en la gestión a través de la Internet de los casos. Esto lo veníamos trabajando antes de la pandemia. Sabíamos que por el volumen de nuestros casos, de los expedientes que tenemos, le estoy hablando que tenemos un expediente de la JEP. En promedio tiene alrededor de 1 millón de folios. Eso no lo podemos manejar en papel y ya lo habíamos construido en la internet y en el sistema. Cuando nos llega la pandemia, lo que hicimos fue rápidamente girar a un sistema de audiencias y de gestión electrónica al proceso. Incluso nos permitió ampliar la participación a través de la de la red para las para las víctimas, y eso hizo que no paráramos en ningún momento la actividad de la jurisdicción.
En ese sentido, la Comisión de la Verdad se vio mucho más afectada y nos permitió mantener una idea central de la JEP, que es que este es un tribunal temporal. Si es un tribunal que no está llamado a ser un tribunal permanente, sino que debe cumplir su función, que es cerrar la página jurídica al conflicto, otorgarle a las víctimas los elementos de reparación que requieren, darle a los comparecientes seguridad jurídica y hacer un cierre del conflicto. Esto no está llamado a convertirse en un tribunal permanente sin futuro.
¿Cuál es el costo anual de la JEP en 2022 y cuál sería el presupuesto para este año?
Mire el costo general del presupuesto de la JEP es de medio billón de pesos, o sea, alrededor de el presupuesto general nuestro para toda la operación de la JEP es de 500 mil millones de millones, lo cual es una cifra muy importante. Pero le vuelvo a decir, en el contexto de la administración de Justicia, es una cifra muy modesta. Ese es, ese es el costo total nuestro, el incremento de la que nosotros estamos presentando ahorita y que y que fue concedido dentro de ese. Y yo es de 60 mil millones, que es lo que va a aumentarse la planta. Lo cual también es una proporción pequeña dentro del presupuesto general de la institución.
Colombia vivió el conflicto armado más extenso del continente y las víctimas se quejan de la falta de acceso a la justicia, ¿Cómo se les garantiza que los victimarios sean condenados?
Tenemos un avance muy grande, en lo que llamamos nosotros la primera generación de macro casos, los que abrimos al comienzo de la operación de la JEP. Y esto cubre no solo el caso en el que usted hace mención de secuestro. Hemos tenido también resultados en el tema de falsos positivos bien conocidos, pero empezamos a tener resultados en todos los demás casos de esa generación, casos territoriales y de otros temas. En el caso, en el caso uno y particularmente en el tres, donde ya tenemos el fin de las del fin de las investigaciones parciales, eso se llama resolución de conclusión, es decir, donde se termina la investigación, comienza la fase de juicio en la fase de juicio. Lo que hacemos es un proceso de participación de las víctimas, examinar la investigación y producir las sentencias. Este año estamos embarcados en la idea de producir las primeras sentencias de la Jurisdicción, justamente en la sección a la que yo pertenezco, donde ya se ha repartido la primera resolución de conclusiones del caso de secuestro y las dos primeras resoluciones parciales de conclusiones de falsos positivos. Y estamos ya embarcados en esto para producirlas y asignar o imponer las primeras sanciones propias de la jurisdicción. Este es el momento tan interesante, pero también muy desafiante del tribunal, porque lo que nos queda hacia adelante son cuatro años y medio más de investigación, como el límite que nos ha propuesto la Constitución para poder realizar ese trabajo.
En esas regiones vemos que muchas veces reclamos de gente por la falta de atención, ¿van a ampliar su presencia en territorios?
En la lógica que comparto de su pregunta, absolutamente. El desafío de la presencia territorial, no solo de la JEP, sino de la administración de justicia en Colombia es grandísimo. Pero también habría que notar que incluso en la rama del poder que tiene la mayor presencia territorial del país es la rama judicial. Hay jueces en casi todos los municipios y la gente eso lo reconoce. Nosotros como un tribunal temporal y en las dimensiones que le digo, tenemos una presencia limitada en el territorio. Y justamente eso que usted dice es una de las lógicas de esta ampliación de planta. Hemos ampliado los equipos de presencia territorial y particularmente la JEP tiene su propia fiscalía interna, que además de acusar, tiene la función de ofrecer seguridad a víctimas y comparecientes. Y nuestros equipos para ofrecer eso se han fortalecido. Pero, por supuesto, es una labor inmensa que responde a demandas gigantescas de las víctimas. Le diría además, tengo la tentación no solo en los lugares de si quiera de las fronteras o la periferia del país, sino esos lugares donde se ha concentrado la mayor cantidad de violencia que está puesta en el centro.