La Procuraduría General de la Nación confirmó que el Concejo de Santiago de Cali mantiene plena autonomía para avanzar en la elección del próximo contralor distrital, dejando sin piso las interpretaciones que llevaron a la suspensión del proceso durante las últimas semanas.

El pronunciamiento del órgano de control señala que las advertencias emitidas fueron de carácter preventivo y administrativo, sin la intención de detener la convocatoria ni exigir el inicio de un nuevo trámite. La precisión deja en evidencia que la decisión de aplazar la elección fue adoptada únicamente por la Mesa Directiva del Concejo.

La disputa institucional gira en torno a la designación del contralor para el periodo 2026–2029. Aunque existe una terna oficialmente conformada, el Concejo no avanzó en las entrevistas ni en la votación, argumentando advertencias de la Procuraduría sobre eventuales riesgos jurídicos.

En su comunicación, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública reiteró que nunca ordenó suspender el proceso: “Esta delegada no exigió anular la convocatoria; simplemente se advirtió del presunto riesgo para evitar futuras demandas ante el contencioso administrativo”.

El órgano de control también recalcó que la determinación de revisar o aplazar la elección fue adoptada “exclusivamente por la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santiago de Cali, en ejercicio de su autonomía jurídica, técnica y administrativa”, y subrayó que su función fue estrictamente preventiva, sin impartir órdenes, suspensiones ni revocatorias.

La Personería Distrital coincidió en que no ha ordenado modificar ni frenar la convocatoria.

Un mandato constitucional que obliga al Concejo

Con las aclaraciones, la situación retoma el marco definido por el artículo 272 de la Constitución, que establece que los contralores distritales deben ser elegidos por los concejos a partir de la terna vigente. Sin un acto administrativo que suspenda el proceso, la corporación debe continuar con la etapa de entrevistas y proceder a la elección.

La Procuraduría recordó que una eventual persistencia en la omisión podría derivar en responsabilidades disciplinarias o penales, entre ellas prevaricato por omisión, por desconocer lo establecido en la Constitución, la Ley 1904 de 2018 y la Resolución 728 de 2019.

El señalamiento recae directamente sobre el presidente del Concejo, Edison Lucumí, a quien corresponde convocar la sesión para la elección del contralor distrital.

La ausencia de una decisión ha generado preocupación en distintos sectores, que alertan sobre el riesgo de que Cali permanezca sin cabeza del control fiscal en un escenario de alta sensibilidad para la administración pública. La falta de elección mantiene un vacío institucional y abre cuestionamientos sobre la capacidad del Concejo para cumplir con sus obligaciones.

Con los recientes pronunciamientos de la Procuraduría y la Personería, las interpretaciones quedaron despejadas: no existen órdenes de suspensión ni impedimentos legales para continuar. El proceso está vigente y la corporación debe avanzar hacia la elección del contralor distrital.