Desde Cúcuta, Norte de Santander, el pequeño decidió grabar un mensaje dirigido al presidente Abelardo De La Espriella para pedirle ayuda y solicitar que sus procedimientos médicos puedan avanzar con mayor rapidez.

Ante la respuesta de las redes sociales por difundir este contenido para hacerlo llegar al gobierno, Ana María Vesga, ministra de Salud, reaccionó al caso, buscando ponerse en contacto con la familia del menor.

Tras unas horas de espera, la integrante del gabinete presidencial compartió una respuesta a esta situación, plasmando la realidad de Lucas Murillo.

“Lucas tiene 7 años, ocho hermanos y su padre también está enfermo. Andrea su madre lleva más de un año esperando una respuesta y viendo como se agotan los días para su pequeño hijo. @NuevaEPSCol y la @fcvcolombia @VictorRaulCas devuelven hoy la esperanza a esta familia en Cúcuta. No están solos, ningún paciente lo está. No más indolencia. Cada vida cuenta y ese es nuestro propósito”, escribió en su cuenta oficial de X.

Lucas tiene 7 años , ocho hermanos y su padre también está enfermo. Andrea su madre lleva más de un año esperando una respuesta y viendo como se agotan los días para su pequeño hijo. @NuevaEPSCol y la @fcvcolombia @VictorRaulCas devuelven hoy la esperanza a esta familia en… https://t.co/UJYPfOoP2F

— Ana Maria Vesga (@AnaVesga_G) August 29, 2026

Mientras se realiza la gestión para el debido proceso del menor, las miradas de muchos se han posado en aquel post que conmovió a más de uno. Estas imágenes desataron más de un comentario, donde seguían insistiendo a las autoridades.

En el video, Lucas aparece usando una camiseta de la Selección Colombia y explica parte de la situación que ha enfrentado desde su nacimiento. Según relató, ha tenido que someterse a tres cirugías de corazón abierto debido a que cuenta con una condición en la que solo tiene medio corazón.

“Nací con una cardiopatía y utilizo siempre oxígeno. (...) Tengo tres cirugías de corazón abierto porque solamente tengo medio corazón”, expresó el menor en su llamado al mandatario.

El menor explicó que su mamá lleva más de un año “luchando” contra la Nueva EPS para que le autoricen unos exámenes y procedimientos, y poder entrar a una lista de trasplante de corazón.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado se pronunció y le pidió a la ministra de Salud atender el caso y ayudar al pequeño y a su familia.

“He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de siete años de Cúcuta que necesita atención médica urgente”, escribió.

He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años de Cúcuta que necesita atención médica urgente.

No podemos permitir que un niño tenga que decir “yo no me… pic.twitter.com/tsehjP7IEk

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 29, 2026

El mandatario sostuvo que no se puede permitir que un niño tenga que decir “yo no me quiero morir” para que en ese momento el sistema de salud responda.

Por lo mismo, el solicitó a Vesga contactar a la familia del pequeño, revisar la situación de manera inmediata con la Nueva EPS y garantizar que reciba los exámenes, tratamientos y la atención especializada que necesita.

“La vida de un niño no puede quedar atrapada entre trámites y autorizaciones”, apuntó.

Por último, el jefe de Estado afirmó que estará muy pendiente de lo que pase con Lucas y la ayuda que se le esté dando.

Por su parte, la ministra de Salud también se pronunció a través de su cuenta de X y confirmó que le ayudará a la familia del pequeño para que tenga toda la atención necesaria.

“Lucas tiene siete años, ocho hermanos y su padre también está enfermo. Andrea, su madre, lleva más de un año esperando una respuesta y viendo cómo se agotan los días para su pequeño hijo”, dijo.

La jefa de la cartera de Salud cerró diciendo: “No están solos, ningún paciente lo está. No más indolencia. Cada vida cuenta y ese es nuestro propósito”.

A medida que avanzaban las labores de atención, en redes sociales comenzaron a difundirse historias que reflejaban el impacto humano de la tragedia. Entre ellas estuvo la del periodista y antiguo presentador de Noticias Caracol, José Fernando Patiño, quien enfrentó horas de angustia por lo ocurrido con su padre, Darío Patiño Rivera.

El adulto mayor, de 78 años, quedó bajo los restos del edificio en el que residía en Cali luego del movimiento telúrico. En medio de la emergencia, José Fernando logró establecer comunicación con él por teléfono y emprendió rápidamente el viaje hacia la capital vallecaucana para conocer la situación y seguir de cerca las labores de rescate.

Una vez en la ciudad, el periodista se encontró con un panorama marcado por la destrucción y la incertidumbre. Durante varios días, sus familiares permanecieron pendientes de cualquier información que permitiera conocer qué había ocurrido con Darío, mientras los organismos de emergencia adelantaban las labores correspondientes entre los escombros.

Finalmente, la familia recibió la noticia más dolorosa. José Fernando Patiño confirmó mediante una publicación en su cuenta de Instagram el fallecimiento de su padre, Darío Patiño Rivera, y compartió con sus seguidores el profundo pesar que le produjo su muerte en medio de la tragedia provocada por el terremoto.

Semanas después de la tragedia, José Fernando Patiño tuvo un inesperado encuentro con Alejandro Eder, alcalde de Cali, con quien sostuvo una breve conversación al respecto de esta coyuntura.

El periodista no dudó en darle unas emotivas palabras, afirmando que estaba en “deuda” con el mandatario local por lo que habían gestionado por las víctimas de este suceso.

Eder: “¿Cómo está, hermano?”.

Patiño: “Tengo una deuda contigo, y es: agradecerte por las banderas que estás llevando, por el apoyo que nos has dado”.

Patiño: “Sé que no has dormido tampoco y que has sentido esto acá (le toca el pecho) Te agradezco mucho”.

Eder: “Bueno, no, muchas gracias, hermano”.

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El video concluye con un emotivo abrazo, demostrando la unión y agradecimiento que había tras esta tragedia que golpeó al país.

Eder, en su post, escribió en el pie de foto: “Muchas gracias, hermano, por tus palabras. Aquí seguimos sin descanso para todos los caleños y para vos. Siento mucho tu pérdida y contás conmigo para lo que necesités. Un fuerte abrazo”.

Alejandro Vásquez, subdirector Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), llevó esa discusión al panel ‘Medellín global: una ciudad que atrae al mundo’, durante el evento SEMANA por Colombia Medellín y Antioquia. Su planteamiento no es ponerle freno al crecimiento, sino entender qué tan lejos puede llegar y tomar decisiones antes de que sus efectos sean difíciles de corregir.

Para el subdirector ambiental Alejandro Vásquez hablar de la “capacidad de carga” del Valle de Aburrá no significa establecer un número máximo de turistas, eventos o inversiones, sino conocer qué está pasando con los recursos que hacen posible esa actividad.

El AMVA monitorea de manera permanente la calidad del aire y, a través de SIATA, hace seguimiento a distintas variables ambientales entre ellas al recurso hídrico, esta red de monitoreo también permite conocer la disponibilidad de agua y detectar cambios relevantes. “Más que definir esa capacidad de carga, lo importante es contar con información para tomar decisiones asertivas”, explicó.

Esa información está dejando de ser solo de calidad del aire y del agua. En el marco del Plan Metropolitano de Economía Circular, el AMVA construye un balance físico del territorio metropolitano —cuánto material entra, cuánto se queda incorporado en lo que ya está construido o en uso; y cuánto sale como residuo— para los sectores priorizados: alimentos, transporte, textil, salud, educación, construcción, comercio y turismo, en recuersos tan importantes como el agua y la energía.

Comercio y turismo ocupan ahí un lugar particular. El estudio no les asigna un balance de flujo propio, y explica por qué: sus insumos —alimentos, bebidas, agua, energía, empaques, textiles y combustible entre otros, para el desplazamiento de los visitantes— ya se contabilizan en los sectores donde se producen, y volver a contarlos duplicaría el mismo material. Lo que hace, en cambio, es leerlos como lo que son dentro del metabolismo urbano: nodos donde el consumo se concentra. El turismo no fabrica; intensifica.

La necesidad de anticiparse se vuelve más evidente cuando el calendario de la ciudad se llena de conciertos, ferias, competencias deportivas y encuentros empresariales. Cada uno trae miles de personas, pero también más desplazamientos, consumo y una mayor generación de residuos.

Eventos más sostenibles

El subdirector ambiental Alejandro Vásquez, aseguró que la conversación sobre la capacidad del territorio conduce a una herramienta que puede parecer alejada del turismo, pero que tiene mucho que ver con su futuro: la economía circular. En febrero de 2025, la Junta Metropolitana declaró la economía circular como Hecho Metropolitano mediante el Acuerdo 01 de 2025 y articuló a los diez municipios del Valle de Aburrá alrededor de una ruta de largo plazo.

Para el subdirector ambiental se trata de una forma de evitar que el crecimiento económico se traduzca automáticamente en un mayor consumo de recursos y en más desperdicios. “La economía circular no es solamente residuos, también significa utilizar mejor el agua, la energía y los materiales”, precisó.

En un evento de ciudad o de gran cobertura, esa lógica debería comenzar incluso antes de que se abran las puertas. Desde el diseño se puede decidir cómo llegarán los asistentes, qué materiales y productos se comprarán, cuáles podrán reutilizarse, cuánto material se utilizará, cómo se gestionará el agua y la energía, cómo se separarán los residuos y qué ocurrirá con aquello que todavía pueda ser aprovechado: “Se debe pensar con anticipación cómo generar menos residuos y reincorporarlos al sistema productivo, ahí está la clave”.

Tomar decisiones sencillas desde cada persona, como pedir a los asistentes que lleven su propio termo a un evento o ligar turístico, puede evitar desechos. Y una adecuada gestión de los materiales permite ir más allá de la separación en la fuente, primero se busca prevenir su consumo innecesario, luego reutilizar aquello que pueda tener una segunda vida y finalmente, aprovechar los materiales que ya no pueden seguir utilizándose, permitiendo que regresen a una cadena productiva en lugar de terminar convertidos en residuos.

El diagnóstico del sector es explícito sobre el patrón que encuentra: predominantemente lineal, con alta dependencia de insumos que vienen de fuera, baja recirculación de materiales y escasa valorización de lo que sale.

Los flujos que identifica como críticos le resultarán familiares a cualquiera que haya montado un evento: envases y empaques de alta rotación, residuos orgánicos asociados a la gastronomía, hoteles y eventos, plásticos de un solo uso, materiales aprovechables que se pierden porque nadie los separó a tiempo, y el consumo de agua y energía en establecimientos que operan a alta intensidad.

Hay además una razón estructural por la que las soluciones individuales rinden poco. El sector está muy fragmentado —comercio minorista, restaurantes independientes, hoteles de distintas categorías, operadores turísticos, actividades de entretenimiento—, con niveles muy distintos de formalización y capacidad técnica, lo que hace difícil montar logística inversa, compras conjuntas o rutas de aprovechamiento establecimiento por establecimiento. Por eso el diagnóstico apunta a intervenciones territoriales: distritos comerciales que compartan la gestión de residuos, acuerdos por zona, rutas colectivas.

“La propuesta es incorporar la gestión ambiental desde la planeación, el diseño y la autorización de los eventos, con separación en la fuente, puntos de acopio acordes con el aforo y proveedores que utilicen insumos o elementos con criterios de sostenibilidad”, subrayó Vásquez.

Atraer inversión

Si el Valle de Aburrá quiere atraer más empresas y proyectos internacionales, el componente ambiental no puede reducirse a cumplir una norma. El objetivo, planteó Vásquez, debe ser “gestionar mejor el riesgo ambiental”.

Hay señales de que esa transición ya comenzó. Desde el AMVA, el acompañamiento técnico a las empresas del territorio se ha concentrado en los frentes donde ese riesgo se gestiona con datos: eficiencia energética y energías alternativas, huella de carbono corporativa y su reporte en el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, gestión del recurso hídrico, economía circular y cumplimiento normativo. En lo corrido de la actual administración la entidad ha acompañado a cerca de 290 empresas del territorio mediante más de 520 acompañamientos técnicos.

El desafío, señaló Vásquez, es que ese tipo de decisiones dejen de ser casos puntuales y empiecen a convertirse en criterios habituales para las nuevas inversiones que llegan al territorio. Entre las alternativas sobresalen exigir a proyectos de determinado tamaño reportes de huella hídrica y energética; favorecer proyectos tipo brownfield, que aprovechen infraestructura existente en lugar de ampliar la huella construida, e integrar a las nuevas empresas a los sistemas de reciclaje y compostaje del territorio metropolitano.

El AMVA intenta llevar esa transición a iniciativas concretas que impulsa en el territorio: EnCicla y el PIGECA, la Plaza de Mercado Circular de Copacabana, orientada al aprovechamiento de materiales y residuos; el punto de residuos orgánicos del sur y el Punto Limpio para residuos de construcción y demolición. También cuenta con la Gran Alianza por la Economía Circular y la articulación con Ruta N para conectar innovación y transformación empresarial.

La construcción es otro de los sectores llamados a cambiar la manera de utilizar los recursos y a incorporar la circularidad desde el diseño de los proyectos. En Expocamacol, el Área Metropolitana participará en la graduación de 27 personas de 18 empresas que culminaron el Curso Economía Circular y Materiales, desarrollado junto con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y Camacol Antioquia.

Para Vásquez, el verdadero alcance del Hecho Metropolitano dependerá de lo que hagan los distintos sectores en los próximos años. El plan tiene horizonte a 2040 y busca orientar las decisiones del territorio. “Si todos orientamos acciones hacia la economía circular, garantizamos sostenibilidad ambiental y sostenibilidad financiera en el territorio”, sostuvo.

La discusión, en últimas, no consiste en escoger entre crecimiento y protección ambiental. El desafío es saber cuánto puede soportar el territorio y actuar antes de llegar al límite. Cada concierto, feria, hotel, empresa o proyecto se suma a un territorio metropolitano que ya tiene unas condiciones físicas determinadas. El agua no es infinita, el aire tiene límites y cada nueva actividad deja una huella.

*Contenido elaborado con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El pequeño le hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella para que le ayude y se agilicen rápidamente cada uno de sus procedimientos.

Desde la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, y vistiendo una camiseta de la Selección Colombia, el menor grabó un video en el que le explicó al jefe de Estado su condición.

“Nací con una cardiopatía y utilizó siempre oxígeno. (...) Tengo tres cirugías de corazón abierto porque solamente tengo medio corazón”, relató.

Lucas tiene 7 años , ocho hermanos y su padre también está enfermo. Andrea su madre lleva más de un año esperando una respuesta y viendo como se agotan los días para su pequeño hijo. @NuevaEPSCol y la @fcvcolombia @VictorRaulCas devuelven hoy la esperanza a esta familia en… https://t.co/UJYPfOoP2F

— Ana Maria Vesga (@AnaVesga_G) August 29, 2026

Lucas afirmó que hacía el video para “pedirle un favor”, ya que su mamá lleva un año “luchando” contra la Nueva EPS para que le autoricen unos exámenes y un cateterismo cardíaco en una clínica de cuarto nivel.

Después de esto, según contó, la idea es que lo ingresen a una lista de trasplante de corazón. “Yo siempre me he ayudado y ahora quiero que usted me ayude”, manifestó el pequeño.

“Yo no quiero morir, soy muy inteligente, en el colegio me va bien y quiero seguir aprendiendo. Pero si no me hacen ese trasplante pronto, me puedo morir”, agregó.

El menor cerró el video diciendo: “Muchas gracias de antemano y como usted dice: firme por la patria”.

El caso se ha hecho rápidamente viral en las redes sociales y la ministra de Salud, Ana María Vesga, se pronunció para confirmar que le ayudarán al niño y su familia.

“Lucas tiene siete años, ocho hermanos y su padre también está enfermo. Andrea su madre lleva más de un año esperando una respuesta y viendo como se agotan los días para su pequeño hijo”, comentó.

La funcionaria agregó: “No están solos, ningún paciente lo está. No más indolencia. Cada vida cuenta y ese es nuestro propósito”.

Sus declaraciones han provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han cuestionado abiertamente sus posiciones y la manera en que expresa sus puntos de vista. Estos episodios han hecho que la colombiana permanezca bajo la atención de miles de internautas.

Aunque en diferentes oportunidades la creadora de contenido ha intentado aclarar o solucionar las situaciones que han surgido alrededor de sus publicaciones, las críticas no han desaparecido por completo. Incluso, algunos usuarios han continuado dejando mensajes negativos y fuertes cuestionamientos en sus plataformas digitales.

Recientemente, Kika Nieto volvió a ser foco de reacciones en TikTok, debido a un post que realizó cuestionando los costos universitarios. La famosa habló acerca de lo que se pagaba en estas instituciones, viéndolo como algo muy elevado para miles de personas.

En sus palabras, la también presentadora mencionó que no se arrepentía de su experiencia universitaria y académica, pero consideraba que en la actualidad había otras formas de prepararse y aprender.

“Yo me gradué de la universidad hace ya varios años. Yo no me arrepiento de haber estudiado, pero sí me pregunto por qué hoy en día, que estamos en 2026, las personas siguen decidiendo pagar tantos millones de pesos por asistir a una universidad”, dijo en el post.

Aunque aclaró que toda esta interrogante había surgido de una conversación que tuvo, sí creía que las instituciones podían desaparecer si no se reinventaban con el paso del tiempo y las nuevas herramientas tecnológicas.

Kika Nieto hizo alusión a la inteligencia artificial, sugiriendo que, posiblemente, una persona podría aprender y formarse con disciplina y constancia a través de esta herramienta. La influencer reiteró que se le pediría un plan de trabajo especializado, logrando ahorrarse ese alto costo en matrícula.

“Que te genere un plan de trabajo a tres años estudiando de lunes a viernes durante cuatro horas, que te ponga los quizzes, las materias, retos, tareas, en fin”, afirmó.

@_kikanieto

Me pregunto si hoy en día pagamos porque conocemos nuestra propia falta de disciplina o pagamos para hacer networking, pertenecer, hacer comunidad y alentarnos mutuamente … porque para nadie es un secreto que la información y el conocimiento ya no está supeditado al aula de clase.

♬ sonido original - 𝑲𝒊𝒌𝒂 𝑵𝒊𝒆𝒕𝒐

Ante este panorama, apuntó que existía la posibilidad de aprender con estas inteligencias artificiales, cambiando el rumbo de aprendizaje tradicional.

Estas declaraciones desataron críticas de miles de personas, quienes aseguraron que no se comparaba de ninguna manera, ya que la universidad entregaba un proceso más detallado y puntual. Adicional, enfatizaron en que esas certificaciones no las entregarían dichos servicios digitales.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Uribe Vélez fue enfático en asegurar que siempre le ha dado la cara a los colombiano y a todas las instituciones del país, por lo que en esta ocasión no sería diferente.

“Estoy listo para asistir a una audiencia que quieran convocar en el Congreso o algunos congresistas para que examinen mi caso judicial. Siempre he estado dándole la cara a los colombianos y a todas las instituciones”, resaltó.

El exmandatario se refirió a las especulaciones que se vienen registrando en las diferentes redes sociales, por lo que invitó a los congresistas para citen a una audiencia sobre su proceso y pregunten lo que quieren saber.

“Como hay tanta especulación en redes sociales, todos los congresistas que quieran hacer esa audiencia, estaré disponible y preferiría poderlos escuchar, que hicieran todas sus críticas, todo su planteamiento contra mí y que me dieran la posibilidad de responder”, resaltó en un video.

Tengo toda disposición de atender un debate en el Congreso o con congresistas sobre mi situación judicial. pic.twitter.com/Wzym7DZ7p3

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 29, 2026

El proceso contra el ex jefe de Estado tomó mayor relevancia en los últimos días, luego de que el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, le envió una solicitud formal a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, frente al proceso.

Allí le pidió, oficialmente, que remita el expediente que lleva el organismo judicial en contra del expresidente Uribe Vélez por la supuesta masacre de El Aro ocurrida en 1997, proceso por el cual fue llamado a indagatoria.

Sin embargo, la fiscal Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadia, mantuvo los casos en su despacho, pese al argumento del congresista Cuenca, al considerar que los hechos investigados podrían estar cobijados por el fuero presidencial.

En infraestructura, y especialmente en proyectos de gran magnitud, los ciclos de estructuración, financiación, construcción, operación y reversión exceden los períodos presidenciales. Por eso, sponsors, concesionarios, inversionistas y financiadores miran la transición con dos lentes: la existencia de proyectos bancables, nuevos y en ejecución, y la predictibilidad institucional, normativa y contractual para ejecutarlos.

En cuanto al pipeline, el nuevo gobierno tiene una ventana de oportunidad. Por una parte, la campaña hizo énfasis en ejecución y articulación regional, en la que se destacan proyectos como la terminación del Túnel del Toyo, el Tren de Cercanías del Valle del Cauca, las líneas dos y tres del Metro de Bogotá, el Regiotram del Norte y la PTAR Canoas. A esto se suma un portafolio de proyectos que se venía madurando desde la ANI, como los proyectos carreteros Villeta–Guaduas–El Korán y la IP Ruta de los Andes, así como la conexión férrea del corredor del Atlántico con el departamento de La Guajira y el corredor férreo del Pacífico, entre otros.

El respeto por los contratos celebrados y la seguridad y estabilidad jurídica son esenciales para que el sector de infraestructura en Colombia vuelva a prosperar y a ser fuente de empleo, competitividad y progreso. Las amenazas de no honrar las vigencias futuras y la congelación de peajes válidamente pactados deben ser temas del pasado. Antes de mover una ficha o tomar una decisión, conviene preguntarse si la decisión fortalece la confianza del mercado y si puede alterar las condiciones contractuales ya asumidas, con graves consecuencias para el Estado y sus contratistas.

La litigiosidad existente confirma la importancia del análisis riguroso que debe anteceder cualquier decisión. Según el informe de Litigiosidad Nacional e Internacional de la ANDJE, correspondiente al tercer trimestre de 2025, los procesos arbitrales nacionales en los que el Estado figura como convocado aumentaron de 34 a 52 y sus pretensiones de aproximadamente 5,1 billones de pesos a 6,8 billones de pesos.

Dentro de este universo, el sector transporte concentra la mayor parte de la exposición arbitral: 27 procesos, con pretensiones de aproximadamente 5,75 billones de pesos. Lo anterior demuestra que el costo de las malas decisiones y de la mala gestión contractual es alto. A la fecha, además de las pretensiones ya mencionadas, hay varios laudos arbitrales en los que el Estado resultó condenado y aún no han sido pagados. Honrar los contratos incluye el respeto por los mecanismos de solución de controversias pactados y sus resultados. Así, este gobierno, en medio de las graves restricciones presupuestales, se va a enfrentar a la necesidad de pagar las decisiones que se profirieron en contra del Estado, asunto que hace parte de la seguridad jurídica y de la confianza en el sector.

El reto es convertir la agenda de campaña en una política de ejecución viable y creíble, priorizando los proyectos de manera articulada con las regiones, dando continuidad a los proyectos en ejecución (y en estructuración) y honrando los compromisos ya asumidos por el Estado. Así, el objetivo está en mejorar la capacidad del país para atraer capital, obtener financiación y, en general, para desarrollar proyectos exitosos. Con lo anterior se juega buena parte de la confianza que definirá la próxima etapa de la infraestructura en Colombia.

*Contenido elaborado con el apoyo de Dentons Cárdenas & Cárdenas.

López creció rodeada de una familia vinculada al Magisterio. Sus padres, Olverth López y María Cielo Quintero, y su hermano, Yobany López Quintero, han dedicado buena parte de su trayectoria a la defensa de los derechos de los docentes en Colombia. Una vocación de servicio que también creció con ella.

Abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad La Gran Colombia de Armenia, Laura hoy es vicepresidenta y gerente general de López Quintero Abogados, firma fundada por su hermano Yobany hace 26 años y que actualmente cuenta con 30 oficinas en el país.

A diferencia de otras firmas que buscan diversificar sus servicios, López Quintero Abogados decidió concentrarse exclusivamente en el sector docente colombiano. Esta especialización le ha permitido construir un conocimiento profundo de las normas y precedentes que rigen el Magisterio, de la mano de un equipo altamente calificado.

“Ser parte de López Quintero Abogados me ha permitido recoger muchos aprendizajes de nuestra historia familiar, pero al mismo tiempo construir mi propia manera de entender el liderazgo y el ejercicio profesional”, explicó López Quintero. “Para mí ha sido muy importante encontrar mi propia voz dentro de ese legado y aportar desde mis capacidades, mi sensibilidad y mi visión. Continuar una tradición familiar no significa repetirla, sino tomar lo aprendido, transformarlo y aportar algo propio para que esa historia siga creciendo”.

Laura es consciente que para llegar hasta donde está otras mujeres tuvieron que abrirse camino antes que ella. De ahí la importancia que tiene para ella impulsar nuevos liderazgos femeninos dentro de su organización, cuyo equipo está compuesto en un 99 por ciento por mujeres. “Me inspiran las historias de mujeres que han demostrado disciplina, preparación, carácter y capacidad para liderar sin perder de vista sus principios. De ellas he aprendido que el liderazgo requiere constancia, preparación, valentía y, sobre todo, coherencia”, afirmó.

Por ello, recalcó la abogada, abrirse camino en el sector trasciende cualquier propósito personal: “Se trata de procurar que ese camino sea más amplio y accesible para las mujeres que vienen detrás”. En el camino de encontrar su propia voz dentro del derecho, Laura también descubrió cómo quería ejercer el liderazgo: de una manera cercana, humana y desde el ejemplo.

“Para mí, liderar no significa tener todas las respuestas. Significa rodearse de personas capaces, escucharlas, confiar en ellas y trabajar juntos para encontrar las mejores soluciones. Y hay algo fundamental: no perder nunca de vista a las personas. El crecimiento de una organización es importante, pero debe ir acompañado del crecimiento y bienestar de quienes hacen parte de ella”, señaló la abogada.

Es desde esa mirada que Laura imagina el futuro para las mujeres de su sector. “Me gustaría ver un sector jurídico donde las oportunidades estén cada vez más relacionadas con la preparación, el talento, el compromiso y los resultados, y menos con prejuicios o estereotipos”, insistió López Quintero.

Finalmente, considera importante seguir trabajando en espacios laborales donde las mujeres puedan desarrollar sus carreras sin tener que renunciar a otras dimensiones de su vida. “La equidad no significa solamente permitir que una mujer llegue a una posición de liderazgo, también implica crear las condiciones para que pueda permanecer, crecer y desarrollarse en ella”, concluyó.

*Contenido elaborado con el apoyo de Yobany López.

Dicha gesta de los bogotanos la realizó en el marco de los octavos de final de Copa Sudamericana, donde por la vía de los penales sacó del camino a un multicampeón de Sudamérica. Weimar Asprilla y Franco Fagúndez fueron artífices de este logro.

Si bien una gran cantidad de reflectores se fueron con el portero por haber atajado y marcado en la serie final, también unos se reflejaron sobre el atacante uruguayo que está a préstamo en el león.

Fagúndez quien suele ingresar desde el banco de suplentes a darle un aire a Santa Fe en Argentina no decepcionó. Allí se encargó del penal en medio del partido para lograr el 1-1 y también de uno de los de la extensa tanda de 22 cobros.

Ambos compromisos desde los once pasos Franco los sorteó de manera adecuada; justo por eso al final del encuentro medios lo abordaron y allí fue donde relató que un año atrás vivía una situación compleja de salud mental.

“Tuve depresión”

En la charla que se generó en zona mixta con TyC Sports, el atacante no tuvo temor en contar: “Pensamientos feos. Me subía al auto y a veces tenía ganas de darme contra algo, viste. Yo pasé muchas cosas hace un año”.

Haber sido una de las figuras de la clasificación histórica de Santa Fe vs. River Plate lo llevó a reflexiones importantes sobre el fútbol y cómo este le dio su revancha.

“Tuve depresión, no fue un año bueno, me había roto la rodilla. Fue un año muy complicado. Y hoy pensaba en eso, viste, digo, cómo el fútbol es lindo a veces. A veces es cruel, pero a veces es lindo, te da estas cosas que... es eso mismo”, resaltó.

🗣️ "TUVE DEPRESIÓN. TENÍA PENSAMIENTOS FEOS, ME SUBÍA AL AUTO Y TENÍA GANAS DE DARME CONTRA ALGO. TENÉS QUE PEDIR AYUDA, UNO NUNCA PUEDE SOLO CON LOS PROBLEMAS"

🎙️ Franco Fagúndez, autor del penal para el empate de Independiente Santa Fe ante River: el estremecedor relato del… pic.twitter.com/tNZoSrY3SQ

— TyC Sports (@TyCSports) August 27, 2026

Para Fagúndez lo que pasó en el 2025 no solo fue algo deportivo, sino que tambien tuvo situaciones personales que hicieron más complejo el día a día.

“Nunca hablé así directamente, pero sí, pensamientos feos. Estaba pasando un mal momento futbolístico, justo había pasado también la muerte de un amigo. Fueron muchas cosas, muchas cosas, problemas familiares, todo mal, todo junto”, reconoció.

“Que hoy Dios me premie de esta manera y nunca dejar de darle las gracias y siempre confiando en él, la verdad que es muy lindo”, decía agradecido al saber que ahora todo era diferente.

🇮🇩🎯 ¡Apuntó y la metió! Franco Fagúndez empató para @SantaFe

🏆 CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista pic.twitter.com/r7wgq04s9d

— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 27, 2026

Finalmente, dejó una reflexión importante sobre lo clave que es exteriorizar los sentimientos negativos y poder buscar ayudar profesional para la gestión de las emociones.

“Por un momento me hice el fuerte, que yo puedo con todo, yo me metí acá, yo fue feliz. Y la verdad que no es así. Entonces, sí, obvio, no, tenés que pedir ayuda, obviamente”, aconsejó a quien pueda pasar por un mal momento.

“Obviamente, uno nunca puede solo con los problemas y nada, agradecerle a Dios y a mi familia que nunca me soltó”, terminó.

Así lo señaló en un comunicado que envió al medio Motorsport.com, en el que precisó que por el momento se está haciendo la evaluación formal del sitio y no se ha cerrado nada.

“Con frecuencia recibimos propuestas de personas interesadas en hablar sobre las carreras de IndyCar a nivel internacional. Nos hemos reunido con representantes de Barranquilla en Indianápolis, pero aún no hemos visitado la ciudad”, señaló.

IndyCar explicó que la capital del Atlántico ha mostrado una propuesta para que el evento se corra allí, pero todavía se están analizando otras opciones.

“Si bien la ciudad está interesada en albergar una carrera de IndyCar en 2028, nos encontramos en las primeras etapas de análisis de esta y otras posibles oportunidades”, comentó.

Por todo esto, indicó que por el momento no se puede hablar de que haya una negociación totalmente cerrada. “Estamos lejos de llegar a un acuerdo y cualquier suposición en sentido contrario es prematura”, concluyó.

De esta manera, se desmintió por completo el anuncio que hizo Alejandro Char durante el lanzamiento de la Travesía Río Magdalena. Allí, el mandatario oficializó esta noticia, pese a que todavía nada está asegurado, de acuerdo con el comunicado de los organizadores.

“La IndyCar ya va a correr con nosotros. Va a salir por primera vez de Norteamérica y, en abril de 2028, la IndyCar va a correr aquí, frente al río. Sí, la IndyCar va a correr aquí”, afirmó.

De hecho, aprovechó para explicar que la llegada de este tipo de eventos es el resultado de una estrategia para posicionar a Barranquilla como escenario de grandes acontecimientos internacionales y aprovechar el río Magdalena como uno de los principales atractivos de la ciudad.

Por el momento, el alcalde no se ha pronunciado después de que se conociera el comunicado de la IndyCar en el que aclaró que no hay nada cerrado con ninguna ciudad.

Como suele ocurrir en sus publicaciones, las preguntas abarcaron temas relacionados con la actualidad, la política y su ámbito personal. Sin embargo, una de ellas despertó especial curiosidad al llevar la conversación hacia su círculo familiar.

Uno de los seguidores quiso conocer cómo es la relación de Andrea con Antonella y Sofía, sus hermanas por parte de padre e hijas de Verónica Alcocer. El interrogante puso el foco en el vínculo que mantienen las tres y llamó la atención de los internautas que siguen de cerca las publicaciones de la hija del presidente Gustavo Petro.

La hija mayor del exmandatario respondió una interrogante muy puntual, aclarando cómo era el vínculo entre todos. La empresaria especificó que había una fractura familiar, la cual se hizo evidente con el tiempo.

“Obviamente la gente nota y ve muchas cosas. Uno no puede camuflar realidades. La Presidencia ayudó a fracturar a la familia internamente. Es un tema que yo lo he hablado muchísimo”, dijo.

“Entre nosotros como hermanos no hay esa comunicación muy fluida, como otras personas suelen tenerla. Hay una diferencia de edad muy grande, hay distancias geográficas muy lejanas entre nosotros, y todos venimos de mamás diferentes también”, aseguró, contando un poco de cómo funcionaba todo.

No obstante, fue enfática en que sus hermanas menores estaban más con Verónica Alcocer, mientras que ella pasaba mucho tiempo con su progenitora, Mary Luz Herrán.

“Llegan unos momentos en los que uno se acerca más a unos núcleos familiares y se aleja de otros en general. Pero yo, últimamente, he estado mucho con mi mamá, y ellas han estado mucho con su mamá”, puntualizó.

“Pero sí hay una fractura interna en la familia, que para mí es evidente. La gente se ha dado cuenta, pero es un tema que no lo he escondido”, agregó.

Para Aris Mining, este proceso representa una oportunidad para que la minería tradicional evolucione hacia esquemas de mayor legalidad, seguridad y productividad. La formalización permite consolidar la actividad mediante procesos más organizados, que fortalezcan las FOTO: ARIS MINING - API capacidades de los trabajadores, mejoren las condiciones en las que desarrollan su labor y promuevan una relación más sostenible con los territorios donde tiene presencia.

El alcance de esta estrategia va más allá de la formalización de los trabajadores. En Segovia esta ruta también ha abierto espacio a la minería regenerativa, una iniciativa desarrollada voluntariamente por los mineros y liderada por la compañía junto con Corantioquia. Con la reciente vinculación de 13 unidades, ya son 19 las unidades activas en esta estrategia, orientada a la restauración y recuperación ambiental del territorio.

Uno de los impactos ambientales más relevantes está relacionado con la reducción del uso de mercurio. Según las cifras de la compañía minera, los procesos de formalización han permitido que los mineros vinculados dejen de utilizar 162 toneladas de este elemento. La compañía también señala que más de 3.000 mineros formalizados han recibido capacitación en salud, seguridad, medio ambiente y procesos técnicos.

La formalización tiene, además, una dimensión económica. Aris Mining reporta cerca de 8.500 empleos en Colombia entre colaboradores, contratistas y socios mineros, y el 68 por ciento de sus empleados directos corresponde a talento local. Entre 2023 y 2025, la compañía aportó 339 millones de dólares en impuestos y regalías, mientras que en el segundo trimestre de 2026 destinó 31 millones de dólares a operaciones y comunidades en Segovia.

Estos recursos también se reflejan en iniciativas sociales. Desde 2023, Aris Mining ha hecho 46 intervenciones en instituciones educativas de Segovia, Remedios y Marmato, con más de 10.000 estudiantes beneficiados, además de dos megacolegios construidos en Segovia que benefician a 5.000 estudiantes.

De esta manera, la inversión de la compañía busca que los beneficios de la operación trasciendan la actividad minera y contribuyan al desarrollo sostenible de los territorios donde tiene presencia, mediante la generación de empleo, fortalecimiento de las comunidades y las iniciativas sociales que impulsa en estas regiones.

Por otro lado, en Marmato, Caldas, la compañía también adelanta procesos de formalización con pequeños mineros. Recientemente se firmaron tres subcontratos que permitirán avanzar en la formalización de 321 mineros tradicionales. A esto se suma la devolución de 100 títulos del cerro El Burro, para que los pequeños mineros puedan desarrollar allí su actividad bajo esquemas formales.

Así, la formalización minera plantea una oportunidad para que la actividad tradicional de regiones como Segovia avance hacia mayores niveles de legalidad y productividad, pero también para que sus beneficios se reflejen en menos impactos ambientales, mayor inversión y mejores oportunidades para las comunidades.

*Contenido elaborado con el apoyo de Aris Mining.

La cita será este domingo 30 de agosto de 2026. La propuesta comenzará con una práctica dinámica de power yoga y continuará con una experiencia de ecstatic dance, en la que los participantes podrán moverse libremente mientras la música y los sonidos en vivo acompañan la actividad bajo el domo.

Un plan que también le apuesta al bienestar

El yoga se ha convertido en una práctica cada vez más utilizada para combinar ejercicio físico, respiración y relajación. Entre sus beneficios se encuentran el fortalecimiento muscular y mejoras en aspectos como el equilibrio y la flexibilidad.

Su práctica también puede contribuir al manejo del estrés, favorecer la relajación y ayudar a mejorar la calidad del sueño y el estado de ánimo. Los ejercicios de respiración y los movimientos controlados son parte fundamental de esta disciplina.

La experiencia preparada en el Planetario busca precisamente unir estos elementos con la música. Después de la sesión de power yoga, los asistentes podrán participar en una jornada de danza libre acompañada de sonidos en vivo, convirtiendo el tradicional escenario astronómico de Bogotá en un espacio dedicado al movimiento y al bienestar.

¿Cuándo y dónde será?

‘Flow con las estrellas’ se realizará el domingo 30 de agosto en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93.

Habrá dos sesiones, una a las 8:30 de la mañana y otra a las 10:30 de la mañana. La experiencia está recomendada para mayores de 12 años y para ingresar será necesario adquirir boletería.

Así, quienes todavía no tengan plan para este domingo podrán comenzar el día de una manera diferente: practicando yoga, bailando y disfrutando de música en vivo bajo el domo de uno de los escenarios más reconocidos de la capital.

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La entrega final estará compuesta por siete capítulos, que darán continuidad y pondrán punto final a la trama centrada en la familia Buendía. Entre las principales novedades de estos episodios se encuentra la llegada de nuevos personajes que tendrán un papel determinante en el desarrollo de esta etapa de la producción.

Una de las incorporaciones que más ha llamado la atención es la de Margarita Rosa de Francisco. La actriz colombiana se unió al elenco para interpretar a Fernanda del Carpio, uno de los personajes más importantes de la obra literaria y cuya aparición marca una nueva transformación en la historia de los Buendía.

Con esta segunda parte, la producción profundizará en una etapa decisiva para la familia protagonista, marcada por nuevos acontecimientos y la llegada de figuras que modificarán el rumbo de Macondo. Margarita Rosa de Francisco asumió uno de los retos más destacados de esta recta final, dando vida a un personaje fundamental dentro del universo creado por García Márquez.

No obstante, en la rueda de medios y eventos especiales por este lanzamiento, Margarita Rosa de Francisco llamó la atención con un particular atuendo que llevó puesto. La celebridad lució una pieza muy especial, la cual poseía un significado oculto.

De acuerdo con lo registrado, la actriz llevó un diseño de Natalia Blanco, que constaba de chaqueta y pantalón blanco, mientras hacia juego con unas botas del tono. Su cabellera estuvo suelta y crespa, agregando accesorios muy sutiles.

Tras la sorpresa que causó con esta imagen, se conoció que la inspiración del look se basó en Gabriel García Márquez, quien llevó un traje similar cuando recibió su Premio Nobel.

“La silueta de un ‘power suit’ cargado de homenajes implícitos”, dice.

“Inspiración directa en el icónico liquiliqui blanco que llevó Gabriel García Márquez al recibir su Premio Nobel en 1982, pero reimaginado para el presente”, se lee en el pie de foto del post.

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Aparentemente, el depósito albergaba “objetos y materiales explosivos”, indicó la fiscalía ucraniana, que abrió una investigación por negligencia criminal.

En los videos difundidos en internet y en la prensa se aprecia una gigantesca explosión, seguida de detonaciones secundarias, que proyectaron llamas en múltiples direcciones. Un indicio de que efectivamente habría municiones en el depósito atacado.

“Lamentablemente, el número de víctimas en el distrito de Bucha se eleva ahora a 37”, indicó en Telegram el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, elevando en diez víctimas el balance anterior.

Entre los fallecidos se encuentra el alcalde del pueblo de Dmitrivska, Taras Didich, quien estaba ayudando en las tareas de rescate.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, publicó un extenso mensaje en X para recordar que “no pueden almacenarse municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales”.

El ataque con dron se produjo poco después de las ocho de la tarde del viernes (17H10 GMT), y golpeó “los terrenos de una empresa en la localidad de Mila”, situada en el distrito de Bucha, al oeste de Kiev, indicó la oficina del fiscal general ucraniano.

En ese momento “estalló un gran incendio en los terrenos de la empresa, y comenzó la detonación”, añadió.

La oficina del fiscal general explicó que investigará “la legalidad del (...) almacenamiento de objetos y materiales explosivos en los terrenos de la empresa”, así como si la compañía, cuyo nombre no se menciona, contaba con “los permisos y autorizaciones necesarios”.

“Castigo severo”

En el momento de comunicarse un primer balance de 27 muertos, Zelenski indicó que hubo decenas de heridos y que fueron evacuadas de la zona más de 370 personas.

El ataque y la detonación subsecuente causaron daños en viviendas cercanas y en un centro para ancianos y personas con discapacidades, indicó también el mandatario.

El primer ministro Serguéi Koretski lamentó que no se hubieran aprendido “las lecciones” tras otro mortífero ataque en julio en la localidad de Vichnévé, cerca de Kiev, contra un depósito de municiones.

Since last evening, efforts have been underway in the village of Myla near Kyiv to deal with the aftermath of a Russian drone strike. On-site coordination centers have been set up to assist people. All necessary services are deployed. State Emergency Service units are on the… pic.twitter.com/mQU2DHZYU7

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026

Una investigación había revelado importantes fallas por parte de la empresa pública propietaria, que no cumplía con las normas a pesar de la proximidad de viviendas.

“En el quinto año ya de la invasión, cometer el mismo error una y otra vez equivale a una negligencia criminal”, dijo el primer ministro en un mensaje en Telegram. “Cada responsable, sin excepción, debe recibir un castigo severo para que no vuelva a suceder algo así”, enfatizó.

Rusia y Ucrania han intensificado desde hace varios meses sus ataques de largo alcance, que cada vez con mayor frecuencia tienen como objetivo infraestructuras civiles, como almacenes logísticos e instalaciones petroleras y portuarias.

Estos bombardeos han causado un número cada vez mayor de víctimas civiles.

*Con información de AFP y Europa Press

(4:00 a.m.) *Atención* Autoridades reportan que se presenta cierre total en el k16+580 por siniestro vial con volcamiento de vehículo y reguero de carga (cerveza). Personal al frente de la situación para normalizar en el menor tiempo posible. Siga recomendaciones. pic.twitter.com/pJ9ZeTFKbG

— Coviandina (@CoviandinaSAS) August 29, 2026

Este accidente fue atendido inmediatamente por Coviandina y no reportó ninguna persona muerta o lesionada tras el incidente. Por ende, las autoridades se concentraron en la remoción de escombros que dejó el vehículo accidentado y la limpieza del producto regado en el corredor vial, para poder habilitar el tránsito allí.

Luego, a las 6:05 de la mañana, se confirmó por parte de la concesión la habilitación del tráfico vehicular en el km 16+580 en ambos sentidos. Entonces, el paso fue permitido, pero de forma reducida.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha realizado el retiro del vehículo, por lo que la concesión insistió en la prevención en esta vía.

(6:05 a.m.) *Atención* En el marco del PCO - Coviandina informa: Se habilita tráfico vehicular en el Pr 16+580 en ambos sentidos, continúan a la espera del retiro del vehiculo. Conduzca con precaucion y siga las recomendaciones del personal. pic.twitter.com/cXVqND7KcS

— Coviandina (@CoviandinaSAS) August 29, 2026

No hay cierre total en la vía al Llano

De esta forma, se confirma la habilitación total de la vía que conecta al Llano con Bogotá. A las 7 de la mañana no se presenta ningún cierre total autorizado por las autoridades.

Sin embargo, desde la noche de este viernes, las autoridades sí confirmaron un par de cierres parciales en la vía. Se confirmó el paso a un carril por el cierre definitivo del carril derecho en los puntos K17+500, K36+500 y K43+250.

Por su parte, los tramos con mayor restricción corresponden al paso controlado a un solo carril en el túnel Quebradablanca, así como en los kilómetros K69+350 y K73+620. En estos puntos críticos, el tránsito opera restringidamente, por lo que se recomienda a los conductores reducir la velocidad, prever tiempos adicionales de viaje y acatar las indicaciones del personal en la vía para evitar represamientos.

Esta población, ubicada a 120 kilómetros de Bucaramanga, alrededor de tres horas de distancia en vehículo, es unas de las que atrae mayor número de turistas en la región.

Su arquitectura es uno de los aspectos más destacados. “Su trazo urbano, creado por los españoles, se hizo en el lugar donde según la leyenda se apareció la virgen en una piedra que muy pronto fue convertida en motivo de adoración por los campesinos pobladores. El fervor creció y, aunque el párroco de la época no dio crédito a esta aparición, allí fue erigida la parroquia que inicialmente se llamó ‘Vareflorence’“, señala la Red Turística de Pueblos Patrimonio.

Entre los elementos que resaltan de sus viviendas se encuentra, en primer lugar, que sus tradiciones constructivas (tapia pisada, cantería) se “mantuvieron en el tiempo, de tal manera que garantizaron la preservación de su urbanismo con alto grado de conservación”, según la Alcaldía del municipio.

De igual manera, las casas son consideradas un “fiel reflejo” de la arquitectura de la región de Andalucía, en el sur de España, del siglo XVIII. “Casas con fachada sencilla, dos ventanas, portón, contraportón, patio central y corredores a los lados”, subraya la entidad.

Adicionalmente, el entramado urbano es considerado como singular y refleja la “vinculación de los fundadores con la iglesia católica y su devoción a ella”.

Esto se explica en que las calles y recorridos parten del templo principal (Catedral inmaculada Concepción y San Lorenzo Mártir) a los templos secundarios (capilla de San Antonio, Santa Bárbara y capilla del Cementerio), según detalla el plan especial de manejo y protección (PEMP) del centro histórico de la población.

Otro aspecto destacado es el ambiental. Su centro histórico está ubicado en una meseta al borde del Cañón del río Suárez y la serranía de los Yariguies. “Aspectos como su clima semiseco, árido, poca luminosidad y lluvia son condiciones excepcionales que engalanan el ‘pueblito más lindo de Colombia’”, agrega la Alcaldía.

Otros atractivos

Otro atractivo del municipio es el mirador del Salto del Mico. Ubicado a un kilómetro del parque principal, este es un lugar perfecto para los amantes de los atardeceres. Se dice que este lugar ofrece una de las mejores vistas sobre el cañón del Chicamocha.

También se destaca Puente Grande, uno de los cinco puentes de calicanto más importantes del país; su construcción de tipo colonial, con similitud a la del Puente de Boyacá, refleja el estilo arquitectónico del siglo XIX.

El Camino de Guane también es imperdible. Este sendero tiene características históricas, pues fue construido por los nativos guanes y empedrado a finales del siglo XIX por el alemán Geo Von Lenguerke.

El colombiano se encargó de anotar el último gol para cerrar el partido y dejar a los Bávaros en el primer puesto. Harry Kane, por su parte, no anotó, pero también tuvo una gran presentación con pases quirúrgicos y trabajando para el equipo.

Tras el juego, Lucho atendió a los medios de comunicación y allí dio una declaración que ha llamado la atención: aseguró que no tiene duda de que el inglés es hoy en día el mejor jugador del mundo.

“Lo demostró toda la temporada pasada y lo viene mostrando hace mucho tiempo, es un chico que hace todo bien”, expresó.

El guajiro se deshizo en elogios sobre el 9 de la Selección de Inglaterra, confesó que siente una gran admiración hacia él y cree que nunca hace nada mal. “Va, corre, defiende, mete pases, mete gol, la mentalidad que tiene es de locos”, dijo.

En estos momentos, Kane es uno de los grandes nombres que hay para ganar el Balón de Oro y ser elegido el mejor jugador del planeta. No obstante, hay otros jugadores importantes que compiten con él, como por ejemplo Lamine Yamal.

Pese a esto, para Díaz hay solo una opción y, por lo mismo, aprovechó el momento para enviarle un mensaje a todas las personalidades que tienen la opción de votar en este galardón que entrega France Football.

“Para mí es el primero de los demás candidatos a ganar el Balón de Oro, ojalá pueda llevárselo y estemos contentos todos”, concluyó.

Y es que los número del delantero en la temporada anterior fueron impresionantes: logró anotar 61 goles en todas las competiciones y asistió en 7 ocasiones, lo que lo ha llevado a ser uno de los mejores a lo largo de la campaña.

Durante la madrugada de este sábado 29 de agosto de 2026 se registró un nuevo sismo en el departamento del Chocó. De acuerdo con el informe preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento, que se dio a las 5:50 a.m., alcanzó una magnitud de 4.0 y tuvo como referencia el municipio de Istmina.

El movimiento telúrico presentó una profundidad de 123 kilómetros y fue localizado aproximadamente a siete kilómetros de Istmina. Las coordenadas entregadas por la entidad corresponden a una latitud de 4.62° y una longitud de -76.72°.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2026-08-29, 05:50 hora local Magnitud 4.0. Profundidad 123 km ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/jwzP81TR88

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 29, 2026

Los municipios cercanos a este evento fueron Sipí (Chocó) a 9 km, Nóvita (Chocó) a 39 km, Condoto (Chocó) a 53 km.

No obstante, en la actualización entregada por el SGC, se reveló que la magnitud fue 3.9, con epicentro en Medio San Juan, Andagoya, Chocó. La profundidad cambió, reportándose de 40 km.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-29, 05:50 hora local Magnitud 3.9. Profundidad 40 km, Medio San Juan (Andagoya) - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/PwYe0Zr7ER

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 29, 2026

El reporte generó comentarios entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales aseguraron haber percibido la sacudida desde diferentes puntos del país. Otros señalaron que no sintieron el movimiento y recordaron que algunas zonas del territorio colombiano registran actividad sísmica con relativa frecuencia.

La ocurrencia de estos fenómenos está relacionada con las condiciones geológicas de Colombia, un país ubicado en una región donde interactúan diferentes placas tectónicas. Esta característica hace que los sismos puedan presentarse en distintas zonas y en cualquier momento.

Ante este panorama, el SGC mantiene un seguimiento permanente de la actividad sísmica nacional y proporciona información oficial sobre cada evento, incluyendo datos relacionados con su magnitud, profundidad, ubicación y hora. Estos reportes permiten a la ciudadanía conocer las características de los movimientos y contrastar la información oficial frente a versiones no verificadas que puedan circular en redes sociales.

Pero, ¿y cómo ocurrió esto? En 2024, El Universal —el periódico que acompaña a los cartageneros desde hace 78 años— decidió cambiar el enfoque o las historias que habitualmente narraban, dándole paso a las costumbres, a las personas que inspiraban y a la gente que transformaba su entorno desde lo cotidiano.

Así que el equipo creativo del diario, liderado por Catalina Araújo Gerdts, le dio forma y nombre a esa idea: Cartagena sí. “Analizando cómo inspirarnos a soñar en grande, para aprovechar la fortaleza y el asombro que nos caracterizan como cartageneros y transmitirlo a toda Colombia, creamos ¡Cartagena sí!”, explica Araújo, porque “narrar lo positivo genera pertenencia e incentiva a otros a creer”.

Lo que ocurrió después es que esa apuesta creativa terminó desbordando su propio propósito inicial y los números pueden confirmarlo: en los primeros seis meses, la campaña puso en circulación cerca de 300 contenidos en redes sociales, 338 páginas de artículos e historias en medios impresos y digitales, 130 avisos publicitarios y 51 vallas. Ochenta influenciadores y unos 35 aliados estratégicos se sumaron al ejercicio. Para 2025 esas cifras ya habían crecido: durante el año se compartieron otras 330 piezas en redes, 380 en medios impresos y digitales, 160 unidades de publicidad exterior.

A esto se sumó otro tipo de alcance, uno que no cabía en una hoja de cálculo: 15 estrategias de sentido ciudadano, tres murales construidos con la comunidad, un foro con más de 500 asistentes, una canción que superó las 403 mil visualizaciones.

Es decir, el “Sí” se tomaba las páginas y las redes, pero también las calles. Y ahí nacieron los Embajadores Cartagena sí: ciudadanos convertidos en voceros de su propia ciudad, capaces de llevar la campaña a barrios, instituciones y escenarios culturales por su propia cuenta. “Al final dejó de ser una campaña y se volvió más un movimiento porque la gente, que fue lo más lindo para mí, empezó a apropiarse del sí”, comenta Araújo.

“Cuando me presentaron la campaña Cartagena sí, me cautivó inmediatamente, sentí que era la conjunción del mensaje visual y emocional que andaba esperando para que El Universal transmitiera ese caudal de energía vibrante y amorosa que en todos los pasillos del diario se siente y se vive por el Corralito de Piedra”, cuenta Nicolás Pareja, director del periódico. “Lo que nunca esperé es que prontamente se convirtiera en un movimiento ciudadano recorriendo barrios, convocando instituciones, congregando en escenarios culturales”, añade.

Y es que hoy, Cartagena sí es sinónimo de optimismo crítico, no ingenuo, porque decir “Sí” a esta ciudad no ha significado cerrar los ojos ante lo que aún duele; al contrario: “sin desconocer ninguna de esas realidades, sentimos que tenemos la responsabilidad de mostrar la otra Cartagena”, afirma Araújo. La Cartagena donde la gente que sí emprende, sí trabaja y sí transforma su entorno pese a todo.

*Contenido elaborado con el apoyo de El Universal

Por ende, millones de pesos se entregarán esta noche, dejando a algunas personas como los nuevos millonarios de Colombia.

Los sorteos iniciaron sobre las 11:00 de la noche, arrojando los siguientes resultados:

Lotería de Medellín

Número ganador: 2608

Serie: 301

Sin embargo, si no fue el ganador del premio mayor, este sorteo también entrega las siguientes oportunidades de ganar:

Lotería de Santander

Número ganador: 3798

Serie: 029

Sin embargo, si no fue el ganador del premio mayor, este sorteo también entrega las siguientes oportunidades de ganar:

Lotería de Risaralda

Número ganador: 6968

Serie: 189

Sin embargo, si no fue el ganador del premio mayor, este sorteo también entrega las siguientes oportunidades de ganar:

Mantener en la Junta a los miembros que se apartaron de la visión de la administración anterior, al oponerse a la venta del Permian en Texas, y que marcaron su independencia de las decisiones erradas del Gobierno, como lo hicieron el actual presidente de la Junta, Luis Felipe Henao, y el representante de los trabajadores, César Loza, es una señal de que se busca fortalecer la empresa y de que las decisiones empiezan a ser guiadas por lo que le convenga a la compañía, no por un mensaje político. La USO, su principal sindicato, hizo lo propio al prender las alertas y pedir el relevo de Ricardo Roa.

Establecer el plan de negocios sobre hidrocarburos con metas definidas y redireccionar las inversiones hacia la búsqueda de nuevas reservas entrega un mensaje claro sobre el futuro, puesto que de las inversiones que se ejecuten hoy dependerá la producción de los próximos años. Agregarle a ese plan credibilidad en la administración y una gobernanza transparente permite confiar en que la empresa recuperará el rumbo haciendo lo que sabe hacer.

Para el país es muy importante que Ecopetrol esté bien administrada y tenga una estrategia clara para garantizar la continuidad de su negocio principal —producción, transporte y refinación—, desde donde se genera el 82 % del Ebitda.

El valor de Ecopetrol no es solo comercial; la empresa tiene un valor estratégico. Por un lado, están los ingentes aportes a la Nación, con transferencias anuales que promedian los $25 billones (1,2 % del PIB). Por el otro, produce el 65 % de la oferta local de hidrocarburos, es el único refinador, el principal transportador de crudo y refinados, realiza el 30 % de las exportaciones del país y controla, a través de ISA, el 75 % del transporte de energía eléctrica nacional. En resumen, la seguridad energética del país depende en buena medida de Ecopetrol y de su funcionamiento.

En contraste, en los últimos cuatro años, el mensaje que la administración y el Gobierno nacional enviaron fue el de un cambio de foco y un desplazamiento del negocio original. Hablaron de terminar la producción de hidrocarburos (gas y petróleo), de no suscribir nuevos contratos, de vender el Permian, que aporta el 15 % de la producción, y de enfocar los esfuerzos en energías renovables, aun sin ajustar el marco regulatorio para que la empresa fuera un jugador importante en la generación de energía.

Además, las controversias judiciales alrededor del expresidente de la compañía Ricardo Roa y la sombra de eventuales sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos deterioraron la credibilidad de la administración y el funcionamiento del gobierno corporativo para distinguir entre empresa con propiedad mayoritariamente estatal y una compañía administrada por el gobierno con más agenda política que empresarial.

Esas situaciones se vieron reflejadas en el precio de las acciones, que derrapó desde $3.600 en 2022 hasta mínimos de $1.600 en noviembre de 2024, y en los mayores rendimientos de los bonos, lo que significa desvalorización. Esto ocurrió a pesar de las coyunturas derivadas de la guerra de Rusia contra Ucrania y la de Estados Unidos con Irán, que llevaron los precios del Brent a máximos de US$120 por barril. Sin embargo, el precio de las acciones no logró recuperar los niveles previos porque, ante la falta de credibilidad en el plan de negocios de la empresa y en su administración, los inversionistas mantuvieron la cautela o liquidaron posiciones.

Pasó de todo. El Centro Democrático celebró junto al Pacto Histórico; el sector verde de Carlos Amaya terminó votando con los Char y el nuevo Gobierno logró recuperarse después de su primer tropiezo en el Capitolio. Las alianzas cambiaron de una elección a otra y dejaron claro que, al menos por ahora, nadie tiene una mayoría asegurada.

Para la izquierda fue una victoria que el Gobierno al menos perdiera la Presidencia del Senado. Los liberales lograron un triunfo trascendental con la Contraloría y el Gobierno, con Rodrigo Lara como protagonista, consiguió mayorías en el CNE, junto con un magistrado de Salvación Nacional, partido minoritario al que inicialmente no le correspondía ese cupo por cifra repartidora. En medio de ese Congreso fragmentado hubo, sin embargo, un ganador: Álvaro Uribe.

El expresidente entendió mejor que nadie que estas primeras elecciones no exigían encontrar un aliado permanente, sino construir una mayoría diferente para cada ocasión.

La primera demostración llegó con la Presidencia del Congreso. Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, terminó elegido gracias a una alianza que incluyó los votos del petrismo. Pocas imágenes podían resultar más extrañas después de años de enfrentamientos entre ambos sectores. Pero cuando llegó el momento de contar votos, las diferencias ideológicas no impidieron el acuerdo de intereses.

La elección del contralor exigió una fórmula diferente. El Gobierno, que había sufrido una derrota con Alfredo Deluque, decidió no entrar de lleno en una nueva disputa. El Centro Democrático encontró entonces en el Partido Liberal el socio necesario para construir una mayoría mucho más amplia. El resultado fue prácticamente una aplanadora, con una votación casi unánime. El contralor será liberal y el vicecontralor, uribista.

Para elegir el Consejo Nacional Electoral hubo que volver a cambiar de compañeros de viaje. Esta vez, la coalición con el Partido MIRA y el entendimiento con el ministro del Interior permitieron que el sector encabezado por Uribe consiguiera dos de los nueve magistrados.

Tres elecciones. Tres alianzas diferentes. Tres resultados favorables.

La elección presidencial modificó el mapa político y demostró que existe un electorado de derecha que ya no necesariamente pasa por el Centro Democrático. Pero una cosa es conquistar la Presidencia y otra muy distinta, construir mayorías dentro del Capitolio. En ese terreno, por ahora, la experiencia y la extensa bancada uribista siguen pesando.

Sin embargo, ese pragmatismo también puede ser aprovechado por sus rivales de patio, que podrían presentarlo como una traición a los principios de la derecha para intentar arrebatarle aún más electorado en octubre de 2027.

La prueba llegará en poco más de un año. Las elecciones regionales permitirán saber si las bases que durante años sostuvieron al uribismo permanecen con el Centro Democrático o si fueron conquistadas por la Nueva Derecha y sus aliados territoriales. Gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos mostrarán hasta dónde llegó realmente la transformación de la derecha colombiana.

La vehemencia de los defensores de la patria ha terminado por otorgarle a Uribe un papel más moderado, que le permite construir relaciones de poder que antes le resultaban imposibles cuando era él quien ocupaba el extremo del espectro político. En ese nuevo escenario, al menos en el Congreso, se mueve como pez en el agua.

Álvaro Uribe celebró primero con la izquierda, después con el centro liberal y, finalmente, con el Gobierno de la Nueva Derecha. Cambiaron los aliados, pero no el resultado.

La buena comunicación se está perdiendo. Vivimos en un momento donde parece más importante que nos escuchen, que nos vean, sin importar mucho a quién ponemos atención. Se pierde el poder de conversar para entrar en la aburrida etapa unidireccional de que nos vean.

Y aquí entra un concepto hermoso, muy cercano a la comunicación genuina: la presencia ejecutiva. Qué es lo que mostramos, qué proyectamos. Las personas no recuerdan tanto lo que dijimos, sino cómo las hicimos sentir mientras lo decíamos.

Los mejores libros sobre presencia ejecutiva coinciden en una idea poderosa. El liderazgo no se proyecta únicamente a través de argumentos inteligentes o de una impecable presentación de PowerPoint. El liderazgo se percibe antes de que aparezca la primera diapositiva. Está en la manera de entrar a una sala, en la postura, en la mirada, en los silencios, en la capacidad de escuchar y en esa compleja combinación de señales no verbales que transmiten confianza, seguridad y autenticidad.

El colega de Lupe no estaba haciendo su entrada de una manera muy asertiva. En su comunicación se veía arrogancia y tal vez muy baja intención de escuchar lo que los demás tenían que decir. Su mirada no era directa, su sonrisa impostada y sus historias en redes sociales le delataban un halo de un ego centrado en lo maravillosa que era su propia existencia.

Durante años, las organizaciones premiaron a quienes dominaban el discurso. Hoy entendemos que el verdadero impacto ocurre cuando el mensaje verbal y el no verbal están alineados. De poco sirve hablar de empatía con los brazos cruzados y la mirada perdida en el celular. Resulta difícil inspirar confianza cuando la voz transmite nerviosismo o cuando el lenguaje corporal refleja inseguridad. Las personas son extraordinariamente sensibles a estas contradicciones, incluso cuando no son conscientes de ellas.

La comunicación no verbal es, en muchos sentidos, el idioma oculto del liderazgo. Los ejecutivos más influyentes suelen dominarlo sin necesidad de convertirlo en una actuación. Su presencia comunica antes que sus palabras. Saben cuándo mantener contacto visual para demostrar interés genuino. Entienden el valor de una pausa para reforzar una idea.

Lo interesante es que la presencia ejecutiva no es un talento reservado para unos pocos. Tampoco es una cuestión estética ni de carisma innato. Es una disciplina de autoconocimiento. Los líderes con mayor impacto suelen haber desarrollado una profunda conciencia sobre cómo son percibidos por los demás. Comprenden que cada interacción envía señales.

En el mundo corporativo actual, donde muchas reuniones ocurren a través de una pantalla, la comunicación no verbal ha adquirido nuevas dimensiones. Una cámara apagada puede interpretarse como distancia. Una mirada permanente hacia otra pantalla puede percibirse como desinterés. Incluso en entornos virtuales seguimos evaluando la energía, la presencia y la conexión emocional de quienes lideran. La tecnología cambió el escenario, pero no modificó nuestra naturaleza humana.

La comunicación no verbal más poderosa no es la que se aprende como una lista de técnicas para parecer líder. Es aquella que surge cuando existe coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que expresamos. Las personas detectan rápidamente la diferencia entre la confianza genuina y la representación teatral de la confianza.

En una época obsesionada con perfeccionar discursos y construir narrativas, vale la pena recordar que el impacto verdadero muchas veces se encuentra en aquello que no decimos. Más allá del ego. Porque las palabras pueden informar, convencer e incluso emocionar. Pero la presencia es la que permanece. Y esa presencia se construye, en gran medida, a través de la comunicación silenciosa que enviamos cada día.

Al final, la gran lección de la presencia ejecutiva es que liderar consiste en convertirse en una persona cuya sola presencia haga que los demás quieran escuchar. Y para lograrlo, las palabras son apenas el comienzo. El lenguaje no verbal es el verdadero amplificador del impacto. Cuando traté de explicarle todo esto a Lupe, me dijo: “La verdad, ya no sé si quiero conocerlo”.

La gobernadora del departamento, Adriana Matiz, decidió poner los hechos uno detrás de otro. No para afirmar que exista una relación entre los graves incendios y los hostigamientos, que todavía no ha sido probada, sino para pedir que se investigue una coincidencia que considera demasiado inquietante. “Tenemos indicios graves y serios de que algo está ocurriendo con los incendios”, le dijo a SEMANA.

El 14 de agosto hubo 31 conflagraciones simultáneas. Más de 50.000 hectáreas resultaron afectadas, según Matiz. Cultivos, pastos y viviendas fueron arrasados por el fuego en los municipios de Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar. Más de 22.000 cabezas de ganado quedaron sin alimento. Unos 600 bomberos de todo el país llegaron a trabajar a la zona como parte del apoyo externo.

En medio de las labores de inspección adelantadas por los organismos de control de emergencias, Carlos Yepes, delegado departamental de Bomberos del Tolima, aseguró que esta vez hay patrones que, según él, no son normales y que “no había visto nunca en su vida”. Incendios que se liquidan y reaparecen al día siguiente y focos separados, sin continuidad, ubicados a cientos de metros o hasta un kilómetro.

Algunos aparecen prácticamente en línea recta. Yepes lo explica así: “Es como si hubiera alguien que empezara a caminar y en determinado sitio iniciara el fuego”. Ese patrón alimenta la hipótesis de intervención humana. En ciertos lugares se han encontrado elementos con olor a combustible.

La gobernadora Matiz contó que en Carmen de Apicalá funcionarios hallaron un recipiente con gasolina con el que, según la denuncia, se habría iniciado un incendio. También llegaron reportes de ciudadanos que aseguran haber visto a personas en motocicleta que estarían prendiendo focos. Las denuncias llegaron hasta el despacho de la gobernadora y fueron a parar a la Fiscalía.

Una lista de hechos

La escena más grave surgió en el municipio de Suárez. En el cerro de Las Mercedes, integrantes de la brigada forestal del Ejército recibieron por radio una amenaza. Según Matiz, les dijeron que sabían cuántas personas había, que conocían sus coordenadas y que, si no se retiraban, les mandarían un dron cargado. Los hombres tuvieron que parar las labores de contención del fuego. La gobernadora leyó textualmente la denuncia: “Que iban a mandar un dron cargado y que no intentaran apagar el incendio, que quien debía apagarlo era el Tigre”.

Hay otro detalle. Esa mañana, según Matiz, la alcaldesa de Suárez reportó el incendio controlado en 90 por ciento. Horas después reaparecieron dos puntos, uno en la bocatoma y otro en Tobía. Aunque las amenazas y la reactivación de las conflagraciones no prueban una relación entre sí, están siendo analizadas por el ente investigador.

En entrevista con SEMANA, la gobernadora reveló una matriz de hechos criminales y terroristas que han ocurrido en simultáneo mientras el departamento arde bajo las llamas. El 10 de agosto llegaron informaciones sobre una posible toma de Ataco y el alcalde decretó toque de queda. El 11 apareció un video intimidatorio atribuido al frente Joaquín González, estructura disidente bajo el mando de alias Calarcá, que, según Matiz, era el mismo usado en el departamento de Antioquia para infundir terror.

El 19 de agosto las autoridades tuvieron conocimiento de que Joaquín González realizó citaciones a presidentes de Juntas de Acción Comunal en el municipio de Rovira para cobrarles presuntas extorsiones, según Matiz.

El 21 hubo un hostigamiento contra el Batallón de Infantería 17, en el corregimiento de Herrera, municipio de Rioblanco, que dejó un soldado herido. El 23 fue incinerado un vehículo de la empresa de transporte Cointrasur que cubría la ruta Ibagué-Planadas. Según la gobernadora, el frente Jerónimo Galeano se atribuyó esa acción.

El 24 de agosto, en La Esmeralda, Planadas, hombres armados que se identificaron como miembros del frente Jerónimo Galeano llegaron a una actividad del alcalde, intimidaron a la comunidad y desarmaron al policía y al integrante del Ejército de su protección, según información recibida por Matiz. “Mientras todo eso sucede en el sur, nosotros estamos aquí controlando y apagando los incendios”, resumió.

No son cabos sueltos…

El general Carlos Ernesto Marmolejo, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional, también habla de indicios. Sus soldados encontraron recipientes con combustible en zonas afectadas; uno de los materiales, dijo, parecía brea. También mencionó reportes sobre personas en motocicleta.

Marmolejo no señala una estructura como autora. Plantea que una emergencia simultánea puede obligar a mover capacidades de la fuerza pública. En el sur del Tolima existe, dijo, una “gran minería criminal” que podría beneficiarse de esa dispersión. El Ejército identifica estructuras asociadas a Iván Mordisco en la cordillera Central y el occidente del departamento, y a la facción de Calarcá en Suárez, Prado, Dolores y Alpujarra.

Según Marmolejo, esos grupos podrían estar interesados en llevar a las autoridades “al extremo de mostrar nuestra capacidad real” para atender todos los hechos. Es una hipótesis, no una conclusión sobre la autoría del fuego. Por su lado, Matiz advirtió además del riesgo de un enfrentamiento entre las dos facciones por el control territorial.

La gobernadora le puso cifras al negocio criminal. Según datos de inteligencia que citó en SEMANA, en un sector de Ataco hay 19 entables ilegales y cada uno extraería unos 3.200 gramos de oro al mes. La suma supera 60.000 gramos mensuales y representaría más de 24.000 millones de pesos; al año, más de 280.000 millones. Las disidencias recibirían entre 10 y 15 por ciento de esta renta.

La advertencia del Tigre

Mientras el Ejército y la Fuerza Aérea prestan seguridad, apoyo y aeronaves en todo el territorio del departamento, los socorristas trabajaban hasta las cuatro de la mañana para contener las llamas. El general Marmolejo dijo que sus tropas están atendiendo, a la vez, los incendios, los estragos del terremoto y las operaciones ofensivas que no pueden parar en el resto del país.

El 27 de agosto, durante el PMU en Ibagué, el Gobierno convirtió la sospecha en una prioridad de seguridad. El presidente Abelardo De La Espriella anunció un grupo élite de inteligencia e investigación para identificar y capturar a quienes estén detrás de los incendios presuntamente provocados.

También ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables. Además de eso, lanzó un programa de recompensas por 500 millones de pesos por cada uno de dos cabecillas de Mordisco: Andrés Calambás, alias Yamaha o Iván; y Florentino Boyocué, alias Leonel o Amazonas, quienes serían los responsables de los hostigamientos en el departamento.

El presidente fue tajante: “No vamos a permitir que incendien nuestra tierra ni que aprovechen el sufrimiento de los tolimenses”. El Estado buscará recuperar el control de las zonas donde operan estas estructuras y perseguirá a quienes aprovechen la emergencia.

Son muchas piezas que parecen unirse. Los bomberos hablan de focos sin continuidad y reactivaciones de incendios controlados una y otra vez; el Ejército, de combustible y personas en motocicleta rondando zonas afectadas; la Gobernación, de denuncias y una amenaza con coordenadas y un dron cargado listo para atacar. Si bien ninguno de esos elementos, por separado, demuestra quién está detrás del fuego, sí han permitido a las autoridades trazar una línea de investigación.

Hay, sin embargo, una coincidencia que las autoridades no quieren pasar por alto: mientras el Tolima se quema, también ha sido golpeado por una cadena de hechos violentos. Dos policías asesinados, bases atacadas, hostigamientos, extorsiones, un vehículo incinerado y hombres armados irrumpiendo en actividades comunitarias ocurrieron en las mismas semanas en que cientos de bomberos combatían las llamas.

Para el presidente Abelardo De La Espriella, ya no solo se trata de saber cuántas hectáreas se quemaron, sino de conocer con exactitud quién encendió cada foco y si algún grupo criminal encontró en la tragedia una forma de poner al Estado contra las cuerdas.

Las carreteras hoy todavía están llenas de humo y el cielo, aunque de noche se ve anaranjado por el reflejo de las llamaradas que se extienden por el filo de las montañas de los 11 municipios que aún arden.

Aunque ya no son 31 incendios activos, sino una decena, Coyaima, Venadillo, Coello, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar son algunos de los municipios que aún no han podido salir del todo de la tragedia y de los que todavía no hay un balance final de la magnitud de las pérdidas.

Así las cosas, el Tolima lleva casi un mes intentando apagar, probablemente, las conflagraciones más fuertes de su historia. Algo que “nunca en la vida se había visto”, como lo dice el mismo capitán Carlos Yepes, delegado departamental del Cuerpo de Bomberos del Tolima.

Desde el primero de agosto, las llamas se extendieron por distintos municipios, obligaron a movilizar a más de 600 bomberos y aeronaves y, en el peor momento de la emergencia, llegaron a registrarse 31 incendios al mismo tiempo en diferentes puntos del departamento.

Cuando el humo empezó a levantarse en algunos sectores, quedó a la vista una segunda parte de la tragedia: miles de hectáreas de tierra afectadas, cultivos perdidos, potreros convertidos en ceniza y animales que se quedaron sin alimento; otros, incluso muertos.

La gobernadora Adriana Matiz lo dijo durante una entrevista con SEMANA: el departamento enfrenta una “emergencia económica, una emergencia ambiental y una emergencia social”. Esa declaración ayuda a entender por qué esta no es una historia que termina cuando se apaga el último foco de incendio, sino que probablemente definirá el rumbo del Tolima en los próximos años.

En el Tolima se quemaron tierras de cultivo, pastos y zonas de bosque, pero también una parte de la economía cotidiana de las familias que viven de esas tierras. En un departamento donde el sector agropecuario representa el 22,4 por ciento del PIB, la pérdida de una cosecha o de un potrero tiene consecuencias mucho más largas que el incendio que la provocó.

La primera cuenta fue la de los terrenos. La Gobernación reportó más de 30.000 hectáreas afectadas. El balance presentado posteriormente por el Gobierno nacional, durante el Puesto de Mando Unificado realizado en Ibagué, llevó el cálculo a más de 50.000, de las cuales cerca de 28.000 correspondían a áreas agropecuarias.

Los cálculos de la Gobernación del Tolima hablan de 2.660 productores afectados y de pérdidas económicas estimadas en 134.000 millones de pesos. Las cifras están en constante actualización a medida que los municipios van saliendo de los incendios que todavía no se apagan del todo. Sin embargo, ninguno de estos datos necesita demasiada explicación para entender lo que una conflagración de estas magnitudes significa en el campo del departamento.

La ‘casita’

Jesús Guzmán lo explicó sin hablar de hectáreas ni de millones de pesos. Desde su finca veía las llamas avanzar por la cordillera y temía perder su vivienda, sus animales y la poca agua que tenía disponible. “Estoy perdido con la candela”, dijo en un llamado de auxilio que se viralizó en las redes sociales. Después agregó: “No tenemos comida para el ganado y estamos huyendo”. Lo que pedía era un helicóptero. Sabía que, si el fuego llegaba a la finca, no tendría muchas opciones para salvar lo que quedaba.

La angustia de su llamado permite traducir las cifras de la terrible emergencia que vive el departamento. Una hectárea no es solamente una medida. Puede ser el lugar donde una familia cultiva los alimentos con los que trabaja, el potrero donde alimentan sus animales o la tierra en la que espera recoger una cosecha que pagará sus deudas.

“Me está llegando la candela a la finquita, tengo 25 reses, mi casita y en la realidad estamos subiendo sin agua y el único manantial de agua que tenemos es poquitico; donde nos coja la candela, nos quedamos sin nada”, dijo Jesús en su primer pedido de auxilio al alcalde del municipio de San Luis.

Cuando los terrenos se queman, como está pasando en el Tolima, también se pierde el tiempo invertido en sembrar y cosechar. La tierra permanece, pero durante un periodo deja de cumplir la función que sostenía a la familia. Ese es justamente el desafío que hoy enfrentan las autoridades departamentales y nacionales, pues se estima que la recuperación de los terrenos afectados podría tardar entre 8 y 9 meses antes de que puedan volver a producir algo.

“La finca es lo único que yo tengo. Y no es mía, es de mi papá (...) Allá no tenemos luz ni agua; nos toca subir con ‘timbos’. Es humilde, pero es lo que tenemos. Por eso, le pido ayuda al Gobierno para que nos den un lugar para vivir dignamente y comida para los animales también”, señaló Jesús en entrevista con SEMANA.

12 veces el Tolima

En San Luis, el alcalde Ricardo Acosta fue uno de los primeros mandatarios en advertir que las mediciones oficiales podrían quedarse cortas. En los primeros días habló de más de 600 hectáreas consumidas en 48 horas. Luego, con mediciones realizadas con apoyo de cuerpos de bomberos de distintas regiones, señaló que el área afectada en su municipio superaba las 7.500 hectáreas. “No podemos minimizar esta situación”, advirtió al pedir que se completaran los datos para que la ayuda nacional correspondiera con la dimensión real de la tragedia.

En ese municipio, el fuego llegó a acercarse a zonas habitadas y al cementerio del corregimiento de Payandé. El municipio de San Luis suspendió incluso sus tradicionales fiestas, mientras los equipos de emergencia seguían concentrados en las zonas afectadas.

Pero los datos no son menores; el alcalde de San Luis hizo un ejercicio para tratar de entender la dimensión de lo que está pasando en el Tolima y, más específicamente, en el territorio que él lidera.

“Si a Colombia (toda) le estuviera pasando lo que hoy está pasando en el Tolima, que se ha quemado el 25 por ciento del territorio en total, entonces equivaldría a que a Colombia, en proporción, se le hubiera quemado el Amazonas, el Meta y Antioquia completamente. O mejor, es como si se hubiera quemado 12 veces todo el departamento del Tolima”, explicó el alcalde de San Luis.

En otros puntos, el panorama era similar. El municipio de Ortega también apareció entre los municipios más golpeados. Su alcalde reportó una afectación que superaría las 9.500 hectáreas y advirtió sobre la situación de 35.000 cabezas de ganado.

La Gobernación habló inicialmente de más de 22.000 cabezas de ganado sin alimento. Sin embargo, en el balance nacional presentado el 27 de agosto, el Gobierno nacional elevó la preocupación a 163.000 animales en riesgo, lo que apunta a que el daño más inmediato sobre el campo no es solo el de la vegetación quemada, sino el sostenimiento futuro del ganado y de la cadena de producción del departamento.

La ayuda necesaria

La propia gobernadora Adriana Matiz reconoció que ni el Tolima, ni ningún departamento del país, estaba preparado para enfrentar simultáneamente una emergencia de esta magnitud y, al mismo tiempo, el terremoto que golpeó al occidente del país.

El departamento tuvo que atender viviendas e infraestructura afectadas por el sismo, mientras desplegaba capacidades para controlar incendios en decenas de puntos. La ayuda de los departamentos vecinos y del Gobierno nacional fue, según la gobernadora, determinante para poder sostener la operación.

El primer auxilio fue para los animales. El presidente Abelardo De La Espriella anunció 5.000 toneladas de heno y otras 5.000 toneladas de tamo de arroz para atender a 163.000 animales en riesgo. También dispuso 2.000 millones de pesos para adquirir 80.000 pacas de pasto mombaza y angleton.

El segundo frente fue la vivienda. El Gobierno anunció 343 subsidios de vivienda rural, de 65 millones de pesos cada uno, destinados a familias afectadas. La vivienda no fue la principal pérdida de la emergencia, pero allí donde una familia perdió o resultó afectada su casa, la reconstrucción se convirtió en una necesidad inmediata.

De igual manera, se destinarán cerca de 7.000 millones de pesos para proyectos productivos y medidas de alivio financiero, con un congelamiento de la cartera en Finagro y mecanismos de recuperación para productores golpeados.

La idea es que quien perdió una cosecha no tenga que asumir sus obligaciones como si la producción hubiera salido normalmente. La gobernadora ya había planteado la necesidad de financiar o refinanciar las deudas para que los campesinos pudieran atravesar la emergencia sin que los intereses y el capital se convirtieran en una segunda calamidad.

El Ministerio de Agricultura también puso sus capacidades sobre la mesa. El ministro Indalecio Dangond visitó el departamento y sostuvo una reunión de más de ocho horas con agricultores y ganaderos para conocer las afectaciones y definir acciones.

Pidió a los gremios ganaderos y frutícolas que apoyaran en territorio con abonos, pacas de heno y asistencia técnica. Además, anunció la coordinación de un PMU desde el ministerio para acompañar la recuperación productiva y medidas de crédito y reestructuración de cartera para los productores afectados.

La gobernadora había anticipado parte de esa ruta. Además de los alivios financieros, habló de pozos profundos con paneles solares, mangueras para llevar agua hasta las áreas productivas y kits para enfrentar las dificultades que puedan venir con el fenómeno de El Niño. El objetivo es doble: recuperar lo que se perdió y disminuir la vulnerabilidad del campo frente a la próxima temporada de sequía que se podría extender hasta febrero de 2027.

A la respuesta productiva se sumó una apuesta más amplia. La gobernadora le solicitó al presidente De La Espriella la creación de una Zona Económica y Social Especial para el Tolima, con el propósito de atraer inversión y generar empleo en un departamento golpeado por la emergencia. La medida apunta a que la recuperación no se limite a reparar lo que se quemó, sino a crear condiciones para que el territorio pueda crecer después de la crisis.

La ayuda humanitaria también llegó. El Gobierno anunció más de 80 toneladas adicionales de alimentos, agua, elementos de primera necesidad e insumos para las comunidades afectadas, además de la creación de un fondo mixto de reconstrucción. Son recursos pensados para atender el presente, mientras las medidas de crédito y producción buscan resolver el futuro inmediato.

La cooperación internacional entró en la ecuación. De La Espriella informó de gestiones con Estados Unidos, Chile y España para sumar apoyo y experiencia a la respuesta ante los incendios y la recuperación. Para el Tolima, esa cooperación puede significar capacidades que el departamento no tenía disponibles por sí solo en medio de una emergencia que obligó a pedir ayuda a otras regiones de Colombia.

Matiz también había planteado al presidente una necesidad concreta: que el Tolima pudiera acceder a recursos de los fondos diseñados para responder a la emergencia nacional. En particular, pidió que se tuviera en cuenta al departamento en la reactivación agropecuaria. La Gobernación y el Ministerio de Agricultura empezaron a trabajar, además, en una ruta de corto, mediano y largo plazo para los productores.

Lo que se viene

El reto no es menor para un departamento que, como explicó Matiz, depende del campo. Hoy la recuperación tendrá que ocurrir en varias capas: salvar animales, recuperar cultivos, garantizar agua, aliviar deudas y devolver capacidad productiva a familias que no pueden esperar a que la naturaleza haga su trabajo.

En la finca de Jesús Guzmán, la urgencia era el fuego que se acercaba. En San Luis, el alcalde estaba preocupado porque las mediciones no alcanzaban a contar todo el daño. En los municipios ganaderos, la pregunta era dónde conseguir alimento. En la Gobernación, mientras tanto, había que calcular cuántas hectáreas se perdieron, cuántos productores resultaron afectados y cuánto dinero haría falta para que la economía rural no se detuviera.

El Tolima tendrá que hacer esas cuentas durante mucho tiempo. Y probablemente las cifras seguirán cambiando mientras se termine de levantar el inventario de pérdidas. La diferencia entre algunas de las mediciones departamentales y nacionales muestra que todavía hay terreno por recorrer antes de cerrar un balance definitivo. Pero hay algo que ya no necesita cálculo. Como lo dijo el presidente: “La emergencia no termina cuando se apaga el fuego”.

Empieza otra etapa, más silenciosa. La de volver a sembrar, recuperar los potreros, conseguir agua, reconstruir las casas afectadas, alimentar el ganado y volver a pagar las cuentas. En el Tolima ahora hay que esperar una nueva cosecha.

Cuando el humo se termine de ir, quedará una pregunta menos visible que la de cuántas hectáreas ardieron: ¿cuánto tardará el Tolima en volver a producir sobre ellas? Esa será la medida real de la tragedia. No solo las hectáreas que se quemaron, sino el tiempo que necesitarán miles de familias para recuperar lo que el fuego les quitó.

“La irresponsabilidad fiscal del Gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional los gastos de pensiones, de salud ni de los salarios de los funcionarios públicos. Tampoco el componente de costos e intereses de la deuda pública, ni siquiera los recursos que se tenían contemplados para las universidades oficiales o estatales”, dijo el vicepresidente.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó que recibió unas finanzas públicas mucho más deterioradas de lo que esperaba y lo primero que hizo fue sincerarlas. Por eso, la carta financiera para el próximo año ya no será de 575 billones de pesos, sino de 635 billones.

“No cayó bien la cifra del presupuesto general de la nación porque la gente no quiere que le digan la verdad –admitió el ministro–. Es como cuando a uno le dicen: ‘Oye, te has engordado’, y a uno no le gusta que le digan eso. Lo que estamos diciéndoles a los colombianos es que, después de cuatro años de mentiras, no podíamos seguir en lo mismo. Hay que decir la verdad, y la transparencia fiscal es el principio para ordenar las finanzas. Si no sabemos de qué magnitud es el problema, es difícil enfrentarlo”.

En efecto, la nueva cifra causó sorpresa, puesto que se esperaba ver en el nuevo monto un fuerte ajuste en el gasto público, como lo había prometido el presidente De La Espriella, quien habló en campaña de encoger el Estado y disminuir la burocracia en vez de aplicar nuevos impuestos.

Sin embargo, ante un presupuesto mal calculado por parte del Gobierno Petro, el ministro de Hacienda primero tuvo que corregir lo recibido y ahora vendrá el apretón de cinturón. De hecho, se espera que este fin de semana, en un consejo de ministros en Barranquilla, se apruebe una reducción del gasto público por 21,9 billones de pesos para el próximo año. “Yo espero que el gabinete, en su sabiduría, nos acompañe en este esfuerzo. Es muy importante que no perdamos de vista que el esfuerzo que hay que hacer consiste en reducir el gasto”, reiteró Gómez Martínez.

La batalla que se avecina será en el Congreso, donde el presupuesto será sometido a discusión de las comisiones económicas conjuntas. La meta del ministro de Hacienda es ganar la confianza de los legisladores para que esto también se traslade a la economía nacional.

Las necesidades presupuestales suben ahora en casi 60 billones de pesos frente a los 575 billones de Petro, que, de por sí, ya implicaban un desfinanciamiento en 30 billones, que se iban a cubrir con una reforma tributaria por 21,9 billones. Esta fórmula tampoco la aceptó el ministro Gómez, quien eligió eliminar esa dependencia de ingresos tributarios inexistentes, basados en reformas que no han sido aprobadas por el Legislativo, como se hacía con los presupuestos en la administración Petro.

El jefe de la cartera de Hacienda considera que la reformulación que le hicieron al plan para financiar al Estado reconoce mayores presiones de gasto que no estaban contabilizadas y que justifican esos 60 billones de pesos adicionales.

Las pensiones, la salud, los subsidios de energía y gas, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y las elecciones regionales del próximo año sumaban casi 24 billones de pesos en obligaciones inaplazables, que, sin embargo, estaban desfinanciadas en medio de las inconsistencias del proyecto.

Al registrar las cifras reales, se elevó la demanda de recursos, sumada al aumento del servicio de la deuda (pago de intereses), que subió 37,4 billones de pesos. “Este monto es derivado de la estrategia irresponsable de endeudamiento del Gobierno pasado, que acumuló vencimientos de deuda de corto plazo cuyas tasas fueron más elevadas, y que, sin embargo, la administración previa no incorporó en sus cuentas”, enfatizaron en el ministerio.

Prueba de fuego

La misión ahora será demostrar que, a pesar de que se planea un presupuesto más gordo, se está haciendo la tarea de encaminar al país hacia un saneamiento de las finanzas y hacia una senda que permita cumplir principalmente las promesas sociales, lo que, no obstante, en 2027 no se ve venir todavía.

En el presupuesto se estimó un déficit fiscal mayor, de 9,4 por ciento en total, en vez del 6,7 por ciento que se esperaba en el proyecto presentado por Petro, lo que puede implicar demoras para ordenar la casa.

El gasto en funcionamiento, ampliamente criticado porque se relaciona con contratos para pagar favores políticos, iba a ser de 367,7 billones y pasó ahora a 392,6 billones.

Para el pago de la deuda ya no se dispondrá de 118 billones, sino de 155,4 billones. Mientras tanto, la inversión, que es lo que llega de forma tangible al ciudadano a través de obras, se recorta, de 90 billones previstos en el proyecto de presupuesto del Gobierno saliente a 87 billones ahora.

Una cuenta de servilleta revela la dimensión del complejo panorama. Implica que de cada 100 pesos de la torta financiera para 2027, 86 se van en funcionamiento y deuda, y solo quedan 14 pesos para inversión, justamente el componente que cayó a niveles más bajos de las últimas cuatro décadas y es lo que propicia una economía pujante.

Así las cosas, el Ministerio de Hacienda sustenta que está realizando un esfuerzo de austeridad, porque, por ejemplo, el gasto en salarios para pagar los empleados públicos se estimó para que solo se incremente con la inflación, y se planea recortar la adquisición de bienes y servicios.

No obstante, con un déficit fiscal tan alto, que resultó de sincerar las cuentas que estaban inconsistentes, será imperativo presentar una ley que se describe como “rescate económico”. Se ha entendido como parte de una reforma tributaria, pero en realidad contiene otras medidas, y serán insumos indispensables para lograr una reducción gradual del déficit fiscal que permita estabilizar la deuda, que es el mayor dolor de cabeza de la economía.

El ministro Gómez reiteró que no se trata de una reforma tributaria, sino de un plan para el adelgazamiento del Estado. Se complementará con medidas para impulsar el crecimiento, que se incluirán en el Plan de Desarrollo.

El costo de la deuda

Con las cifras ajustadas, la deuda total del país pasaría de cerca del 60 por ciento del PIB a más del 66 por ciento entre 2026 y 2027, con el agravante de que el costo de los intereses podría aumentar si se eleva el riesgo país. Ese nivel no es sano para una nación emergente como esta, dijo Rodrigo Valdés, del FMI, al participar en la Convención Bancaria.

Con la ley de rescate económico anunciada, que será radicada en septiembre en el Congreso de la República, la expectativa es que el déficit baje a 7,2 por ciento del PIB. Pero, en todo caso, sería un camino doloroso, porque, en promedio, las reformas fiscales en Colombia en los últimos 20 años han dado 0,7 por ciento del PIB y ahora van por 3 veces el promedio histórico.

La estrategia fiscal destapada, entonces, no constituye un ajuste como tal, sino el reconocimiento de un desequilibrio y así lo ha manifestado el ministro Gómez. En otras palabras, la transparencia en las cuentas quita el riesgo de encontrar nuevas sorpresas que tomen desprevenido al Gobierno, sin plata en la billetera pública para maniobrar, pero, por el momento, no resuelven el problema fiscal. Aun así, es preferible –como lo han manifestado algunos líderes de opinión– que se conozca una realidad difícil en vez de alimentar una mentira disfrazada.

Defender esas alternativas que procurarán ordenar las finanzas públicas pondrá a prueba toda la capacidad negociadora del nuevo Gobierno en el Legislativo, porque se trata de hacer un ajuste de 2,2 por ciento del PIB, lo que corresponde a unos 47 billones de pesos, echando mano, principalmente, de fuentes como reasignación de gastos de bajo impacto, optimización del espacio fiscal, operaciones de manejo de deuda y acceso a recursos multilaterales y de cooperación internacional.

En plata blanca, 299 billones del total del presupuesto provendrán de los llamados ingresos corrientes de la nación, que son principalmente los tributarios. Se espera que 281,4 billones de pesos lleguen de los recursos de capital, que no son otra cosa que créditos internos y externos principalmente. De ingresos por establecimientos públicos, que son del tipo Ecopetrol o Coljuegos, que recaudan por sanciones, entre otras, provendrán otros 30 billones de pesos. Los restantes 20 billones son de otras fuentes, como contribuciones parafiscales y fondos especiales.

La factura

Aunque la mayor parte de las estrategias del plan rescate no generan ingresos, sino ahorros por eficiencias, sería inevitable que en ese primer año completo de mandato la administración De La Espriella termine pagando una costosa factura, tanto económica como política. Así se evidencia ya en el cambio que traen las apuestas contempladas en el presupuesto. Por ejemplo, se vería malograda –al menos en el corto plazo– la apuesta de crecimiento del 7 por ciento que tiene De La Espriella para la economía nacional.

En el recálculo de los supuestos en los que se basa la carta financiera del próximo año, se tuvo en cuenta que viene un agresivo fenómeno de El Niño, que atropellará parte de las cosechas y podría encarecer el costo de la energía, el gas y el agua. En 2027, la expansión del PIB ya no será de 2,2 por ciento, sino de 1,8 por ciento, lo que se llevará por delante el recaudo de impuestos como renta e IVA, principalmente, que solo suben si hay dinamismo en la actividad económica.

Por ello, otra de las cifras que baja y que debería ir para arriba es la de los recursos que se obtendrán por ingresos tributarios. Ya no serán de 17,3 por ciento del PIB como estaba en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, sino de 15,5 por ciento, mientras que el promedio en países de América Latina es del 22 por ciento. De los 299,07 billones de ingresos corrientes estimados, el recaudo por impuesto de renta aportará 138,5 billones de pesos y el IVA sumará 112 billones. Entretanto, el 4 × 1.000, que cada vez que se hace una reforma tributaria sale a relucir como candidato para ser borrado del sistema impositivo, también sigue en la baraja de aportantes a la bolsa pública, al igual que el impuesto al consumo y los impuestos saludables, estos últimos en la palestra porque ya hay un proyecto de ley de Daniel Briceño y Carol Borda, representantes a la Cámara, para tumbarlos.

Con mayores necesidades de financiación y nuevos desafíos difíciles de controlar, como el fenómeno de El Niño, la disyuntiva pasa por cumplir la promesa de campaña de De La Espriella de no subir impuestos, sino estimular al sector productivo para recuperar competitividad y reactivar la inversión en el país.

El programa de gobierno del nuevo Gobierno, que se basa en la seguridad, el impulso a la competitividad y, en general, la expansión de la economía para que cada vez se generen más empleos y mayor bienestar, es lo que está en juego.

El proyecto de presupuesto, por lo pronto, les apuesta a unos altos montos para la educación, que tendrá 78 billones de pesos en el año entrante y es el que encabeza la lista de los sectores con más asignación. El segundo lugar lo ocupa salud, con 77 billones de pesos, lo que está en línea con la garantía de que los colombianos vuelvan a tener el servicio, que se volvió deficitario. Para el Ministerio del Trabajo, entretanto, los recursos que contempla la carta presupuestal ascienden a 58,8 billones y para el de Defensa la cifra es de 33,3 billones. Por el contrario, le recortan destinaciones financieras a los ministerios de Ambiente, Cultura y Deporte.

En consecuencia, el corto plazo no será fácil. La inflación cerraría este año en 6,8 por ciento, más del doble de la meta del 3 por ciento del Banco de la República. Llevarla nuevamente hacia ese nivel exige mantener tasas de interés elevadas, una estrategia cuestionada por el Gobierno saliente porque encarece el crédito y puede frenar la producción y la inversión privada, precisamente uno de los motores que ahora se busca reactivar para reducir la dependencia del gasto público.

Y no podía faltar el nubarrón del dólar, que, en el presupuesto del próximo año, se estima en 3.438 pesos, conservando una relativa estabilidad para sectores golpeados por la revaluación del peso, como los exportadores.

El Gobierno, con el proyecto de ley radicado, se cura en salud, al decir que no se contemplaron los efectos económicos del terremoto, que, si se suman a las cuentas fiscales transparentadas, podrían golpear aún más las expectativas de crecimiento y la corrección fiscal.

Para enfrentar la nueva demanda de recursos por el evento sísmico, más allá de lo urgente, que fue la atención humanitaria, se plantea canalizar recursos mediante el Fondo Milagro de Reconstrucción, que podrá combinar financiación pública con asociaciones público-privadas, obras por impuestos y participación privada, según el proyecto de ley.

De esa manera, y con las cuentas ajustadas, la clave estará en cómo el Gobierno logra armonizar las finanzas públicas de tal manera que pueda hacer el ajuste fiscal y, al mismo tiempo, cumplir la promesa de disminuir o eliminar impuestos como el del patrimonio.

Las páginas ilustran cómo la minería ilegal se apoderó de la vereda Angosturas del municipio de California, Santander, y el grave daño que causó en los recursos naturales. Pero no es solo eso. Pese a que el Gobierno nacional identificó el problema, no materializó las decisiones de las autoridades ambientales para frenar los graves hallazgos.

La denuncia se sustenta en la Resolución 002842 del 20 de diciembre de 2024, cuando la Anla expuso la destrucción en esa zona del departamento y emitió una serie de órdenes para proteger el ecosistema, las cuales fueron incumplidas por todos los actores involucrados en el proceso, de acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Ambiente.

La historia comenzó el 4 de julio de 1997, cuando la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga estableció el plan de manejo ambiental presentado por la compañía Greystar Resources LTD (hoy Eco Oro Minerals Corp. Sucursal Colombia) para la ejecución del proyecto de explotación minera de oro y plata en la vereda Angosturas.

Entre tantas cosas, esa organización excavó túneles y conformó zonas de disposición de materiales para cumplir sus metas personales.

En 2019, la empresa renunció al contrato y presentó el plan de cierre, desmantelamiento y abandono del sector.

En la verificación del mismo plan en el año 2024, las autoridades se llevaron una gran sorpresa. Al parecer, la empresa no cerró las estructuras conforme a la ley y fueron utilizadas para la minería ilegal por particulares, generando un daño sin precedentes en esa zona del páramo de Santurbán.

Se documentó que los túneles quedaron abiertos con nulas restricciones para el ingreso. Los funcionarios detectaron que en una de las estructuras había múltiples cables eléctricos, que evidenciaban la presencia de personas bajo tierra buscando metales preciosos.

En un fragmento del archivo se afirmó: “Se evidenció que por parte de personas indeterminadas se vienen adelantando actividades de minería no autorizada, que se relacionan con la existencia de túneles en dicha área, situaciones que afectan el medioambiente, los recursos naturales, el paisaje y los ecosistemas y/o la salud humana”.

En total, se hallaron 52 puntos de minería no autorizada por terceros dentro del título, ubicados dentro de la ronda hídrica de la quebrada Angosturas y la quebrada Páez.

La gravedad de la situación fue descrita de la siguiente manera por los funcionarios de la Anla, y se alertó de eventuales problemas en el suministro de agua potable para los habitantes de la capital de Santander: “La degradación del suelo, la erosión marcada y la disposición inadecuada de residuos han alterado negativamente el paisaje natural y la estabilidad. Además, la generación de drenaje ácido y la contaminación de cuerpos de agua, como la quebrada Páez, representan un riesgo directo para el suministro de agua potable en los municipios aguas abajo y el área metropolitana de Bucaramanga”.

De manera insistente, se agregó que la situación de la vereda era crítica y se enumeraron cada una de las consecuencias. En un fragmento se describió que las medidas de manejo y planes de contingencia incrementaban la posibilidad de colapsos y pérdidas de vida.

Frente a este crítico panorama, se solicitó suspender las actividades que atentan contra el medioambiente en ese sector, tanto a Eco Oro Minerals Corp. Sucursal Colombia como a las personas indeterminadas que estaban sacando provecho ilegal de las zonas.

El alcance de la sanción era claro: “Comprende, igualmente, la inhabilitación de los túneles, socavones, maquinaria, infraestructura asociada y equipos utilizados para la extracción minera”. También se pidió la incautación de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, materias primas o implementos para la explotación minera.

Junto a las medidas preventivas de cumplimiento inmediato, la entidad suministró las coordenadas exactas que se debían seguir para efectuar la resolución. Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Ambiente, hoy en cabeza de Fabio Arjona Hincapié, las medidas no se cumplieron por parte de la administración de Gustavo Petro y la destrucción continúa en Santurbán.

La hipótesis que se tiene en esa dependencia es que el Gobierno saliente no solo no ejecutó la resolución, sino que habría favorecido la minería ilegal. Por esta razón, se elevará una petición ante las autoridades judiciales para que establezcan las eventuales irregularidades en las que se habría incurrido.

Lo llamativo de todo es que la misma resolución estableció las eventuales sanciones que se aplicarían en caso de que no se cumpliera su ejecución: “Podrá configurar el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, o como posible causal de agravación en caso de que se configure la comisión de delitos contra los recursos naturales y el medioambiente”. Hoy, según las fuentes consultadas, no hay responsables a la vista.

El aparente descuido de la administración de Petro con el páramo de Santurbán solo es la punta del iceberg de la problemática ambiental que se tiene en ese departamento.

El páramo de Santurbán queda, entonces, en medio de una paradoja: mientras el Gobierno de Gustavo Petro hizo de la defensa del medioambiente una de sus principales banderas y luchas en la plaza pública, documentos oficiales advertían sobre el deterioro de uno de los ecosistemas más importantes del país y ordenaban medidas concretas para detenerlo. Casi dos años después de esas órdenes, las preguntas siguen abiertas, los responsables no aparecen y la minería ilegal continúa avanzando sin freno en el departamento, ahora bajo la sombra de grupos armados ilegales. Serán las autoridades judiciales las llamadas a establecer si lo ocurrido fue producto de la posible negligencia u omisión.

Son muchas las dudas que están sobre la mesa en el sector ambiente, no solo en materia de operación territorial, sino también en el escenario contractual. Entre tantas decisiones que se están tomando, SEMANA conoció que se hará una auditoría forense al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, adscrito al Ministerio de Ambiente, ante las graves sospechas de posibles irregularidades durante la gestión de Gustavo Petro y sus altos funcionarios.

Este relato no corresponde a un escándalo de farándula, tampoco de la desarticulación de una red de prostitución por parte de las autoridades ni de una madame promoviendo los servicios de damas de compañía. Todo esto ocurrió en un cantón militar del Ejército, en el que dejaron de lado las preocupaciones por combatir el crimen y se dedicaron al desorden.

Los hechos forman parte de una misión de trabajo reservada del Ejército, la n.º 02/2025. En los documentos en poder de SEMANA se puede leer cómo oficiales, suboficiales y mujeres soldados andaban de guachafita en guachafita dentro y fuera de la instalación militar, mientras el país veía con preocupación el crecimiento de los grupos criminales, como las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y Calarcá, en el Huila y el Tolima, zona de operaciones del cantón militar Tenerife, donde ocurrieron los hechos. Esta unidad depende de la Quinta División del Ejército y tiene a su cargo a más de 25.000 hombres con la misión de proteger Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas.

Borracheras, promiscuidad, escándalos extramatrimoniales y violencia intrafamiliar se volvieron el pan de cada día en el cantón militar. Por lo menos así lo relataron algunas mujeres uniformadas que eran testigos de lo que sucedía allí y que, al ser requeridas por sus superiores, revelaron la radiografía del fortín militar.

“El coronel mantenía tomando con los cuadros y soldados del batallón en la casa de él o en lugares públicos, en oficinas y eventos”, relató una cabo tercero en el informe de 16 páginas que recogió el Ejército sobre los graves hechos de indisciplina que se estaban presentando en Tenerife.

El desorden y la falta de control en la unidad militar fue tan agudo que el Ejército tuvo que prohibir la venta de licor en el minimarket que servía en la instalación castrense, como quedó consignado en el documento: “Se evidencia que el actual comandante ha encauzado la disciplina prohibiendo la venta de licor en el minimarket”.

La revista que pasó la institución dejó mal parado al mando del momento. El Ejército determinó que en el cantón militar Tenerife se habían comprometido los objetivos básicos de la actividad y la disciplina militar, que se presentaban actos contra la moral, los principios y los valores que afectaban al Ejército.

Y no era para menos. Entrevista tras entrevista, las mujeres uniformadas comenzaron a revelar detalles que dejaban en silencio a quienes tenían la tarea de reconstruir los hechos y recoger las pruebas. Cada testimonio parecía abrir una puerta hacia algo todavía más oscuro. Lo que al principio podía parecer un episodio aislado comenzaba a adquirir las dimensiones de un problema de grandes proporciones.

Mientras avanzaba la investigación, la sospecha tomaba forma: aquello no se trataba de unas pocas manzanas podridas, estaban comprometidos tanto el mando como uniformados de menor rango en temas de fiestas, licor, indisciplina y la grave acusación de un catálogo de militares.

Como los oficiales al mando no daban ejemplo, los suboficiales y soldados copiaron sus conductas de indisciplina y de acoso a sus compañeras. “Los soldados tenían relaciones amorosas con los cuadros, mantenían en fiestas con las soldados, como lo eran los sargentos viceprimero, sargento segundo y cabos terceros”, se lee en el documento.

“A la soldado la sacaban del alojamiento para que se viera con los cuadros y, los fines de semana, salía de permiso, sin boleta, por el hecho de estar con los cuadros. No las ponían a hacer nada y salían con los cuadros a discotecas y a hoteles donde uno los veía salir en carros”, relató una de las uniformadas. Otra entregó detalles de la relación extramatrimonial que al parecer tenía un destacado oficial, que terminó en escándalos permanentes dentro de la unidad militar con su esposa. “La situación originó discusiones y riñas públicas en las instalaciones del cantón Tenerife, las cuales comprometían los objetivos básicos de la actividad y la disciplina militar”, advierte la inspección realizada por el Ejército.

La suboficial reveló además cómo el capitán infiel se aprovechaba de su posición de poder (comandante de compañía) para obtener beneficios sexuales de las uniformadas: “Aprovechándose de que era el comandante, les cobraba permiso o en ocasiones las sacaba sin boleta de salida en donde hay fotos con soldados en moteles (sic)”.

Ese escándalo de supuesta infidelidad de un alto mando dentro del Tenerife empezó a pasar factura interna y el asunto salió de una oficina a volverse tema de conversación de los uniformados de esta unidad.

“Nos mandaron a llamar porque estaban peleando (el capitán y la esposa). Después ellos salieron de la habitación y mi capitán la tenía con morados en los brazos y un morado muy visible en la cara”, relató una mujer militar sobre el show que terminó dando el uniformado.

“El mencionado oficial mantenía relaciones sexuales con las soldados 12, 18 y suboficiales, aprovechándose de su posición de comandante, situación que llevó a una presunta violencia intrafamiliar con su esposa”, indica el informe.

La situación con el capitán, al parecer, era tan solo uno de los casos de los oficiales con mando implicados en presuntos casos de indisciplina. Otras mujeres militares denunciaron presuntos casos de acoso sexual por parte de dos coroneles con poder dentro del fuerte Tenerife.

“Dichas acciones han consistido en comentarios inadecuados, insinuaciones, amenazas, entre otros. Así mismo, tengo conocimiento de que otras compañeras han sido víctimas de situaciones similares, pero no han denunciado por temor a consecuencias negativas en sus carreras”, señala la denuncia.

En otro apartado del documento, y en relación al segundo coronel con poder en el cantón militar de Neiva, relata una cabo tercero: “Los cuadros mantenían saliendo con las mujeres soldados y terminaban en fiestas en lugares privados, todos con todos. Antes la soldado manejaba un catálogo de soldado, en donde la soldado era la que manejaba la plata; hoy ese catálogo ya no existe”. Mientras en el Tenerife andaban de parranda, los grupos criminales avanzaban sin contemplación en algunas de las regiones de la Quinta División, como en Tolima, Huila, donde los gobernadores para la época de los hechos, en 2024, pedían a gritos presencia de la fuerza pública para contener el avance de los alzados en armas.

Cifras de las agencias de seguridad del Estado reportaron que para 2024, los grupos criminales tenían más de 21.000 integrantes. Ese mismo año, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 022 de 2024 para Neiva, sede del Batallón Tenerife, y los municipios de Tello, Baraya y Colombia, en el nororiente del departamento del Huila, “debido a los riesgos que corren sus habitantes, tanto en cascos urbanos como en zonas rurales, a causa de la presencia e injerencia de facciones disidentes de las Farc, cuyo cabecilla principal es alias Calarcá, así como de grupos de delincuencia común”.

Los alcaldes de municipios como Garzón, Baraya y Hobo denunciaron mensajes intimidatorios por parte de grupos criminales como las disidencias de las Farc, de Calarcá. Hechos que se empezaron a sentir con mayor fuerza desde 2024, época del desorden en el Tenerife.

Ya para 2025, los avances criminales eran evidentes. La Defensoría del Pueblo reveló que en “La Plata, Huila, se presentó el cierre de establecimientos de comercio y la restricción de la movilidad de habitantes de las 24 veredas y el centro poblado, lo que podría haber configurado un evento de confinamiento de aproximadamente 16.000 personas, constituyendo una grave vulneración de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario (DIH)”, mientras en Tenerife estaban de rumba. En el departamento del Tolima, la situación de seguridad no fue menos grave. La gobernadora, Adriana Matiz, alertó en repetidas ocasiones la presencia de las disidencias de las Farc de Calarcá. Incluso en las pasadas elecciones se reportó la carnetización de la población por parte de los criminales.

La mandataria denunció cómo en algunas regiones los grupos criminales, ante la ausencia de la fuerza pública, suplantaban al Estado imponiendo reglas y formas sociales de convivencia, como si fueran la única autoridad. SEMANA consultó con el Ejército sobre la situación del Batallón Militar Tenerife, e indicaron que se adoptaron las actuaciones administrativas correspondientes, entre ellas retiros de personal y acciones disciplinarias, las cuales fueron analizadas y aplicadas por las autoridades competentes, conforme a la normatividad vigente, con observancia del debido proceso y la reserva legal. “Actualmente se está desarrollando una averiguación disciplinaria que fue aperturada por estos hechos”, señalaron desde la institución militar.

Las administraciones municipales no tienen certeza de dónde están los ciudadanos que se mantienen perdidos, pues cada vez son menos las probabilidades de que los cadáveres estén atrapados en los edificios o las viviendas que colapsaron ese lunes. Sin embargo, hay alarma porque los números se mantienen altos.

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, explicó a SEMANA que, con base en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, las víctimas no localizadas fueron vistas por última vez en Antioquia (1), Risaralda (112), Valle del Cauca (36), Cauca (1) y Chocó (1). Ese número inquieta: 152 personas de las que no se sabe nada desde el momento en que se presentó la tragedia.

Las autoridades tienen varias hipótesis para explicar la situación. Fuentes oficiales describieron que varios ciudadanos que estaban perdidos fueron ubicados en estaciones de Policía, centros carcelarios, albergues y hospitales. Además, otro número importante ya habría sido localizado con vida, pero las familias no han formalizado el hallazgo. Es decir, es probable que se esté frente a un registro que no es real de la situación.

La búsqueda de los desaparecidos ha sido intensa desde el primer día. De los 588 reportes conocidos por Medicina Legal, 110 corresponden a personas que perdieron la vida y 326 más que fueron rescatadas en condiciones óptimas.

Así ha sido la titánica labor de las autoridades, según el director de Medicina Legal: “Nos asignaron llevar el registro de los desaparecidos porque existían muchas listas. Lo que hicimos fue unificarlos todos en una lista y tener solo una línea para hablar de desaparecidos. ¿Qué se hace con los desaparecidos? Cuerpo que va llegando a Medicina Legal, de los que van sacando de los escombros, se va determinando dentro de la lista que apareció fallecido y también estamos recibiendo la información de los que aparecen vivos”.

Precisamente, el alto volumen de información ha generado problemas en la estadística. Un funcionario de la Alcaldía de Pereira, que prefirió no ser citado, contó que en el momento de la emergencia se registraron cientos de desaparecidos en sitios web autorizados y sus familiares no volvieron a entregar detalles sobre el paradero: “Aquí hemos encontrado a personas en las cárceles, también hay gente que no tiene líneas de comunicación con sus familiares para decirles que están vivos, que están bien, y eso podría inflar un poco la cifra”.

El primer hallazgo de las autoridades es que los 152 casos de desapariciones que se mantienen activos no están relacionados con los cuerpos sin vida. Hasta el 28 de agosto, esa institución ha recibido 331 cadáveres y todos han sido identificados y distribuidos de la siguiente manera por departamentos: Antioquia (1), Caldas (5), Cauca (1), Chocó (12), Quindío (3), Risaralda (10) y Valle del Cauca (199). Todas las víctimas han sido entregadas a sus familias.

En solidaridad con los dolientes, el presidente Abelardo De La Espriella convocó a los colombianos a participar de una oración por Colombia en la noche de este viernes, 28 de agosto, en Bogotá y en diferentes rincones del país: “Un espacio de recogimiento, unidad y fe para acompañar a quienes han sufrido pérdidas fatales y reafirmar el compromiso de la nación con la reconstrucción y asistencia integral de las zonas afectadas”, describió la Casa de Nariño en un comunicado público.

¿Qué viene?

El esfuerzo del Ejecutivo, las Fuerzas Militares y los organismos de socorro está puesto en la reconstrucción del país.

Las cifras son devastadoras: 187.852 viviendas averiadas, 33.395 viviendas destruidas, 6.383 edificios averiados y 655 edificios colapsados. Pero eso no es todo, también afectaciones en 388 centros de salud, 3.925 centros educativos, 4.366 centros comunitarios, 472 vías, cinco aeropuertos, 125 acueductos, 77 puentes vehiculares y nueve puentes peatonales.

Este viernes, el primer mandatario anunció desde Cali la política de “bonos de vida”, que contemplan inicialmente 1.050.000 pesos mensuales por familia durante tres meses, prorrogables por tres meses más: “El primer desembolso será de 3.150.000 pesos por familia y los recursos llegarán directamente a los beneficiarios, sin intermediarios”, describió la administración local.

De igual manera, esa estrategia incluye la entrega de kits de materiales de construcción para viviendas que, pese a presentar afectaciones, continúan siendo habitables; además, se ofrece acompañamiento técnico para las reparaciones y esquemas de autoconstrucción asistida.

Pero mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos en reconstruir las zonas afectadas y atender a las miles de familias que perdieron sus viviendas, para 152 hogares la emergencia todavía no termina. Sus familiares continúan sin una respuesta sobre el paradero de sus seres queridos, en medio de unas cifras que las propias autoridades reconocen que podrían cambiar a medida que se depuren los registros.

A. El tamaño del daño

En Cali se reportan 107 edificaciones con colapso total o parcial y cerca de 1.000 predios adicionales bajo evaluación. El alcalde Alejandro Eder explicó que “por lo menos el 30 por ciento” de esos predios tendrá que ser derribado, entre 300 y 400 edificaciones. La red educativa también sufrió un golpe severo: de 338 sedes escolares, 260 registraron daños y 18 quedaron inhabitables.

Hospitales como el Universitario del Valle y varias estaciones de bomberos también resultaron afectados. Lo más inquietante es que varios edificios colapsados eran relativamente nuevos. “Me llama la atención la cantidad de edificios relativamente nuevos que se cayeron”, afirmó Eder, quien pidió una investigación técnica con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Universidad del Valle.

B. Cuánto costará

El alcalde estimó que la estabilización y reconstrucción de Cali costará cerca de 10 billones de pesos. A escala nacional, el panorama es mayor: BTG Pactual calcula que la factura total del sismo –que también golpeó a Pereira y Manizales– arranca en 20 billones de pesos (1 por ciento del PIB) y podría llegar a 40 billones, como en el terremoto del Eje Cafetero de 1999 (2,2 por ciento del PIB). Para financiar la emergencia, De La Espriella declaró una emergencia económica que crea el Fondo Milagro, e insiste en que no subirá impuestos. Un vocero del Gobierno explicó que “el límite temporal obliga a priorizar” entre atención inmediata y reconstrucción de largo plazo. El presidente anunció además que, con el sector privado, ya se gestionaron más de dos billones de pesos adicionales.

C. ¿Por dónde se empieza?

Cali activó un Puesto de Mando Unificado para la Reconstrucción (PMUR), que coordina los frentes técnico, social y logístico. El proceso arranca con inspecciones que clasifican cada predio como habitable, de uso restringido o para demolición. Eder radicó ante el Concejo dos proyectos para modificar el presupuesto distrital y crear alivios tributarios para los afectados. Las prioridades, dijo, se definen “por riesgo y por la urgencia de restablecer condiciones de habitabilidad”. Barrios como La Flora, Chiminangos y buena parte de la Comuna 19 concentran las mayores afectaciones y serán los primeros focos de intervención. El diagnóstico inicial tomará entre dos y tres meses; la recuperación total podría extenderse unos tres años.

D. El drama de los que se quedaron sin casa

Más de 10.000 familias han sido censadas como damnificadas en Cali, y cerca de 8.000 ya perdieron formalmente su vivienda. Miles permanecen en albergues, carpas o donde algún vecino les abre la puerta. John Edwin vivía con su hija de 7 años, autista, en La Buitrera cuando las paredes empezaron a caer: “Eso fue muy duro, porque nos cogió en una pieza de la casa”. Olga Castro, madre de cinco hijos, resume la resignación de muchos: “Por lo menos salimos con vida”. En sectores como Torres de Tequendama, familias siguen sin poder recuperar sus pertenencias porque el acceso a los edificios es peligroso. Las autoridades reconocen que la ayuda humanitaria ha ido disminuyendo justo cuando muchas familias siguen sin respuesta sobre su futuro habitacional.

E. Alcaldía y Gobierno Nacional

Eder le pidió a De La Espriella facultades presupuestales ágiles, liberar 350.000 millones de pesos en estampillas y que la deuda de 2 billones de pesos de Emcali se reinvierta en Cali. También pidió congelar los arriendos en zonas afectadas para evitar abusos. El presidente ha centrado sus anuncios en salud –4.386 millones de pesos para oncología del HUV– y en movilizar al empresariado. De La Espriella, con apenas tres días de gobierno cuando ocurrió el sismo, generó controversia al llamar a la tragedia “una prueba dura de Dios” que llegó justo al inicio de su mandato.

Entre los hechos más llamativos del contrato figura una presunta actuación irregular en medio de las fiestas de fin de año, el 31 de diciembre de 2024. En ese momento se presentó un documento para habilitar a la empresa Vertol Systems Company Inc., que se quedó con el negocio.

Se trataba de una “autocertificación”, realizada por uno de los miembros de la empresa americana para darle vía libre al millonario contrato, aunque el estudio previo ya había rechazado ese documento.

Esta es una de las conclusiones del escrito de acusación de 73 páginas, conocido por SEMANA, en contra del exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez, el ex secretario general Hugo Alejandro Mora, el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio Herbert Arnulfo Buitrago y el excomandante de la Brigada de Aviación n.º 32 del Ejército Nacional coronel Julián Ferney Rincón, quienes fueron llamados a juicio esta semana.

Aunque los acusados hasta el momento han advertido que irán a juicio, SEMANA conoció que en voz baja y bajo reserva uno de ellos podría prender el ventilador para buscar beneficios judiciales y podrían salpicar a funcionarios y particulares de alto nivel.

Esta colaboración se sumaría a la de Diego Alejandro Manrique, quien se desempeñaba como asesor del sector Defensa adscrito al despacho del viceministerio y fue designado como integrante del Comité Estructurador y Evaluador Económico. Manrique se acogió a un principio de oportunidad y entregó de forma voluntaria su celular para la extracción de las conversaciones de WhatsApp que delataron la coordinación de lo ocurrido.

El expediente, documentado por la Fiscalía y la Contraloría, tiene como principal acusado al viceministro Suárez, a quien señalan como “el eje de articulación y determinación de un plan criminal estructurado, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025”, cuyo propósito, presuntamente, era direccionar de manera ilícita el contrato de mantenimiento de los MI-17.

“Acordaron el propósito criminal con el doctor Luis Edmundo Suárez Soto, quien al carecer de competencia funcional, que le permitiera ordenar el gasto, tramitar y celebrar contratos, se valió de su jerarquía dentro del ministerio con ocasión a su cargo de viceministro para la Estrategia y Planeación, y procedió en el mes de septiembre de 2024 a ordenar verbalmente que el futuro proceso contractual para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 se debía tramitar bajo la modalidad de selección directa reservada con la empresa Vertol System Company Inc.”, señala la acusación.

Según el documento, que tiene contra las cuerdas al exviceministro, Suárez no solo dio órdenes ilegales, sino que habría coordinado la etapa precontractual, convirtiéndose en el eje articulador del proceso; incluso al conocer que Vertol Systems no contaba con las acreditaciones técnicas, habría ordenado flexibilizar los requisitos.

Suárez habría señalado que “no se debía ser tan legalistas”, que había que “ser creativos”, “buscar soluciones”, “tener una mente abierta”, hasta el punto de que los calificó de ser “más papistas que el papa”.

Además, habría sido quien contactó al entonces director de la Aerocivil, Sergio París, para que rápidamente verificara las capacidades técnicas de una empresa llamada MI‑Series Personnel & Parts, aliada de Vertol Systemas para este multimillonario negocio. También habría recibido el informe de evaluación técnica del 31 de diciembre de 2024 en el que claramente se advertía que no cumplían los requisitos, pero horas después, con la jugadita de la “autocertificación”, dieron vía libre.

Además, al exviceministro Suárez lo señala la Fiscalía de ser quien presionó la modificación de la forma de pago para que fueran entregados los 16,2 millones de dólares por “anticipado, a pesar de que el contratista nunca acreditó fortaleza financiera y contravenía lo dispuesto en el Manual de Contratación y el Código de Comercio respecto a la imprevisibilidad”.

La síntesis de la acusación y de las irregularidades que se habrían cometido en el contrato son planteadas así por la Fiscalía: “Entre los meses de septiembre y octubre del año 2024, Carlos Martín Uribe, representante de la empresa MI-Series Personnel & Parts, en asocio con James Lester Montgomerie, lograron cohesionar a servidores públicos del Ministerio de Defensa con el fin de que se direccionara hacia la empresa Vertol System Company Inc. el proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17, por un valor aproximado de 32 millones de dólares”.

El contrato estaba, según la Fiscalía, claramente direccionado. Para eso, uno de los acusados, el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación del Ejército No. 32 de Apoyo y Sostenimiento de Aviación, en el ejercicio de funciones de gerente de Proyecto, habría insistido en por lo menos tres ocasiones para que presentara la cotización, pese a que había otros interesados.

“Esto ocurrió en al menos tres ocasiones a pesar de los incumplimientos de los plazos establecidos en las solicitudes realizadas, plazos que eran ampliados de manera oficiosa por el coronel Rincón (…) En esa fase de exploración, otras empresas presentaron cotización conforme a la necesidad antes planteada, pero solo fueron tenidas en cuenta para determinar con apariencia de legalidad que la propuesta de Vertol Systems Company era el ofrecimiento más favorable para la entidad”, se lee en el documento en poder de SEMANA.

Sobre Herbert Arnulfo Buitrago, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio, según la acusación, fungió como facilitador en el trámite de documentos y cotizaciones por orden del exviceministro Suárez.

El director de Contratación, Hugo Alejandro Mora, habría firmado la minuta contractual del 31 de diciembre de 2024, aun sabiendo que la empresa Vertol Systems no cumplía con los requisitos para el multimillonario contrato. El gerente del proyecto, coronel Julián Ferney Rincón, fue quien otorgó plazos excepcionales a la empresa y disminuyó la exigencia documental, para que pudiera participar y quedarse con el contrato.

En diálogo con SEMANA, el exviceministro Suárez negó la vinculación con el escándalo con un argumento central: “Yo no estuve en esa firma del contrato porque yo no participé en él, yo no firmé ese contrato”. Sin embargo, reconoció que en el proceso hubo dificultades, pero que todo pasó por el equipo técnico de la División de Asalto Aéreo del Ejército (DAVVA)

“Es el papel del Ejército, ni más ni menos. Primero, son los dueños de las aeronaves. Hay todo un batallón en la DAVVA para los MI-17. Por lo tanto, toda la capa de decisión técnica tiene que decidir si la empresa cumplió o no técnicamente”, señaló Suárez.

Se trata de un negocio multimillonario, necesario para poner a operar los helicópteros para el transporte de tropas, pero que las irregularidades hicieron naufragar y el país estuvo a punto de perder más de 16 millones de dólares.

Todo ocurrió cuando Iván Velásquez fungía como ministro de Defensa y hasta le costó la cabeza a su exsecretaria y mano derecha, Ana María Garzón, quien en una declaración rendida ante la Procuraduría señaló a su exjefe Velásquez, quien no ha sido vinculado al proceso por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El alcalde Federico Gutiérrez viajó el martes a ese país a sostener dos encuentros clave. El primero, con la agencia HCI para fortalecer la lucha contra la explotación sexual comercial. El segundo, programado con el FBI para el próximo lunes en Florida, a fin de entregar formalmente los elementos que probarían un entramado ilegal de alcance internacional.

La teoría que se expondrá es que, supuestamente, durante la administración de Daniel Quintero se habría usado el sistema financiero de Estados Unidos y Panamá para darle apariencia de legalidad a los recursos públicos del distrito con una serie de inversiones.

Todo se sostiene bajo la hipótesis de que tres círculos de poder habrían recibido coimas y sacado provecho de contrataciones públicas en Medellín, asuntos que investiga la Fiscalía General de la Nación. A su vez, que ese dinero habría sido llevado al extranjero.

Todo esto se demostraría con los estados financieros de empresas, transacciones bancarias y testimonios de aliados del supuesto clan que están dispuestos a delatarlos a cambio de beneficios judiciales en Colombia y en el exterior.

El plan de colaboración ya se activó. SEMANA conoció que hay dos personas, cercanas a Daniel Quintero y su familia, que manifestaron la intención de colaborar con las autoridades; están viviendo en Estados Unidos y ya recibieron asilo.

Tres círculos de poder

En el expediente que se le entregará al FBI el lunes, que previamente recibió un resumen en una primera reunión que hubo en Colombia, se demandará la aparente existencia de tres círculos de poder de la presunta corrupción que hubo en Medellín.

El primero, de acuerdo con los documentos, sería integrado por Daniel Quintero y su hermano Miguel. En específico, se hace alusión al entramado ilegal que este último habría liderado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano. Allí se hace alusión a que el pariente del entonces mandatario coordinaba procesos de contratación y exigía coimas.

Por esta razón, la Fiscalía le imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. De probarse, el primero purgaría una condena de cinco años y el segundo, como máximo, 22 años.

En el segundo bloque, según la teoría de los denunciantes, están Sebastián Ortega y su papá, William Ortega, un polémico excongresista del municipio de Bello, Antioquia. Más allá de la vida pública y los escándalos, son conocidos por construir su fortuna en el sector privado como constructores y empresarios de turismo.

William Ortega fue relacionado en un testimonio, revelado por SEMANA, en la supuesta negociación y compra de la gerencia de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cambio de 8 millones de dólares.

El tercer bloque lo lideraría Johny Armando Jaramillo, quien según el material que se le entregará al FBI es un reconocido empresario y se le acusó de tener el control del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) durante la administración de Daniel Quintero.

“Su oficina, ubicada en el sector de Laureles, ha sido mencionada por contratistas y empleados del Inder como un lugar donde se gestionaban aprobaciones para trabajar en la entidad”, comentó a SEMANA una de las fuentes enteradas de su proceso judicial.

Además de estos nombres, Federico Gutiérrez suministrará los datos de empresas que podrían estar involucradas en el posible entramado de corrupción. Entre ellas está una comercializadora internacional dedicada a la exploración, explotación, transformación y comercialización de metales preciosos, como oro, plata y platino, que tendría nexos con aliados de Quintero y cuyo patrimonio aumentó entre 2019 y 2020.

¿Qué sigue?

El propósito de la Alcaldía de Medellín es que la justicia norteamericana pueda revisar con lupa el material probatorio y, en caso de comprobar los hechos, que solicite la extradición de los protagonistas.

El coronel (r) Jorge Mora, exjefe de Interpol para Colombia y exjefe del área anticorrupción de la Policía, explicó que el caso puede ser tratado en Estados Unidos como posible conspiración para el lavado de dinero.

“Hay algo que se debe tener claro. Para ese país, un solo dólar que haya sido utilizado a través de sistemas bancarios estadounidenses, producto de actividades ilícitas o delitos en otro país, da para la apertura de un proceso penal”, explicó el oficial en retiro.

Antes de viajar a Estados Unidos, Federico Gutiérrez declaró en sus redes sociales: “Voy a entregar información de los responsables de la corrupción de Medellín, de esa anterior alcaldía, que se robaron a Medellín, entre el 2020 y el 2023, y cómo habrían llevado gran parte de esos recursos hasta Miami. Tendrán que responder, al parecer, no solo ante la justicia colombiana, sino también ante los Estados Unidos”.

Quintero, luego de enterarse del viaje de Gutiérrez, manifestó en su cuenta de X: “¿Cuántas veces va a viajar el alcalde de Medellín a la USA para, supuestamente, hablar mal de mí? ¿Quién los paga? ¿A qué viaja realmente? ¿Ya les contó que el único proceso penal que tenía fue anulado y que ahora es él el que puede terminar en la cárcel?”. SEMANA lo contactó para que diera su postura sobre los señalamientos en su contra y al cierre de esta edición no había respondido.

¿En qué van los procesos?

La Alcaldía de Medellín se fijó el objetivo de hacer una auditoría forense y esta ya ha dado frutos. Hasta ahora, hay 55 imputados por delitos como peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, entre otros.

Además, hay una condena, tres capturados, se han aplicado 23 extinciones del derecho de dominio y declarado siete inhabilidades y destituciones por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital de Medellín.

La lista podría aumentar el próximo lunes en la audiencia que se hará contra Vanesa Álvarez, Álvaro Alfonso Villada, Miguel Quintero y Sebastián Ortega, todos enredados en el supuesto nido de corrupción que tuvo lugar en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Además de imputar cargos, hay probabilidades de que la Fiscalía solicite una medida de aseguramiento en contra de los involucrados por temor a que afecten el curso de las investigaciones. En este caso en particular, algunos testigos han denunciado amenazas y están protegidos por la justicia colombiana.

De acuerdo con información conocida por SEMANA, el cerco y la búsqueda no solo se dan por tierra y aire, sino también por el mar Caribe, por donde el forajido se estaría moviendo con un anillo muy cerrado de su seguridad. Una fuente de inteligencia militar le contó a esta revista algunos detalles que se han dado en medio de esta titánica labor para ubicar a uno de los cabecillas más importantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“A este bandido lo tenemos con seguimientos porque conocemos las zonas por donde se mueve en Magdalena, Cesar y hasta La Guajira. La información que hemos recibido es que por medio de lanchas rápidas se mueve y logra salir del espacio colombiano; por eso estamos cerrándole el cerco todos los días”, aseguró el oficial.

Hay un grupo que busca poder frenar sus desplazamientos por tierra, mientras que hay otros que monitorean cada uno de los movimientos por el mar. Las lanchas rápidas serían claves para que este criminal pueda salir de Colombia. La ayuda de Estados Unidos es vital porque le permite a la inteligencia nacional escuchar cada uno de los mensajes en clave que entregan los integrantes de este grupo.

“El apoyo de Estados Unidos en medio de esta operación es decisivo porque cuentan con tecnología de punta que nos permite intervenir sus comunicaciones, aunque ellos digan que utilizan aparatos que hacen que no sean interceptados”, explicó.

Con estas ayudas técnicas es que los investigadores buscan ir un paso más allá de alias Bendito Menor para poder ubicarlo. Pretenden escuchar y descifrar sus comunicaciones cueste lo que cueste. Sin embargo, las redes de apoyo humano son bastante amplias en los territorios con las mismas comunidades que, por medio de claves, anuncian la presencia de los comandos especiales de la Policía y las Fuerzas Militares.

“Las redes de apoyo en las comunidades han sido uno de los retos mayores de esta operación porque cuando movemos las tropas, la misma comunidad les cuenta a los objetivos, entonces se mueven una vez los tenemos ubicados. Es por eso que hemos decidido realizar esos ataques aéreos. Actualmente, la orden es capturar y, si se resiste, darle de baja a este sujeto y a los que lo cuidan”, sostuvo la fuente.

Pedro David Tobías, experto en temas políticos y de conflicto, explicó que la organización tiene una particularidad frente a otras estructuras armadas: sus integrantes mantienen profundos vínculos familiares y sociales con habitantes de las zonas donde realizan sus actividades al margen de la ley.

“Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra son las únicas autodefensas de Colombia que tienen origen local. Son los nietos, hijos y sobrinos de personas que todavía viven en el sector. Por eso, cuando son bombardeados o atacados, las comunidades suelen reaccionar con protestas y movilizaciones para defenderse o bloquear las vías”, explicó Tobías.

Norma Vera Salazar, investigadora en temas de conflicto y defensora de derechos humanos, aseguró que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra cuentan con una importante capacidad armada y control territorial justo en los tres departamentos donde se desarrolla el operativo.

“Tienen más de mil hombres en armas y presencia en La Guajira, Magdalena y parte del Cesar. No en vano la Alerta Temprana 055 reconoce el poder de esta organización criminal que maneja rutas del narcotráfico, extorsión, microtráfico, blanqueo de tierras y hasta el sistema de gota a gota”, afirmó.

De La Espriella le ordenó a Migración Colombia que, en coordinación con la Policía Nacional, se identifique a los migrantes ilegales: primero a los que están cometiendo delitos y luego a quienes no tienen regularizada su situación.

“Tendrán que ser deportados. Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana. No voy a aceptar inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van o los deportamos. Es una decisión política y administrativa, y yo la asumo”, agregó.

El anuncio ya ha dado los primeros resultados. Este viernes, Migración Colombia informó de la expulsión de cinco ciudadanos extranjeros en Bucaramanga que contaban con antecedentes, tras un operativo que se llevó a cabo en la capital santandereana junto con la Policía Nacional.

Cuatro de ellos fueron expulsados con el argumento de que representaban un riesgo para la seguridad nacional y tenían antecedentes de comparendos como porte de armas cortopunzantes, riñas, irrespeto a las autoridades y consumo de estupefacientes en lugares no habilitados.

Un quinto ciudadano extranjero fue retornado a su país tras haber cumplido una condena por el delito de extorsión agravada. Fue detectado por las autoridades migratorias cuando estaba realizando un trámite.

“Estamos cumpliendo las instrucciones del presidente de la República y trabajando como un solo cuerpo con las diferentes autoridades para recuperar la seguridad en el país. Estos operativos se realizan en coordinación con la Policía Nacional, forman parte de nuestras labores rutinarias de control y verificación y tienen como propósito adelantar acciones de seguridad dentro del marco de las competencias de la autoridad migratoria”, afirmó el director general de Migración Colombia, el coronel (r) José Luis Castañeda Tiria.

Según el director de la entidad, Migración Colombia continuará fortaleciendo los controles fronterizos a fin de cumplir la orden del presidente para contribuir a la seguridad y el orden en el territorio nacional.

Aunque en las comunicaciones no se aclara el origen de los detenidos, SEMANA conoció que los cinco deportados eran de origen venezolano.

De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, el flujo migratorio irregular en el país es de 1.162.115 personas entre 2023 y 2026, de las cuales 858.649 son venezolanas. Le siguen 85.710 de Ecuador, 77.561 de Haití, 45.094 de China, 11.087 de India, 7.978 de Vietnam y 7.559 de Afganistán.

Los mayores lugares de ingreso han sido la frontera con Venezuela (638.807), con Ecuador (491.292), con Panamá (25.998), por los aeropuertos (5.006), con Brasil (882), en puestos de control marítimo (68), la frontera con Perú (59) y el puerto de Barranquilla (3).

La situación migratoria irregular se incrementó en extremo en el país, pues entre 2012 y 2022 solo se registraron 391.744 personas que llegaron ilegalmente, según las mismas cifras de la entidad.

En el caso de los mayores de edad, 700.469 son hombres (60,28 por ciento), mientras que 461.646 son mujeres (39,72 por ciento).

El mayor año en el que ingresaron venezolanos fue 2023, cuando se registró la entrada de 539.959 migrantes ilegales, seguido de 2024, en el que ingresaron 400.612 personas. En 2025, 156.722, y en 2026 van 64.822.

En el caso de Santander, entre 2023 y 2026 llegaron 1.273 personas, de las cuales 1.263 son venezolanas. En Norte de Santander se registran 4.846, de las cuales 4.822 son de origen venezolano. Y en La Guajira se cuentan 1.004, 989 de ese mismo país.

Igualmente, hay estructuras que han sembrado el terror transnacional, como el Tren de Aragua. En las últimas horas, De La Espriella informó la captura, con el apoyo de autoridades estadounidenses y peruanas, de Luis Saúl Pérez, alias Nairobi, un cabecilla de ese grupo criminal. Se hallaba en la localidad de Fontibón en Bogotá. Según informó el mayor general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía Nacional, Nairobi coordinaba desde Colombia operaciones de narcotráfico y sicariato en el país, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile.

El anuncio del presidente De La Espriella provocó un candente debate por la migración irregular, especialmente en los ciudadanos procedentes del vecino país. Aun cuando se han presentado casos de criminalidad, muchos migrantes irregulares han salido huyendo del régimen del chavismo en búsqueda de oportunidades.

A juicio de Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, aunque se debe combatir la criminalidad, puede haber un riesgo al mezclar la migración irregular con quienes cometen delitos. “Frente a esos, claro que hay que aplicar el Código Penal y la acción punitiva del Estado para dar con ellos, juzgarlos y condenarlos. Eso hay que hacerlo”, aseguró Acero.

Agregó que se debería tener en cuenta el contexto de los colombianos que han tenido que salir del país y que muchas veces terminan estigmatizados por unos pocos que cometen delitos.

“La mayoría de migrantes son personas buenas, trabajadoras, algunas con buen estudio, que lo que buscan es una oportunidad en otro país, de trabajo, de estabilidad económica, de bienestar, de seguridad; eso no es un delito. Pero no se puede negar que todos los procesos migratorios llevan una minoría que son delincuentes”, reconoció. Dijo que detrás de estos fenómenos hay estructuras criminales que se lucran de negocios como la trata de personas.

El senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, respaldó la medida. “Las cifras no dejan mucho espacio a la duda: hay 6.318 extranjeros presos en Colombia, el 91,7 por ciento venezolanos, y los delitos que más se repiten son hurto (2.083 casos), narcotráfico (1.591) y homicidio (947), según el Inpec”.

Rodríguez agregó que solo en 2026, basado en datos de Migración Colombia, fueron capturadas más de 3.250 personas en controles migratorios por documentos falsos u órdenes judiciales pendientes y otras 850 fueron detenidas por fraude documental y suplantación de identidad. “No hablamos solo de hurtos menores: el Tren de Aragua tiene en Colombia casos judiciales con condena por desmembramientos, torturas y masacres, con cabecillas sentenciados a hasta 47 años de prisión”, dijo.

Por su parte, María Gabriela Trompetero, investigadora venezolana sobre migración, aseguró que le preocupa que el Gobierno relacione la migración irregular con temas de inseguridad. Lo que debería hacerse, sostiene, es precisamente regular a los migrantes para tener mayor control sobre ellos y que la justicia actúe en el caso de quienes cometan delitos.

“No todas las personas en su conjunto deben ser tratadas como criminales, ya que esto desencadena mayores discursos xenofóbicos y crea mucha zozobra entre la comunidad migrante”, aseguró Trompetero.

Según mencionó, tras el anuncio de De La Espriella, muchos venezolanos han expresado su preocupación, pues no han podido regular su situación en el país, no porque no quieran, sino porque no han encontrado una vía, luego de que el Gobierno de Gustavo Petro no extendiera el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que implementó Iván Duque. “Es la razón por la que tenemos en Colombia más de 500.000 personas en situación irregular”, afirmó.

La investigadora agregó que un factor importante que debería tener en cuenta el Gobierno es que la frontera entre Colombia y Venezuela es muy porosa y difícil de controlar, por lo que muchos de esos migrantes irregulares que están siendo deportados podrían regresar al país.

GUSTAVO BOLÍVAR: Tiene la experiencia de quienes estuvimos en el Gobierno; el presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda han dicho que se va a estar moviendo. Me invitaron y acepté porque es una figura importante y le hace muy bien a la democracia. Hay unos ministros espejo que están haciendo control social a los otros ministros. Y están proponiendo. Por ejemplo, si el Gobierno está proponiendo una reforma tributaria, nuestro ministro puede opinar sobre si le gusta o no. Es una propuesta alternativa. Es más decente eso que estar diciendo cosas horribles todo el tiempo por las redes. Es una figura que ha funcionado bien en otros países.

SEMANA: El problema es que, digan lo que digan, el Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien tiene los recursos y el poder de las decisiones, no los escuchará.

G.B.: No. En ningún lado paran bolas, pero la ciudadanía tiene unas alternativas y propuestas alternas.

SEMANA: Usted, por ejemplo, es el director del DPS en la sombra.

¿Quién es el presidente?

G.B.: Tenemos dos figuras que, por ahora, pareciera que son complementarias. No es que se disputen el mismo lugar. Ya hay consenso, por ejemplo, en que Gustavo Petro sea el presidente del partido Pacto Histórico. Pronto haremos la asamblea general en la que se proclamará esa presidencia. Y quien está haciendo las veces de jefe de la oposición es Iván Cepeda.

SEMANA: Reitero, ¿quién viene siendo el presidente en la sombra? ¿Iván Cepeda o Gustavo Petro?

G.B.: (Risas) Petro es Petro y Cepeda es Cepeda. Quien convocó al gabinete al comienzo fue Cepeda y el presidente aceptó la figura y entró a participar. Ya hicimos un par de reuniones y estamos mirando la metodología del trabajo: si hacemos ministros espejo o ministros por grupos (económico, social). Se está definiendo. Cada mes o cada dos semanas, dependiendo de los hechos, presentaremos un informe al país y plantearemos lo que nos gusta o no. Siempre proponiendo.

SEMANA: Usted no desampara a Gustavo Petro. ¿Es cierto que el expresidente vive en su apartamento en Bogotá?

G.B.: No tengo problema en decir que el presidente Gustavo Petro me pidió el favor de que le ayudara a conseguir una casa, y yo, como no tengo sino una en Bogotá, le cedí la mía por unos días mientras él se organiza. Del 7 de agosto a la fecha han pasado unos días, y él, creo, está pensando en si se queda a vivir en Colombia o si se va por tiempos a otro país. Está resolviendo su vida y le facilité el asunto.

SEMANA: ¿Vive con Petro?

G.B.: No (risas). Eso lo dijo Felipe Zuleta; dio a entender que éramos pareja porque dijo que Petro vivía con el que había dicho que lo amaba. No vivo con él. Cuando me avisaron que quería tener un espacio temporal para definir qué iba a hacer, le respondí que sí. Fue el 6 de agosto. Le entregué la casa y me fui a vivir a otro lado porque resido más en Estados Unidos que en Colombia.

SEMANA: Petro está mal por el amor y lo ha hecho público. ¿Lo aconseja?

G.B.: (Risas) Le tengo mucho respeto para tocar ese tema. Sé más de eso por las redes y por la prensa. Con él siempre hablo de política y ahora hemos tenido más tiempo de hablar. La preocupación mayor de Petro es que el Pacto Histórico se organice para reconquistar la presidencia en 2030. Nos estamos organizando para las regionales de 2027. Siento que quiere echarse al hombro esa campaña. Hay que jugar fuerte, mantener la alianza con el Partido Verde y algunos sectores liberales. Los 12.700.000 votos de las presidenciales no son nuestros. De nosotros son los 9.600.000 que sacó Cepeda en la primera vuelta. El resto fue de alianzas de otros sectores que se sumaron e indecisos. Si logramos que esos 12,6 millones se mantengan, podremos dar una sorpresa grande en alcaldías y gobernaciones.

SEMANA: ¿Lo ve como alcalde de Bogotá?

G.B.: Le preguntamos. No creo que quiera, pero tampoco respondió que no. No hay una certeza sobre eso. Incluso se le ha propuesto. Varias personas le han propuesto si compite por la alcaldía de Bogotá, pero él no ha respondido.

SEMANA: Usted es leal a Petro. Le entregó su casa para que viviera en Bogotá y él fue duro con usted cuando salió de Prosperidad Social.

G.B.: Tenemos claras la relación de amistad y la política, y él, en política, es bastante crudo. Tiene una visión muy grande y, cuando no le gusta algo, lo manifiesta. En lo personal, nunca dejamos de hablar.

SEMANA: ¿Usted aspirará a la alcaldía de Bogotá?

G.B.: No. Todavía estoy pagando mi campaña. Es muy doloroso sin ingresos y pagando cuotas gigantes a los bancos. Hasta que no organice nuevamente mis finanzas, no volveré a aspirar a la política.

SEMANA: ¿Cuánto quedó debiendo de la campaña a la alcaldía?

G.B.: 1.400 millones. He venido pagando cuotas mensuales durante dos años y todavía me falta un año. Muy duro. Le estoy pagando a la Cooperativa Confiar 20 millones de pesos mensuales y a Quiroga Medios, otros 10 millones mensuales. Son 30 millones y es un hueco muy grande, y uno sin ingresos. No me quedó el buen sabor. Y es que nosotros tenemos una manera de hacer política diferente. Muchos la critican y dicen que por eso perdemos, pero no recibimos plata de contratistas y demás. En esa oportunidad quise ingenuamente financiarme con un préstamo en una cooperativa, pero el Gobierno nos pagó como al año y medio, y los intereses a las tasas de hoy incrementaron muchísimo la deuda.

SEMANA: ¿Cómo ve la oposición del Pacto Histórico a Abelardo De La Espriella?

G.B.: Va a ser fácil. A nosotros, el presidente nos facilitará mucho el trabajo de oposición porque no tiene filtros y va haciendo lo que cree que se puede hacer, pero acá hay unas leyes. Uno no quiere que le vaya mal. Si le va mal, le va bien a la oposición, pero yo no tengo esa mezquindad de pensar así. Al país le tiene que ir bien. Colombia lo que va a descubrir es que no quedó en las condiciones en que ellos lo vociferan: que un país en quiebra, en llamas, destruido. La economía quedó sana; el déficit es casi el mismo que el que recibimos. No se pudo bajar porque el Congreso negó dos leyes de financiamiento que sumaban 28 billones (...) Obviamente, hubo escándalos como los hay en todos los gobiernos. No era conveniente que se presentaran en nuestra administración porque ofrecimos un cambio y ese lunar de la corrupción nos golpeó bastante. Pero no fue una política de Estado. El mismo Gustavo Petro llegó a mi casa con unos cuadros, un televisor y un sofá. Eso es todo lo que tiene el presidente hoy. Un tipo que sale pobre como entró. No tiene dinero y, como entró, salió. Yo recibí su trasteo. De la Casa de Nariño salió para mi vivienda. Lastimosamente, se equivocó con algunos nombramientos y hay gente que defrauda y eso pasó. No lo podemos negar.

SEMANA: Dice que Gustavo Petro llegó a su casa con unos cuadros, un televisor y un sofá, pero fue presidente cuatro años.

G.B.: Así es, lo digo sinceramente, llegó con eso, yo recibí el trasteo. Por lo que lo conozco tanto, no le gusta ni siquiera la plata. Él ni siquiera sabe manejar un carro, es una chiva, nunca ha conducido. Es desprendido totalmente de todo.

SEMANA: Pero no puede tener tarjetas de crédito porque está en la Lista Clinton.

G.B.: Si las tuviera, no las podría usar.

SEMANA: Le daré algunos nombres para que me hable de ellos. Armando Benedetti. Hoy, tras el Gobierno Petro, ¿qué opina de él?

G.B.: Hablé con Benedetti hace poco. Lo vi muy destrozado, está como pagando las consecuencias de haberse metido en la orilla contraria. Siento que está muy afectado, le esperan años muy crueles porque sigue en la Lista Ofac, con muchas cosas embargadas y procesos. Hoy debe estar arrepentido de haberse metido al petrismo. Aunque él ha sido leal con Petro, yo he sido crítico de él; el precio que ha pagado es muy alto. Eso le jode la vida a cualquiera; está muy preocupado.

SEMANA: Pero Petro también está en la Lista Clinton, y no se ve preocupado.

G.B.: Tal vez porque a Petro no le importa eso. No tiene ni un negocio. Ni un carro de perros calientes. Él va por la vida anticapitalista y no le importa, pero a un hombre como Armando Benedetti sí le tiene que importar. Es distinta la situación.

SEMANA: Roy Barreras.

G.B.: También hablé con él. Me dice que se suicidó políticamente porque, aunque se está construyendo un partido, hay un líder que es quien marca las pautas: Gustavo Petro. Y Roy, cuando hizo su consulta, menospreció un poco que el movimiento iba a atender más el guiño de Petro, que era no votar su consulta, que su guiño. Se equivocó. Lo reconoce. Terminó mal, pero es inteligente. Se reinventará.

La prioridad será evitar que las posibles irregularidades y malas prácticas terminen perjudicando a los verdaderos beneficiarios de los programas sociales. La instrucción que ha dado el presidente es revisar exhaustivamente todos los procesos, conservar lo que funciona y proteger tanto los recursos públicos como a los trabajadores que han actuado correctamente. Eso sí, quienes no hayan sido transparentes serán denunciados ante la justicia.

Uno de los puntos que más llama la atención está en el fondo adscrito al ministerio. Según las cifras conocidas durante la revisión, la nómina paralela del fondo habría llegado a los 21.600 millones de pesos, mientras que su director habría tenido una remuneración cercana a los 70 millones de pesos mensuales. Dicho fondo funcionó como caja menor de la cartera y salían recursos para gasto de funcionamiento.

La junta del fondo, conformada por 12 integrantes, se reduciría a cinco personas aproximadamente, bajo un esquema de gobierno corporativo que busca hacer eficiente su funcionamiento.

El diagnóstico es contundente: habría más personas dedicadas a administrar que a ejecutar los programas para los cuales fue creada la entidad.

El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, denunció que el Fonigualdad suscribió seis contratos por más de 82.090 millones de pesos a días de que terminara la administración de Petro. Eso se está revisando.

También se pondrá la lupa sobre cerca de 707 programas, de los cuales unos 90 estarían en ejecución. Después de la depuración, la cifra podría reducirse a 50, dependiendo de su viabilidad, ejecución, presupuesto y pertinencia.

Los programas que estén funcionando correctamente y sean necesarios para las comunidades serán respetados. Otros podrían ser trasladados a los ministerios del Interior, Agricultura y Educación.

Los recursos que no deban permanecer comprometidos serían devueltos al Ministerio de Hacienda con un objetivo: recuperar dinero público.

El proceso de liquidación también tendrá que resolver la situación de cerca de 500 trabajadores provisionales. De ellos, alrededor de 300 habrían manifestado encontrarse bajo alguna condición de estabilidad laboral reforzada. Por esta razón, se plantea establecer una ruta con las ARL que permita realizar revisiones masivas y determinar cuáles casos cumplen efectivamente con los requisitos legales.

También deberán respetarse los fueros sindicales y las situaciones de estabilidad laboral reforzada debidamente acreditadas. A esto se suma una avalancha de trámites jurídicos: habría cerca de 1.000 solicitudes entre derechos de petición, tutelas y requerimientos de revisión, buena parte relacionados con asuntos de nómina.

La liquidación deberá, además, enfrentar el riesgo de demandas derivadas de posibles desvinculaciones realizadas durante el Gobierno anterior sin el cumplimiento adecuado de los procedimientos.

Otro de los grandes retos será establecer con precisión qué ocurrió con los recursos. Los estados financieros presentan retrasos de entre tres y cuatro meses. Por eso, entre las primeras tareas estará poner la contabilidad al día y adelantar la revisoría fiscal, una auditoría interna y posteriormente forense que permita identificar eventuales irregularidades para establecer responsabilidades cuando haya lugar.

Se revisará cada programa teniendo en cuenta su presupuesto, vigencia, ejecución y resultados. La revisión podría incluso tocar intereses políticos. Se advierte que podrían aparecer personas vinculadas a sectores políticos o congresistas alrededor de algunos programas, por lo que la instrucción será revisar cada proceso sin excepciones y determinar, con evidencia, si existieron irregularidades.

También surgen cuestionamientos sobre la vigilancia ejercida durante el funcionamiento del ministerio y del fondo. Una de las preguntas será qué ocurrió con el control fiscal y por qué las situaciones que ahora son objeto de revisión no fueron advertidas o corregidas oportunamente. La Contraloría General no advirtió nada.

El proceso de transición también habría encontrado dificultades relacionadas con inventarios, dominios digitales, redes, accesos y otros activos institucionales, que ahora deberán ser identificados, recuperados y puestos nuevamente bajo control del Estado.

La fase deberá concluir con un plan de liquidación que permita establecer qué recibió el Gobierno, qué ocurrió con los recursos y qué responsabilidades podrían existir.

La expectativa es que, al terminar el primer semestre del proceso, se puedan entregar al país resultados concretos sobre recuperación de recursos, depuración de programas, situación laboral y el verdadero estado financiero y administrativo del ministerio y su fondo. La próxima semana se darán a conocer más avances de los hallazgos.

El representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, lidera la iniciativa. Ya logró la firma de 12 congresistas más de distintas bancadas y sectores, entre los que hay feministas y hasta miembros del Pacto Histórico.

Según explicó López, lo que se busca es prohibir la maternidad subrogada porque actualmente hay un vacío jurídico en el que ni siquiera existe una regulación. Durante varios años se han presentado decenas de proyectos para ponerle freno, pero ninguno ha salido adelante.

Recientemente, esta práctica ha tomado fuerza en Colombia por varios motivos, entre ellos, porque la guerra en Ucrania generó que ese mercado se desplazara a otros países y en Europa se ha ido prohibiendo en varios territorios.

Además, ese mercado se ha vuelto atractivo en el país por la asequibilidad económica, la falta de legislación y la realidad de muchas mujeres en entornos vulnerables. Aunque no hay cifras reales que evidencien este problema, López afirmó que encontraron que solo en 2025 hubo 8.000 impugnaciones en notarías, de las cuales muchas serían casos de maternidad subrogada por parte de extranjeros, pues es el único requisito para sacar a los bebés del país. Dijo que el negocio es tan boyante que han visto un intenso lobby en el Congreso para que no sea aprobado.

Un procedimiento le puede costar a quien lo contrata alrededor de 200 millones de pesos, mientras que la mujer que alquila su vientre podría estar ganando unos 30 millones de pesos.

El congresista aclaró que pretenden regularlo, porque esto podría dejar nuevos vacíos jurídicos.

Uno de los inconvenientes de estos contratos es que en varias ocasiones hay cláusulas que las llevan a perder la libertad sobre su cuerpo. Por ejemplo, conoció casos de mujeres que han tenido que abortar cuando algo sale mal en el procedimiento o quienes contrataron el servicio desisten.

Aunque conoce los casos en concreto, es difícil socializarlos, pues las mujeres no quieren hablar por estas mismas cláusulas y por el temor a ser demandadas. Sin embargo, algunos se han visibilizado.

Olivia Maurel y Jessica Kern reconocieron que nacieron a través de este proceso, pero hoy lo cuestionan. Además, López conoció el caso de una mujer que falleció en medio de uno de estos procedimientos. Otra tuvo problemas de salud posteriores al embarazo y no tuvo protección de la clínica o del sistema de salud. Y varias más han quedado con problemas psicológicos tras los procedimientos.

La iniciativa no desea penalizar ni estigmatizar a los menores ni a las mujeres, sino protegerlos. La sanción sería contra los intermediarios, especialmente las clínicas o espacios en los que se realicen estas prácticas. Esta va desde los 10 a los 16 años de prisión y multas de entre 500 y 1.500 salarios mínimos, es decir, entre 875.452.500 pesos y 2.626.357.500 pesos a la vigencia de este año. Aclaran que no permitirían que se haga de forma altruista porque muchos contratos ya se hacen de esta manera y eso se podría vulnerar.

La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, una de las que apoya la iniciativa, aseguró que no está de acuerdo con que sea regulada, sino que debe abolirse. Su enfoque es el de la defensa de las mujeres que alquilan su vientre, que estarían siendo vulneradas. “Es una práctica violatoria de los derechos humanos para las mujeres”, sostuvo.

Algunos centros médicos ofrecen paquetes para extranjeros. Una clínica privada que presta estos servicios, sobre la que se reserva el nombre, reconoce que el 40 por ciento de sus pacientes vienen de otros países, por lo que ofrecen la opción de “turismo médico”. Entre los atractivos hablan de “costos asequibles” manteniendo una alta calidad en el servicio. Solo la valoración con un especialista cuesta 430.000 pesos.

Natalia Rueda, abogada de la Universidad Externado que ha investigado este tema, consideró que “sería un gran avance prohibir la práctica a extranjeros”. Dijo que muchos países ya han dado ese paso, pues “se demostró una relación inescindible entre esta práctica y dinámicas de explotación y trata de seres humanos”.

Y agregó: “Esta discusión siempre se aborda desde la perspectiva de los adultos; sin embargo, ni el feto ni el neonato saben nada de contratos. En partos normales se recomienda hacer piel con piel con la madre porque el olor, el sabor, la voz y el latido de su corazón el bebé los reconoce y le permiten vivir de manera menos traumática el parto”.

Según manifestó, esa separación de la madre biológica podría ser traumática para el bebé y advirtió que ya hay estudios con evidencia sobre este tema.

Asimismo, aseguró que con esta práctica se registra la “herida primal”, que ha sido estudiada en niños adoptados. Tiene relación con el “rechazo y el abandono durante la gestación y el puerperio”, ya que las mujeres se disocian para convencerse de que no son madres, lo que produce estrés y provoca cambios hormonales que pueden causar trastornos de identidad.

Una de las organizaciones que ha estado al frente de la cruzada por “abolir” la práctica de los vientres de alquiler es la Declaración de Casablanca, en la cual se ha apoyado el proyecto de ley, y que se estableció a nivel mundial en 2023 con este propósito. Su objetivo es que los Estados en el mundo se comprometan a adoptar medidas contra esta práctica en todas sus formas, incluso cuando no es remunerada.

Su portavoz es Maurel, quien estuvo en el Congreso contando su experiencia. Según dijo, Colombia es uno de los destinos más comunes del mercado global para esta práctica, en la que considera que mujeres de escasos recursos son “explotadas”.

“No tenía ni idea de que la herida más profunda de mi vida se había decidido incluso antes de que naciera”, aseguró. Según Maurel, padeció las consecuencias de la separación de la madre que la concibió. En su caso, su padre fue quien donó el material biológico.

Aclaró que su oposición a esta práctica no está relacionada con que haya sido infeliz con la familia con la que creció aunque le dieron todas las oportunidades, pero ese amor no puede borrar la pérdida que siente. “Esas dos realidades pueden existir al mismo tiempo. Cuando era niña, no podía explicar lo que sentía. Sentía que algo faltaba”, sentenció.

Hay otras voces que consideran que el debate debe darse más allá de simplemente prohibirlo. Diana Montoya, quien se realizó un proceso de reproducción asistida para tener a su hija y ha creado un movimiento alrededor del tema, considera que, si bien se deben regular algunas prácticas, hay que tratar el tema con pinzas. Existe una realidad relacionada con temas de fertilidad, cambios en el modelo en la familia tradicional, enfermedades genéticas, entre otras, que deben ser tenidas en cuenta y que el tema sigue siendo tabú en el país.

“Sí hace falta un marco normativo claro en Colombia. Hay demasiados vacíos que generan incertidumbre y creo que hay que dar la conversación para proteger a los niños y niñas, a la mujer gestante y a quienes están asumiendo la responsabilidad paternal”, aseveró Montoya.

Sin embargo, dijo que la discusión no se puede quedar entre prohibir o permitir estas prácticas, porque es un “mundo de grises”. Considera que las mujeres deben tener autonomía sobre su cuerpo, pero con garantías para que esa decisión no esté determinada por una vulnerabilidad económica. Incluso, afirmó que conoce casos de subrogación de mujeres casadas con hijos. “Siento que en el proyecto de ley hay voces que no están”.

La maternidad subrogada ha sido una práctica tan conocida en los últimos años que varias personalidades han recurrido a esta alternativa. A nivel internacional, los casos más sonados son los de Paris Hilton y Kim Kardashian. En Colombia, uno de los más conocidos es el del futbolista James Rodríguez.

El joven de 26 años les contó a algunos de sus allegados que iba a ser el “lienzo” de un reconocido tatuador venezolano, con un palmarés impresionante que lo hace ser jurado y también expositor en las ferias de tatuajes más importantes de toda Colombia, incluso en la de pequeños municipios como Soatá, Boyacá; Ipiales, Nariño, y hasta Bosconia, Cesar.

Vestía una pantaloneta corta, una camiseta sencilla y unos tenis deportivos, el atuendo adecuado para tirarse durante horas en una camilla mientras el tatuador le imprimía tinta de múltiples colores a través de docenas de agujas en toda la pierna.

La escena se repitió el sábado 9 de mayo y también el domingo. Juan Felipe había decidido ir solo para que nadie tuviera que soportar de pie esas largas jornadas mientras le pintaban un mago barbado con colores blancos, negros, rojos, amarillos y magentas en la pierna. Muchos de sus amigos lo vieron ahí, acostado, mientras las máquinas sonaban y las agujas perforaban la piel. Luego de la última jornada, el Día de la Madre, Juan llegó a su casa y se encerró en su habitación. Era tarde. Se sentía cansado. Pero se le hacía normal. Sus allegados aseguran que esa sensación no era nueva en él, que había decidido en años anteriores tatuarse el cuello, uno de los brazos y gran parte del cuerpo.

Al día siguiente, su mamá, la fiscal Alexandra Vélez, fue a verlo a su cama y la respuesta de Juan Felipe fue que lo dejara descansar, que se sentía indispuesto. Seguro es por el tatuaje, le dijo, y ella se marchó. Horas más tarde, regresó a verlo y la condición en la que lo encontró la dejó inquieta.

“Por la noche lo toco y tiene fiebre; le digo: ‘Papi, vamos ya para urgencias que tenés fiebre’. Me dijo: ‘No, mamá, eso es normal, es un tatuaje muy invasivo, es toda la pierna’”, contó ella.

Su reacción fue hacer lo de todas las mamás. “Le bajé la fiebre con agüita, vinagre, lo envolví en una toalla y me dijo: ‘Mamá, déjame dormir que estoy muy cansado, muy cansado’”, recordó.

El martes, la mamá le volvió a preguntar y la respuesta de Juan Felipe la dejó descompuesta en su jornada laboral; tanto, que decidió salir antes de tiempo para regresar a casa y ver cómo seguía su muchacho.

Hacia las cuatro de la tarde, contó ella, regresó a la casa y él le dijo, una vez más: “Mamá, estoy como tan cansado, tan desalentado”.

Por eso, llamó a Manuela, su hija mayor, para que le ayudara a llevarlo al médico, pues la condición en la que veía a Juan Felipe ya le preocupaba. Comenzó a ayudarle a vestirse y, cuando le estaba poniendo una pantaloneta, él se cayó.

“No fue capaz de pararse, él se cayó; le dije: ‘No, Juan, no te parés; estás muy desalentado’”, narró ella.

Lo que siguió fue el comienzo de una verdadera pesadilla. “Él dijo que se iba a ir deslizando a través del suelo para bajar al primer piso, porque le daba miedo volverse a caer. Se fue arrastrado, y cuando empezó a bajar la primera escala, se desvaneció. Yo pensé: ‘Se desmayó’, pero jamás me imaginé que estaba muerto”, relató.

A los minutos llegó Manuela, la hermana, quien estudió Atención Prehospitalaria. Ella lo vio tan mal que llamó a una vecina que es enfermera, le pidió ayuda, llamaron al 123 para que les enviaran una ambulancia y cuando estaban esperando se percataron de lo peor. Juan Felipe no tenía signos vitales.

Le brindaron los primeros auxilios: le hicieron el masaje torácico, le dieron respiración boca a boca, intentaron estabilizarlo durante unos 15 minutos, contó Manuela. En vez de una ambulancia llegaron dos. Siguieron con el procedimiento y lograron trasladarlo aún con vida al centro médico más cercano, el Hospital General de Medellín.

Minutos después de que lo atendieran, salió un médico. “Me dio el diagnóstico más terrible: no hay nada que hacer, él tiene muerte cerebral, tiene una infección por una bacteria; mire cómo tiene la pierna, tiene ampollas, la tiene colorada, la infección ya le cogió la otra pierna; tiene falla renal aguda. Está anúrico, vamos a hacerle una tomografía, pero no responde a los estímulos neurológicos; su fallecimiento será en las próximas horas”, recordó la mamá.

El tiempo se le hizo eterno. Las preguntas iban y volvían sobre su cabeza. Su mundo, el de su muchacho, se desmoronó.

“Eso fue una pesadilla. Le hicieron todas las maniobras, pero él dejó de respirar al día siguiente (el miércoles 13 de mayo), a las 7:30 a. m. Me dijeron que fue una bacteria, un estafilococo, un aureus, que es la que más daño hace; cuando llega allá con ese cuadro, lo primero que hace el hospital es ponerle antibióticos, pero cuando le hacen el cultivo, ya no hay bacteria, porque se lo hacen después, cuando fallece. La causa de la muerte en la historia clínica es choque séptico por una estafilocoxemia”, dijo la mamá.

La bacteria le afectó el cerebro, los riñones y provocó una falla multisistémica que acabó con su vida.

Juan Felipe fue cremado. Y su familia emprendió una batalla jurídica para que se investigue. Intentó contactar al tatuador y fue imposible obtener una respuesta. Intentó de manera fallida contactar por medio de un derecho de petición a los organizadores de Expotatuaje, pero tampoco fue posible.

Así que Manuela envió un derecho de petición a la Alcaldía de Medellín con varias preguntas sobre el control del evento, pero las respuestas no resolvieron todas sus inquietudes.

Por ejemplo, al consultar sobre el concepto sanitario emitido para la realización del evento, la Alcaldía respondió que “la Secretaría de Salud no emite conceptos sanitarios previos para la realización de eventos. En el marco de sus competencias de Inspección, Vigilancia y Control –IVC–, hace visitas sanitarias durante los eventos, de manera aleatoria y sin previo aviso”.

Incluso, aseguró que así lo realizó el 8 de mayo, pero que esta visita solamente fue “con el fin de verificar las condiciones generales del montaje y efectuar la revisión exclusivamente de los puntos de venta de alimentos y bebidas instalados para su desarrollo”.

La familia de Juan Felipe cuestiona además que no haya una regulación clara para reglamentar el uso de agujas, que son consideradas dispositivos médicos, como lo admitió la misma Alcaldía en su respuesta.

Según la entidad, “es pertinente indicar que existe un vacío normativo en relación con la IVC de los establecimientos dedicados a tatuajes, puesto que, tanto la Ley 715 de 2001 como la Resolución 2263 de 2004, no son aplicables a estas actividades comerciales; únicamente les aplica la normativa de bioseguridad y de manejo de residuos. Las tintas no tienen reglamentación y las agujas son consideradas dispositivos médicos y deben tener registro sanitario del Invima”.

A razón de esto, han pedido a diferentes congresistas impulsar una ley más rigurosa para evitar casos como el de Juan Felipe, que está siendo investigado por presunto homicidio culposo, y el de Yenifer García Valencia, de 33 años, en Bogotá, después de que el 15 de agosto se aplicó anestesia para soportar un tatuaje.

Sin embargo, en el caso de Juan Felipe, la justicia aún debe determinar en qué momento se contaminó él con la bacteria que acabó con su vida.

Andrés Julián Rendón: Un cambio radical porque nosotros recibimos mucho látigo. Le cuento una cosa: nosotros solo tuvimos dos ocasiones para hablar directamente con el presidente saliente.

Y.L.: ¿Usted habló con Petro dos veces?

A.R.: Dos veces. Pero mire el cambio: llegó el presidente Abelardo De La Espriella y, la verdad, ya perdí la cuenta de las veces que hemos hablado en dos semanas de gobierno.

Y.L.: Retomando la pregunta inicial, ¿siente y califica ese cambio como un cambio radical?

A.R.: Radical y positivo para Antioquia y para todas las regiones; miren no más cómo el Gobierno nacional se ha encargado de la emergencia, haciendo presencia, enfrentando los problemas y llevando soluciones. Esperamos que todo se pueda superar y que el Gobierno nacional pueda cumplir las expectativas no solo a Antioquia, sino a muchas otras regiones del país.

Y.L.: ¿Cómo ha visto el actuar del presidente frente al terremoto del pasado 10 de agosto?

A.R.: Hay una cosa que yo destaco del presidente: es un hombre muy práctico, es un hombre contrario al anterior, que privilegiaba la ideología. El miércoles pasado nos invitó a un cafecito en su despacho al señor alcalde de Medellín (Federico Gutiérrez) y a mí para agradecernos por lo que habíamos hecho, pero nos dijo: “Hay que hacer más, ¿qué más me sugieren?”. Entonces nosotros le dijimos: “Presidente, hay que implementar el mecanismo de reconstrucción por impuestos, que es entregarles la reconstrucción a los privados”. Todo el mundo hoy evoca lo que aconteció hace cerca de 30 años en el Eje Cafetero.

Y.L.: ¿Y eso que usted le propuso al presidente, lo aceptó?

A.R.: Él no se pone a discutir las cosas que son sensatas, me parece muy bien; “mándenos a la persona que hace eso en Antioquia”. Le dije: “Ya lo tiene acá porque usted lo trajo y es el viceministro de Desarrollo Rural; pero si quiere, le mando otros que están en el equipo y deben estar en este momento allá en Bogotá trabajando y ayudando a construir esas capacidades”.

Y.L.: Es decir, ese modelo de reconstrucción por impuestos es el que podría ponerse en marcha para reconstruir las zonas afectadas del terremoto…

A.R.: No es fácil, porque fácil en estas circunstancias no hay cosa alguna, pero, por ejemplo, usted requiere hacer 1.000 apartamentos en Pereira, entonces un privado, un grupo de privados que puedan tener una obligación tributaria de ese orden, le dicen al Ministerio de Vivienda: “Nosotros hacemos esos apartamentos y lo hacemos desde el diseño estructural”, por supuesto con la verificación del Fondo Milagro del Ministerio de Vivienda, hasta la construcción, porque el éxito de Antioquia en el mecanismo de obras por impuestos ha sido que nosotros hemos hecho los diseños, la estructuración de los proyectos. A él le gustó; es decir, ya está en manos del Gobierno implementarlo.

Y.L.: Hablemos de la seguridad en el departamento y de lo que usted también le propuso al presidente Abelardo De La Espriella, y es esta operación que usted ha bautizado con el nombre de Operación Cazador Antioquia, para tratar de capturar o de dar de baja a los criminales más buscados del departamento. ¿De cuántos criminales estamos hablando?

A.R.: Nosotros le propusimos la operación OCA para definir 19 objetivos de alto valor, cabecillas de las Farc, del ELN, del Clan del Golfo y aún del Mesa, que aparece como un pequeño grupo delincuencial, cuando son bandidos que portan armamento de largo alcance, que en zonas como las del nordeste y norte de Antioquia tienen incluso la capacidad de aliarse con estructuras que se autodenominan insurgentes o guerrilleras. Entonces, le definimos muy bien al presidente Abelardo esos 19 objetivos de alto valor, como también le pedimos bombardeo a las estructuras de Calarcá. Hace 15 días celebramos que, por primera vez desde que yo estoy en el gobierno, se registró un ataque contra la estructura del 36 de las Farc en Antioquia. Uno tiene que celebrar eso porque ya hay contundencia, se nota una disposición diferente de encarar a ese criminal alias Calarcá, que asesinó a 13 policías cuando voló el helicóptero de propiedad del Gobierno americano en Amalfi. Hay que bombardear a Calarcá, contrarrestar esas estructuras del 18 y del 36, que son secuaces de las Farc. También le pedimos, presidente, un piloto de aspersión con glifosato, utilizando drones o con otros herbicidas a través de aviones. En 2013, este departamento tenía 900 hectáreas de coca; hoy hay más de 20.000.

Y.L.: Sobre el tema de la aspersión de los cultivos de coca, el presidente Abelardo De La Espriella ha dicho que hay una sustancia distinta al glifosato que se puede utilizar con drones para fumigar estos cultivos de coca sin que la sustancia ponga en peligro a los campesinos, a las personas que están en esas zonas y que tampoco signifique una amenaza para el medioambiente. ¿Usted le pediría al presidente que Antioquia sea el departamento piloto para aprobar ese herbicida?

A.R.: Lo hemos pedido al Gobierno anterior y se lo pedimos también al presidente Abelardo y estamos dispuestos a aportar recursos para que eso pueda tomar lugar, porque los bandidos crecieron muchísimo en Antioquia por cuenta del narcotráfico y la minería ilegal que les puede dejar a los criminales en el departamento más de 5.000 millones de dólares al año; eso es más grande que el valor de toda la cosecha cafetera en el país. Las Farc crecieron con Petro un 70 por ciento en Antioquia, el Clan del Golfo un 60 por ciento; entonces, si usted no empieza a estrangular las rentas criminales, estos grupos van a tener mucho aire para crecer.

Y.L.: Es decir, adiós a la paz total y adiós a cualquier escenario de negociación…

A.R.: La única forma de diálogo que debe existir con los grupos criminales, como lo dijo un expresidente, es en un despacho judicial. La paz no se logra contemporizando con los criminales; la paz se impone con seguridad, con justicia y también con oportunidades sociales. Hay que tener claro que la paz no se negocia, no se conquista arrodillando a todas las instituciones ante quien diga que tiene un proyecto muy bonito y que es un rebelde y que está por una causa social.

Y.L.: ¿Qué le dice usted hoy a Calarcá?

A.R.: Que se desmovilice o que espere toda la contundencia de un presidente que sí tiene la disposición de combatirlo, porque es que alias Calarcá le tenía la cola pisada a Petro, porque ¿cómo más explica usted que un bandido que había sido capturado en julio de 2024 por el Ejército, en este departamento, haya quedado en libertad de inmediato y saquen del Ejército al comandante de la Séptima División de entonces? Lo sacaron por haber hecho el operativo. Nunca se vio una disposición o una orden directa de enfrentar a este criminal.

Y.L.: Y cuando dice que Calarcá le tenía pisada la cola a Petro, ¿a qué se refiere?

A.R.: Pues es muy bueno que ustedes, que son tan acuciosos para investigar, lo estudien y ojalá lo revelen a la opinión pública, porque qué más puede pensar uno cuando un presidente no tocaba a Calarcá, a pesar del daño que hacía. Le cuento una cosa: en la Fiscalía hay muy buena información del porqué yo digo que Calarcá le tenía la cola pisada a Petro.

Y.L.: ¿Qué información hay?

A.R.: Yo sé que hay muy buena información porque sé que el día que lo capturaron se le recogió todo tipo de información que está en manos de las autoridades y que sé que es información muy importante. Deben revisar bien y con eso basta para que este criminal purgue no solo muchos años en la cárcel, sino para que entendamos por qué el Gobierno anterior no lo tocaba.

Y.L.: ¿En ese material hay información que podría comprometer gravemente al Gobierno de Gustavo Petro?

A.R.: Es lo que yo he podido conocer sin ninguna profundidad, pero lo que me han mencionado es que existen allí indicios de por qué nosotros hemos dicho que este bandido le tenía la cola pisada a Petro.

Y.L.: Bueno, hablemos de los recursos con los que cuentan los departamentos en el país. ¿Se acuerda del famoso referendo de autonomía fiscal? Al final no quedó en nada y ahora hay una nueva propuesta de diputados de todo el país que, a través de un acto legislativo, podrían acabar con el llamado sistema general de participaciones y crear un nuevo sistema general para que los departamentos tengan más autonomía fiscal. ¿Quiénes son estos diputados? ¿Cuándo radicarían este proyecto en el Congreso? ¿Y qué es lo que se busca?

A.R.: Esto es una causa que es tan antigua en Colombia como la república misma, porque nosotros nunca hemos dejado de discutir si autonomía o centralismo, y eso ha sido una discusión muy mediada por el temor a la segregación y a que Colombia se divida. Yo le he dicho al presidente Abelardo: “Presidente, usted genuinamente expresa un amor por las regiones, pero hay que revertir el legado de su paisano”. Y la descentralización, por supuesto, se construye despachando desde los distintos rincones del país, pero a eso hay que ponerle dientes, y aquí le hemos dicho nosotros cuál es una forma para ponerle dientes. Hemos acompañado una iniciativa de los diputados que definen como fuente de la autonomía regional la propiedad y la titularidad del impuesto de renta, y por el lado de gasto, hemos dicho que acabemos con el Sistema General de Participaciones que existe a nivel nacional. Los impuestos existen para equiparar las condiciones entre las personas o las regiones; la nación no ha sabido hacer eso.

Y.L.: ¿Y cuándo radican el proyecto de los diputados? ¿Es un acto legislativo?

A.R.: Ya pidieron permiso a la Registraduría para recoger firmas a los 400 diputados de Colombia. Ese proyecto de acto legislativo modifica cuatro artículos de la Constitución. Es un proyecto muy bonito, tiene un impacto fiscal que no supera el medio punto del PIB, pero las regiones ganan más de 30 billones de pesos para hacer mejor la tarea social, la tarea de equiparar las condiciones entre la gente y nivelar este territorio.

Y.L.: ¿Y cree que el Gobierno de Abelardo De La Espriella no objetará este proyecto en el Congreso por impacto fiscal? ¿Cree que tendría el respaldo del Gobierno?

A.R.: Yo me apego a lo que ha dicho el vicepresidente. Él ha dicho que la mejor forma de resolver el problema fiscal que heredamos es profundizando la descentralización y la autonomía.

Y.L.: Es decir, espera que sí, que lo apoyen...

A.R.: Espero que sí y porque le creo al presidente cuando dice que él es un hombre de las regiones y que quiere trabajar por las regiones, y eso, pues, cobra una acción inmediata hoy día, como es despachar desde distintas latitudes.

Y.L.: Al igual que los demás gobernadores y alcaldes, le resta a usted más o menos un año y medio de mandato al frente de Antioquia. ¿Siente que ha hecho todo lo que se propuso?

A.R.: La verdad, una de las cosas que a mí me queda como lección y creo que puede ser un buen referente para quienes me sucedan, aun para gobernantes de otras latitudes, es trabajar con lo que se tiene. Si yo me hubiese puesto a esperar a que se acabara el Gobierno de Petro, no hubiésemos podido finiquitar el túnel del Toyo, no hubiésemos podido tener a punto la licitación para la rehabilitación del ferrocarril, no hubiésemos destinado el impuesto vehicular para combatir el hambre y sacar de esa situación a más de 500.000 paisanos nuestros, no hubiésemos hecho muchas cosas que son una realidad. Quedan muchas cosas pendientes, pero haberse atrevido a hacerlo, sabiendo que no contamos con el Gobierno nacional, nos dejó un aprendizaje y es que nosotros somos capaces también de avanzar por cuenta propia cuando encontramos un Gobierno adverso. Ahora, el presidente Abelardo y su Gobierno, que tienen toda la buena disposición, seguramente nos van a ayudar a hacer más fácil el trámite de unos pendientes que tenemos.

Y.L.: Gobernador, ¿cuál ha sido ese momento más feliz para usted en este periodo? ¿Cuál ha sido ese momento que a usted más lo ha dejado satisfecho?

A.R.: De las cosas que más felicidad me ha reportado es ver cómo la destinación del impuesto vehicular para la lucha contra el hambre ha ganado, ha cumplido con el cometido. Soy economista de formación y a los economistas nos enseñan a no querer darle una destinación específica a un impuesto, pero yo también soy un hombre muy práctico. Cuando usted conecta el pago de un tributo con una causa específica, la gente paga oportunamente, paga de más, se pone al día; por eso es tan importante el mecanismo de obras por impuestos, porque el contribuyente visualiza hacia dónde va el fruto de su esfuerzo.

Y.L.: ¿Y la mayor frustración cuál es?

A.R.: A mí me frustran mucho los temas de la seguridad; esa es mi angustia.

Y.L.: Una fuente de inteligencia militar decía que el número de hombres en los grupos criminales en Colombia ha crecido y tienen más personas que cuando asumió Álvaro Uribe la primera presidencia, en 2002…

A.R.: Claro, y con un agravante: en ese entonces eran unos ejércitos irregulares, pero peleaban; hoy ya lo que hacen es utilizar la tecnología. Cuando les sirve mimetizarse en la población civil, lo hacen; si les sirve disfrazarse de miembros de la Junta de Acción Comunal, lo hacen; es muy difícil. Y desmantelaron la inteligencia, entonces lo más crítico hoy es la seguridad y, si el presidente Abelardo termina este mandato reconstruyendo el país y resolviendo lo de la seguridad, tenemos que darnos por bien servidos porque son las dos urgencias más grandes que tiene Colombia.

Y.L.: ¿Qué cree que va a pasar en Colombia en los próximos cuatro años?

A.R.: Soy muy malo para esas anticipaciones; le cuento lo que yo quisiera que pasara: quisiera que se reconstruyeran las regiones afectadas por el terremoto, recuperar la seguridad. En Colombia y en Antioquia, si usted le da seguridad a la gente, le da provisiones de bienes públicos básicos, la gente se va solita, no necesitan ni de empleo militante, no necesitan ni de transferencias, ni de tantas cosas que el Gobierno anterior se preocupó tanto en promulgar para crear adeptos. Lo que necesita es que la dejen trabajar, tener la tranquilidad y las condiciones mínimas para poder trabajar.

Y.L.: ¿A usted le gustaría ser presidente de Colombia?

A.R.: Cuando yo fui alcalde de Rionegro, lo fui después de intentarlo tres veces. Yo pienso que mucha gente, cuando está en una posición de servicio que le da Dios y la vida, no se ha posesionado en el cargo al que le dieron la oportunidad de servir y ya está pensando en el siguiente, y eso desvía el propósito, desconcentra a la gente para la labor que le encomendaron. Claro, ¿quién no quisiera servirle a Colombia desde cualquier latitud?, pero estoy muy concentrado en lo de ahora; además, como soy un antioqueño, el más montañero, de verdad a veces pienso que soy un antioqueño de esos, como dirían las mamás de la antigua, que creo que la máxima graduación de los políticos antioqueños para la mayoría, y yo quepo ahí, está en la gobernación. Entonces, si yo el día de mañana me muero, seré muy feliz, estaré muy agradecido con mis paisanos y con la vida.

Y.L.: Ese mensaje es para los antioqueños, pero a quienes lo leen desde otras regiones, ¿qué les dice?

A.R.: Voy a estar donde me necesiten y donde pueda servir. Pienso que la satisfacción más grande de un ser humano es ser útil, sentirse útil. Un jefe que yo quiero mucho me decía alguna vez: “La mejor política es hacer las cosas bien”. Quiero terminar aquí, terminar de hacerlo bien y, si eso me acredita para cualquier otra cosa, pues ya mi Dios proveerá; miraremos en qué podemos servir, dónde podemos ser útiles, pero sin ninguna fijación y sin desconcentrarnos en esta etapa final del gobierno.

Con esta elección se reorganizaron las cargas dentro de la sala plena que estuvo, en algún momento, liderada por un grupo de magistrados a favor de la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, el panorama será diferente, ya que los partidos de gobierno obtuvieron las mayorías en la pasada elección.

Los nueve magistrados tendrán varios retos por delante y discusiones que ya están pendientes. Además, recibirán una entidad desfinanciada tras los recortes que hizo el Gobierno de Gustavo Petro.

El nuevo CNE revisará cualquier posible anomalía en las cuentas de campaña de los candidatos presidenciales y analizará, por ejemplo, la escisión de la Alianza Verde y la posible creación de nuevos partidos políticos. El Gobierno de Abelardo De La Espriella ganó el pulso en esta elección.

“Hace cinco años me detectaron apnea porque me mantenía muy irritado y no dormía bien. Tenía hasta 56 apneas por minuto”, relató. En ocasiones debe levantarse y tomar agua. Como si fuera poco, su esposa también padece la patología. A los dos les tocó hacer de todo para que su EPS les entregara las máquinas en medio de la crisis del sector de la salud. “Juntos dormimos con los aparatos y eso mejoró la relación; ninguno molesta al otro”, contó.

SEMANA conoció que, aparte de la reposición por las presidenciales, el CNE no autorizó el pago por 582 millones de pesos al Partido Conservador, más de 133 millones al Partido Liberal, más de 49 millones al Partido Colombia Renaciente, más de 35 millones a Cambio Radical, 78 millones a Verde Oxígeno, más de 44 millones a la Alianza Verde y 16 millones al Nuevo Liberalismo, entre otros. Por reposición de gastos en la consulta presidencial de marzo pasado, solo autorizaron el pago a Claudia López. Todo lo demás quedó pendiente y lo definirán los nuevos magistrados.

1) El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, firmó una carta de seis mandatarios regionales productores de petróleo enviada al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en la que apoyó la continuidad de Ricardo Rodríguez Yee, nombre que respalda el Gobierno, en la Junta Directiva de Ecopetrol. 2) La Alianza Verde se declararía en independencia frente al Gobierno del Tigre en dos semanas, cuando se realice la asamblea general, pese a la oposición del ala petrista del partido. 3) Esta semana, la mayoría de los verdes en el Congreso votaron por Gersel Pérez, candidato de Cambio Radical, y no por el del Pacto Histórico, al CNE.

Fueron Florido y Olga L. Murcia quienes financiaron la campaña, incluso con préstamos y ahorros propios, y promovieron la lista en distintos países. Sin embargo, Vallejo nunca tramitó la renuncia y, según los demandantes, les aseguró que haría un “pacto de caballeros” para que Alejandro Murcia no se posesionara en caso de resultar elegido. Tras la victoria, no obstante, el congresista reclamó su credencial y hoy ocupa la curul. Ahora, quienes financiaron e impulsaron la campaña buscan sacarlo del Capitolio y quedarse con ese escaño.

También aparece la actual directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía, Madeleyne Pérez. Entre los que podrían convertirse en magistrados hay procuradores, exfiscales y exfuncionarios de la rama, entre otros. La Corte comenzará a escucharlos en entrevista en los próximos días para definir los cinco togados que se posesionarán en octubre.

Cinco representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación apoyaron una proposición para pedirle a la Fiscalía que le remitiera la investigación contra Álvaro Uribe por la masacre de El Aro, ocurrida en 1997, un salvavidas para el expresidente, llamado a indagatoria el próximo 4 de septiembre. Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra, Jorge Bastidas y Alejandro Toro no tuvieron ningún reparo en apoyar al uribismo en esa solicitud. Al final, el ente acusador rechazó la petición y dejó el asunto en manos de la Corte Constitucional.

Ambos se habían retirado de la institución en la controvertida administración de Alejandro Cheyne, y Diago regresó tras la destitución del rector. El proceso consideró a 15 candidatos, de los cuales siete fueron llamados a entrevista. La actual rectora, Ana Isabel Gómez, fue la primera mujer en llegar a esa posición y cierra su periodo tras haber liderado la universidad en su momento más crítico.

De entrada, ya se ordenó el retiro del esquema de Juliana Guerrero y del deportado youtuber Beto Coral. SEMANA conoció que vienen más decisiones. La idea de Blanco en la UNP es que cuenten con protección los que verdaderamente lo necesitan en un país donde hay tanta gente en riesgo.

No se trata de una cifra menor ni de un simple desfase contable. Según el informe, el anterior Gobierno habría subestimado

compromisos por 37 billones de pesos en deuda, 10 billones destinados al Fondo de Estabilización de los Combustibles, 7 billones para pensiones, 4,5 billones en salarios de funcionarios, 2 billones en el sector salud y 1 billón correspondiente a las universidades públicas.

La suma evidencia una práctica peligrosa: presentar un panorama fiscal artificialmente favorable mientras se trasladan las obligaciones al Gobierno siguiente. Así, el país recibe una economía debilitada, un presupuesto insuficiente y una serie de compromisos que no pueden aplazarse sin afectar servicios esenciales, acreedores, trabajadores y millones de ciudadanos.

La nueva administración enfrenta ahora una disyuntiva difícil. Para comenzar a corregir el desequilibrio, tendría que aplicar un recorte severo del gasto estatal, cercano a los 40 billones de pesos. Sin embargo, un ajuste de esa magnitud no puede improvisarse ni reducirse a anuncios aislados. Se necesita un plan integral para todo el cuatrienio, con prioridades claras, transparencia en las cuentas y decisiones que eliminen el despilfarro sin castigar a los sectores más vulnerables.

El problema no se resuelve únicamente aumentando impuestos o recurriendo a más endeudamiento. Colombia necesita recuperar la confianza, ordenar sus finanzas y revisar programas, contratos y estructuras burocráticas que crecieron sin una fuente sostenible de financiación. Cada peso debe dirigirse a atender necesidades reales, no a sostener el proyecto político de una administración que convirtió el gasto en propaganda.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno podría explorar dos caminos. El primero sería buscar asistencia económica de Estados Unidos a cambio de una cooperación más estrecha en seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El segundo consistiría en acudir al Fondo Monetario Internacional, una alternativa que implicaría someter las finanzas públicas a condiciones estrictas y recuperar la disciplina fiscal perdida.

Cualquiera de las dos opciones tendría costos políticos y económicos. Pero el costo de no hacer nada sería mayor. La deuda, el déficit y las obligaciones ocultas no desaparecen por negar su existencia. Tarde o temprano terminan afectando el empleo, la inversión, los servicios públicos y el bolsillo de los colombianos.

La llamada “paz total”, el crecimiento descontrolado del aparato estatal y la improvisación económica dejaron un país más vulnerable. La nueva administración no solo debe gobernar: debe limpiar las cuentas, revelar toda la verdad fiscal y desmontar una estructura de privilegios construida durante cuatro años.

Colombia necesita recuperar la responsabilidad, la austeridad y el sentido de Estado. La magnitud del problema exige menos ideología, menos espectáculo y más decisiones. El país no puede seguir pagando las consecuencias de una gestión que confundió gobernar con gastar y transformar con destruir.

Conviene distinguir conceptos que suelen confundirse. Una disciplina organiza un campo de conocimiento, y una profesión lleva ese saber al ejercicio especializado y social, mientras que la trayectoria incorpora aprendizajes derivados de responsabilidades y contextos distintos. La competencia aparece cuando una persona moviliza conocimientos, destrezas y experiencia para responder a una función concreta. El título acredita una formación, pero no agota lo que alguien sabe hacer.

Esta diferencia adquiere importancia cuando las transformaciones productivas aceleran la obsolescencia de habilidades. El Future of Jobs Report 2025, del Foro Económico Mundial, estima que 39 por ciento de las competencias centrales de los trabajadores se transformará o perderá vigencia hacia 2030 y, en la misma línea, el enfoque skills-first propone valorar las habilidades demostrables en lugar de utilizar el logro educativo como sustituto de aquello que un puesto exige. La Ocde y el Banco Mundial han destacado la adaptabilidad, el aprendizaje continuo y la transferencia de habilidades. Una persona conserva normalmente el mismo título durante toda su vida, mientras que sus capacidades pueden transformarse con la experiencia.

Ahora bien, reconocer esta evolución exige revisar los criterios de selección. No existe razón para presumir que un administrador de empresas será necesariamente más competente para dirigir una organización que un médico, un ingeniero o un abogado, porque esa idoneidad dependerá de las responsabilidades ejercidas, los resultados obtenidos y las capacidades desarrolladas frente al cargo. La profesión de origen aporta información relevante, pero no define por sí sola la aptitud actual.

En el empleo público, el ordenamiento colombiano avanza en esa dirección. La Ley 909 de 2004 establece para la gerencia pública la competencia profesional como criterio prevaleciente y remite al mérito, la capacidad y la experiencia, mientras que el Decreto 815 de 2018 la define a partir de conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes e incorpora para el nivel directivo visión estratégica, liderazgo y toma de decisiones. Ninguna pertenece de manera exclusiva a una disciplina.

Teniendo en cuenta lo anterior, el desafío para las organizaciones consiste en evitar el determinismo credencialista. Una lista cerrada de profesiones puede excluir talento que, desde otras trayectorias, ha desarrollado las capacidades requeridas. Un enfoque basado en competencias no reduce la exigencia ni convierte todos los títulos en equivalentes, sino que obliga a precisar qué demanda una función y a comprobar que quien aspira a ejercerla puede responder a esas exigencias.

Esto no desconoce las profesiones reguladas, en las cuales deben preservarse los requisitos legales de titulación, matrícula, licencia o habilitación. Sin embargo, fuera de esos ámbitos, distintas disciplinas pueden conducir al desarrollo de capacidades semejantes, y la selección debería atender la relación entre experiencia demostrada y funciones por cumplir.

En la misma línea de lo señalado, pasar de los títulos a las competencias no supone abandonar las credenciales académicas, sino ubicarlas dentro de una valoración más completa del talento. El título muestra el punto de partida formativo, la trayectoria evidencia el camino recorrido y las competencias permiten aproximarse mejor a lo que una persona está realmente en capacidad de hacer hoy.

Iván Duque los recibió con los brazos abiertos, igual que Joe Biden, pero Trump les dio un portazo y Petro les puso trabas por su complicidad con los matones socialistas.

Ahora el presidente De La Espriella coloca a miles de venezolanos en el disparadero sin necesidad, de pronto haciéndose eco de las voces que claman que Colombia era la Suiza latinoamericana, con urbes libres de todo delito, hasta que llegaron los “venecos”.

Yo misma he tenido que escuchar falacias como que los delincuentes colombianos hurtan sin violencia, que eso de matar para atracar solo lo vinieron a conocer tras el masivo arribo de los vecinos; hágame el favor.

De otra manera no se entiende el tono del discurso presidencial de “primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, como si en este país llegaran masas de migrantes distintos a los de Venezuela.

Y cuando anunció que Migración actuará contra los indocumentados para “proteger al ciudadano de a pie y devolverle a Colombia la seguridad y la tranquilidad con hechos contundentes”, es evidente que se refería a ellos.

Lógico que ordene operativos contra “los que tienen delitos”, aunque antes deben apresarlos y desarticular sus bandas, pero comete un error cuando amenaza con deportar de inmediato a “los que no tienen regularizada su situación (…) Se van, no los quiero”.

No hacía falta ser tan duro con los hermanos venezolanos, a los que iban dirigidas sus palabras. En la actualidad viven en Colombia algo más de 2.800.000, la mayoría producto del éxodo masivo de una década atrás. Los vimos caminar cientos de kilómetros a pie, con sus equipajes al hombro, sin apenas plata para subsistir en la amarga odisea, escapando de la represión y el hambre, y con destinos tan lejanos como Perú o Chile.

Nunca el mundo había conocido tamaña estampida de ciudadanos de una nación en paz, que había sido próspera hasta que la despiadada tiranía socialista la volvió paupérrima, invivible.

Que nadie se confunda: los venezolanos no emigraron a Colombia buscando un mejor porvenir por habitar un país pobre, sufrir una guerra o una hambruna por causas naturales. Tuvieron que dejar atrás su amada tierra y buscar otra nación donde pudieran alimentar a sus familias y no los persiguieran por pensar distinto.

Se fueron, ténganlo presente, porque un déspota, venerado por la izquierda colombiana y apoyado por Santos, implantó una dictadura cleptómana y criminal que saqueó las arcas del Estado hasta vaciarlas por completo.

Si la tiranía corrupta hasta los tuétanos no se hubiese atornillado en Miraflores, tengan por seguro que no habría en Colombia un solo venezolano rebuscándose el diario. Sería, más bien, todo lo contrario, como ocurrió durante decenios: millones de colombianos cruzando la frontera para conseguir trabajo y afincarse en la rica Venezuela.

Parece que olvidaron que en aquellas oleadas migratorias de colombianos se colaron miles de delincuentes, de guerrilleros. Y que hoy en día el ELN impone su terror en regiones venezolanas y controla, junto al Tren de Aragua y la GNB, la salvaje explotación ilegal del Arco Minero del Orinoco (estados Amazonas y Bolívar) que devasta la naturaleza.

Colombia, por tanto, no tiene autoridad moral para anunciar, con aire intimidante, deportaciones de “extranjeros” en situación irregular, a sabiendas de que se refieren a los venezolanos porque los pocos que arriban de otras nacionalidades suelen entrar con los papeles en regla, con contadas excepciones.

Y aunque muchos colombianos los acusen de ser los responsables de la violenta inseguridad urbana, el 60 por ciento de los compatriotas de María Corina Machado tienen un empleo formal y hacen todos sus aportes de ley. Si bien todavía un porcentaje significativo sigue en situación ilegal por lo costoso del pasaporte y el riesgo que supone sacarlo para los que apoyaron a Machado en los comicios de 2024, solo una ínfima porción pertenece a una banda criminal o roba y mata por su cuenta.

Según el Inpec, representan menos del 1 por ciento de la población carcelaria, aunque Maduro abrió las prisiones y nos envió a muchos de sus peligrosos delincuentes, incluido el sanguinario Tren de Aragua. También el chavismo permitió a las guerrillas usar a Venezuela de santuario, situación que no ha cambiado, puesto que los matones chavistas, con Delcy, Jorge y Diosdado a la cabeza, siguen en Miraflores.

En todo caso, con más de un millón de colombianos en Estados Unidos y otro millón en España, deberían ser comprensivos con los venezolanos en situación irregular y, más bien, ayudarlos a formalizarse. Y presionar a Marco Rubio para que acelere la transición y exista cooperación policial.

Mac Master correlaciona la revaluación del peso con la entrada masiva de dólares atraídos por las altas tasas de interés, lo que configura entre ambos una mezcla explosiva contra la competitividad del país. En efecto, la participación de fondos de capital foráneo, como tenedores de títulos de deuda TES, pasó de agosto de 2022 a junio de 2026 de 118 a 173 billones de pesos (un 45 por ciento más), entre los que sobresale el fondo Pimco, favorito de Petro y de Ávila, que tiene 42,4 billones.

El profesor Eduardo Sarmiento complementa lo dicho por el presidente de la Andi, al afirmar que “se tiene una economía en que la moneda se revalúa un 40 por ciento y la tasa de ahorro se reduce a la mitad con relación a la tendencia histórica”. Es decir, que la acumulación empresarial se perjudica y con ella la inversión, el crecimiento y el empleo. En síntesis, “el alza de la tasa de interés que revalúa la moneda” también “conduce al colapso”.

Sarmiento descree del modelo keynesiano que Petro y los suyos aplicaron, porque “aumenta el déficit fiscal”, el cual se amplifica con las altas tasas de referencia y de los TES que debilitan además la producción. La solución que, con razón, pide Mac Master, está en lo que Sarmiento identifica como “el modelo asiático” de China, Corea del Sur y similares, que, mediante la intervención de las autoridades económicas, eleva el ahorro al devaluar la moneda y al reducir las tasas de interés, y propicia un sistema que jerarquiza la oferta para equilibrarla con la demanda (El Espectador, 23/8/26).

El mejor ejemplo de la crisis es el sector cafetero, que, en las últimas décadas, ve una baja en sus ahorros y en su acumulación. Esto, pese a que, según Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, dizque gozaron de épocas de “vacas gordas”, por lo cual no justifica intervención alguna en los mercados, aunque el valor de la cosecha del grano de 2026 caiga un 35 por ciento respecto al de la de 2025.

Un mentís a la falsa idea de “bonanzas” cafeteras acumulativas lo da el cuadro que relaciona, entre 2000 y 2026, los precios internos que reciben los caficultores por carga del grano (10 arrobas) con el de los factores de producción básicos: jornal y sacos de fertilizante.

Se observa que, en un cultivo de café –que es de minifundio intensivo en mano de obra–, la remuneración equivalente al productor va en descenso. Una carga del grano equivalía a 13 jornales en 2010, cayó a nueve en el año de la pandemia y para 2026 se recupera solo a 11. Igual pasa con el fertilizante, que es el 20 por ciento de los costos de producción, del que ahora con una carga de café apenas se intercambian 25 sacos de 50 kilos, cuando en años previos fueron más de 30.

Como a las demás ramas de la producción, la aguda revaluación, casi crónica, incrementa las importaciones de café barato de orígenes diversos que hoy predominan en el mercado interno. De julio de 2025 a julio de 2026, las compras de tal producto extranjero fueron de 1,6 millones de sacos, lo que implica una penetración de dos terceras partes del consumo nacional total, y en los últimos cinco años ya alcanzan los ocho millones de sacos; más de media cosecha anual.

A esta cruda realidad económica, a los efectos climáticos por las altas temperaturas y al terremoto, que dañó más de 8.000 viviendas cafeteras en la zona del desastre –en municipios de importante producción como Belén de Umbría (Risaralda)–, se suma el grave malestar surgido por la versión de que se nombraría como asesor cafetero del Gobierno De La Espriella al exsenador Alejandro Corrales. Fue una figura creada hace 30 años para apoyar las decisiones económicas del sector gubernamental, el cual tiene cuatro ministros en el Comité Nacional de Cafeteros y también poder de veto.

El nombramiento de Corrales, de la manada abelardista en Risaralda, es igual al que hiciera Petro de la señora Jimena Velasco con claros fines politiqueros. Los antecedentes de abuso que dicho personaje hizo de las instituciones para campañas electorales, en especial en épocas de la gerencia de Roberto Vélez, ponen una gota de sal en la honda herida que padecen los 550.000 caficultores, lo que les amargaría la taza todavía más. .

Fuente: cálculos del autor con base en datos de César A. Echeverry.

Al conocer el nuevo presupuesto, de inmediato se habló de una gran contradicción entre lo prometido por De La Espriella en campaña y lo que refleja el nuevo plan financiero. Cuando el expresidente Gustavo Petro dejó un presupuesto de 575,6 billones de pesos para 2027, el entonces candidato Abelardo De La Espriella lo calificó de excesivo y aseguró que de ganar haría una fuerte reducción del gasto público. Por considerar que el cálculo presupuestario de Petro estaba desfinanciado, el Congreso de la República lo devolvió.

Ahora el turno es para el Gobierno De La Espriella, pero el presupuesto presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sorpresivamente es de 634,9 billones de pesos, 59,3 billones más que el presentado por Petro. Si se supone que el gasto público iba a ser menor en este Gobierno, ¿por qué entonces aparece ahora un presupuesto mayor? Y, lo más importante, ¿de dónde van a salir los recursos para financiarlo?

Ante la aparente contradicción, el ministro de Hacienda aseguró que la diferencia en el presupuesto obedece a que las cuentas presentadas por el Gobierno anterior no eran reales y se habían ocultado varias obligaciones. Haber “sincerado” las finanzas públicas, dice el minhacienda, implica que hay 60 billones de pesos en obligaciones más que se desconocían y que hay que pagar. La omisión más grande, según el Gobierno, tiene que ver con la deuda. El proyecto Petro presupuestaba 118 billones de pesos para atender el servicio de la deuda. Sin embargo, la actual administración estima que la cifra real es de 155,4 billones de pesos, es decir, 37,4 billones más que se omitieron y provienen del endeudamiento que acumuló el tren de vencimientos de corto plazo a tasas elevadas en el que se montó Petro y que deberán cubrirse en 2027.

Pero, a su vez, había un faltante de 6,5 billones de pesos, para el pago de pensiones, teniendo en cuenta que habrá 90.000 nuevos pensionados anuales a cargo de Colpensiones y que no se habían estimado. A la cuenta se suman 4,5 billones para el pago de funcionarios del Estado que no estaban contemplados. Desde la oposición se afirmó que este aumento en el pago de funcionarios significa que se está aumentando la burocracia estatal, lo que va en contravía de la promesa de recortar el Estado. Sin embargo, el ministro Gómez sostiene que la realidad es que el presupuesto anterior tenía mal calculada la planta de funcionarios, pues se contabilizaron 99.001 cargos cuando realmente son 107.927.

Como si fuera poco, el nuevo presupuesto incluye 9,6 billones de pesos para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que no se habían incluido, 2 billones para el sistema de salud y 700.000 millones correspondientes a giros a universidades públicas.

De esta forma, sacadas de debajo del tapete las obligaciones escondidas, el presupuesto se incrementa en un 10,3 por ciento.

¿Cómo se cumplirá ahora la promesa de recortar el gasto público y cubrir las obligaciones de Estado?

El Gobierno asegura que, de entrada, el nuevo presupuesto ya reduce en 17,5 billones de pesos los gastos del Estado. Lo primero que se anuncia es un recorte en las compras del Estado y la adquisición de bienes y servicios en un 13,8 por ciento, que se verá reflejado en una reducción de la contratación de servicios, suministros y otros costos administrativos, por el orden de 2,8 billones. Además, se habla de un recorte de 2,5 billones en inversión “no prioritaria”; sin embargo, al momento de escribir estas líneas no es claro qué tipo de inversión se reducirá y si esto significará menos obras, programas y proyectos públicos. Aun con ese ajuste, faltan 12 billones de pesos para cubrir el presupuesto.

Por eso, el Gobierno ha dicho que radicará una “ley de rescate fiscal”, con la que buscará reducir aún más el gasto y adoptar medidas para aumentar el ingreso. Aspira a cubrir con esta ley 40 billones de pesos del presupuesto. Además, anunció que deberá acudir a más deuda, aunque con el buen ambiente que existe con la nueva administración, se esperaría que se den con mejores condiciones que las absurdas adquiridas por el anterior mandato.

Pero, aunque el Gobierno no lo quiera decir, esta ley de rescate será una reforma tributaria.

Es imposible emprender la reconstrucción del país tras la tragedia y cubrir las obligaciones totales del Estado con la estructura de ingresos que existe hoy.

El ministro de Hacienda ha dicho que esta ley fiscal estará enfocada en “recortar el gasto y adelgazar el Estado”, y que tendrá el enfoque de no subir tarifas, sino simplificar el sistema, reducir los distintos tipos de impuestos y revisar las exenciones tributarias.

Enfrentarse al trámite de una reforma tributaria será además el verdadero primer gran pulso que tendrá que librar el Gobierno De La Espriella en el Congreso, y lo que ha pasado con las elecciones del contralor y de magistrados del Consejo Nacional Electoral muestra que, aunque se ha querido restablecer la relación entre el Centro Democrático y el gobierno, esta sigue muy resquebrajada. Una reforma tributaria será la gran prueba para lograr verdaderos consensos en el Legislativo. A nadie le gusta una tributaria, sin importar si quien la presenta es un gobierno de izquierda o de derecha. ¿Cómo logrará el Gobierno tramitarla en el Congreso?

De fondo hay una gran realidad: no hay dinero y la situación fiscal es mucho peor de lo que se creía. A veces parece que el presidente De La Espriella va a necesitar en verdad un milagro.

El embajador, que, entre otras, me tiene bloqueado en Twitter, ya lleva tres sablazos en el último año, dos en contra del Gobierno de Abelardo De La Espriella y uno en contra del presidente del gremio industrial, la Andi, Bruce Mac Master. Esta agresividad es nueva en Colombia, y ya entraremos a analizar los casos, pero no es nueva en el mundo o en la región, lo que muestra a un país que pasó del poder supuestamente blando de la nueva ruta de la seda –ellos la llaman la Iniciativa de la Franja y la Ruta– al poder duro del chantaje y de la presión propia de un imperio, que, no nos digamos mentiras, es lo que China ya es.

Algunos ejemplos de esta diplomacia del lobo guerrero muestran que no es un embajador proactivo o agresivo. Es una política creada en Beijing para mostrar poder y reacción. En Brasil está el caso más duro de este tipo de diplomacia agresiva, que ya es normal, la verdad, y no es sino ver lo que Gustavo Petro dijo en sus trinos o lo que el mismo Donald Trump dice en los suyos. Sin embargo, la diplomacia china tenía otra característica que en el mundo de las redes cambió de forma y de fondo.

En Brasil, un país en el que el embajador de China es más poderoso que el gobernador de São Paulo, un hijo del presidente Jair Bolsonaro, Eduardo, criticó en marzo de 2020 –pleno inicio del covid– a China. Dijo que China era una dictadura, ocultaba el origen del covid y lo comparó con Chernóbil. El embajador Yang Wanming contestó diciendo que Eduardo había contraído un “virus mental”, pidió una retractación y la embajada china retuiteó un mensaje de un brasileño que dijo que la familia Bolsonaro era “un veneno para Brasil”. El incidente diplomático creció hasta que el mismo presidente Bolsonaro bajó la temperatura del enfrentamiento. Sin embargo, el antecedente había quedado claro. Un año después, China ayudó, usando toda su influencia, a sacar al canciller Ernesto Araújo del cargo, pues era un obstáculo para el crecimiento de la influencia china en Brasil.

Lo mismo sucedió con el embajador Lu Shaye, quien en pleno covid acusó a Francia de dejar morir a sus ancianos en las residencias geriátricas y luego insultó al investigador francés Antoine Bondaz: primero de ser un “granuja” y un día después de ser un “trol ideológico” y una “hiena”. Lo más grave ocurrió dos años después, cuando Lu, en plena guerra de Ucrania, desconoció los países que habían nacido de la disolución de la Unión Soviética. La Cancillería china dijo que respetaban la soberanía de esos países, una retractación a medias, y nunca sancionó a Lu, quien se mantuvo en el cargo hasta 2024, lo que muestra que su diplomacia agresiva es parte de la política exterior china.

Nos tocó ahora a nosotros en Colombia aguantar esa diplomacia del lobo guerrero. Luego de los cuatro años de amor con Petro, y no es sino ver las declaraciones oficiales, ahora arrancan con dos trinos agresivos del embajador. Uno por la ayuda y el segundo por no ser convocados a una reunión de agradecimiento de la ayuda por el terremoto. Si le sumamos lo que pasó con Mac Master, quien por defender a los productores nacionales fue acusado de hacer un “show”, o los medios, de ser unos “estúpidos” por preguntar sobre la censura en Deep Seek, la inteligencia artificial china, tenemos que entender que hay un embajador protagonista de esa diplomacia que se va a enfrentar con el Gobierno y su cercanía a Estados Unidos.

El canciller Omar Bula tiene clara esa nueva disputa geoestratégica que enfrenta a los dos grandes poderes del mundo y cómo esa batalla se va a dar en América Latina. Ha escrito sobre eso y en especial ha sido muy duro con China en opiniones en redes sociales. Luego de ser nombrado canciller, moderó su discurso de manera clara y dijo que quería tener una “relación pragmática con respeto y beneficio mutuo”. Por eso sorprende la agresividad de Zhu y deja entrever una relación más confrontacional por parte de China cada vez que Colombia tome decisiones que ellos consideran incorrectas o que los perjudiquen.

Obviamente, la que más les interesa por su significado político y su efecto internacional es la posible y casi que segura salida de Colombia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, algo que se ve venir, pues hoy aporta poco en términos reales y sí genera tremendo malestar en el Gobierno de Estados Unidos, con quien De La Espriella está totalmente alineado.

Esto presenta una gran oportunidad: listo, USA, me salgo de la Franja, ¿y usted qué me da? La transaccionalidad de la actual administración americana abre esa puerta, que sería mejor si el presidente llega a Washington con una propuesta integral para el Escudo de las Américas, concertada con los otros países de la región, que no puedan rechazar.

Zhu dio el papayazo. ¿De La Espriella, Bula y Araújo lo van a aprovechar? Amanecerá y veremos.

Frente a semejante amenaza, necesitamos instituciones fuertes. Y pocas son tan importantes como la Fiscalía General de la Nación.

Por eso son tan graves las revelaciones de Lucy Laborde, la fiscal que tuvo en sus manos el proceso contra Nicolás Petro.

Laborde sostiene que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, intervino en reuniones en las que se discutió retirar el delito de lavado de activos y mantener solamente el enriquecimiento ilícito. La Fiscalía ha negado que existieran presiones y sostiene que se estudiaban alternativas jurídicas planteadas dentro del proceso.

Habrá que establecer exactamente qué ocurrió. Pero sería un grave error reducir el episodio a una disputa entre funcionarios.

Estamos hablando del proceso contra el hijo del entonces presidente de la República. Por eso, cualquier intervención directa de la Fiscal General en ese expediente exige absoluta transparencia. Cuando la justicia toca al círculo más cercano del poder, hasta la menor duda compromete la credibilidad de toda la institución.

Cuando Luz Adriana Camargo fue elegida, advertí que la Fiscalía debía estar a la altura de las investigaciones contra Gustavo Petro, su hijo, su campaña, Fecode, la USO, Sadi y el Pacto de La Picota. Abogué por una Fiscalía independiente y al servicio de la justicia. Esa advertencia cobra hoy plena vigencia.

No basta con ser imparcial. Hay que parecerlo.

Si una imputación es excesiva o un delito no puede probarse, debe corregirse. Es una garantía elemental del Estado de derecho y debe aplicarse a todos por igual.

Durante la administración de Camargo se produjeron demasiadas decisiones que alimentaron la desconfianza. Mario Burgos, quien había conducido la acusación contra Nicolás Petro, fue apartado del proceso. También fue relevada la fiscal que investigaba la responsabilidad de Laura Sarabia en el episodio del polígrafo y las interceptaciones ilegales. A esto se sumó la parsimonia con la que avanzaron los expedientes relacionados con la financiación de la campaña presidencial y el círculo más cercano del poder.

Las dudas alcanzan también las decisiones adoptadas al amparo de la paz total.

En Medellín, la Fiscalía suspendió órdenes de captura contra 23 integrantes de estructuras delincuenciales y luego tuvo que revocar 16. El episodio dejó al descubierto la ligereza con la que se concedieron beneficios sin verificar adecuadamente el historial judicial de los favorecidos.

Algo semejante ocurrió con alias Calarcá. Mientras gozaba de protección jurídica como representante de la paz total, investigaciones de la propia Fiscalía establecieron que habría continuado impartiendo órdenes criminales. Camargo tuvo que solicitarle a Petro que le retirara esa condición.

Y ahora aparece otro episodio que merece explicación. La exministra de Justicia Ángela María Buitrago denunció que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz intervino, sin competencia, en trámites de extradición. En el caso de alias H. H., Buitrago firmó la resolución que la concedía, pero desde esa oficina llegó un concepto contrario. Después de su salida, Petro suspendió la entrega por su participación en la paz total.

No es un asunto menor. Estamos hablando de personas requeridas internacionalmente por graves delitos y de una política de paz que terminó produciendo efectos concretos sobre capturas y extradiciones.

La Fiscalía no diseñó la paz total. Pero sí tiene la responsabilidad constitucional de perseguir el delito. No puede existir ambigüedad.

La salida de Gustavo Petro no cierra este capítulo. Camargo permanecerá en la Fiscalía hasta marzo de 2028 y coexistirá cerca de 20 meses con el Gobierno de Abelardo De la Espriella. Tendrá bajo su dirección los procesos sobre la administración que la postuló y, al mismo tiempo, la enorme facultad de investigar a los funcionarios del nuevo Gobierno.

El presidente De la Espriella ya entregó a los organismos de control El libro de la verdad, un documento que reúne más de 80 casos para su evaluación jurídica. En sus primeros 16 días también firmó más de 30 extradiciones. Son decisiones que anuncian el regreso de la autoridad y una política de cooperación internacional firme contra el crimen organizado. Esa determinación requiere una Fiscalía capaz de investigar, acusar y sostener sus actuaciones ante los jueces.

Camargo deberá decidir si recupera la confianza ciudadana y honra la autonomía de su cargo, o permite que su administración termine convertida en el último refugio institucional del petrismo. De ello dependerá su lugar en la historia.

Una democracia puede sobrevivir a una mala política pública. Lo que no puede normalizar es una justicia que mida de manera diferente a quienes están cerca del poder. Cuando la ley deja de inspirar respeto, el vacío lo ocupan los criminales.

Pacini era hermano del tatarabuelo del profesor Tozzi. Quisiera pedir públicamente a la Biblioteca Luis Ángel Arango o al área cultural del Banco de la República que publique una edición en español de la obra del profesor Tozzi. Se trata de un testimonio gráfico muy importante para la historia de Colombia. El profesor Tozzi, además de revelar fotografías inéditas de gran nitidez, realizó una pesquisa minuciosísima de las fotografías y de los personajes. Las notas de pie de página del libro son tan interesantes y prolijas como el texto y las imágenes.

Entre las fotografías notables está la tomada por Pacini el 6 de mayo de 1878 cuando se descubrió la estatua del general Santander en lo que hoy es en Bogotá el parque Santander. Es una imagen tomada desde un lugar elevado. Santander murió en 1840 en su casa, situada más o menos en el lugar donde hoy existe el edificio Avianca. El monumento es del artista italiano Pietro Costa.

En una edición del periódico bogotano El Pasatiempo de 1878 aparece un anuncio de Pacini: “En la gran galería fotográfica italiana de V. Pacini se hacen retratos, vistas, copias y grupos de todos tamaños: su precio es sumamente módico”.

Pacini iba y venía. El profesor Tozzi logró documentar que en Florencia tuvo un estudio fotográfico en 1870-1872; luego trabajó en Elba, después entre 1874 y 1875 en Cúcuta, en el Socorro estuvo entre 1875 y 1877, pasó a Bogotá en 1878 y estuvo uno o tres años, volvió a Florencia en 1882 y una vez más regresó a Bogotá hacia 1900.

La hija de Pacini, América Pacini, nació en el Socorro en 1876, aunque no existe la partida de bautismo en la iglesia, pese a que se conservan los libros eclesiásticos. Es posible que la hija haya sido bautizada en otro lugar.

El tesoro fotográfico de Vicente Pacini incluye la imagen del altar mayor de mármol rosado de la iglesia de San José en Cúcuta, antes del terremoto de 1875. El mármol fue donado por la colonia italiana de Cúcuta. Por los apellidos de los donantes se puede decir que Cúcuta era en esa época una ciudad colombo-italiana: Antommarchi, Spanocchia, Piombino, Berti, Fossi, Chiossone, Illaramendi y Murzi. Desde 1864 existía en Cúcuta un consulado italiano. Los italianos habían llegado a mediados del siglo a exportar el café que empezaba a cultivarse en Salazar de las Palmas, Gramalote, Lourdes y otros municipios vecinos a Cúcuta. El grano había sido traído de Venezuela, donde ya se cultivaba de tiempo atrás. El Norte de Santander fue la cuna del café en Colombia.

El altar mayor desapareció, junto con toda la iglesia, el 18 de mayo de 1875, cuando un terremoto destruyó a Cúcuta, que tenía unos 12.000 habitantes. Se conoce una lista de 421 fallecidos, publicada en el libro de Luis Febres Cordero. Vicente Pacini, que fotografió Cúcuta antes del terremoto, sobrevivió al movimiento telúrico y tomó fotos de la ciudad destruida.

Con la obra del profesor Tozzi se rinde un justo homenaje a los italianos que fueron pioneros de la fotografía en Colombia: Vicente Pacini; el muy conocido Quintilio Gavassa Mibelli (1861-1922), que se radicó en Bucaramanga y era hermano de mi tatarabuela Eugenia Gavassa Mibelli, que vivió en Cúcuta junto con mi tatarabuelo materno, Luigi Faccini; y Juan y Antonio Faccini, pioneros de la fotografía en Bogotá en el estudio Fratelli Faccini y hermanos de mi tatarabuelo ya mencionado.

Tommaso Tozzi, Vincenzio Pacini, Il potere rigenerativo della fotografia, Firenze, 2026.

Al cierre de esta edición se reportaron más de 360 personas muertas y cerca de 1.400 desaparecidas tras el paso del alud, que llegó a tener una altura de hasta nueve metros. El sitio afectado no solo es un importante cruce fronterizo y comercial entre ambos países, sino que también es conocido como un lugar turístico para escaladores y es sitio de la peregrinación anual al monte Kailash y el lago Manasarovar, sitios sagrados para hindúes, budistas, jainistas y practicantes de la religión Bön.

Las autoridades nepalíes buscan entre los escombros a 600 locales desaparecidos. En ese sentido, la Junta de Turismo del país publicó una cifra preliminar de 579 personas, incluidos 466 extranjeros. Entre ellos destacan 133 indios, 90 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos y 24 canadienses. Todo mientras los equipos de rescate avanzan en la búsqueda de sobrevivientes e identifican a las víctimas del desastre.

“Ante todo, se trata de una tragedia humana devastadora. Las comunidades de estas áreas han sufrido una enorme destrucción y pérdidas significativas. En este momento, nuestra principal preocupación son las personas desaparecidas, desplazadas y afectadas. Comparadas con otras inundaciones registradas este año, estas han sido mucho más devastadoras”, dijo a SEMANA Aakriti Dotel, coordinadora de la red nacional de Jóvenes Nepaleses por la Acción Climática (NYCA) y joven activista climática.

La comunidad ha quedado fuertemente golpeada por la tragedia, pero intenta ayudar en lo que más pueda. “Muchos están enfrentando ansiedad, trauma e incertidumbre. Circulan rumores sobre nuevas inundaciones y sobre lagos que podrían desbordarse en cualquier momento, lo que aumenta aún más el miedo. Al mismo tiempo, muchos jóvenes están colaborando activamente con el Ejército y los equipos de rescate en la búsqueda de víctimas y en las labores de apoyo a las comunidades”, asegura Dotel.

El origen del desastre

La tragedia no comenzó en el valle, sino en las alturas. Según la evaluación inicial de un grupo de geólogos y glaciólogos, un bloque de hielo de unos 600 metros de ancho se desprendió limpiamente de un glaciar el miércoles, cayendo desde una altura aproximada de 5.180 metros y descendiendo casi 1.220 metros verticales hasta el fondo del valle, arrastrando consigo una mezcla de hielo, roca y agua.

Este fenómeno, conocido como avalancha de hielo, fue inicialmente confundido con un sismo. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó primero un terremoto de magnitud 4,4 cerca de la frontera, pero luego corrigió su análisis: no hubo sismo, sino que la energía sísmica detectada correspondía al colapso mismo del glaciar y al posterior flujo de escombros, según datos de estaciones cercanas e imágenes satelitales.

Esa masa de hielo y roca cayó sobre la Lhende Khola, un afluente del río Bhote Koshi que confluye justo en el cruce fronterizo de Rasuwagadhi, y la represó momentáneamente. Cuando la presión rompió ese dique natural, liberó una crecida súbita río abajo. Investigadores del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de Montaña (ICIMOD) señalaron que las observaciones hidrológicas mostraron la velocidad y magnitud excepcionales de la ola, y en un punto del río Trishuli el nivel del agua subió hasta nueve metros en apenas media hora.

Lo que hizo tan destructiva a esa masa de agua no fue solo su volumen, sino su composición, ya que iba cargada de lodo, arena, grava y rocas del tamaño de carros, moviéndose como una sola masa que, según expertos, fue definida como “cemento líquido”, lo que explica por qué arrasó puentes, la subestación fronteriza, plantas hidroeléctricas y tramos enteros de carretera sin dar tiempo a huir a quienes estaban en medio del desastre.

A través de redes sociales se cuestionó si el Gobierno de Nepal o de China pudo haber hecho más por evacuar a la población en riesgo antes de que ocurriera la avalancha que sepultó cientos de vidas en cuestión de segundos. Pero la realidad es que el margen de respuesta fue muy poco, dijo Dotel a SEMANA.

“Fue un evento bastante inesperado. Incluso el propio Gobierno recibió la información con muy poca anticipación. Los sistemas de alerta temprana emitieron advertencias, pero en un margen de tiempo muy corto. La información comenzó a circular alrededor de las 9 de la mañana y el evento ocurrió cerca de las 9:15. Esa diferencia de tiempo fue insuficiente para que muchas personas pudieran evacuar o ponerse a salvo. Por eso, aunque existían mecanismos de alerta, no lograron evitar la pérdida de vidas ni la destrucción”, aseguró.

De igual manera, la ciudadana nepalí asegura que la situación es muy difícil para su país, ya que la tragedia ocurre en una época cercana a importantes festividades, por lo que muchas personas sienten preocupación e incertidumbre.

Además, dice que estos eventos se repiten año tras año, aunque no con tanto impacto, y que, aunque Nepal contribuye muy poco a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, enfrenta de manera recurrente algunas de las consecuencias más graves de la crisis climática. Expertos y activistas advierten que este tipo de eventos son más frecuentes debido al cambio climático.

Mientras equipos de rescate de Nepal y China continúan la búsqueda entre el lodo y los escombros, la cifra de muertos y desaparecidos sigue sin ser definitiva y podría aumentar en los próximos días. Las autoridades, por su parte, vigilan de cerca otros flancos en momentos en que la región permanece bajo alerta por el riesgo de una segunda oleada de inundación que podría provocar una nueva tragedia en el país.

El rabino Kaploun aprovechó para referirse a las duras declaraciones de Gustavo Petro quien se ha caracterizado por criticar al gobierno de Israel e incluso aseguró que tendrían que ver con los incendios que azotan al departamento del Tolima y otros sectores del país.

Por otro lado destacó la llegada del nuevo gobierno en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, contó detalles de sus reuniones con miembros del gabinete y elogió la reapertura de relaciones con el gobierno de Israel.

SEMANA: Supimos que tuvo una reunión con el canciller Omar Bula, ¿qué nos puede contar sobre ese encuentro?

Y.K.: Esa reunión fue muy positiva. Discutimos el hecho de que Colombia tiene ahora una oportunidad única en el mundo, mientras América Latina atraviesa su transformación, no solo para la región sino para que Colombia asuma un rol de liderazgo en la lucha contra el odio y en la defensa de la libertad religiosa.

Fue una reunión muy, muy positiva. Hablamos de que Estados Unidos está listo para asistir y ayudar de muchas maneras. De que respaldamos sus esfuerzos para combatir el antisemitismo y el odio en todos los frentes.

La gente tiene que entender que el antisemitismo es solo una parte del odio. Esto es lo que ocurre en Nigeria con cristianos siendo asesinados, o los uigures en China, u otros casos de odio, como mujeres violadas en Europa. Todo tipo de odio debe ser condenado. Y cuando se tiene un liderazgo que es selectivo a la hora de decidir qué condenar, eso es un liderazgo fallido.

Hablamos de emitir juntos una declaración, como efectivamente hicimos, que condena todo tipo de intolerancia, todo tipo de odio, y que permite a la gente tener libertad religiosa, algo de lo que Colombia tiene una rica tradición al promover la libertad religiosa.

SEMANA: Colombia ha vivido tensiones crecientes en torno a Israel y la comunidad judía. ¿Qué tan grave considera usted el antisemitismo en Colombia hoy?

Y.K.: Considero que el antisemitismo es un problema muy grave. Es un problema que simboliza algo más grande, donde la gente tiende a odiar a causa de sus propios problemas.

En países que tienen dificultades económicas, o países con líderes débiles que no están dispuestos a condenar la retórica antisemita.

Eso lleva a que la gente culpe a los judíos de un problema, y hay que enfrentarlo con dureza e inmediatez por parte de los funcionarios del gobierno. Y eso no había ocurrido en el pasado, y esa fue una de las razones del viaje.

SEMANA: ¿Cree usted que las declaraciones de Gustavo Petro han cruzado la línea hacia el antisemitismo?

Y.K.: Absolutamente. No solo las declaraciones, sino que creo que las acciones también han cruzado esa línea del antisemitismo.

Cuando uno hace declaraciones que, si alguien quisiera culpar a Israel de todos los problemas del mundo, que es básicamente lo que él estaba haciendo, es un acto terrible. Ese es un comportamiento inaceptable, no solo para los líderes, sino para cualquier ser humano.

SEMANA: ¿Cree usted que la retórica política contra Israel está teniendo consecuencias concretas para la seguridad de los judíos en Colombia?

Y.K.: Absolutamente. Si se observa la definición de la IHRA sobre qué es el antisemitismo, es culpar a personas, a una religión o a un país por los actos de un solo país.

Cualquiera puede criticar a Israel. Yo puedo criticar a Israel. Usted puede criticar a Israel. La diferencia que hace que una crítica sea antisemita es si uno solo va a criticar a Israel.

Yo no vi ninguna declaración del ministerio de relaciones exteriores, bajo el expresidente Petro, en la que condenara la muerte de 42.000 iraníes en dos días. O que condenara a China por lo que le están haciendo a los uigures.

Es muy importante que, si se va a hacer una crítica, se sea consistente en esa crítica. Es como si un profesor tiene un estudiante favorito al que le va a poner mejor nota, aunque otro haga el mismo trabajo; ahí hay un problema. Y eso no está permitido.

Lo mismo aplica aquí. Se puede criticar a Israel si esa crítica está justificada y no es selectiva, dirigida únicamente a Israel o a los judíos.

SEMANA: Tras el ataque del 7 de octubre, embajador, y la guerra en Gaza, ¿qué ha cambiado en la lucha global contra el antisemitismo?

Y.K.: Creo que se ve con qué rapidez pueden difundirse las mentiras a través de los influencers y de las redes, porque quienes tienen la capacidad de difundir información falsa lo están haciendo a un ritmo muy acelerado.

Por ejemplo, cuando el New York Times publicó la foto de un niño desnutrido y se demostró que era falsa, 50 millones de personas vieron esa foto, pero la disculpa solo tuvo 100.000 visualizaciones. Entonces, ¿qué significa eso para los 49 millones de personas que vieron algo totalmente falso y lo creyeron? Así que el problema es doble.

Primero, la gente necesita condenar el ataque del 7 de octubre. No hay justificación para entrar a un país y asesinar a 1.200 personas, masacrando mujeres y niños, entre ellos una prima mía, madre de dos niños pequeños y luego ver cómo la gente dice: parece que hay algún tipo de justificación. ¿A qué punto hemos llegado, a nivel mundial, en el que no podemos condenar atrocidades?

El hecho de que la gente quiera equiparar el invadir e iniciar una guerra, y luego culpar a Israel por responder para erradicar el terrorismo y el eje del mal, eso está mal en todos los niveles. Tiene que haber una base moral para enseñarle a la gente a no odiar, y para enseñarle a pensar mejor por sí misma, y a no dejarse influenciar por información falsa.

SEMANA: ¿Qué señales de alerta está viendo en América Latina respecto al aumento del antisemitismo?

Y.K.: Creo que las señales de alerta de los últimos cuatro años en Colombia fueron un liderazgo que impulsó una agenda para dividir, para ser divisivo, para menospreciar a la nación judía, para menospreciar a Israel, para menospreciar las contribuciones judías a Colombia.

Cuando lideras con odio, permites que se cultive un elemento donde la gente piensa que tiene razón al promover el odio, entonces, ¿hacia dónde creo que va América Latina? Estamos en un momento de transformación.

Vemos que, cada vez más, los latinoamericanos están votando por gobiernos que respetan la ley y el orden, promueven la libertad religiosa y no quieren odio y como resultado, se ve una transformación en la que países se están uniendo a la IHRA, defendiendo lo correcto.

El Ministerio del Interior ayer, el ministro Lara, fue muy, muy rápido en condenar las declaraciones del expresidente que culpaba a la comunidad judía de provocar los incendios forestales y de enterrar personas en el terremoto.

En el terremoto, Israel envió gente a rescatar personas; reconozcamos los hechos tal como son, digamos la verdad. La verdad puede sostenerse por sí sola.

Uno tiene derecho a decir algo si algo está mal, pero no tiene derecho a inventar mentiras, a hacer que un niño judío en Colombia, que camina a la escuela o a la sinagoga, tenga que tener seguridad.

SEMANA: Estamos en llamas ahora mismo en la zona del Tolima, en Colombia, y Gustavo Petro dice que quienes están provocando este incendio en las montañas son judíos y son de Israel. ¿Qué le respondería, y qué le diría al respecto?

Y.K.: Le diría que es un ignorante. No está dispuesto a mirar los hechos. Y, en general, culpar a alguien sin tener ninguna información, o sin información objetiva, es una vergüenza. Y creo que parte de ese odio flagrante que tiene hacia Israel y hacia el pueblo judío es parte de la razón por la que ya no es el líder del país.

La gente quiere un liderazgo que represente la unidad, que represente la dignidad, que represente el respeto hacia todos. Y eso se ve ahora en Colombia, se ve ahora en otros países de América Latina: la gente quiere tener la oportunidad de prosperar, de vivir vidas donde se respeten unos a otros y yo le diría que debería empezar a respetar a todo ser humano, y no buscar criticar a un grupo en particular.

SEMANA: ¿Cómo ha sido esta misión para usted y para los Estados Unidos en el combate del antisemitismo? y ¿Cuál es su meta en el muy corto plazo?

Y.K.: Creo que la misión ha quedado establecida con el ejemplo que dio el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, desde el primer día de su gobierno. Firmó una orden ejecutiva ordenando a todas las agencias gubernamentales trabajar juntas para combatir el antisemitismo.

En los campus universitarios, suspendió la financiación de becas o fondos de investigación a universidades que no frenaran el antisemitismo en su campus. El programa de visas: si vienes a Estados Unidos a sembrar odio, no obtienes una visa. El secretario Rubio lo ha dejado muy claro. El presidente lo ha dejado muy claro. Así que creo que lo que se ve desde el primer día es que la prioridad de este gobierno es que el odio y la intolerancia no tienen ningún lugar en la vida estadounidense.

Ese es el mismo mensaje, las mismas instrucciones que se me han dado en mi cargo, que es combatir el antisemitismo a nivel global para el presidente de Estados Unidos, la secretaría y el Congreso.

Estamos en un momento en que el odio está en aumento. La difusión de información falsa, de gente que busca odiar, está en aumento.

Pero si miramos el liderazgo del último año y medio de esta administración, del gobierno del presidente, vean los avances logrados con países que ahora trabajan con Israel en los Acuerdos de Abraham; vean que República Dominicana y Colombia han reafirmado que serán parte de los Acuerdos de la IHRA, que América Latina ahora está avanzando hacia una mejor sociedad.

Miren los avances logrados en Venezuela. Todo eso avanza para asegurar que la gente tenga mejores vidas. Y creo que ese es el objetivo en la lucha contra el antisemitismo. Creo que cuando un país trata a todos con dignidad, sus posibilidades de tener éxito como país son mucho, mucho mayores.

SEMANA: Y hablando de Venezuela, ¿qué piensa usted de esta nueva relación abierta entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez e Israel, después de que Maduro dijera muchas veces cosas muy, muy negativas contra el pueblo judío?

Y.K.: Yo soy un embajador estadounidense, así que hablo, ya saben, de Estados Unidos, no de otros países. Pero Estados Unidos se alegra mucho cuando países que no han tenido buenas relaciones trabajan juntos para tener mejores relaciones y hacer que la gente esté más segura y protegida. Y los países se benefician.

Venezuela se está beneficiando de su relación con Israel. Como se vio durante el terremoto que sufrió Venezuela, Israel envió ayuda y logró rescatar personas, incluido un bebé de tres años, un niño de tres años. Cada vida que se salva es algo, es una lección para el mundo: que se puede superar el odio y trabajar juntos para hacer que la gente esté más segura, mejor y tenga más éxito.

SEMANA: Embajador, ¿cuál es la principal diferencia entre la estrategia del gobierno de Trump y la de administraciones anteriores, como la de Joe Biden, en la lucha contra el antisemitismo?

Y.K.: Creo que es muy, muy marcada. Creo que es muy, muy claro que el presidente ha dejado claro que la intolerancia y el fanatismo no son aceptables en ningún lugar, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Y, como dije antes en esta entrevista, los líderes deben liderar.

La diferencia aquí es que el liderazgo que tenemos con nuestro presidente y nuestra secretaria de Estado consiste en dejarle claro al mundo que el terrorismo, ya sea de la izquierda, que es un problema serio, o de la derecha, que también es un problema, no se tolera.

El odio no se tolera. El presidente lo condena de inmediato. Y esa es la diferencia. No hay ambigüedad de que, ah, estamos esperando un pronunciamiento. No, ese pronunciamiento ya existe.

El pronunciamiento se hizo desde el primer día. Cuando estuve con el presidente durante sus viajes, durante la campaña, el presidente dejó muy claro que el terrorismo islámico, el eje del mal, va a ser enfrentado. El terrorismo de la izquierda va a ser enfrentado.

El antisemitismo no tiene ningún lugar en Estados Unidos. Cuando se tiene un liderazgo que dice eso, eso marca el tono y envía el mensaje al mundo, especialmente con el liderazgo fuerte que tenemos de nuestro presidente y nuestro secretario.

SEMANA: ¿Con qué otras personas va a tener reuniones aquí en Colombia? ¿Cuáles son sus expectativas en estas últimas horas de su visita aquí?

Y.K.: Me voy a reunir con más funcionarios del gobierno, con algunos rabinos de la comunidad, con otros embajadores que están trabajando en temas similares, y con el personal de nuestra embajada, para dejar claro que estamos trabajando para ayudar a Colombia donde podamos, y que en todo el mundo la gente debe entender que tomamos en serio nuestra relación con la región latinoamericana.

El hecho de que yo esté aquí como embajador trabajando para ayudar a frenar el odio en el mundo y proteger a los ciudadanos de Colombia a través de la asistencia de Estados Unidos, que estamos unidos, eso sirve sobre todo para reafirmar el mensaje. Eso es lo más importante. Se trata de decir que valoramos el hecho de que, cuando se hacen esfuerzos para combatir el odio, Estados Unidos apoyará a cualquier país que lo haga.

A propósito del estreno de Pa’ seguirte queriendo, la novela de RCN en la que González interpreta a Luisa Ortega, SEMANA conversó con la actriz, quien hoy mira su vida desde un lugar menos relacionado con las grandes cifras de una carrera y más cercano a aquello que permanece cuando las cámaras se apagan: la gratitud, los afectos, la tranquilidad y la posibilidad de sentirse en casa.

Una fecha que todavía recuerda

González se fue de Venezuela el 16 de octubre de 2010. Hay una razón por la que conserva con tanta precisión la fecha: aquella mañana votó en las elecciones parlamentarias y esa misma noche viajó. Se fue con la esperanza que todavía encontraba en su país y con la decisión de llegar a un lugar que no le resultara completamente ajeno. “Yo tenía muy claro que no me quería ir a cualquier sitio y quería irme a donde no me sintiera tan ajena de mi casa. Y yo decía: ‘Me encanta lo que Colombia hace a nivel de dramáticos y de televisión’”.

Han pasado alrededor de diez años desde su última visita a Venezuela. Para González, hay una diferencia profunda entre tener una vida estable y saber que el país que se lleva dentro atraviesa momentos difíciles. “Todo a mi alrededor está bien: el trabajo, mis amistades, mi familia; yo estoy bien, tengo salud. Pero mi país no”.

Su hogar, además, no cabe en un solo mapa. Venezuela, Colombia y España forman parte de su identidad. Es venezolana española, residente en Colombia y, como ella misma lo resume, ciudadana del mundo.

Cocinar para acompañar

Para González, la comida siempre ha sido una declaración afectiva. No se trata únicamente de preparar algo que sabe bien, sino de utilizar los alimentos para transmitir cuidado. Por eso, cuando surgió la posibilidad de ayudar a personas afectadas y a quienes trabajaban como voluntarios tras los terremotos de Venezuela el 24 de junio, la gastronomía apareció como una herramienta. “Para mí, cocinar es una forma de dar amor. Esto lo repito siempre, porque es una realidad para mí. Cocinar es mi lenguaje de amor”.

Para la actriz, la cocina también se ha convertido en una forma de memoria. Un olor puede llevarla a España, a sus abuelos o a Venezuela. Un plato puede recuperar una parte de la infancia que la distancia no consiguió borrar.

La multiculturalidad nunca fue para ella una idea abstracta. Creció atravesada por Venezuela y España. Su madre era española y sus veranos transcurrían en ese país, mientras el resto del año estudiaba en Venezuela. En Caracas convivió con sabores y tradiciones provenientes de distintas comunidades.

Esa experiencia, considera, la ayudó a entender que el mundo podía ser más amplio. No cree que sus dos culturas expliquen por sí solas a la actriz en la que se convirtió, pero sí reconoce que crecer entre ellas amplió su mirada y pudo ayudarla al momento de construir personajes.

Su relación con la gastronomía también nació de la nostalgia. Poco después de llegar a Colombia, quiso preparar un pabellón, uno de los platos tradicionales de Venezuela. La búsqueda de los ingredientes y de los sabores se convirtió en una exploración personal. La comida le permitió preguntarse qué extrañaba, de dónde venía y cuáles eran los recuerdos que todavía permanecían en ella. Esa pasión incluso la llevó a participar en el reality gastronómico MasterChef Celebrity, en el que fue una de las finalistas en la edición de 2023.

Una actriz que llegó por casualidad

Resulta paradójico que una mujer que hoy lleva décadas vinculada con la actuación en exitosas producciones como La traicionera, Ciudadano extranjero, Garzón Vive, El comandante, La ley del corazón, entre otras, haya sido una niña tímida, con miedo escénico y poco interés en exponerse frente a otros. En el colegio, las presentaciones eran una pesadilla y en las obras teatrales solía ocupar papeles pequeños. Su hermana, en cambio, era la protagonista.

Su entrada al mundo artístico tampoco fue planeada. Comenzó como modelo, hizo un comercial, viajó a Japón siendo muy joven y después pensó en estudiar publicidad. Un casting al que acompañó a un amigo cambió el rumbo.

El productor terminó convenciéndola de presentarse y obtuvo su primera serie juvenil. A partir de allí no paró. La actuación le permitió descubrir una versión de sí misma que no aparecía en la vida cotidiana.

“Con la actuación, esa Nela tímida que estaba encerrada en su caparazón podía hacer lo que quisiera. Podía salir de ese caparazón y ser cualquier cosa. Aquí sí puedo bailar, cantar, hacer todo lo que quiera”, afirma.

Entre los proyectos que recuerda está Mi gorda bella, pero reconoce una importancia especial en La traicionera, su primera gran oportunidad en Colombia. Allí representó a Renata, un personaje antagonista que le permitió explorar zonas complejas de la interpretación.

La mujer detrás de Nela

Sobre aquellas facetas desconocidas que la atraviesan como mujer por fuera de la actuación, González afirma que está el impulso de cuidar y resolver los problemas de quienes la rodean y querer que todo ocurra a su manera. Algo que asegura que está trabajando. Otra faceta es el humor negro y una personalidad que combina cuidado, control y una necesidad de proteger a los demás. Para ella, esas contradicciones no son ajenas a su oficio. Quizás, dice, precisamente por eso es actriz.

Después de tantos años de carrera, González no mide el éxito únicamente por premios o reconocimientos. Incluso confiesa que, cuando recibe una nominación, llega a desear no ganar para evitar tener que subir al escenario y hablar ante el público. La timidez que acompañó sus primeros años todavía aparece de vez en cuando.

Su definición de éxito está en otro lugar: “Es estar con las personas que quiero, estar tranquila a nivel laboral, saber que tengo salud, que estoy rodeada de gente que me quiere y me respeta. Para mí eso es el éxito”.

Quizás por eso la conversación con González termina regresando siempre al mismo territorio: los afectos. Sobre con quién tendría una última conversación si pudiera volver a tenerla, no duda. Sería con su madre, quien ya falleció. “Con ella, era una relación en la que no teníamos que hablar mucho para decirnos las cosas, como que teníamos un lenguaje más allá de las palabras. Ella sabía cuando algo me pasaba y yo sabía cuando algo le pasaba. Se me fue muy pronto”.

De esa ausencia le queda una certeza: hay que hablar. Decir lo que se siente, incluso cuando resulte incómodo. No guardar aquello que después puede convertirse en una conversación imposible.

Su madre, además, está presente en otros lugares: en la herencia española, en los recuerdos familiares y, de alguna manera, en esa relación con la comida que González convirtió en una manera de cuidar.

Al final, quizá ahí se encuentre la mujer que hay detrás de la actriz: alguien que se fue de Venezuela, construyó tres hogares, hizo de Colombia uno de ellos, encontró en la gastronomía una forma de regresar y descubrió accidentalmente que podía convertirse en cualquier personaje. Una mujer que reconoce sus contradicciones, protege sus afectos y entiende el éxito como una vida en paz. “Creo que por eso soy actriz”.

La posible participación en The Gentlemen también se produciría mientras la pareja mantiene una relación profesional con Netflix a través de Archewell Productions, aunque el proyecto sería independiente de las realizaciones que ambos desarrollan como productores.

Homenaje en Hollywood

El actor colombiano John Leguizamo será reconocido por su trayectoria durante la sexta edición de la Celebración del Cine y la Televisión de la Crítica de Hollywood, una ceremonia que tendrá lugar el próximo 2 de octubre en Beverly Hills, California. El actor, productor, guionista y comediante recibirá el Career Achievement Award, un galardón que reconoce sus más de cuatro décadas de trabajo en cine, televisión y teatro.

El reconocimiento de octubre llega en un momento de particular exposición para el actor, quien forma parte del elenco de La odisea, la nueva película de Christopher Nolan. En la producción interpreta a Eumeo, personaje vinculado a la historia de Odiseo, y comparte reparto con figuras como Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway. La ceremonia también distinguirá a otros artistas y creadores hispanos, entre ellos los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis.

Apoya al Chocó

Beyoncé anunció la donación de un millón de dólares para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al Chocó el pasado 10 de agosto. El aporte fue confirmado por Parkwood Entertainment, la compañía de la artista, que explicó que los recursos serán destinados a atender de manera inmediata las necesidades de las zonas más golpeadas por la emergencia. El dinero será canalizado hacia organizaciones que ya desarrollan labores humanitarias en Colombia, entre ellas Food for the Poor y World Central Kitchen, con el objetivo de fortalecer la entrega de alimentos y suministros de vivienda.

El gesto se suma a otras iniciativas impulsadas por artistas y figuras internacionales para acompañar la recuperación del departamento. Entre ellas está la de Shakira, quien anunció recursos para la reconstrucción de instituciones educativas en el Chocó.

Adiós a un ícono

Yayoi Kusama, una de las figuras más reconocibles e influyentes del arte contemporáneo, murió a los 97 años en un hospital de Tokio, según confirmó el Museo Yayoi Kusama. El reconocimiento internacional de la artista se consolidó con grandes exposiciones en instituciones como el MoMA de Nueva York, el Whitney Museum y la Tate Modern, además de distinciones como la Orden de las Artes y las Letras de Francia, la Orden de la Cultura de Japón y el Praemium Imperiale, uno de los principales galardones internacionales de las artes.

Su influencia llegó hasta el mundo de la moda. En 2012 protagonizó junto a Marc Jacobs, entonces director creativo de Louis Vuitton, una colaboración que llevó sus característicos lunares a bolsos, ropa, zapatos, accesorios y escaparates de la firma francesa; una década después, Louis Vuitton retomó la alianza con una nueva colección lanzada en 2023.

Habrá secuela

Veintitrés años después de su estreno, Cómo perder a un hombre en 10 días tendrá una nueva oportunidad en Hollywood. Paramount Pictures confirmó que desarrolla una secuela de la recordada comedia romántica protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey.

La película original, dirigida por Donald Petrie, se estrenó en 2003 y recaudó alrededor de 177 millones de dólares en todo el mundo. Ahora, más de dos décadas después, el reto será trasladar la historia de sus protagonistas a una nueva etapa de sus vidas. Por el momento, no se conocen detalles oficiales como la fecha de estreno; sin embargo, ya se confirmó que Hudson estará vinculada a la secuela como productora ejecutiva.

Debut en Nueva York

El venezolano Gustavo Dudamel cerró un capítulo de 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles y se prepara ahora para asumir la dirección musical y artística de la Filarmónica de Nueva York. Su despedida de California tuvo como escenario el Hollywood Bowl, donde protagonizó un fin de semana de conciertos que reunió música clásica, rock y sonidos latinoamericanos. El último de estos encuentros estuvo dedicado a Venezuela y contó con invitados como Natalia Lafourcade, Carlos Vives, Beck, Meme del Real y Chris Martin.

El siguiente capítulo comenzará en septiembre, cuando Dudamel se estrene oficialmente como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York durante la temporada 2026-2027. Sus primeras presentaciones incluyen conciertos en Radio City Music Hall y el Perelman Performing Arts Center, antes de instalarse en David Geffen Hall, donde dirigirá obras de John Adams, Zosha Di Castri y Serguéi Prokófiev, entre otros compositores.

La conversación cobra especial importancia esta última semana de agosto. El 20 se conmemoró el Día Mundial del Mosquito y el 26 se recuerda el Día Internacional de Concientización contra el Dengue. En esa misma coyuntura, Cartagena acogió el Latam Dengue Forum, encuentro que reunió a expertos, científicos, autoridades sanitarias y líderes de opinión para analizar cómo llevar las recomendaciones contra la enfermedad a la práctica.

Colombia llega a esta discusión con una cifra que obliga a mantener la alerta: hasta la tercera semana de agosto de 2026, el país ya registraba más de 70.452 personas contagiadas, según el Instituto Nacional de Salud.

Julio Croda, médico infectólogo y epidemiólogo de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), profesor asociado de Medicina Interna de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur y profesor asociado adjunto de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Yale, conoce el problema desde la investigación y la gestión sanitaria. Antes dirigió el área de Inmunizaciones y Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de Brasil y fue consultor de la OPS Brasil para emergencias de salud pública. A su juicio, el cambio climático es uno de los elementos centrales a fin de entender la nueva geografía del dengue.

“Creo que la mayor parte de lo que ocurrió, especialmente durante los últimos años y particularmente en 2024, tiene que ver con el impacto del cambio climático. Y esto es un hecho porque hemos tenido un aumento de la temperatura, especialmente en algunas regiones y ciudades que en el pasado no tenían temperaturas tan altas y que ahora las tienen durante periodos prolongados”, aseguró en conversación con SEMANA.

El aumento de la temperatura favorece la expansión del vector, pero también importan la urbanización, las condiciones socioeconómicas, la infraestructura y el acceso al agua. “Cuando hay dificultades en el acceso al agua, esto lleva a que la población cree nuevos reservorios, y estas son buenas condiciones para la proliferación de los mosquitos. La población más pobre siempre es la más afectada”, asegura.

Cuatro serotipos y una población que cambia

Existen cuatro serotipos del dengue y su circulación puede cambiar con el tiempo. Croda explica que en los últimos años los serotipos 1 y 2 han tenido una circulación importante en América Latina y el Caribe. En 2023 predominó inicialmente el serotipo 1 y durante 2024 se produjo un cambio hacia el serotipo 2. Posteriormente, comenzó a circular el serotipo 3.

La clave no está en determinar cuál serotipo es “más peligroso”, sino en la exposición previa de la población. “Los serotipos tienen algunas diferencias genéticas entre ellos, pero es muy difícil establecer grandes diferencias. Lo importante es la inmunidad de las personas. Es la población la que tiene inmunidad frente a un serotipo específico, y esta inmunidad disminuye con el tiempo si ese serotipo no circula mucho. Esto da una oportunidad para que ese serotipo vuelva a circular más y se produzcan más casos y más hospitalizaciones”.

En las nuevas áreas de transmisión puede existir una menor inmunidad poblacional. São Paulo es uno de los ejemplos mencionados por Croda y muestra la importancia de observar cómo se comporta el dengue cuando alcanza territorios que no tenían una circulación histórica semejante.

En este escenario, las vacunas son una de las herramientas de prevención. Croda señala que los ensayos clínicos están diseñados para evaluar la eficacia frente a los cuatro serotipos, aunque todavía existen preguntas que deben resolverse con mayor evidencia, particularmente sobre la protección frente al serotipo 3 en personas seronegativas. Brasil fue uno de los primeros países en adoptar la vacunación como estrategia de prevención en salud pública en Latinoamérica. Según Croda, más de 32 millones de dosis han sido administradas.

De reaccionar a anticiparse

Croda señala que en 2024 el dengue se convirtió en Brasil en la enfermedad infecciosa que más muertes causó: 6.600 fallecimientos, frente a 5.900 por covid y 6.000 por tuberculosis.

Pero la estrategia no termina con la vacunación. Croda explica que Brasil ha incorporado herramientas basadas en la Wolbachia, una bacteria utilizada en mosquitos como estrategia para disminuir la transmisión. Varias ciudades brasileñas la han implementado y existen experiencias similares en Singapur e Indonesia. Según el especialista, la protección en la población con esta estrategia se encuentra entre el 60 y el 70 por ciento. “El mejor enfoque es la combinación de estas dos herramientas de prevención en la población: proporcionar inmunidad y también disminuir la transmisión entre los vectores”, señala.

Asimismo, el sistema sanitario debe estar listo para atender a quienes se enfermen. Esto implica capacitar al personal médico, identificar oportunamente a los pacientes que pueden desarrollar signos de alarma y preparar áreas de atención e hidratación en los territorios donde se presentan los brotes.

Lecciones para Colombia

Para el país, el aprendizaje resulta especialmente pertinente. Croda advierte que el dengue ya no está restringido a zonas cercanas al mar y que algunas ciudades y regiones montañosas están siendo afectadas. La expansión hacia los Andes obliga a pensar la prevención de otra manera: no esperar a que el brote se consolide, sino anticipar qué territorios pueden convertirse en los siguientes focos. “Creo que Colombia necesita, como lo hizo Brasil, integrar nuevas herramientas de prevención contra el dengue en los programas públicos”.

Un informe epidemiológico del Instituto Nacional de Salud señaló que, a la fecha, Magdalena y Cesar registraron aumentos de casos del 234 por ciento y 165 por ciento, respectivamente. Estos incrementos fueron asociados a anomalías de lluvia en la región Caribe, lo que ubicó a los dos departamentos a la cabeza de los que registran mayor aumento de contagios.

Ante estas cifras, el experto asegura que “los Gobiernos necesitan entender esto mediante el uso de modelos matemáticos para comprender cuáles serán las próximas áreas afectadas por el cambio climático a lo largo del tiempo. Esto se está volviendo peor”.

El caso colombiano, con más de 70.000 contagios reportados hasta agosto de 2026, muestra que el desafío está presente y que las herramientas deben discutirse antes de que llegue el siguiente pico. Croda resume el reto en una mirada que va más allá de la temporada actual: “Hay que pensar en las próximas generaciones. Este año creo que los actores involucrados y los Gobiernos necesitan prepararse. El impacto del dengue será muy grande. Especialmente, con la llegada del Superniño”.

La advertencia no termina en América Latina. Croda anticipa que la expansión de los arbovirus transmitidos por mosquitos, garrapatas y jejenes también será un desafío para el sur de Europa. Francia ya ha registrado brotes de chikungunya y, según el especialista, este tipo de eventos pueden hacerse más frecuentes en los próximos años.

El nivel de los daños difícilmente podrá ser asumido solo por el Estado, menos aún en medio de una crisis fiscal que el nuevo Gobierno considera más profunda de lo previsto. La reconstrucción exigirá recursos públicos, crédito bancario, financiación multilateral y aportes privados.

El reto es enorme: hay 195.000 viviendas destruidas o averiadas, 351 centros de salud, 3.579 establecimientos educativos, 4.611 centros comunitarios, 435 vías, 111 acueductos, 69 puentes vehiculares, 14 peatonales y cinco aeropuertos afectados.

En ese escenario, el crédito tendrá un papel central. Por ello, la tragedia fue uno de los ejes centrales de la 60.ª Convención de Asobancaria, en la que se reunieron representantes de los sectores financiero, político y académico para abordar los pormenores del desafío coyuntural.

Una de las primeras respuestas, que además refleja la interlocución entre la banca y el Gobierno de Abelardo De La Espriella, fue el paquete de alivios financieros acordado antes del encuentro anual de Asobancaria. El presidente del gremio, Jonathan Malagón, explicó sus alcances, aunque mantuvo la preocupación del sector por un gasto público que parece haber agotado su margen de expansión.

Los alivios contemplan periodos de gracia de hasta 12 meses para los deudores afectados, previa evaluación de cada caso; la redefinición de plazos y condiciones de los créditos; la refinanciación de intereses, bajo instrucciones de la Superintendencia Financiera; y la protección temporal frente a reportes negativos en centrales de riesgo ante la imposibilidad de pago.

A estas medidas se suma una tasa de interés del 8 por ciento para créditos de vivienda, que Malagón contrastó con el costo de financiamiento del Gobierno colombiano, situado entre 11,5 y 12 por ciento.

También se requieren líneas de crédito para empresarios y trabajadores independientes, pues Confecámaras hizo un sondeo entre casi 26.000 empresas afectadas en la zona del desastre y el 43 por ciento ni siquiera podía continuar con su operación.

En suma, serían unos 2,8 millones de usuarios que podrían recibir los beneficios activados por la banca comercial en un momento en el que el sector también ha entrado en el engranaje de la solidaridad.

Sin embargo, más allá de la tragedia, que implicará una mayor demanda de crédito, el sector financiero mantiene su preocupación por el deterioro de las finanzas públicas y la necesidad de reducir el gasto. Ese ajuste, sin embargo, no podrá darse de inmediato, como quedó en evidencia con el nuevo proyecto de presupuesto para 2027 presentado por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso y defendido por el ministro Miguel Gómez como un ejercicio de sinceramiento de las cuentas.

La propuesta asciende a 635 billones de pesos, una cifra superior en 60 billones a la del proyecto que el Congreso devolvió para que efectuaran los ajustes pertinentes y que había sido presentado por el Gobierno saliente.

Con ello, el déficit fiscal ya no sería de 4,5 por ciento del producto interno bruto, como estaba estimado en el proyecto presupuestal anterior, sino de alrededor de 9,4 por ciento, lo que inevitablemente seguirá aporreando las posibilidades de enderezar el rumbo del crecimiento. A ese tema se refirió el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien relacionó el bajo precio del dólar con el fuerte déficit fiscal. La combinación termina convirtiéndose en un castillo de naipes que repercute sobre toda la economía: el Banco de la República debe contener la inflación con tasas de interés elevadas, que a su vez atraen capitales en dólares. Esa mayor entrada de divisas presiona a la baja la tasa de cambio y favorece la revaluación del peso, que en lo corrido del año acumula una valorización cercana al 18 por ciento.

Del efecto de esa circunstancia no escapa nadie. Para unos es positivo: el consumidor y los productores compran importados más baratos, lo que suaviza la presión inflacionaria. No obstante, para otros, como el sector exportador, es altamente contraproducente: les resta competitividad. “Paradójicamente, una mayor inflación haría que la tasa de cambio real se redujera aún más”, aseguró Villar.

De hecho, voceros del sector financiero sienten la fricción en muchos de sus usuarios. Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest-Bancolombia, indicó que desde su entidad evidencian que el dólar bajo está causando serias dificultades, por lo que mencionó como “deseable” que la divisa tenga un repunte y que permita que los exportadores al menos logren un margen de ingresos positivo.

La banca, en general, está pidiendo un Estado más eficiente y unas cuentas fiscales sinceras y sostenibles que devuelvan la confianza al sector privado en general.

Javier Suárez, presidente de Davivienda, insistió en el crecimiento como la fórmula para corregir el desajuste de la economía, entendiendo que a corto plazo se requiere un fuerte ajuste fiscal. “El gota a gota no puede ser la opción de financiamiento por las tasas descomunales de interés y sus implicaciones sociales. Hoy, el 52 por ciento de colombianos tienen acceso a crédito formal y la aspiración es llegar al 75 por ciento en el cuatrienio”.

Aun con tantos nubarrones en el escenario, porque no parece haber señales de que prontamente se enderezará el rumbo de la inflación (el Banco de la República estima que solo se llegará al 3 por ciento en 2028), los banqueros tienen cifradas sus esperanzas en el nuevo Gobierno. En su mensaje por los 90 años de Asobancaria, Malagón se refirió al momento como una “nueva etapa” y dijo que están dispuestos a trabajar de la mano con lo público. Mientras que Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, dijo que sumando un ajuste fiscal ordenado al respaldo del Fondo Monetario Internacional y la apuesta por un desarrollo regional, como lo tiene previsto el nuevo Gobierno, pueden llevar a Colombia a una década de expansión.

La ruta no está despejada. Rodrigo Valdés, director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, enfatizó que implementar la consolidación fiscal, producto del deterioro fiscal que ha tenido la nación en los últimos años, es algo clave. De lo contrario, seguirá reflejándose en el aumento de tasas de interés, que son un freno general. Puso el foco en la deuda, porque hoy los mercados son menos pacientes para recibir esas señales. “El país lleva tiempo con tendencia de aumento de deuda. Desde 2007 la subió en 20 puntos. Si Colombia mantiene el déficit primario actual, se va a acercar al 80 por ciento del PIB al final de esta década, rompiendo pronto –hacia 2028– el techo de la regla fiscal. Si hace un ajuste de 4 puntos en dos o tres años, es posible estabilizar la deuda al 60 por ciento, nivel que aún no es tan recomendado para un país emergente”.

Los bancos son una pieza esencial del engranaje necesario para que la economía florezca, pues impulsan la compra de vivienda, la expansión de los negocios y las oportunidades; pero siguen en medio del debate alrededor de una amplia distancia entre sus utilidades y la tributación que aportan al país. Como actividad económica, tienen un impuesto de renta que, en general, es del 35 por ciento desde la pandemia, con una sobretasa adicional del 5 por ciento, aunque hay estimativos de que la tasa efectiva en 2024 era de entre 24 y 28 por ciento. Para 2025, J. P. Morgan la calculó en 38 por ciento. Y en 2026, fueron gravados con un impuesto al patrimonio de 1,6 por ciento, diferencial al 0,50 por ciento para el resto de personas jurídicas.

Por ello, Malagón se refirió a las expectativas del sector frente a la reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda presentará al Congreso. Aunque reconoció la necesidad de avanzar en una consolidación fiscal, señaló que esperan que la mayor parte del ajuste provenga del recorte del gasto y no de nuevos impuestos, pues considera que las tasas impositivas en Colombia ya “son altísimas”. Las señales que envíe el Ejecutivo en esa dirección serán determinantes.

Watts es profesor de Historia en la University of California, San Diego, donde también ocupa una cátedra dedicada a la historia griega y bizantina.

Se formó en Brown University y obtuvo su doctorado en Historia en Yale University en 2002. Su investigación se centra especialmente en los cambios políticos, religiosos e intelectuales que transformaron el mundo romano entre la Antigüedad clásica y el cristianismo.

SEMANA: Después de estudiar Roma durante tantos años, ¿qué es lo que todavía le sorprende hoy de los romanos?

E.W.: Creo que cada vez que uno mira algo del mundo romano, le sorprende el hecho de que los romanos están constantemente involucrados en esta conversación sobre de dónde vienen, dónde están ahora y a dónde quieren llegar en el futuro.

Ese origen les ayuda a entender el mundo en el que están ahora, pero también les ayuda a entender las posibilidades para el futuro, por eso el pasado es algo que, para los romanos, está muy vivo, de una manera que creo que a nosotros nos costaría mucho entender, porque los romanos creían que era su obligación entender por qué la gente decía y hacía lo que hacía en el pasado, hasta el punto de que se entrenaban para permitir que la gente del pasado casi los encarnara y hablara en el presente como si fueran esa persona del pasado, por eso creo que lo que muestra Roma es esta dinámica increíble entre lo que había antes, lo que hay ahora, y cómo se crea un futuro mejor que el presente, pero conectado con lo que se tuvo entonces.

SEMANA: ¿Por qué sobrevivió Roma tantos años, tanto tiempo, mientras tantos otros estados desaparecieron?

E.W.: Creo que el mayor secreto del éxito de Roma, creo que en realidad son dos cosas. La primera es esta idea de que debemos cambiar, pero debemos cambiar de una manera que sea sostenible y conectada con lo que fuimos antes. Así que tenemos tradiciones, y esas tradiciones son increíblemente valiosas, pero no pueden impedirnos volvernos diferentes y mejores.

Pero lo otro es que Roma es una sociedad de instituciones. Y los romanos creían firmemente que las leyes, las reglas y las formas de comportarse que habían heredado de sus antepasados eran buenas y que podían cambiar y evolucionar, pero debían preservarse.

SEMANA: ¿Cuál fue la mayor fortaleza de Roma en esa época?

E.W.: Creo que la mayor fortaleza que tuvieron los romanos fue una clase dirigente que entendía que estas instituciones eran importantes, y que comprendía ese fenómeno. No es algo artificial.

Entendían que si vas a hacer algo nuevo, hay que hacerlo de una manera que los romanos, que entienden el mundo tal como era, también puedan aceptar.

Así que creo que el mejor ejemplo de esto es el emperador Constantino, quien se convierte al cristianismo, y cuando se convierte, el 10 por ciento de la población romana es cristiana, ¿verdad? es una religión muy pequeña.

Lo que Constantino comprende es que es poderoso, si hubiera querido, podría haber obligado a la gente a adoptar el cristianismo, pero no lo habrían aceptado. Es decir, tal vez lo habrían hecho, pero no lo habrían aceptado de verdad.

Lo que él entiende es que puede llevar a Roma gradualmente hacia el cristianismo si lo hace dentro del marco de las instituciones del mundo romano y por eso Constantino es un político muy inteligente, porque logra este cambio tan drástico en cómo funciona la religión romana. Pero lo hace de una manera que en realidad no es disruptiva.

SEMANA: ¿Cómo podemos aprender, a partir de lo que usted acaba de decir, sobre la sociedad de hoy?

E.W.: Creo que, alrededor del mundo, estamos en un momento realmente muy difícil, en el que muchas sociedades, muchos países, muchas comunidades políticas están luchando de verdad con estas instituciones, porque las instituciones no parecen hacer por los ciudadanos comunes lo que ellos esperan que hagan y por eso resulta interesante mirar alrededor del mundo y ver cómo han respondido los distintos países a esto.

En Estados Unidos estamos luchando con esto. Estamos luchando de verdad, porque nuestras instituciones no están haciendo lo que nuestros ciudadanos quieren. Y nuestros ciudadanos están cada vez más enojados y desconfiados.

Creo que lo que me parece interesante de Colombia es que tiene una historia muy larga de instituciones que mantienen una especie de flujo regular de personas a través de las posiciones de autoridad, y una manera regular y coherente de permitir que la sociedad se mantenga arraigada en lo que era, pero también evolucione para incorporar nueva gente e inmigrantes, es una dinámica de la que creo que Estados Unidos podría aprender bastante, porque el entorno en el que Colombia ha logrado esto no es un entorno en el que muchos estados hayan tenido éxito haciéndolo.

SEMANA: ¿Y por qué es importante para la democracia, en esa línea?

E.W.: Este es un tema sobre el que tengo una opinión muy firme. Y creo que los romanos también la tenían muy firme. Lo que significa la democracia se basa en esta idea de la ciudadanía y un ciudadano es, en el contexto romano, pero creo que también en un contexto moderno, una persona que es copropietaria del estado, ¿verdad?, es, en cierto sentido, como una empresa en la que uno tiene acciones. Uno es copropietario de ese estado y eso significa que el estado tiene obligaciones contigo, y tú tienes obligaciones con el estado, creo que, cuando la democracia funciona, la gente reconoce esto.

La gente común dice: tengo que darle algo al estado, pero el estado también tiene que darme algo a mí y la idea romana, que comienza en los momentos más tempranos de la historia romana y termina en el año 1204 después de Cristo, es esta idea de que, como ciudadano, tienes derechos, pero también tienes responsabilidades.

Creo que el problema en muchas democracias hoy en día es que hemos perdido ese sentido de que somos dueños de este estado.

Lo que estamos haciendo es alquilar este estado a nuestros padres para dárselo a nuestros hijos y el entendimiento romano era que heredas este estado de tus padres y quieres dejarlo mejor para tus hijos. Porque eres dueño de él, tienes obligaciones hacia él, pero también es algo multigeneracional y en Estados Unidos estamos luchando ahora mismo para que la gente entienda, primero que todo, que tenemos obligaciones con el estado. No lo creemos; muchos estadounidenses no lo creen.

También estamos luchando con esta idea de que el estado es algo que debemos valorar y mejorar, no empeorar, y transmitirlo a la siguiente generación en mejor condición de la que lo recibimos.

Creo que, en Colombia, es reconfortante ver que los ciudadanos abrazan esta idea de que el estado no es algo para destruir. No es algo a lo que se le hace una rabieta, se tira al suelo y se pisotea.

SEMANA: Entonces, ¿en qué punto el cambio político se convierte en una amenaza para la estabilidad de un estado?

E.W.: Creo que el cambio político puede convertirse en una amenaza si ocurre demasiado rápido, o si ocurre de una manera que rompe esa conexión con el pasado. Le voy a dar un ejemplo de Roma. En el año 212 después de Cristo, el emperador Caracalla extiende la ciudadanía a todas las personas del Imperio romano, y así, el Imperio romano en el año 212 se extiende desde Escocia hasta Arabia Saudita, y desde Marruecos hasta Irak.

Cuando extiende la ciudadanía a todo el mundo, la idea es genial. Correcto. La idea es que ya no somos un imperio. No somos coloniales.

Ahora somos un estado-nación. Pero el problema es que ocurre demasiado rápido. No sabemos cuántas personas eran ciudadanos romanos antes del año 212, pero probablemente un máximo del 30 por ciento. Y entonces de pronto se suman 40 millones de nuevos ciudadanos, y el estado no tiene la capacidad para atender todas sus necesidades.

No se les puede dar las protecciones que esperan y durante unos 50 años, casi 70 en realidad, el estado romano lucha por construir suficiente infraestructura administrativa para poder tratar a todos los ciudadanos por igual, eso genera una inestabilidad política tremenda.

SEMANA: César, Augusto y Constantino son nombres que tal vez todos conocemos, de los que hemos oído hablar y sabemos quiénes eran. ¿Salvaron ellos a Roma, o Roma los necesitó porque sus instituciones ya eran débiles?

E.W.: Esta es una pregunta increíblemente complicada, porque creo que, con César y Augusto, honestamente se podría decir que ambos destruyeron las instituciones romanas y salvaron a Roma al crear nuevas instituciones. Y así se tienen dos figuras que se superponen entre sí: ambos crean las condiciones que colapsan la democracia representativa de Roma, y también crean las condiciones que hacen que Roma funcione durante los siguientes 1.500 años.

Por eso creo que se podría decir que, si las instituciones de la República hubieran estado funcionando, César nunca habría hecho ni querido hacer lo que hizo.

Creo que César marcha sobre Roma porque siente que no tiene otra opción, ya que, como ciudadano, no ve protegidos sus derechos, y sus seguidores, como ciudadanos romanos, también están siendo básicamente privados de sus derechos y por eso creo que César hace lo que hace, no porque quiera destruir la República, sino porque siente que la República ya está destruida.

Creo que Augusto es muy distinto, porque creo que Augusto está totalmente dispuesto a destruir la República. Está totalmente feliz de hacerlo, pero es muy raro en la historia encontrar a alguien que esté totalmente dispuesto a destruir una democracia y luego sea capaz de decir: pero necesitamos reconstruir algo parecido a esa democracia, de forma distinta.

SEMANA: ¿Cuál es el mayor mito que todavía creemos sobre Roma hoy en día?

E.W.: La mayoría de las veces, cuando la gente habla de Roma, todo el que habla de Roma sabe que Roma cayó, todo el mundo tienen la idea de que Roma cae en el siglo V después de Cristo y cae por invasiones o migraciones bárbaras que resultan demasiado para que el estado las maneje.

Creo que el mayor error es que el estado romano sigue existiendo en el Mediterráneo oriental durante otros 800 años más, ¿verdad? Así que sí, Roma sí colapsó en el noroeste de Europa en el siglo V, pero esa no es toda la historia. Esa ni siquiera es la parte más interesante de la historia.

La parte más interesante de la historia es lo que sucede en Constantinopla, en Siria, en Egipto y en Grecia, que hace que ese estado pueda sobrevivir durante mucho más tiempo.

Creo que la idea de que deberíamos enfocarnos en Roma como una lección sobre por qué colapsan las cosas, en primer lugar, pierde el punto. Roma, cuando lo miramos bien, en realidad no colapsó, ¿verdad? Perdió territorio, pero no colapsó.

Pero también creo que eso nos hace ignorar la historia más importante, porque ninguno de nosotros quiere vivir en una sociedad que colapsa. Queremos vivir en una sociedad que sea sostenible y Roma nos dice qué tipo de cosas necesitamos hacer como ciudadanos de una sociedad para que nuestra sociedad funcione.

No es una gran lección sobre por qué caen las sociedades, pero de todos modos esa no es la lección que queremos aprender. Queremos saber cómo hacer que las cosas funcionen.

SEMANA: ¿Qué pueden aprender de esa experiencia los líderes modernos de Europa, de esta región?

E.W.: Creo que las mejores lecciones que los líderes modernos pueden aprender de Roma son respetar las instituciones que heredan y entender que su cargo es temporal.

Así como los ciudadanos alquilan su sociedad de sus antepasados para dársela a sus hijos, los líderes también básicamente ocupan la posición de liderazgo por un período fijo de tiempo, para hacer un conjunto fijo de cosas.

Es muy importante que los líderes entiendan que están al servicio de su estado. No lo están haciendo por sí mismos. No deberían estar haciendo esto por sí mismos. Son ciudadanos llamados por sus conciudadanos a dirigir el estado de la manera que dictan las instituciones que esos ciudadanos han creado.

SEMANA: Roma invirtió muchísimo dinero en cultura, en literatura y en espacios públicos: ¿qué tan importante fue la cultura para la fortaleza del estado romano?

E.W.: La cultura fue inmensamente importante. La cultura fue inmensamente importante.

Pienso en la Economía Naranja del presidente Duque, y creo que Roma tuvo su propia versión de la Economía Naranja.

Lo que hizo Roma fue invertir inmensamente en estructuras culturales, diseñadas para reunir a la gente y compartir experiencias. Hay, creo, casi 200 anfiteatros conocidos alrededor del Imperio romano. Todos ellos tienen capacidad para miles de personas. Hasta 50.000 personas en el Coliseo.

Algunas de las ciudades que tienen estos anfiteatros, como la ciudad de Saintes en el norte de Francia, tienen un anfiteatro con capacidad para 10.000 personas, y la ciudad ni siquiera tiene 10.000 habitantes.

Así que el propósito de esto es crear un espacio cultural donde todos, del entorno que sea, puedan reunirse y compartir algo, sin necesariamente hacerlos romanos. No es eso lo que están tratando de hacer. Lo que están tratando de hacer es decir: nosotros, como estado, tenemos un incentivo para construir comunidad.

Tenemos un incentivo para hacerte entender que esto no es solo tu pequeño pueblo. No es tu pequeña aldea, somos todos nosotros y construimos espacios donde puedes reunirte y participar en una cultura en la que participa todo el mundo, desde Britania hasta Siria. Y lo que eso genera es un sentido de pertenencia, pero también entrena a la gente para dominar esa cultura en toda clase de regiones distintas.

De modo que el liderazgo romano es un liderazgo a escala de todo el imperio. Y creo que por eso la cultura es tan importante, porque construye esta experiencia común a lo largo de un territorio inmenso.

Es beneficioso económicamente, porque cada vez que hay estos eventos en teatros con capacidad para 10.000 personas, la gente viene de todas partes y gasta dinero. Pero también genera una especie de continuidad con el pasado, porque la cultura reproduce cosas del pasado. Por eso creo que es increíblemente importante. Y es algo de lo que los historiadores romanos no hablan lo suficiente.

SEMANA: ¿Qué problema económico que ellos enfrentaron nos resultará familiar hoy?

E.W.: La economía romana es muy distinta de la nuestra, pero una de las cosas que en realidad es bastante similar es que la economía romana, en el siglo II antes de Cristo, desarrolla un sector financiero muy grande y se desarrolla muy rápido y ese sector financiero se construye alrededor de la idea de bonos e instrumentos monetarios que se pueden comprar y vender y así la economía romana crece de una manera muy parecida a una economía del siglo XXI, donde gran parte del crecimiento económico no está en la capacidad industrial ni en la agricultura. En realidad está en las finanzas. Y eso crea problemas.

Como sabemos ahora, en el siglo XXI, un sistema construido alrededor de generar cantidades inmensas de dinero que no están ligadas a producir algo realmente, hace que algunas personas se vuelvan muy, muy ricas, y hace que otras sientan que la sociedad y la economía están amañadas en su contra.

Los romanos sintieron esa misma rabia que sentimos ahora, esa que todo el mundo siente hoy frente a una economía que se percibe injusta, porque no entendemos cómo la gente hace 1,4 billones de dólares sin realmente fabricar muchas cosas.

Los romanos sintieron lo mismo y los romanos sintieron lo mismo, miraban alrededor y veían a esta gente con riqueza masiva y no entendían qué estaban haciendo para conseguir esa riqueza y eso crea, primero que todo, un deseo de que el estado resuelva ese problema, pero los estados luchan por resolver ese problema, porque la gente que se está volviendo inmensamente rica no está infringiendo la ley.

SEMANA: Si pudiera traer una institución romana al mundo moderno, ¿cuál elegiría?

E.W.: Esto es complicado. Creo que lo que traería al mundo moderno es la fe romana en la ley como una entidad en evolución, lo que creen los romanos es que la ley comienza y todo lo que alguna vez fue ley sigue siendo ley, pero se le va agregando, se cambia, se enmienda, se hace avanzar y si está mal, te deshaces de ella, pero la mayoría de las veces no te deshaces de la ley, construyes sobre ella.

Es una estructura que creo que en realidad es bastante buena, frente a los cambios radicales que se ven en la interpretación de la ley.

Ahora, pensando en mi país, el funcionamiento más básico de nuestro gobierno ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años porque se ha desechado la ley. Leyes que tienen 80 o 50 años simplemente han sido descartadas. Los romanos no habrían hecho eso lo que habrían hecho, en cambio, es construir sobre esas instituciones, enmendarlas y creo que ese sentido de que la ley es algo casi sagrado y a medida que cambia, debería evolucionar. No debería ser destruida. No debería ser desechada, debería reflejar cómo ha vivido la gente y cómo quiere vivir en el futuro.

SEMANA: ¿Cuál cree que es el problema más difícil que enfrentan hoy los gobiernos?

E.W.: Creo que el mayor desafío que enfrentan la mayoría de los países del mundo en este momento es la idea de un centro político arraigado en instituciones. Esto está siendo atacado prácticamente en todas partes.

Escribí sobre los romanos principalmente en Estados Unidos, Italia y Francia. Y lo estaba escribiendo en Estados Unidos durante las elecciones de 2020 y 2024.

Lo escribí en Italia cuando eligieron a Meloni, y estaba escribiendo partes en Francia cuando Macron luchaba por formar gobierno y lo que vi en todos esos lugares fue una falta de fe en esas instituciones, y una falta de fe en los partidos de centro. Pero no vi una falta de deseo, entre los ciudadanos, de ese centro político.

Esas instituciones seguían siendo cosas que valoraban los ciudadanos franceses, italianos y estadounidenses y los partidos no estaban respondiendo a eso, estaban canalizando la rabia y se pueden ganar elecciones canalizando la rabia. Pero en todo el mundo estamos viendo a políticos canalizar la rabia, cuando creo que la mayoría de los ciudadanos no quiere eso.

Quieren que el centro esté arraigado en cosas que entienden y que sean coherentes con el mundo en el que crecieron. Y ese, creo, es el mayor desafío: ¿cómo recuperamos ese centro?.

Dos ejemplos muestran esta tendencia: la acción popular que interpusieron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el abogado Rodrigo Pombo y la concejala Sandra Forero, sobre lo que llamaron “desordenamiento territorial”, por la proliferación y superposición de instrumentos y actos sectoriales ilegales que habrían generado traslapos de competencias, centralización de decisiones e inseguridad jurídica.

Y en el corte de cuentas que hizo el Gobierno de Abelardo De La Espriella en El libro de la verdad, solo en el sector minero se registró un volumen inusual de reglamentación dirigido a restringir la actividad: entre 2022 y 2026 se expidieron 333 normas con ese propósito. Esto sin contar otras determinaciones, como la suspensión de contratos de exploración de hidrocarburos o la negativa al desarrollo del fracking en momentos en que el país perdía su autosuficiencia energética por la necesidad de importar gas, ante el déficit que se viene presentando. Todo esto en medio de un profundo déficit fiscal que dejó la administración Petro.

Alejandro Mesa, managing partner de Baker McKenzie Colombia, estima que este será un gobierno más dinámico y cercano al sector privado. Además, advierte que el fracking es una solución para incrementar los volúmenes de gas.

José Alejandro Torres, socio de Posse Herrera Ruiz, afirma que las cortes fueron la primera línea de defensa de la institucionalidad. “Necesitamos predecibilidad del sistema; es decir, que no haya cambios bruscos”.

Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca Colombia, advierte que esas transformaciones no pueden esperar ni quedar en el limbo. “Hay que anunciarlos, expedirlos y ejecutarlos rápidamente”.

Martín Acero, socio director de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), señala que algunos sectores han visto con “bastante emoción” la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, especialmente aquellos que enfrentaron dificultades en los últimos cuatro años.

Según un análisis de Corficolombiana, las finanzas públicas de Colombia atraviesan uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. “Los niveles actuales de déficit fiscal, déficit primario y gasto público solo tienen precedentes en episodios de crisis extraordinarias, como la recesión de finales de los noventa o la pandemia”. Sin embargo, esas cuentas quedaron sin que se diera un choque macroeconómico. Y también con sectores en serias dificultades, como la salud, la infraestructura y la vivienda.

Ahora, con la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, las expectativas en el mercado legal han cambiado. Se espera un escenario más estable, no solo que supere las dificultades generadas en la administración anterior, sino que le apueste a fortalecer la seguridad jurídica e impulse la inversión, incluso en momentos en los que la agenda se prioriza para atender los daños y damnificados que dejó el terremoto, en medio del ajuste a las cuentas fiscales para poner la casa en orden.

Ante la tragedia del sismo del pasado 10 de agosto, el Gobierno decretó el Estado de Emergencia para adoptar medidas excepcionales que permitan asistir a las familias afectadas y acelerar la reconstrucción de las zonas impactadas. “Implementaremos alivios temporales en el pago de servicios públicos, subsidios de alquiler para quienes perdieron sus hogares, alivios fiscales y financieros, apoyo económico para las familias más vulnerables y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados. Además, crearemos el Fondo Milagro, que canalizará recursos nacionales e internacionales para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, carreteras, aeropuertos y demás infraestructura afectada. También adoptaremos medidas para reactivar la economía, estimular la inversión y generar empleo en los territorios más afectados”, anunció el presidente De La Espriella.

Sin embargo, con nuevo gobierno, las miradas van más allá. “La reciente transición política en Colombia representa uno de los cambios más relevantes para el entorno empresarial en los últimos años. El paso hacia una administración con una orientación más favorable al mercado ha generado expectativas de una agenda enfocada en fortalecer la confianza inversionista, impulsar el crecimiento económico y promover un entorno regulatorio más predecible”, explica Camilo Martínez, socio director de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (MQMGL&D).

Y esa expectativa se traduce en los mensajes que pueda mandar el Gobierno con los cambios de política pública, las implicaciones regulatorias y las decisiones que permitan avanzar en el crecimiento del país y en el repunte de la inversión.

“Aunque todavía estamos en una etapa muy temprana del Gobierno, una de las señales que los mercados suelen valorar positivamente es la existencia de objetivos claros y una hoja de ruta consistente para alcanzarlos. El Plan Nacional de Desarrollo será especialmente importante en este proceso. Las bases están previstas para las próximas semanas y su discusión permitirá conocer con mayor profundidad la hoja de ruta del Gobierno para los próximos cuatro años”, asegura Carlos Fradique-Méndez, socio director de Brigard Urrutia.

Para el sector legal, la seguridad jurídica se traduce en reglas claras, estabilidad en las decisiones y respeto por el marco institucional. Y anticipan una palabra clave: previsibilidad, para que inversionistas y empresas puedan tomar decisiones de largo plazo.

De hecho, en medio de las controversias, muchos han destacado la fortaleza institucional del país. Para José Alejandro Torres, socio de Posse Herrera Ruiz, era importante que la institucionalidad permaneciera y se mantuviera. “Lo hizo reaccionando frente a los embates políticos. Las Cortes fueron la primera línea de defensa de la institucionalidad”.

Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca Colombia, anticipa que el propio Gobierno ha hecho anuncios de varios cambios regulatorios, en una batería de 90 decretos con los que hará los ajustes. “Estamos muy pendientes de ver esos cambios”.

Desde el campo legal, se está esperando un Ejecutivo que trabaje de una manera más estrecha con el sector privado. “Así lo ha hecho saber el Gobierno y, desde esa perspectiva, esperamos un gran dinamismo en términos de nuevos negocios que van a ser no solo inversión doméstica, sino un nuevo flujo de inversión extranjera, que va a representar una oportunidad relevante”, afirma Alejandro Mesa, managing partner de Baker McKenzie Colombia.

Como explica Martín Acero, socio director de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), los abogados van con los empresarios. “Y con un elemento fundamental: la confianza. Esta produce dinamismo, inversión, movimiento y cambios. Cuando hay confianza, hay riesgo también. La confianza la tiene que proporcionar el Estado. Y he oído cosas buenas al respecto, como hablar de políticas de Estado a largo plazo, más que de políticas de gobierno”, afirma.

Así las cosas, para Piñeros, el nuevo Gobierno recibe un legado institucional que exige intervención jurídica prioritaria en tres frentes. Uno, el contractual de infraestructura: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cerró 2025 ejecutando apenas el 34,5 por ciento de su presupuesto de inversión pese a comprometer el 99,5 por ciento del mismo, mientras acumula laudos arbitrales de alta cuantía.

Dos, la relación de Colombia con el arbitraje internacional de inversión, tras el anuncio del Gobierno saliente de su intención de denunciar el Convenio del Ciadi, argumentando un riesgo de aproximadamente 52 billones de pesos en disputas pendientes, aunque esa cifra corresponde a pretensiones y no a condenas probables.

Tres, la reforma tributaria, frente a la crisis fiscal que dejó la Administración Petro, con una propuesta que presentará en septiembre el nuevo Gobierno, en la que se busca simplificar el régimen.

Pero, además, en un entorno nuevo, por la tragedia que generó el terremoto y que requiere, en principio, recursos por 30 billones de pesos para la reconstrucción, aunque el Gobierno ha advertido que no vendrían vía impuestos.

Pero no son los únicos frentes jurídicos que deberá atender el nuevo Gobierno para destrabar crisis manifiestas en sectores estratégicos. “Tenemos que ser conscientes en Colombia de que debe haber ajustes regulatorios en muchos aspectos”, advierte Acero.

Por ejemplo, en materia de política pública, avanza el desarrollo de la reforma pensional, tras el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, y se espera la reglamentación de la reforma laboral. Otro sector clave, que hoy está en crisis, es el de la salud, del que se esperan ajustes regulatorios no solo para mejorar la calidad del servicio, garantizar los recursos y proveer medicamentos, sino, incluso, para atraer nueva inversión.

Además, tendrá que enfrentar una compleja situación en el sector energético para sortear un posible apagón, ante la llegada de un fenómeno de El Niño intenso, con una demanda que crece más que la oferta de energía eléctrica, el déficit de gas que ha obligado al país a importar el 30 por ciento, perdiendo la autosuficiencia energética, y la compleja situación de Air-e, distribuidora de energía intervenida por el Estado, que puede generar un riesgo sistémico en el sector.

“Esperamos que haya un foco muy importante en la aprobación de licencias ambientales de proyectos que pueden generar regalías e impuestos. En el sector petrolero, el tema del fracking está a la orden del día. Es, sin duda, una de las posibles vías de solución más expeditas para poder incrementar los volúmenes de gas. Y, además, avanzar en el tema de rondas petroleras”, manifiesta Mesa.

Y también en el sector de vivienda, que se espera recupere su capacidad de aportar al crecimiento como jalonador de diferentes actividades, más aún ahora, cuando se enfrenta la situación que dejó el terremoto.

Por su parte, Martínez señala que existe una expectativa generalizada de avanzar hacia un marco regulatorio más predecible y estable, con medidas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica, recuperar la confianza de los inversionistas, simplificar las cargas regulatorias y dinamizar sectores estratégicos como infraestructura, energía, minería, servicios financieros y tecnología.

Y, al mismo tiempo, esa expectativa también se traduce en la revisión de políticas y reformas implementadas durante el Gobierno anterior, buscando un mayor equilibrio entre los objetivos de política pública y la competitividad del país. Para Belisario Velásquez, de la firma Belisario, en materia de salud, pensiones, trabajo y política energética, el reto no es promover nuevas reformas, sino corregir las falencias identificadas, consolidar su implementación dentro del marco constitucional y garantizar reglas claras, estables y predecibles que impulsen la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

El nuevo Gobierno necesita establecer una agenda clara de regulación que destrabe proyectos de inversión y desarrollo social, especialmente en sectores que no fueron una prioridad para el Gobierno de Gustavo Petro, como la infraestructura vial, férrea y aeroportuaria, asegura Manuel Quinche, socio de Cuatrecasas. “Pero, ante todo, esta nueva administración debe gozar de previsibilidad institucional, con reformas que sean claras, que se tramiten con rigor técnico, que sean ampliamente socializadas y que establezcan reglas de transición claras para empresas, inversionistas y la sociedad en general”, agrega.

Esto es clave en un escenario en el que el crecimiento económico del país ha estado impulsado por el gasto público y el consumo de los hogares, pero rezagado en materia de inversión. Hoy, el menor dinamismo del consumo y una política fiscal más austera, aunque condicionada por el gasto de reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, abren espacio para nuevos negocios y mayores inversiones en proyectos aplazados y en nuevas iniciativas para el próximo ciclo económico.

Sin embargo, el reto es blindar esas inversiones de largo plazo desde el punto de vista jurídico, frente a un eventual cambio de tendencia política en cuatro años, cuando hoy hay una nueva alineación política en la región, con el giro a la derecha de países como Colombia, Bolivia, Perú y Chile, que se suman a Argentina y Paraguay.

Pero si de oportunidades se habla, hay una en el vecindario: Venezuela. Después del 3 de enero pasado, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses, el escenario ha cambiado.

“Hay empresarios en Caracas hablando con autoridades y con entidades venezolanas de lo que yo llamo poner un pie en la puerta”, dice Acero.

De acuerdo con Torres, varios clientes están considerando reabrir negocios en el vecino país, donde –dice– hay oportunidades de negocio importantes. “La industria del petróleo se está reabriendo y las petroleras grandes están volcando sus ojos de nuevo hacia Venezuela, lo cual es bueno y malo para nosotros, porque eso distrae la atención de esas grandes empresas a posibles oportunidades en Colombia”.

El país cuenta con una ventaja jurídica. Como explica Martín Gustavo Ibarra, socio de Araújo Ibarra, el único acuerdo que se celebró en el pasado Gobierno fue el de protección de inversión con Venezuela. Ahora que Venezuela se va a abrir y empresas extranjeras pueden llegar, quien haga negocios en ese país desde Colombia tendrá protegida su inversión al amparo de este acuerdo.

Ante las expectativas que ha abierto la llegada del nuevo Gobierno y la posibilidad de desarrollar negocios y palancas de crecimiento, el sector jurídico está analizando los ajustes que se puedan hacer para mejorar lo que llama competitividad legal.

Como explica Ibarra, la Cámara de Servicios Legales de la Andi, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la Corporación Excelencia de la Justicia y la Fundación para el Estado de Derecho trabajan en una propuesta que será presentada al Gobierno de Abelardo De La Espriella, con ajustes orientados a fortalecer el marco jurídico para los nuevos negocios que Colombia busca atraer.

“Hoy no tenemos el concepto de competitividad legal. Este es el movimiento más importante reciente en la historia del derecho en el país para hacer un upgrade y lograr que Colombia tenga una de las mejores legislaciones de América Latina”, afirma Ibarra.

Todo este escenario se da en un proceso de ajuste del sector legal en el país. Según cifras de la Cámara de Servicios Legales de la Andi, en 2025 los ingresos operacionales de las empresas con ventas superiores a los 1.000 millones de pesos –que se calculan en 1.140 compañías–, fueron de 4,73 billones de pesos. Esto significó un crecimiento en términos nominales del 2,8 por ciento.

“El año pasado, el sector integró 96 empresas nuevas (con ingresos operativos superiores a 1.000 millones de pesos), lo que representó un 9,2 por ciento más de empresas en análisis que el año 2024”, señala la cámara en un informe.

Además, también en 2025 se registraron empresas prestadoras de servicios jurídicos, que facturan más de mil millones de pesos anuales en 17 departamentos del país, “evidenciando un mayor número de departamentos con empresas formales prestando servicios jurídicos”.

Y, por el lado del mercado, se está dando lo que podría llamarse “la consolidación de la consolidación”. En los últimos años se han registrado fuertes movimientos en el sector legal. Entre los más recientes, la expansión en la región de la española Pérez-Llorca, que el año pasado se integró a la nacional Gómez-Pinzón, y hoy es Pérez-Llorca Colombia. Y este año anunció la integración con Miranda & Amado en el Perú.

“Apenas llevamos un año en el proceso de integración, pero nos hemos entendido muy bien y estamos construyendo conjuntamente una cultura. El modelo es ganador porque es una integración de firmas top en cada uno de los mercados. No se trata de abrir una oficina y poner una bandera para atender a los clientes”, explica Piñeros.

El año pasado también se dio una movida clave en el sector: la integración de las firmas Godoy Hoyos y Godoy Córdoba bajo una misma estructura organizacional: Godoy.

Los ajustes y la dinámica del sector también se reflejan en el ranking de abogados de Dinero, en el que son medidos por su nivel de ingresos. Este año, Brigard Urrutia mantiene el primer lugar, seguida por la práctica legal de Ernst & Young (EY), mientras que Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) completa el podio. El gran salto, con un crecimiento en sus ingresos superior al 40 por ciento, lo dio la firma Belisario, que le significó subir al quinto lugar, después de Baker McKenzie.

El panorama para el sector legal es retador. Se abre una nueva etapa y las expectativas son altas frente a lo que viene: como en el fútbol, un cambio de frente.

Ranking Abogados 2026

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FUENTE: Información reportada directamente por cada una de las firmas. Superintendencia de Sociedades.

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

1. La información financiera consolidadas de Brigard Urrutia incluyen biu (Legal View) y BUDP (Brigard Urrutia Derecho Público).

2. Para 2025, los ingresos totales de la firma fueron de 248.836, de los cuales 144.956 corresponden a los servicios objeto de la encuesta. Para 2024, los ingresos totales de la firma ascendieron a 245.485, de los cuales 134.702 correspondieron a los servicios objeto de la encuesta.

3. La información presentada corresponde al consolidado de Esguerra JHR Corp, sus controladas y Esguerra Asesores Jurídicos.

4. Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados S.A.S. y Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados Propiedad Intelectual. Los estados financieros corresponden a la información consolidada de las dos sociedades que conforman la firma: Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados S.A.S. y Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados Propiedad Intelectual S.A.S.

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Las dificultades del sistema pensional se hicieron evidentes desde finales de los noventa. En 2003, una reforma elevó las semanas exigidas a 1.300 y, en 2005, un acto legislativo fijó en 25 salarios mínimos el tope de las pensiones financiadas con recursos públicos.

Casi 20 años después, y tras varios intentos fallidos, en julio de 2024 se aprobó otra reforma pensional que debía comenzar un año más tarde, pero que aún sigue en el limbo, pese a que implica una completa transformación del modelo. Sin embargo, lo que tiene frenada a la reforma, por ahora, no son los temas de fondo (como la creación del sistema de pilares), sino de forma, dado que su aprobación en el Congreso fue abrupta, lo que generó numerosas demandas ante la Corte Constitucional.

En efecto, el alto tribunal detectó un vicio en el trámite y devolvió la ley a la Cámara de Representantes para corregirla y, más de un año después (agosto de 2026), volvió a emitir un fallo en el que concluyó que, aunque la Cámara sí corrigió el vicio respecto de la gran mayoría de la ley, había diez proposiciones que fueron presentadas por representantes y no se discutieron.

En consecuencia, declaró exequible la columna vertebral de la reforma, que incluye un pago de pensiones a cargo del Estado de máximo 2,3 salarios mínimos, pero le dio a la Cámara de Representantes 30 días hábiles para debatir las proposiciones que se habían quedado sin discusión. Asimismo, fijó el 1.º de abril de 2027 como fecha para que entren a regir las disposiciones que quedaron avaladas.

Aunque estas disposiciones deberían haber dado mayor certeza sobre cómo operará el sistema de pensiones colombiano, la incertidumbre sigue viva. Alejandra Sánchez, académica de la Universidad Nacional de Colombia y uno de los cerebros detrás de la iniciativa, señala que el grueso de la reforma ya podría empezar a reglamentarse sin problemas, aunque existe la posibilidad de que en las diez proposiciones pendientes de discusión se aprueben algunos cambios de envergadura.

Dichas proposiciones se pueden agrupar en cinco asuntos principales: protección de los ahorros individuales, reglas para invertir y administrar los recursos pensionales, comisiones de las AFP (que ahora serán Accai), beneficios y requisitos para pensionarse y gobernanza del Fondo de Ahorro que administrará el Banco de la República. También hay dos asuntos sensibles: la precisión de que las 1.000 UVT para gravar las pensiones son mensuales y no anuales, así como la propuesta de eliminar el tratamiento diferencial para comunidades étnicas y campesinas.

Sánchez considera que, mientras se resuelve el tema de las diez proposiciones en la Cámara (no se pueden discutir nuevas, solo las que señaló la Corte), la clave estará en cómo se reglamente la ley. Dice que será necesario expedir al menos cinco decretos reglamentarios de alta complejidad técnica y volver a hacer modelos porque las condiciones cambiaron con el aplazamiento de la entrada en vigencia. Cuestiona además que varios de quienes deberán hacer esa tarea no participaron en la elaboración ni en las discusiones de la reforma, debido al cambio de Gobierno.

Un mayor costo

Justamente, el aplazamiento de la entrada en vigencia de la reforma, de julio de 2025 a abril de 2027, tendrá un costo fiscal elevado al aumentar el número de personas cobijadas por el régimen de transición. Este beneficio aplica a mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y a hombres con 900, quienes permanecerán bajo las reglas del sistema anterior. Los primeros cálculos de la reforma estimaban que este grupo sería de unos 2,5 millones de cotizantes, pero ahora podría aumentar a entre 3 millones y 3,1 millones.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, el gremio que reúne a los fondos privados de pensiones, piensa que la reglamentación dependerá de la versión final del proyecto de ley, pero cree que, incluso mientras se termina ese proceso legislativo, todos los actores del sistema (Colpensiones, AFP, Banco de la República, operadores de PILA) deberían empezar a implementar los desarrollos tecnológicos para poner en marcha el nuevo esquema. “Aunque ocho meses parece mucho tiempo, el reto de atender a 25 millones de personas en un sistema totalmente diferente a partir del primero de abril es muy grande”, precisa.

Gabriel Villegas R., gerente Operador de Información de miplanilla.com, uno de los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), explica que ya está desarrollada la tecnología para dividir las cotizaciones, tal como lo propone la reforma, para quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos: hasta ese umbral, los aportes irán a Colpensiones y el excedente se destinará al componente privado.

El riesgo está en no tener certeza de cuándo en efecto va a entrar en vigor el nuevo sistema, pues antes de esa fecha se deben hacer pruebas y saber cómo van a operar las excepciones y los casos de personas con varios empleos, ingresos simultáneos, correcciones e incluso cómo separar a los que queden en régimen de transición, lo que sin duda va a complejizar la cotización a pensiones.

Por ende, Villegas insiste en que se requiere un periodo suficiente entre reglamentación e implementación para desarrollar y probar todo el ecosistema. Además, será crítica la base de datos de todos los cotizantes para saber qué reglas de juego les aplican en materia pensional.

Precisamente, Ana María Valdivieso, socia de Serrano Martínez CMA, señala que en el proceso de cambio del sistema pensional existe el riesgo de que dos trabajadores con condiciones similares terminen con tratamientos pensionales diferentes. “Así tengan las mismas edades, ingresos y trayectorias laborales similares, sus mesadas dependerán del número exacto de semanas acreditadas a la fecha de corte, de la consistencia de su historia laboral, de si están cobijados por el régimen de transición y de la forma en que se hayan distribuido sus aportes. El reto será asegurar que esas diferencias respondan a criterios objetivos, verificables y previamente definidos, y no a errores en las historias laborales, fallas en el reporte de aportes o interpretaciones contradictorias de las entidades administradoras. Por ello, la calidad y trazabilidad de la información serán determinantes para reducir controversias”, aclara, al tiempo que vaticina un probable incremento en la litigiosidad por pensiones.

Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, propone que, mientras los congresistas vuelven a discutir y se llega a un texto final, los actuales cotizantes deberían revisar su historia laboral, calcular su ingreso base, guardar comprobantes y esperar instrucciones antes de tomar cualquier decisión. “La reforma volvió y conocer sus propias cifras será la mejor defensa para su bolsillo y su futura pensión”, precisa.

Paralelamente, ya se están anunciando nuevos proyectos de ley pensionales. Lo importante es que lo aprobado no se quede en buenos deseos, sino que realmente mejore las jubilaciones en un país que cada vez va a tener más viejos.

De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el primer temblor de la noche se registró a las 7:16 p. m., hora local, y tuvo como epicentro el municipio de Istmina, Chocó. La entidad precisó que el evento sísmico tuvo una profundidad de 40 kilómetros de la superficie.

A este se suma otro sismo, cuyo epicentro se ubicó en Medio San Juan (Andagoya), Chocó. Según informó la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 9:03 p. m., hora local, a una profundidad de 40 kilómetros y una magnitud de 2,5.

Posteriormente, se registró otro temblor de magnitud 2,4, con epicentro en el municipio de Istmina, en el mismo departamento. La entidad precisó que el evento sísmico ocurrió a las 9:48 p. m. y tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

Finalmente, hasta el momento, en el municipio de Litoral del San Juan (Docordó), Chocó, se registró un sismo de magnitud 2,4, con una profundidad superficial inferior a 30 kilómetros. El evento sísmico ocurrió a las 10:26 p. m.

Hasta el momento no se ha informado de daños materiales ni personas afectadas por este sismo. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica e invitan a la ciudadanía a reportar si sintió el movimiento a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

Además, estos eventos ocurren en un contexto de permanente vigilancia sísmica en el país tras el devastador terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras.

La entidad recordó la necesidad de realizar una evacuación de manera rápida, pero siempre con precaución, revisando las condiciones del lugar para detectar posibles riesgos.

Durante este proceso, recomendó no utilizar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, debido a que estas zonas no garantizan mayor protección y podrían verse afectadas por la caída de elementos o daños estructurales durante un sismo.

Más allá de la discusión sobre una reforma a la ley, es clave restablecer la confianza en las reglas existentes, cumplir las decisiones judiciales vigentes y recuperar la estabilidad institucional del sistema.

Así lo considera Diego Acevedo, socio de Holland & Knight, quien sostiene que la crisis del sistema de salud ha dejado de ser exclusivamente financiera o administrativa para convertirse en un problema de seguridad jurídica.

“La incertidumbre sobre la suficiencia de los recursos, las intervenciones a las EPS, el creciente volumen de acciones de tutela y las tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes han configurado un escenario en el que la gobernanza jurídica será tan importante como la sostenibilidad económica”, asegura.

Para Acevedo, desde una perspectiva regulatoria, la primera decisión del nuevo Gobierno será definir con claridad el alcance de su política de salud.

Para Paul Rodríguez, profesor de la Universidad del Rosario y experto en temas de salud, es necesario avanzar en una reforma. Pero advierte que será una tarea compleja y que el nuevo Gobierno tendrá que concertar.

En ese sentido, Johann Schomberger, socio de Brigard Urrutia, y Luisa Girón, asociada de la firma, consideran que, aunque se requerirán acciones concretas dentro de la agenda legislativa, también hay decisiones técnicas y regulatorias que pueden adoptarse con relativa rapidez, como la actualización de los manuales de habilitación de servicios de salud, la regularización de los registros sanitarios represados ante el Invima y la expedición de circulares que aclaren el alcance de normas recientes sobre precios de medicamentos.

UPC, en el centro del debate

En el marco de este debate, uno de los primeros frentes en los que hay que trabajar es en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), cuya suficiencia se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre las necesidades de financiación del sistema y la obligación de garantizar el derecho fundamental a la salud.

Según Rodríguez, el principal reto es la salud financiera del sistema. Las dificultades ya se reflejan, señala, en el cierre de servicios y en los problemas para conseguir citas, lo que evidencia que se estaría racionando el uso de los recursos. El desafío, en su opinión, será mejorar la atención sin desconocer las limitaciones financieras del Gobierno, que no se resolverán rápido.

Pero el debate no se limita a cuánto deberá reconocerse hacia adelante. También está en juego qué ocurrirá con las deudas que reclaman las aseguradoras. Rodríguez estima que sus pretensiones están entre 26 y 30 billones de pesos.

Para Acevedo, la discusión sobre la UPC representa un escenario de tensión entre sostenibilidad financiera y protección del derecho fundamental a la salud.

¿Y las EPS intervenidas?

El futuro de las EPS sometidas a medidas de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud será otro de los asuntos que exigirá definiciones. Sin embargo, no existe una única salida jurídica para todas.

Schomberger y Girón advierten que las EPS intervenidas no son un bloque homogéneo. Cada proceso tiene su propia historia administrativa, sus causales específicas y su estado procesal, y esas particularidades determinarán qué opciones son jurídicamente viables.

En términos generales –precisan–, levantar una intervención exige demostrar que desaparecieron las causales que la originaron. La liquidación, por su parte, activa un régimen especial con reglas propias de prelación de créditos y tratamiento de los afiliados.

Acevedo identifica varias alternativas: levantar la intervención y devolver la administración a sus órganos originales; mantenerla mientras subsistan las causas que la justificaron; avanzar hacia la liquidación cuando la entidad resulte inviable desde lo técnico o financiero; o explorar mecanismos de reestructuración, como la fusión o la cesión de activos y pasivos a otra entidad del sistema.

Rodríguez, en tanto, considera que no todas las EPS intervenidas pueden recibir el mismo tratamiento. Algunas podrían volver a sus dueños o administradores originales, mientras que en otras la situación puede ser tan compleja que lleve a reorganizarlas.

En el caso de Nueva EPS, dice, el Gobierno tiene una participación importante. Entre las alternativas está dividirla en estructuras regionales o consolidar una gran EPS. Pero considera clave una intervención gerencial y la reconstrucción de su gobierno corporativo.

La crisis en la entrega de medicamentos constituye otro de los temas que deberá abordar el nuevo Gobierno. Para Rodríguez, el problema está estrechamente relacionado con la situación financiera del sistema: los medicamentos pueden conseguirse, pero hay que pagarlos y también pagar las deudas.

Desde el punto de vista jurídico, Schomberger y Girón señalan que la cadena de suministro de medicamentos involucra múltiples actores con regímenes de responsabilidad diferentes. Cuando falla el acceso a un tratamiento, determinar quién responde y en qué medida depende, en buena parte, de cómo estén estructurados los contratos y de si cada actor cumplió sus obligaciones regulatorias. Por eso, sostienen que una parte de los conflictos puede prevenirse con una arquitectura contractual adecuada, cláusulas claras de asignación de riesgos, protocolos de trazabilidad para identificar dónde se produjo la falla y mecanismos para gestionar y solucionar las disputas.

La situación también tiene una dimensión institucional. Acevedo señala que la crisis en la entrega de medicamentos ha producido una de las expresiones más visibles del deterioro del sistema: el crecimiento de las acciones de tutela y las reclamaciones judiciales relacionadas con el acceso oportuno a tratamientos.

En esta cadena, explica, el Estado mantiene la obligación de garantizar condiciones regulatorias, financieras y de supervisión adecuadas; las EPS deben coordinar y asegurar la prestación efectiva de los servicios, y los gestores farmacéuticos y operadores logísticos responder por las obligaciones derivadas de sus actividades contractuales y regulatorias.

Para Acevedo, la reducción de la litigiosidad en el sector salud no dependerá exclusivamente de nuevas normas. También requerirá fortalecer la trazabilidad, la interoperabilidad de la información y los procedimientos administrativos para resolver controversias antes de que lleguen a los despachos judiciales.

Así, el gran desafío jurídico del nuevo Gobierno no será solo diseñar desde cero otro sistema de salud. También será decidir qué puede cambiar, qué debe mantenerse y cómo hacerlo dentro del marco constitucional y legal.

Como señala Marín Gustavo Ibarra, socio presidente de Araújo Ibarra, Colombia ha perdido espacio en el comercio exterior. “Hoy el mundo exporta 3.250 dólares por habitante; Colombia está en 950. Veníamos mal y estamos peor”, advierte, y da un dato preocupante: “No hemos traído ningún negocio nuevo en 35 años de más de mil millones de dólares al año”.

En ese sentido, él, como miembro de la Cámara de Servicios Legales de la Andi, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la Corporación Excelencia de la Justicia y la Fundación para el Estado del Derecho, trabaja en el diseño de una propuesta para presentarle al Gobierno de Abelardo De La Espriella, sobre los ajustes necesarios para, como dice Ibarra, tener “el mejor derecho que requerimos” para los nuevos negocios que Colombia necesita traer.

“Hoy no tenemos el concepto de competitividad legal. Este es el movimiento más importante reciente en la historia del derecho en el país para hacer un upgrade para que Colombia tenga una de las mejores legislaciones de América Latina”, señala Ibarra.

En el entretanto, la llegada del nuevo Gobierno ha suscitado importantes ajustes en materia de comercio exterior en cuatro frentes, principalmente: Israel, Estados Unidos, China y Venezuela.

En el primero de ellos, el pasado fin de semana se conoció el decreto con el que el Gobierno hizo oficial la reactivación de las exportaciones de carbón a Israel, tras la decisión de la Administración Petro de suspenderlas.

Las restricciones a las exportaciones de carbón hacia Israel fueron adoptadas mediante decretos del Gobierno nacional y, por lo tanto, pueden ser modificadas, suspendidas o derogadas por la nueva administración.

Como explica José Francisco Mafla, socio de Brigard Urrutia, en el plano judicial interno, el decreto había sido demandado ante el Consejo de Estado, proceso que se encuentra activo, pero sin una decisión de fondo. Antes de conocerse la decisión del Gobierno, el abogado había advertido: “El escenario más probable es que el nuevo gobierno derogue los decretos, lo que además despejaría los procesos ante el Consejo de Estado por sustracción de materia y reabriría el mercado carbonero israelí”.

Pero otros casos no tienen, aún, una solución inmediata. Poco antes de terminar el mandato del presidente Gustavo Petro, la Casa Blanca aumentó los aranceles, al 12,5 por ciento, a algunos productos en Colombia, entre los que quedó muy golpeado el sector floricultor, como una medida contra los países que no cuentan con medidas que prohíban las importaciones con trabajo forzoso.

“Si bien la administración saliente dio los primeros pasos con un proyecto regulatorio orientado a identificar riesgos de trabajo forzoso en las cadenas de suministro, la prioridad ahora debe ser adoptar medidas más efectivas y verificables, similares a las existentes en países como Perú, donde se han establecido mecanismos concretos para restringir el comercio de bienes vinculados a trabajo forzoso. Más que nuevas declaraciones, Estados Unidos espera resultados demostrables en materia de trazabilidad, debida diligencia y control”, señala Juan David López, socio de Baker McKenzie”.

Pero, como advierte Mafla, desde el punto de vista jurídico, además del arancel ya impuesto, debe tenerse en cuenta que existen investigaciones en curso en Estados Unidos que podrían derivar en medidas adicionales, a razón de la Sección 301. “Por eso, el reto para el nuevo Gobierno no es solo reaccionar frente al arancel vigente, sino participar activamente en los espacios institucionales que permitan explicar la situación colombiana y buscar que las medidas sean revisadas o, eventualmente, desmontadas”.

En ese sentido, se conoció que los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos estudian los detalles de un acuerdo comercial recíproco, como el que adelantó la Casa Blanca con Argentina, El Salvador y Guatemala. La idea es realizar una negociación rápida para que entre el 90 y 93 por ciento de los productos colombianos que llegan al mercado estadounidense no tengan aranceles.

En el caso de China, la situación está relacionada con la incorporación de Colombia a la Ruta de la Seda, que se dio en el Gobierno Petro, pero que ahora bajo el mandato de De La Espriella chocaría, pues habrá una mayor alineación con Estados Unidos. De hecho, el embajador nominado de Estados Unidos en Colombia, Nate Morris, señaló ante el Senado estadounidense que el Gobierno colombiano habría manifestado su compromiso de retirar al país de esa iniciativa china.

Como explica López, la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta no constituye un tratado de libre comercio ni genera obligaciones comerciales automáticas. Sin embargo, sí abre la puerta a proyectos de infraestructura, cooperación tecnológica e inversión que exigirán reglas claras en contratación pública, competencia, protección de datos, propiedad intelectual y solución de controversias. “El principal reto jurídico será administrar la creciente relación con China sin generar incompatibilidades con los compromisos asumidos frente a otros socios estratégicos, particularmente Estados Unidos”, afirma.

En ese mismo sentido se pronuncia Mafla. Para él, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la salida no tendría las mismas implicaciones que la denuncia de un tratado internacional. “El análisis deberá concentrarse más bien en los proyectos, instrumentos de cooperación o compromisos concretos que se hayan desarrollado a partir de ese Plan y en los efectos que una modificación de la política de acercamiento a China pueda tener sobre ellos”, dijo, y agregó que el desafío para el nuevo Gobierno será “administrar jurídicamente esa transición sin desconocer los posibles compromisos que sí tengan efectos legales y, al mismo tiempo, definir el alcance de la nueva política frente a China”.

Finalmente, el nuevo panorama de Venezuela genera expectativas. Ibarra subraya que el único acuerdo que se celebró en el pasado gobierno fue el de protección de inversión con Venezuela. “Está vigente y le da a Colombia un plus”, señala, pues ahora que Venezuela se va a abrir, quien haga negocios en el vecino país desde Colombia “automáticamente tendrá protegida su inversión al amparo de este acuerdo”.

Como concluye López, el principal desafío para el nuevo Gobierno será equilibrar soberanía regulatoria y seguridad jurídica.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella deberá revisar tanto la forma como el contenido de varias de las decisiones adoptadas por la administración anterior, en especial las relacionadas con el ordenamiento ambiental del territorio. “No se trata necesariamente de desmontar las políticas de protección ambiental, sino de asegurar que estas se hayan construido sobre bases técnicas sólidas, con participación efectiva de las comunidades y de los sectores potencialmente afectados”, dice Camila Jiménez, líder de la práctica de derecho ambiental en Baker McKenzie Colombia.

Para Camila del Villar, socia de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (MQMGL&D), el nuevo Gobierno debería realizar una revisión integral del régimen jurídico ambiental, orientada a identificar y corregir duplicidades regulatorias, vacíos normativos, vicios de nulidad e inconstitucionalidad de las normas expedidas, conflictos de competencia y las ineficiencias que actualmente se presentan en trámites y procedimientos administrativos.

Dos temas clave marcan la gestión en materia ambiental: las consultas previas y el licenciamiento, pero en especial hoy, cuando la soberanía energética está amenazada y hay controversia en materia de protección de los páramos. Y, por si fuera poco, el país se enfrenta a un fenómeno de El Niño que, por lo que se anticipa, será el más intenso de los últimos tiempos.

Lina Correa, directora de Derecho Ambiental de Pérez-Llorca Colombia, afirma que en materia de consulta previa se requieren plazos máximos para cada una de las etapas del proceso, criterios objetivos para la identificación de comunidades afectadas, un proceso claro en caso de que no se llegue a acuerdos con las comunidades o surjan comunidades sobrevinientes. “Esto implicaría la expedición de una ley estatutaria que a su vez debe ser objeto de consulta previa”.

Jiménez coincide: “Colombia necesita una ley estatutaria de consulta previa que defina plazos, competencias y alcances, y que fortalezca el papel del Estado como garante del proceso. La consulta previa debe enfocarse en su finalidad constitucional, que es generar un diálogo intercultural efectivo sobre los impactos de los proyectos y las medidas para manejarlos, sin convertirse en una fuente permanente de incertidumbre para la inversión”.

Frente al licenciamiento ambiental, Del Villar considera importante fortalecer las garantías en cabeza de los administrados cuando las autoridades ambientales no cumplen con los términos legales que prevé la ley para concluir cada una de las etapas de este trámite. “Es fundamental revisar la falta de articulación entre el trámite de licenciamiento ambiental y el proceso de consulta previa para que se permita el desarrollo de estos trámites de forma concomitante, sin que ello implique la pérdida de rigor en la evaluación ambiental ni mucho menos en la garantía del derecho de participación de las comunidades”.

Recuerda Correa que, en materia de licenciamiento ambiental, el Gobierno pasado abrió el camino para las licencias “exprés” con la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado, que compromete a la Anla a expedir términos de referencia en 15 días y acortar los plazos de evaluación, y su análoga en el campo solar. “Estos procesos podrían ser replicados en otros proyectos”.

Para Iván Páez, director del área de medioambiente y derecho sostenible de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), frente al futuro de la limitación de los páramos, el Ministerio de Ambiente deberá expedir una hoja de ruta metodológicamente clara y con fechas ciertas donde se incluya la revisión de lo ya realizado, se establezcan las fuentes técnicas y científicas que asesoren y emitan los correspondientes conceptos que permitan tener información confiable y sustentada para continuar con el proceso de reglamentación que culmine con unas directrices jurídicas y técnicas claras y precisas que permitan proteger y conservar el ecosistema de páramo, que garantice los servicios ecosistémicos y que promueva el uso sostenible de los recursos naturales renovables, incluyendo la variable del cambio climático, pero de la misma manera garantizando el desarrollo y promoción de las actividades productivas que ancestralmente se han venido impulsando en el territorio.

La delimitación de los páramos ha sido un tema de controversia jurídica. Como advierte Jiménez, la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que estos procesos deben garantizar una participación amplia y efectiva de las comunidades y sectores afectados, así como acceso suficiente a la información. “Por ello, las delimitaciones que no hayan cumplido adecuadamente con estos estándares podrían ser cuestionadas por vulnerar derechos fundamentales y el debido proceso administrativo”.

Ante la pérdida de autosuficiencia energética, el tema central pasa por la reactivación de los contratos de exploración e iniciar la práctica del fracking, vedada en el gobierno anterior.

Según Del Villar, los proyectos estratégicos de gas y la discusión sobre el fracking deben analizarse desde una perspectiva técnica, ambiental y jurídica. “El punto de partida no debe ser la aceptación o rechazo automático de una tecnología, sino establecer cuáles son las condiciones regulatorias, ambientales y sociales necesarias para que, en caso de desarrollarse, estas actividades puedan adelantarse bajo criterios rigurosos de prevención, manejo y control de impactos ambientales, gestión de riesgos, monitoreo y seguimiento”.

Además, otra de las decisiones controvertidas del Gobierno anterior pasa por la incorporación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), por las competencias con los entes territoriales y las restricciones asociadas al uso del suelo, tema que será revisado por el nuevo Gobierno.

“En pronunciamientos, ha señalado que se derogarán las declaratorias de Appa efectuadas por el Gobierno saliente, motivo por el cual es probable que esta figura desaparezca del ordenamiento jurídico o se reestructure, de forma tal que responda a la necesidad de seguridad alimentaria para el país sin generar restricciones categóricas sobre el uso del suelo”, advierte Alejandra Gómez, de PPU.

Carlos Umaña y Mario Forero, socios de Brigard Urrutia, consideran que el primer imperativo es recuperar la confianza de los inversionistas en la seguridad jurídica. Para esto, señalan que el Estado debe cumplir las obligaciones contractuales vigentes, respetar las reglas de tarifas de peajes, honrar sus compromisos de pago, ejecutar los presupuestos asignados y adoptar las decisiones pendientes sobre proyectos en ejecución.

Por su lado, Jorge Di Terlizzi, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), plantea que el país no necesita construir un modelo desde cero. La ANI ya cuenta con metodologías y documentación desarrolladas durante los programas 4G y 5G, respaldadas por la banca comercial, multilateral e inversionistas privados. “El nuevo Gobierno no tiene que ‘inventarse la rueda’”, sostiene.

Junto con la reactivación aparece otro frente: el inventario de reclamaciones contra la Nación. Di Terlizzi señala que muchas controversias ya cuentan con precedentes judiciales o arbitrales que permiten anticipar sus resultados, por lo que el Estado podría depurar parte del inventario sin esperar a nuevos tribunales o condenas.

Su diagnóstico sobre la ANI es crítico. Según las cifras que aporta, la entidad pasó de nueve procesos arbitrales en el tercer trimestre de 2022, con pretensiones por 1,8 billones de pesos, a 30 actualmente, por más de 5,4 billones. Para el abogado, esto evidencia problemas en la gestión contractual.

Señala que entre 2015 y 2025 se produjeron más de un centenar de decisiones de amigables componedores y laudos arbitrales sobre asuntos recurrentes de los contratos de APP. Sistematizarlas y hacer que la gestión contractual de la ANI las tenga en cuenta, sostiene, sería una medida de alto impacto y bajo costo fiscal para reducir la litigiosidad.

La preocupación por los contratos de largo plazo también aparece en el análisis de Adriana Espinosa, socia de Garrigues. A su juicio, los principales conflictos entre la ANI y los concesionarios se relacionan con el alcance de las obligaciones, la valoración de riesgos, los eventos eximentes de responsabilidad y los asuntos ambientales y sociales.

Por eso considera fundamental que la estructuración determine con mayor precisión qué debe hacer cada concesionario y cómo se distribuyen los riesgos. Como referencia positiva, menciona el sistema de bandas para riesgos prediales, ambientales y de redes utilizado en las concesiones de cuarta generación. Al establecer un monto máximo de exposición, explica, los concesionarios pueden estimar mejor sus obligaciones y se reducen las controversias.

Otro asunto que requiere cambios son los eventos eximentes de responsabilidad. Las discusiones sobre su procedencia pueden prolongar las decisiones y la compensación por la mayor permanencia en obra puede resultar insuficiente cuando estos eventos desplazan los cronogramas.

La estabilidad de las reglas y la seguridad jurídica aparecen como una preocupación transversal. Espinosa considera fundamental no alterar las condiciones pactadas al suscribir los contratos y que tanto la ANI como los concesionarios tengan voluntad para resolver directamente sus diferencias.

Sobre la remuneración, advierte del impacto de cuestionar instrumentos como las tarifas de peajes y las vigencias futuras. Propone proteger las condiciones acordadas y desarrollar mecanismos alternativos que ofrezcan seguridad a inversionistas y financiadores.

Consultas previas

La consulta previa es uno de los principales puntos de la agenda jurídica del sector. Para los abogados de Brigard Urrutia, la ausencia de una ley estatutaria ha generado incertidumbre sobre requisitos, tiempos, alcance y actividades que deben someterse a este mecanismo. Consideran necesario un régimen que garantice los derechos de las comunidades, pero que evite que la consulta se convierta en un poder de veto y que los procesos se prolonguen indefinidamente.

Cristina Vásquez, socia de Posse Herrera Ruiz, coincide en que existe una deuda pendiente con la expedición de una ley estatutaria. Su propuesta incluye establecer plazos máximos para las etapas del proceso, mecanismos de cierre aun cuando no exista acuerdo, criterios objetivos de compensación y un registro unificado de comunidades.

También plantea fortalecer la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa con mayor autonomía, presupuesto y personal técnico. Mientras se expide la ley, considera que la jurisprudencia debería precisar qué constituye una “afectación directa”.

Para María Aponte, de Holland & Knight, el objetivo también debe ser dotar la consulta previa de un marco más claro y estable, con reglas uniformes sobre etapas, alcance y tiempos, sin afectar el derecho de las comunidades a participar efectivamente en las decisiones que las impactan.

En tanto, Di Terlizzi introduce una aproximación distinta: considera que una regulación ex ante de la consulta previa difícilmente daría frutos en un cuatrienio y propone concentrarse también en las herramientas contractuales existentes para enfrentar los riesgos sociales y ambientales cuando estos se materializan, mediante ajustes de plazo, restablecimiento de las condiciones económicas del contrato y mecanismos de solución de controversias.

Licencias ambientales

Otro de los grandes temas es el licenciamiento ambiental. Los planteamientos apuntan a acelerar los trámites sin desmejorar las garantías ambientales.

Vásquez plantea evaluar un régimen diferenciado para determinados proyectos de infraestructura que, por sus características técnicas y de localización, tengan menores impactos ambientales. Ese esquema podría incluir términos de evaluación más cortos y permitir, cuando corresponda, adelantar simultáneamente la consulta previa y la evaluación ambiental.

De otra parte, Aponte propone un modelo basado en criterios técnicos, digitalización y diferenciación de riesgos. Entre sus prioridades están fortalecer técnica y presupuestalmente a la Anla, racionalizar los trámites y ampliar la evaluación diferenciada para proyectos de menor complejidad o impacto.

Iván Páez, de PPU, pone sobre la mesa utilizar nuevas tecnologías para la presentación, evaluación y decisión sobre los estudios de impacto ambiental; actualizar y unificar los términos de referencia para evitar solicitudes de información no contemplada en ellos, y modificar el procedimiento para acotar los tiempos de evaluación y decisión, estableciendo un efecto jurídico cuando esos términos no se cumplan.

Los socios de Brigard Urrutia agregan que es clave coordinar y agilizar los trámites de sustracción definitiva de reservas forestales con los de obtención de licencias ambientales.

Vásquez resume el enfoque ambiental así: “Planificar mejor y no desregular es la ruta jurídicamente sostenible”.

La agenda jurídica también incluye modificaciones al régimen de APP. Vásquez considera que la Ley 1508 de 2012 requiere ajustes tras más de una década de vigencia. Entre las propuestas están permitir prórrogas para nuevas inversiones por encima de los 30 años con autorización del Conpes, elevar los límites de adiciones y prórrogas y precisar el tratamiento de los recursos del Fondo de Contingencias.

La abogada de Garrigues plantea priorizar las iniciativas privadas sin recursos públicos y permitir ampliar el plazo de las concesiones cuando sea necesario compensar riesgos que el Estado se haya reservado. También propone ampliar el límite para adicionar contratos.

Brigard Urrutia pone el foco en el espacio fiscal del Estado y plantea fomentar mecanismos de participación privada, como las APP de iniciativa privada.

Vásquez añade dos frentes: ampliar obras por impuestos a municipios con brechas de infraestructura que no están clasificados como PDET o Zomac y ejecutar proyectos aeroportuarios regionales estratégicos, con inversiones por 6,54 billones de pesos entre 2026 y 2035.

También llama la atención sobre el futuro de las concesiones portuarias. Sostiene que el 85 por ciento de los 91 contratos vigentes se habrán vencido para 2040. Plantea resolver la “cola de la concesión” con mecanismos que incentiven inversiones durante la etapa final y permitan reconocer el valor residual de inversiones no amortizadas.

Los abogados de Brigard Urrutia consideran que una estructuración rigurosa y una distribución adecuada de los riesgos pueden reducir los litigios. Espinosa coincide en precisar las obligaciones y asignar los riesgos según la capacidad de cada parte para gestionarlos.

Vásquez y Espinosa también plantean fortalecer mecanismos intermedios de solución de controversias. Paneles técnicos, comités de controversias y amigables composiciones pueden permitir que diferencias técnicas o contractuales se resuelvan antes de llegar al arbitraje.

Di Terlizzi, de PPU, considera que muchos problemas ya tienen respuestas en precedentes arbitrales existentes y que la gestión contractual debe ser más consistente con esas decisiones.

El desafío jurídico es lograr reglas claras y estables, gestionar adecuadamente los riesgos y resolver controversias antes del litigio. Para Umaña y Forero, el objetivo transversal es recuperar la confianza en la seguridad jurídica: que el Estado cumpla lo pactado, tome decisiones oportunamente y mantenga reglas previsibles.

“Los riesgos ambientales, geológicos, prediales, sociales y financieros seguirán presentándose. El problema, entonces, no radica en el diseño de la política pública de riesgos, sino en su aplicación”, concluye Di Terlizzi.

Frente al nuevo entorno político y la posibilidad de modificar los condicionamientos impuestos a la fusión Tigo-Movistar, los expertos consultados coinciden en que la agenda de libre mercado no se traduce en un desmantelamiento de las reglas de juego. Andrés Fernández de Castro y Sergio Michelsen, de Brigard Urrutia, señalan que “el libre mercado y la reducción del Estado que propone la nueva administración de Abelardo De La Espriella tendrán como consecuencia una mayor flexibilidad en la entrada de jugadores privados”. No obstante, prevén un escenario hacia la “flexibilización de condicionamientos en integraciones y fusiones” y la “transición de regulación ex ante a fiscalización ex post”.

Por su parte, desde la perspectiva del derecho de la competencia, Diego Cardona, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du Uría (PPU), aclara el rigor técnico del proceso. “Los condicionamientos que la SIC impuso a la fusión Tigo-Movistar corresponden a obligaciones incorporadas en un acto administrativo, que goza de presunción de legalidad y crea situaciones jurídicas que, en principio, no podrían desconocerse como consecuencia del cambio de Gobierno”, aseguró.

Respecto a la dominancia del mercado y los instrumentos de inspección, Juan Sebastián Gómez, asociado de PPU, advierte que “la falta de controles y de medidas adicionales para contrarrestar la posición del operador dominante puede ser perjudicial para la competencia”. En materia de posibles colusiones o acuerdos de precios entre los gigantes del sector, Gómez recuerda que la SIC “puede iniciar una investigación administrativa de oficio o a petición de parte por la realización de acuerdos anticompetitivos” o por “prácticas conscientemente paralelas”, las cuales conllevan sanciones de “hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para personas jurídicas, así como multas de 2.000 SMLMV para las personas naturales involucradas”.

En cuanto a la condición de Claro, Felipe Serrano, socio director de Serrano Martínez, precisa que “la fusión Tigo-Movistar no modifica por sí misma la calidad de dominante que las autoridades públicas hayan establecido respecto a determinado agente”, requiriendo análisis posteriores de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para evaluar la presión competitiva real.

Espectro enredado

Uno de los puntos de mayor debate jurídico es la intención del MinTIC del Gobierno Petro de modificar los topes de espectro mediante resolución ministerial en lugar de decreto presidencial. Los abogados consultados sostienen reservas sobre el impacto institucional de la medida. David Toro, asociado principal de Garrigues, explica que “el problema no es la figura, sino el propósito que cumple el tope de espectro. Nace como una herramienta para balancear la cancha, pero puede generar incentivos inconvenientes que frenan la innovación”.

Así mismo, Gómez opina que la medida “puede generar riesgos para la seguridad jurídica del sector” e indica que “lo recomendable sería que una modificación de esta naturaleza se tramite mediante decreto presidencial, de forma que refleje una definición de política sectorial de alto nivel”.

En cuanto a la reversión de espectro derivada de la integración y el acceso de actores más pequeños, Gómez indica que “esa disponibilidad formal no se traduce necesariamente en acceso efectivo para operadores de menor tamaño, si estos no cuentan con la capacidad financiera, técnica o estratégica”.

Sobre el repunte bursátil atípico de ETB, los voceros de Brigard Urrutia afirman que este “responde principalmente a un fenómeno propio del momento que atraviesa la industria de las telecomunicaciones, la migración de redes de cable coaxial hacia fibra óptica” y a su transformación hacia un modelo “Techco”. Ante la eventualidad de una venta o alianza de la empresa capitalina, Diego Cardona y Felipe Serrano coinciden en que cualquier operación con un competidor exigiría someterse a un control de integraciones empresariales de carácter ex ante ante la SIC.

Finalmente, otro tema que genera atención es un eventual control de precios e intervención tarifaria ante posibles presiones inflacionarias por concentración. Al respecto, los juristas concuerdan en que la CRC posee la facultad legal, aunque su aplicación es excepcional. Danilo Romero, socio en Holland & Knight, resalta la importancia institucional al señalar que “es clave que entidades como SIC y CRC garanticen que los mecanismos regulatorios sean verdaderamente efectivos para garantizar que el mercado se mantenga en real competencia”. Por su parte, Toro subraya que “con todas las medidas efectivamente probadas que se han tomado en estos mercados, es discutible que se cumplieran todos los criterios de necesidad, proporcionalidad y de corrección de falla de mercado”.

La reconfiguración del mapa de las telecomunicaciones en Colombia exige un balance preciso entre la libertad económica y el rigor de la vigilancia técnica. El desafío para las autoridades regulatorias y los nuevos tomadores de decisión residirá en fomentar la inversión privada y la simplificación de trámites, sin descuidar las garantías institucionales ni la libre competencia que protegen al usuario final.

En el tema de un marco sectorial que dinamiza, pero deja materias pendientes, los expertos coinciden en que Colombia cuenta con un marco regulatorio adecuado para habilitar la innovación financiera sin levantar barreras excesivas. A diferencia de países que optaron por una “Ley Fintech” integral y que en ocasiones ha resultado rígida, el modelo sectorial colombiano le ha permitido al mercado evolucionar atendiendo nichos específicos del ecosistema.

Sin embargo, el gran desafío no es habilitar la innovación, sino generar certidumbre regulatoria. En ese sentido, Camilo Gantiva Hidalgo, socio en Holland & Knight, explica que “existen áreas donde se ha emitido regulación primaria, pero falta que se materialice la regulación secundaria, como es el caso del open finance. En otros casos, la ausencia de unas directrices generales ha creado incertidumbre y posiciones encontradas entre diversas autoridades, como se evidencia con los activos digitales y las finanzas embebidas. La velocidad de innovación es mayor que la velocidad regulatoria”.

De otra parte, los expertos priorizan tres vacíos normativos urgentes. En primer lugar, la falta de habilitación para que las entidades vigiladas custodien, inviertan o intermedien con activos virtuales, así como un marco regulatorio comprensivo para los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (VASP). En segundo término, la necesidad de revisar distorsiones operativas como la tasa de usura o el impuesto del 4x1.000. Finalmente, se requiere avanzar en la proporcionalidad regulatoria y reducir barreras de entrada para modelos de financiación colaborativa (P2P lending) y crédito digital.

Respecto al espacio controlado de pruebas de la Superintendencia Financiera de Colombia, conocido como “la arenera” (creado por el Decreto 1234 de 2020), la lectura general es que se trata de un hito valioso, pero con impacto práctico limitado.

Sobre este instrumento, Carlos Fradique-Méndez, socio director de Brigard Urrutia, destaca su valor estratégico. “Efectivamente, existe y ha sido un paso muy importante en la promoción y consolidación del ecosistema. La Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con un espacio de pruebas controladas que permite a las startups probar modelos innovadores bajo supervisión antes de operar plenamente en el mercado... El reto inmediato es escalar ese sandbox, dotarlo de mayor capacidad técnica y hacerlo todavía más ágil para que se convierta en una puerta de entrada regulatoria expedita y efectiva”.

Otros juristas apuntan a que la efectividad de la Arenera ha sido media o limitada por diseño. Si bien permitió probar operaciones cash-in/cash-out con criptoactivos o la primera emisión de un bono blockchain, no ha funcionado como un puente directo hacia licencias definitivas.

Al respecto, Felipe Serrano, socio director de Serrano Martínez CMA, argumenta que “al terminar el piloto, la startup debe migrar a una autorización definitiva bajo el régimen general sin que exista todavía un esquema de licenciamiento gradual o proporcional que sirva de puente entre el sandbox y la licencia plena. En ese sentido, la arenera ha demostrado ser un buen instrumento para pilotos, pero no resuelve el vacío estructural: la ausencia de un régimen de autorización escalonado para startups financieras en distintas etapas de madurez”.

En materia de protección al consumidor, para los abogados coexisten dos regímenes paralelos en el país: las fintech vigiladas por la Superfinanciera responden ante el Estatuto del Consumidor Financiero, mientras que las no vigiladas quedan amparadas por el Estatuto del Consumidor general bajo la órbita de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Frente a la privacidad y el uso de datos personales regulado por la Ley 1581 de 2012, Juan Sebastián Gómez, de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), pondera los recientes avances y los riesgos emergentes: “A través de la Circular 001 de 2025, la SIC reforzó estas reglas específicamente para el sector fintech, obligando a las empresas, por ejemplo, a obtener consentimientos separados según el uso que le pretendan dar a los datos, proteger con más rigor la información biométrica y explicar al usuario cualquier decisión automatizada”.

Al abordar la función del Estado para equilibrar la supervisión con la innovación, los juristas concuerdan en que la solución radica en adoptar un enfoque de proporcionalidad basada en riesgos y pasar de una supervisión centrada en entidades a una centrada en actividades.

En ese mismo sentido, Ricardo Trejos, socio de Baker McKenzie Colombia, destaca la importancia de fijar reglas claras para evitar la parálisis del sector: “La ausencia de regulación no siempre favorece la creación de nuevos servicios. En ocasiones, la regulación otorga claridad porque tanto los actores del mercado como los supervisores tienen mejor delimitado el marco de actuación. Lo que una regulación nueva puede aportar es la adopción de estándares que otorguen claridad, evitando barreras de entrada injustificadas, como capitales mínimos de operación excesivos o restricciones a determinados tipos de entidades, que, en última instancia, perjudican la calidad y las condiciones de oferta para el usuario final”.

La relación entre los jugadores tradicionales y las fintech se interpreta como una búsqueda de sinergias donde los bancos aportan infraestructura de cumplimiento y las startups aportan agilidad tecnológica. No obstante, en el despliegue del esquema obligatorio de finanzas abiertas y la infraestructura de pagos inmediatos Bre-B, persisten retos de acceso equitativo. Los expertos señalan con preocupación que las entidades financieras tradicionales conservan cierta discrecionalidad para vincular a terceros no vigilados como receptores de datos. Para evitar que la regulación se convierta en una barrera de defensa de los actores establecidos, los juristas urgen a la Superfinanciera a emitir instrucciones técnicas con criterios objetivos y neutrales de acceso.

El ecosistema fintech en Colombia demuestra una madurez operativa que demanda urgentemente una evolución paralela de sus instituciones. El consenso de los especialistas señala que la certeza jurídica, la reglamentación expedita de las finanzas abiertas, la proporcionalidad en los esquemas de licenciamiento y la incorporación formal de los activos virtuales al sistema regulado serán las llaves maestras. Solo mediante un marco normativo claro, flexible y alineado con estándares internacionales, Colombia podrá consolidar un sector financiero digital inclusivo, seguro y altamente competitivo.

En ese escenario, la práctica penal corporativa será clave. “Habrá un incremento en la dinámica. Hay empresas que en el Gobierno pasado presentaron denuncias por hechos de corrupción a un muy alto costo, pues en ocasiones entidades como el Ministerio del Trabajo, algunas superintendencias, la Dian o la Uiaf fueron utilizadas como “policía política”. Seguramente, con el cambio de gobierno, esas situaciones empezarán a visibilizarse más, con el análisis de posibles implicaciones penales. Con la llegada del nuevo Gobierno habrá empresas que querrán denunciar más hechos, pero el reto estará en la respuesta que dé la Fiscalía General de la Nación”, señala Andrés Jiménez, socio de Riveros Bazzani Abogados.

Esta es apenas una de las expectativas que trae la llegada del nuevo Gobierno. Para Fabio Humar, socio de Fabio Humar Asociados, hay reformas y ajustes urgentes para que el país “no siga siendo un estado fallido en materia de justicia penal”.

Considera que este es un buen momento para impulsar algunas transformaciones que, si bien a su juicio no son urgentes, sí podrían poner al sistema de justicia penal bajo estándares más elevados. “Un ejemplo de ello sería empezar a instaurar la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la consagración de delitos financieros y económicos en modalidad culposa”, afirma Humar.

Precisamente, sobre la ola de denuncias de corrupción de casos del Gobierno anterior, con la vinculación de empresas de los sectores público y privado, Humar dice que es momento de reconfigurar el modo de investigar y juzgar la corrupción en Colombia. “Hay grandes titulares de prensa sobre hechos que ameritan investigaciones, pero muy poca capacidad estatal para investigar, juzgar y sancionar”.

Otro de los frentes que se está observando es la vinculación de personas a la Lista Ofac. Jiménez considera que, en cuanto a esta inclusión, lo más relevante tiene que ver con la categorización de los carteles del narcotráfico como terroristas por parte de Estados Unidos. “Esto implica un aumento de los riesgos para compañías con exposición a la jurisdicción de los Estados Unidos, pues muchas de ellas han sido víctimas de extorsión durante los últimos años y la inadecuada gestión de estos riesgos puede terminar en casos como el de Chiquita Brands”.

Para Humar es una herramienta autónoma de Estados Unidos, con graves incidencias en el desarrollo de la vida de personas en Colombia. “Algo ha venido cambiando, en especial con los fallos de tutela del exministro Benedetti, en los que se ordenó que, a pesar de su inclusión en la Lista Ofac, el ministerio para el cual él trabajaba debía pagarle su salario y el banco correspondiente debía, también, permitir que tuviera algún grado de relacionamiento financiero, sin mayores límites”.

Frente a Venezuela, cambió la dinámica con la captura de Nicolás Maduro. “Esto hizo que los riesgos Ofac con varias industrias de ese país hayan cambiado y se abran oportunidades de negocios para empresas colombianas, por ejemplo, pero no limitado al sector de hidrocarburos, donde debe gestionarse adecuadamente ese riesgo”, afirma Jiménez.

Los juristas coinciden en que, en lo relacionado con la JEP, es improbable que desaparezca, pero siguen las críticas sobre su eficiencia, pues los resultados han sido escasos para el presupuesto que se le ha asignado, así como la demora en emitir sanciones.

De cara a lo que viene, Humar destaca la llegada de investigaciones por hechos de delincuencia financiera “y de cuello blanco, que son el camino del blanqueo de capitales que han servido como alimento de las estructuras criminales”, pero advierte que la Fiscalía no puede tomar años en estas investigaciones.

Jiménez advierte que un cambio importante es una nueva circular de la SuperSociedades, que amplió la obligación de incluir en sus programas de compliance nuevos delitos como los ambientales, electorales y societarios, además de los de lavado de activos y corrupción. “Los temas de acoso sexual en ámbitos laborales han incrementado su relevancia penal con casos recientes y mediáticos. Asimismo, resta por verse cómo manejará la nueva administración de la Dian asuntos aduaneros y tributarios que en los últimos cuatro años pasaron de asuntos meramente administrativos a discusiones con la Fiscalía General de la Nación”, concluye Jiménez.

El Gobierno saliente reconoció que falta una verdadera agencia nacional de seguridad digital. Sobre ese vacío, abogados especializados coinciden en un punto de partida: la ciberseguridad ya dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un problema de Estado.

Para empezar, hay consenso en que la nueva administración no puede relegar la seguridad digital frente a la agenda de mano dura del presidente Abelardo De La Espriella. Adolfo Enrique Gómez, de Garrigues, sostiene que un enfoque de seguridad que descuide el ciberespacio resultaría incompleto. En ese sentido, Andrés Fernández de Castro, de Brigard Urrutia, recuerda que los incidentes de mayor impacto económico del país no han sido ataques físicos, sino ciberataques que golpearon sectores como energía, salud y finanzas. De la misma manera, Carolina Pardo, de Baker McKenzie, cree que la seguridad digital estará entre las prioridades del nuevo Gobierno bajo una lógica de prevención de riesgos, no de mano dura.

Laura Torrado, de Posse Herrera Ruiz, es tajante: la seguridad física depende de la digital. Y Lorenzo Villegas-Carrasquilla, de Serrano Martínez CMA, matiza el consenso: considera previsible que la seguridad física concentre la prioridad, aunque insiste en que la ciberdefensa es también un asunto de seguridad nacional.

Adicionalmente, hay un asunto de fondo que ninguno de ellos esquiva: ¿por qué, después de tantos intentos, el país sigue sin una ley integral? Ante esto, Fernández de Castro atribuye esa ausencia no tanto a una imposibilidad jurídica, sino a una falta de voluntad política sostenida, mientras que Pardo lo explica por la priorización de otros temas y por el reto que la evolución tecnológica impone a los reguladores. Villegas-Carrasquilla añade que el país ha avanzado más por documentos Conpes que por una ley general y el marco está fragmentado.

Ese vacío legislativo desemboca en la duda sobre si el marco vigente alcanza para atender el volumen de incidentes que reporta el país.

Juan Sebastián Gómez, de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), considera que el reto no está solo en expedir nuevas normas, sino en consolidar un sistema institucional articulado. Para Fernández de Castro, sí existe un vacío estructural, representado en la falta de una autoridad única capaz de coordinar la respuesta a incidentes.

¿Y la agencia?

Frente a ese diagnóstico compartido, la salida institucional que más entusiasma a los expertos es la creación de una agencia nacional de seguridad digital, aunque con matices sobre sus riesgos. Gómez, de PPU, ve en ella una oportunidad de superar la dispersión entre el MinTIC, la Superindustria y la Superfinanciera. Fernández de Castro comparte esa cautela: sin una redefinición legal clara, la nueva entidad correría el riesgo de superponerse con las ya existentes. Pardo, de Baker McKenzie, es más optimista: para ella, una autoridad centralizada sería un avance frente al modelo de competencias dispersas. Juan Sebastián Gómez plantea que la agencia debería actuar como un ente articulador, más que como reemplazo del esquema vigente. Villegas-Carrasquilla resume la expectativa en que aportaría seguridad jurídica y un interlocutor único, aunque reconoce retos presupuestales.

En el terreno de las obligaciones reales para empresas privadas más allá del sector financiero, los juristas coinciden en que el deber más consolidado viene de la protección de datos personales. María Alejandra Parra, del área penal de PPU, detalla que la omisión del reporte es un incumplimiento legal y recuerda que el Código Penal tipifica nueve conductas informáticas que exigen dolo. Torrado, de Posse Herrera Ruiz, advierte que, fuera del sector financiero, las obligaciones reales son limitadas y difusas, teniendo en cuenta que la SIC puede ordenar el cierre temporal o definitivo de operaciones por negligencia en el tratamiento de datos.

Otro punto de consenso, aunque con enfoques distintos, es la responsabilidad de terceros proveedores cuando un incidente se origina en su infraestructura. Pardo distingue que, según la relación, esos terceros pueden actuar como responsables, corresponsables o encargados. Torrado, por su parte, es enfática en que el responsable del tratamiento no se libera de su obligación por haber contratado a un encargado, incluso si la falla fue del proveedor. Villegas-Carrasquilla cierra el punto: la distribución final depende de los acuerdos de transmisión de datos y de los niveles de servicio pactados.

Delitos con la IA

¿Qué tan preparado está el país para perseguir delitos informáticos transnacionales o cometidos con IA? Pardo confía en la cooperación internacional y en la revisión periódica de los esquemas de protección. Santiago Rodríguez, del área penal de PPU, recuerda que Colombia adoptó el Convenio de Budapest, calificado por la Corte Constitucional como el estándar mundial en la lucha contra este fenómeno, pero las solicitudes internacionales enfrentan demoras significativas en la práctica. Asimismo, Torrado coincide en que el marco penal tiene limitaciones importantes, pues la Ley 1273 se escribió pensando en conductas más simples que las actuales. Villegas-Carrasquilla destaca que la Ley 2502 de 2025 ya introdujo un agravante para la suplantación con IA, aunque persisten vacíos.

Colombia reúne piezas normativas dispersas, pero no una arquitectura institucional que responda de forma articulada a las amenazas digitales. El reporte de incidentes que afecten datos personales dentro de los 15 días hábiles siguientes a su detección es la exigencia más clara para las empresas fuera del sector financiero. Una agencia nacional de seguridad digital aparece como la reforma más discutida, capaz de ordenar competencias repartidas entre el MinTIC, la SIC y la SFC, aunque su diseño deberá resolver los riesgos de duplicidad. Y en lo penal, el país cuenta con herramientas, como el Convenio de Budapest o la Ley 2502 de 2025, pero la cooperación internacional sigue pendiente frente a un fenómeno que ya no distingue fronteras ni sectores.

Gilraen Eärfalas (Chilpancingo, 1995) es médica general, técnica clínica y narradora que abandonó el conservatorio de música para aprender que, mientras la medicina diagnostica el dolor en la carne, la literatura descifra la historia detrás del síntoma.

Tras un largo periplo digital que comenzó en blogs y Wattpad, No me llames loca llega con el sello de Planeta (2025) como una confesión desbordada que oscila entre la autoficción y el testimonio de supervivencia.

Escrita a lo largo de una década, la novela subvierte la etimología arcaica de la locura –aquel “recipiente vacío” que históricamente ha servido para invalidar a las mujeres que sienten en demasía– para erigir un mapa del trauma.

En alguna de sus múltiples entrevistas cuenta que lo escribió entre los 20 y los 29. Lo llama, a medias en broma, un fanfic de su vida: bullying universitario, heridas de infancia y adolescencia, el miedo a soltarlo porque “tenía mucho de mí”. Nació como desahogo tras un conflicto en la facultad; lo pausó por temor a represalias y lo retomó porque los lectores esperaban el siguiente capítulo. En terapia oyó algo cercano a “no estás loca, estás sobreviviendo”. Investigó la etimología: loco era recipiente vacío; el uso peyorativo, sobre todo contra mujeres que sienten de más, le dio título y tesis.

La protagonista, Dannielle Morgan, sale del confinamiento psiquiátrico a los 22 para sentarse en un aula de medicina, arrastrando las esquirlas de un secuestro infantil, la trata de mujeres y el quiebre identitario. Los “entes” de Dannielle no son adorno gótico: personificó las voces internas –corre, no vuelvas, no sientas– para hacer visible lo que el trauma parte. Nombres y escenarios beben de su mundo: profesores de Medicina en Acapulco, el corazón como casa y cárcel, incluso un guiño a Age of Empires (Morgan Black). Cita al médico-poeta Girolamo Fracastoro: a veces el verso se adelanta al microscopio. Su seudónimo evoca la Tierra Media; su oficio, la sala de urgencias.

La narración salta entre el aula, el internamiento y las ruinas de la infancia. Marck Almond, cardiólogo, le enseña a leer los silencios del corazón; Anthony Cadwell, su psiquiatra, ya vio las ruinas y se quedó. El triángulo no reparte héroes: ambos aman mal y de verdad.

La mirada crítica exige mucha honestidad: la obra es un híbrido desafiante –romance oscuro, thriller psicológico y poesía patológica– con un pulso innegable.

Eärfalas no busca la complacencia ni la autoayuda estéril; expone la violencia explícita con la crudeza de quien conoce el cuerpo por dentro.

Su paso por la Filbo ratificó lo que sus lectores ya sabían: estamos ante una voz generacional que escribe desde la fisura para conjurar la soledad del lector. Una lectura visceral y desgarradora que demanda criterio y madurez emocional, recordándonos que sobrevivir no es llenarse de silencio, sino atreverse a nombrar el abismo.

*Magíster en Literatura y librera.

La producción, escrita por Samy Burch y dirigida por Dave Green, se filmó, se animó, se proyectó, recibió reacciones muy positivas y luego fue archivada por el estudio. Sabemos que no la archivaron por “hueso”. Se trata de una inteligente y pertinente sucesora de lo que Roger Rabbit generó en 1988, cuando se convirtió en la primera producción en mezclar caricaturas con actores de carne y hueso (que la primera Space Jam supo recapturar, en menor pero entretenida medida, en 1996). El estudio, y esto lo reveló sin reparo, la archivó para buscar deducciones impositivas. ¡Gracias, capitalismo!

WB fue irrespetuoso con su propio patrimonio de caricaturas inolvidables y personajes eternos como Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Gallo Claudio, Silvestre y Piolín, Marvin el marciano, entre otros más, incluyendo el Coyote y el Correcaminos, protagonistas centrales de esta vieja-nueva película terminada en 2023. El estudio infló una expectativa y luego cortó el chorro. Pero millones de seguidores en el mundo, educados por Looney Tunes a lo largo de su infancia y juventud, expresaron lo insultados que se sentían. Esto dio pie a una notoria acción colectiva que amenazó boicots globales y empujó a WB a venderla a otra distribuidora. Por eso, tres años después de terminada, se vio en su país de origen y ahora se ve en Colombia. (En los créditos finales, los realizadores agradecen a ese público que no la dejó engavetar).

No sorprende el hecho de que el universo Looney Tunes sea asi de amado, porque estos personajes y estas caricaturas (que desencadenan su propia fanfarria sonora asociada al letrero de That’s All Folks) acercaron a generaciones enteras a la creatividad, a la sagacidad, al ingenio, al humor y a la irreverencia, y también a artes inesperadas como la música clásica y la ópera (con episodios memorables como El conejo de Sevilla, en una barbería).

El estudio que los creó ignoró el valor sentimental de sus personajes, especialmente del que durante toda su carrera ha navegado el fracaso: Wile E. Coyote. En su búsqueda por atrapar al Correcaminos en el vasto desierto de Nuevo México, el coyote dejó por décadas una inesperada lección de perseverancia. Humillado, sí, pero jamás dejó de levantarse y seguir intentándolo. Y bien es sabido que, en medio de sus infructuosos intentos, la bestia confió siempre en una corporación que la llenaba de promesas falsas y productos fallidos: ACME.

El giro inesperado de la película viene precisamente de su “adultez”. Sin querer queriendo, como víctima recurrente de una corporación gigante que le falla, la trama lleva al Coyote y su patológica obsesión al centro de un proceso legal. En ese sentido, su camino se hace paralelo al de Kevin Avery (Will Forte), un abogado de poca monta (conformista quizá lo describe mejor) que en su bufete suele conciliar casos de otras víctimas de ACME por poco dinero.

Por accidente y por impulso de una joven abogada con ideales aún vivos (Paige, interpretada por Lana Condor), este se ve obligado a enfrentar a la gran bestia ACME representando al Coyote. Es una demanda gigantesca. La corporación se muestra prepotente desde la acción de su abogado Buddy Crane (John Cena) y su cabeza, un Gallo Claudio cancherísimo y vendehumos, como siempre.

Detrás de los muchos chistes de situación y de guion, y de apariciones de personajes icónicos de este universo, la película deja mensajes importantes. Eleva conceptos de amistad, de valor propio y de unión ante las grandes compañías y sus deseos (denunciando valiente y metafóricamente el testeo animal). Y vale anotar que en sus casi dos horas consigue un gran balance al ofrecer acción y ocurrencias capaces de entretener a chicos y desarrollar temas dirigidos a los adultos de la sala que crecieron con estos personajes. Esos mismos que hoy navegan el caótico siglo XXI y saben que la vida no se trata de no caerse, sino de cómo levantarse.

Ya el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha señalado que estima que el país requerirá un ajuste en el manejo de las finanzas de entre 4 y 5 puntos del producto interno bruto (PIB) para estabilizar la deuda y recuperar una senda sostenible. Para el organismo, la situación es consecuencia del crecimiento del gasto público, el bajo dinamismo de los ingresos estructurales y la sobrestimación de los recaudos tributarios en los últimos años.

Desde Fedesarrollo han señalado que el hueco de las finanzas públicas que dejó el Gobierno anterior es mayor al que reconoció oficialmente y que las proyecciones de reducción del déficit descansan sobre supuestos optimistas en materia de ingresos y disminución del gasto.

A ello se suma el impacto del terremoto que sacudió el suroccidente del país y cuya reconstrucción se estima en unos 30 billones de pesos. Sin embargo, en principio, el Gobierno no recurriría a impuestos para atender esta emergencia.

De esta manera, el nuevo Gobierno deberá implementar un espacio fiscal reducido, con la necesidad de recuperar la credibilidad ante inversionistas y calificadoras de riesgo.

Este reto exige la combinación de una serie de factores y mecanismos que atiendan no solo el gasto, los ingresos, la administración tributaria y una simplificación de impuestos, sino que al mismo tiempo impulsen el crecimiento económico, no golpeen el aparato productivo y reconstruyan la confianza.

Un factor relevante en esta ecuación, y que llevará a ampliar la base de contribuyentes, es alcanzar un nivel mayor de formalización de los negocios, aumentar la bancarización, lograr un sistema tributario más simple y una lucha efectiva contra la evasión y el contrabando.

“Si queremos incorporar a quienes hoy están por fuera del sistema, tenemos que facilitarles la entrada a la economía formal, no hacerla más costosa ni más compleja”, señaló Nicole Ríos Martínez, socia de CMS Rodríguez Azuero.

Una reforma que impulse la inversión

Una de las iniciativas que llegará al Congreso es una reforma tributaria propuesta por el nuevo Gobierno.

Si bien la Administración Petro radicó un proyecto de carácter impositivo del cual se podrían tomar algunas propuestas, varias de las firmas consultadas coinciden en afirmar que no hay similitud ideológica entre el Gobierno actual y el anterior para hacerlo.

Para los expertos, una iniciativa bien estructurada debe promover la inversión, facilitar la formalización, generar las condiciones para lograr una mayor actividad económica, reducir los pleitos y demandas que llegan a los tribunales y acelerar el pago de las obligaciones pendientes con el Estado.

Se hace necesario generar un círculo virtuoso que traiga justamente más recursos al torrente de la economía.

“Antes que crear mayores impuestos que agobien más a los contribuyentes, se podrían considerar incentivos a la inversión y a la creación de empleo formal, que traigan mayor recaudo a través de la generación de mayor riqueza”, expresa Gustavo Pardo, socio de Holland & Knight.

A su vez, Mónica Bolaños, socia de Garrigues, es partidaria de una revisión del sistema tributario que establezca si algunos impuestos podrían eliminarse porque han perdido su justificación técnica.

“Cualquier proceso de simplificación debe responder a una estrategia cuidadosamente diseñada que permita avanzar hacia un sistema más simple y eficiente, sin erosionar la capacidad de recaudo del Estado ni comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”, dijo.

Para expertos como Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca Colombia, es necesaria una reforma del IVA que, entre otras cosas, elimine la mayoría de las exclusiones y exenciones, lo cual permitiría generar el recaudo suficiente para la eliminación de impuestos, como el gravamen a los movimientos financieros.

Ríos Martínez explica que “una reforma tributaria bien diseñada puede contribuir al mismo tiempo a sanear las finanzas públicas y a reactivar la economía. Todo depende de su enfoque. Las reformas tributarias no deben entenderse únicamente como instrumentos para aumentar el recaudo”.

Por eso, el país requiere la tan cacareada reforma estructural, que no se traduce en más tarifas para quienes ya aportan al fisco, sino más bien en un sistema más simple y competitivo frente a países con los que Colombia compite por atraer capitales extranjeros.

“Subir la carga sobre la inversión formal es el camino más corto para reducir la base gravable de periodos siguientes. Hay que buscar ampliar las bases gravables y cerrarles el paso a la evasión y a la corrupción en la contratación, no castigar al que produce. Las reglas estables atraen más inversión extranjera que cualquier incentivo puntual”, destacó Carolina Rozzo, socia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU).

Otros advierten que una reforma que promueva la inversión debería eliminar impuestos que obstruyan la bancarización —como el gravamen a los movimientos financieros—; debe dar la posibilidad de que, en caso de grandes inversiones, se firmen acuerdos de estabilidad jurídica para brindar estabilidad en las reglas del juego y previsibilidad a grandes proyectos; modificar los límites a las deducciones por costos y gastos incurridos en el exterior y reducir la tarifa de renta de personas jurídicas de manera gradual.

“La iniciativa debe revisar los impactos en dobles y triples tributaciones que se pueden generar en diferentes escenarios de cara al impuesto al patrimonio y al denominado impuesto a los dividendos. Y en personas jurídicas la prioridad debe ser la competitividad y la estabilidad en la normativa, eliminando sobretasas y gravámenes ineficientes, que redundan en una disminución de la confianza inversionista”, explicó Juan Camilo De Bedout, socio de la firma Posse Herrera Ruiz.

Estabilidad jurídica

Una de las premisas en las que insisten las firmas de abogados es la necesidad de que un cambio en las normas tributarias traiga estabilidad, reglas claras y perdurables en el tiempo, coherencia y, principalmente, que dejen de responder a coyunturas y que más bien respondan a una visión estructural.

“Uno de los pilares fundamentales es la estabilidad jurídica. Los inversionistas, los empresarios y quienes deciden emprender necesitan reglas claras y previsibles que les permitan planear sus decisiones de largo plazo. El país necesita una reforma con visión de largo plazo. Una reforma que simplifique el sistema tributario, facilite el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes”, destacó Bolaños, de Garrigues.

En esto coincide Héctor Ramírez, de PPU, quien advierte que una reforma estructural debe propender por el fortalecimiento de la seguridad jurídica para todos los contribuyentes, incluidos los inversionistas nacionales y extranjeros.

“Más que una reforma orientada únicamente al recaudo o al otorgamiento indiscriminado de beneficios tributarios, el objetivo debería ser construir un sistema más eficiente, estable y predecible”, puntualizó Ramírez.

Lo cierto es que para los expertos una reforma tributaria estructural sería motor para el cumplimiento de dos objetivos fundamentales: enderezar la economía y estabilidad en las reglas del juego a inversionistas y empresarios en general.

“Cuando la crisis es más profunda es cuando se requieren reformas profundas, soluciones de largo aliento y no colchas de retazos, que son las reformas tributarias que se han dado en los últimos 20 años”, concluyó Piñeros.

Poner la casa en orden

El cambio de mando en el liderazgo del país es, para muchos, la oportunidad de empezar a enderezar el camino y poner la casa en orden.

Para ello, además de trabajar por el lado de los ingresos, es necesario hacerlo también por el gasto y echar mano de otros mecanismos como el control a la evasión, como lo planteó en un inicio el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Gustavo Pardo, socio de la firma Holland & Knight, llama la atención en el sentido de que la lucha contra la evasión y el contrabando ha sido promesa de anteriores gobiernos y sería una herramienta que permitiría obtener mayores ingresos, precisamente de quienes evaden las obligaciones tributarias.

Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca Colombia, señala que es un ejercicio que está en mora de hacerse; sin embargo, “la capacidad de la DIAN en este frente es muy limitada. La DIAN se enfoca en ‘cazar en el zoológico’ persiguiendo a los grandes contribuyentes y a las empresas formalmente establecidas, cuando debería enfocarse en perseguir a la economía informal”.

Por su parte, Nicole Ríos Martínez, socia de CMS Rodríguez Azuero, destaca que en esta lucha se requiere inteligencia fiscal, mejores cruces de información, mayor coordinación entre autoridades, inversión en capacidad operativa y una política clara de formalización económica.

En esto coincide Héctor Ramírez, socio de PPU, quien agrega que son indispensables, además, mecanismos que faciliten el cumplimiento voluntario de las obligaciones. “Todo ello contribuirá de manera importante al aumento del recaudo sin necesidad de incrementar la carga tributaria”.

Sin embargo, también advierten que los resultados de la lucha contra la evasión no se materializan de manera inmediata.

“La lucha contra la evasión y el contrabando no puede ser tomada como un sustituto automático de los ingresos fiscales, dado que su resultado no impacta de inmediato. Las proyecciones de cifras que se hagan como resultado de esto deben ser tomadas con cautela porque los litigios y procesos de materialización de esa lucha toman los tiempos regulados por el debido proceso”, advierte Juan Camilo De Bedout, socio de la firma Posse Herrera Ruiz.

Las compañías se han visto obligadas a revisar sus estructuras de contratación, reglamentos internos, procedimientos disciplinarios, jornadas laborales, nóminas y políticas frente a trabajadores con estabilidad laboral reforzada, entre otros aspectos.

Pero tal vez uno de los mayores desafíos ha sido enfrentar un escenario de mayores costos y ajustes en sus esquemas de operación, especialmente en actividades que dependen del trabajo nocturno, dominical y festivo. A esto se suma el aumento inesperado del 23 por ciento en el salario mínimo para este 2026.

“Los ajustes en materia laboral y los costos asociados a la nueva regulación suponen que muchas empresas deban reevaluar su operación y plan de negocio. Para los empresarios esto no ha sido sencillo, debido a que el efecto de la reforma supone que muchas veces el trabajador se asuma como un costo más de la empresa, y no como el talento sobre el cual se debe construir un negocio”, señaló Mauricio Montealegre, socio laboral de la firma Pérez-Llorca Colombia.

Es por esto que las firmas de abogados han jugado un papel fundamental en este proceso, más allá de las simples asesorías legales. Han tenido un papel preventivo, se han convertido en aliados, casi socios de sus clientes, en validadores de cada decisión corporativa que se adopte.

Vicente Umaña, socio de Posse Herrera Ruiz, explica que en ese rol preventivo deben cuantificar impactos, identificar contingencias, modificar documentos y procesos, capacitar las áreas de recursos humanos y acompañar decisiones de reorganización.

“Ha sido necesario diferenciar entre cambios de aplicación inmediata y aquellos sujetos a transición o reglamentación. Después de un año, las compañías más estructuradas están razonablemente preparadas. Sin embargo, en empresas medianas y pequeñas todavía encontramos brechas importantes de cumplimiento”, explicó.

Justamente, Carolina Porras, socia del área laboral de la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), precisa que para las empresas el principal reto ha sido adaptarse a cambios que entraron a regir en plazos muy cortos.

“Así ocurrió, por ejemplo, con la modificación de la naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje, que tuvo aplicación inmediata, o con los incrementos en los recargos dominicales y festivos, cuya implementación comenzó apenas cinco días después de la expedición de la ley”, dijo.

Expertos como Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight, enumeran unas obligaciones que trajeron a las empresas problemas de procedimiento e impactos serios en la operatividad de las mismas, como los procedimientos disciplinarios.

“Aunque ya existían, se elevaron a rango de norma con la reforma laboral. Al hacerlo, generaron no solo vacíos, sino un conjunto de nuevos procedimientos y condiciones que hacen que los procesos disciplinarios sean muy engorrosos”, destacó.

Felipe Quintero García, managing partner de la firma Quintero y Quintero Asesores, menciona el contrato de aprendizaje, pues su transformación a un contrato laboral especial aumentó los costos para las compañías, modificó el régimen de prestaciones y aportes sociales y obligó a revisar integralmente los procesos de vinculación.

“La reglamentación tardó varios meses y, ante el incremento del costo y la incertidumbre inicial, algunas compañías optaron por monetizar la cuota de aprendizaje. Esa puede ser una decisión jurídicamente válida, pero tiene un efecto que debe observarse, y es que puede disminuir oportunidades de formación y primera empleabilidad para los jóvenes”, explicó.

Otro desafío de la reforma tiene que ver con el cumplimiento de la nueva cuota de discapacidad, vigente desde el 25 de junio pasado. Belisario Velásquez Pinilla, presidente de la firma Belisario, explica que la reforma no es lo suficientemente clara en el trámite y procedimiento que deben adelantar las empresas sobre la acreditación de su cumplimiento.

“Se suma además, en la práctica, que muchas empresas han tenido dificultad para encontrar suficientes personas con discapacidad disponibles para vincular, así como la incertidumbre sobre si los trabajadores contratados para cumplir esta cuota quedan amparados por la estabilidad laboral reforzada”, señaló.

Impacto de los costos

Uno de los retos más relevantes que han debido enfrentar los empresarios es el impacto en los costos laborales, originados en varias decisiones que no todas están asociadas a la reforma laboral y que vienen de antes.

El inicio de la jornada nocturna desde las 7:00 de la noche; el incremento del recargo por trabajar domingos y festivos, que acaba de pasar al 90 por ciento, y la jornada laboral máxima que desde el 15 de julio de este año quedó en 42 horas semanales, sin reducción del salario.

Cuervo, de la firma Holland & Knight, explica que “se estima que por cada hora que se redujo la jornada, el valor de la hora se incrementó en un 3 por ciento. Ajustar las jornadas en empresas que trabajan 5 días a la semana en turnos de 8 horas implica perder 2 horas operativas. A esto se suma que los eventuales recargos resultan más costosos, no porque la tasa del recargo suba, sino porque el valor base de la hora es mayor”.

A su vez, Nicolás Rico, socio en Scola Abogados, advierte que las empresas que no han ajustado sus normas internas con lo que señala la reforma laboral, como el reglamento interno de trabajo, pueden ser sujetas de procesos de fiscalización de parte del Ministerio del Trabajo y de posibles futuras reclamaciones de los trabajadores.

Precisamente, Evelyn Romero, socia de la práctica de empleo y compensación en Baker McKenzie Colombia, estima que prevén más reclamaciones judiciales por el pago de horas extras, recargos dominicales y festivos, además de ausentismo e incapacidades y personas alegando la existencia de perjuicios por mayor número de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Pero las firmas de abogados han adoptado programas y estrategias para sus clientes, con el propósito de ayudarlos a reducir el impacto.

“Ofrecemos soluciones jurídicas innovadoras a nuestros clientes. Una alternativa: les planteamos ajustes en las jornadas y turnos de seis por seis, que permiten a la empresa organizar turnos sucesivos de trabajo, sin que el turno exceda las seis horas diarias y 36 horas a la semana”, señaló Charles Chapman, socio de Chapman Wilches.

Firmas como Pérez-Llorca Colombia alertan a las empresas sobre decisiones que adopten para reducir costos y que pueden traer problemas legales. Hablan, por ejemplo, de modificaciones unilaterales de condiciones laborales o conductas antisindicales.

“La implementación no puede limitarse a actualizar contratos, sino que debe incluir una revisión integral del modelo operativo y de la forma como se documentan las decisiones”, puntualiza Mauricio Montealegre.

Los pendientes

Hay temas pendientes de la reforma laboral por reglamentar, como el trabajo a través de plataformas digitales de reparto; negociación colectiva, huelga y garantías sindicales; bienestar y entornos laborales; medidas de formalización y promoción de empleo; la reglamentación para cotización por tiempo parcial e ingresos inferiores al salario mínimo, que incluye el ajuste técnico a la PILA; asimismo, la reglamentación sobre el acceso de la mujer rural y campesina al sistema de seguridad social integral cuando no cotiza de forma contributiva, el trabajo agropecuario, entre otros.

Nadie niega que en los últimos cuatro años el país avanzó en materia normativa a través de la Constitución, lo que difícilmente se podrá revertir. Por medio de dos actos legislativos de 2023, reconoció al campesino como sujeto especial de protección y creó la Jurisdicción Agraria y Rural. El problema está en el desarrollo legal y reglamentario.

El balance de ejecución entregado por el Gobierno Petro, que acaba de terminar, es un indicador de los retos que enfrenta el país: en materia de títulos y hectáreas distribuidas, se alcanzó apenas el 7 por ciento de la meta trazada.

“El problema de fondo no es la cantidad, sino la calidad: muchas entregas fueron provisionales, sin títulos que consoliden la propiedad. Eso genera un limbo jurídico que complica cualquier operación de crédito, inversión o desarrollo productivo sobre esas tierras”, advierte Margarita Llorente, socia de Inmobiliario de Cuatrecasas.

La preocupación y la incertidumbre son mayores porque a través del Decreto 765 de 2026 se introdujo la figura de “saneamiento automático”, que le da facultades a la Agencia Nacional de Tierra (ANT) para titular predios aunque tengan problemas de tradición; es decir, para la anterior administración fue una herramienta a fin de acelerar la reforma agraria.

“El decreto le permite a la Agencia sanear los predios que adquiere y, en el mismo acto de registro, cancelar las cargas, los gravámenes y las medidas cautelares inscritas. La norma preserva la acción indemnizatoria de los terceros, eso hay que reconocerlo, pero una entidad administrativa no puede levantar por sí sola una medida cautelar que decretó un juez. La norma habilita tomar posesión y entregar predios cuya situación jurídica todavía no está depurada. Ya fue demandado ante el Consejo de Estado, con solicitud de suspensión provisional”, ilustra Diana María Ocampo Duque, socia fundadora de Ocampo Duque Abogados.

El problema no es menor, pues no se descartan demandas y litigios, según advirtió Juan Carlos Rocha, socio del área de Inmobiliario de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU).

“Existen indicios de que el Gobierno de Petro formalizó tierras sobre inmuebles con situaciones jurídicas pendientes por resolver. Si es así, los afectados tienen plenos derechos de promover demandas de nulidad contra los actos de titulación o tomar acciones contra el Estado para la reparación de los perjuicios”, dice.

Para Llorente, “el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de corregir el rumbo: impulsar una reforma agraria que genere desarrollo rural, pero que lo haga con reglas claras, seguridad jurídica y respeto por los derechos de todos los colombianos, incluyendo a quienes invierten en el campo”.

Y esa es la línea que seguirá la administración de De La Espriella. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, señaló en una columna de opinión en SEMANA: “La reforma agraria no puede construirse sobre atajos jurídicos ni mediante la entrega anticipada de predios que podrían no cumplir los requisitos legales para su adjudicación. Muchos de estos inmuebles no han sido objeto del saneamiento jurídico correspondiente, por lo que su situación legal aún puede dar lugar a controversias. El campo necesita tierra productiva, pero también reglas claras, debido proceso y respeto por los derechos de campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas”.

La Jurisdicción Agraria

La otra arista está en la jurisdicción agraria y rural. El acto legislativo que le dio vida se desarrolla a través de la Ley Estatutaria 2570 de marzo de 2026, mediante la cual se establece su estructura: la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y la sección correspondiente del Consejo de Estado, los tribunales agrarios y rurales, y los juzgados agrarios y rurales.

Sin embargo, y según lo explica Amparo Rua, fundadora de Rua Abogados, las competencias materiales y los procedimientos específicos deben establecerse por medio de una ley ordinaria, que no pasó el aval del anterior Congreso de la República.

“Mientras esa regulación no sea expedida, los juzgados agrarios no podrán operar plenamente. Y esto representa una oportunidad jurídica, en tanto es probable que se presente una iniciativa distinta que corrija sus desequilibrios y atienda los diferentes cuestionamientos de la iniciativa anterior. Pero su diseño tiene que ser técnico”, subraya.

Y aquí el Gobierno de Abelardo De La Espriella también tiene cartas por jugarse. Jaime Ramírez, asociado del área de Inmobiliario de PPU, señala que, dado que la Jurisdicción Agraria es inminente en Colombia, “el reto para el nuevo Gobierno es promover una regulación clara y transparente que respete la propiedad privada y no pretenda desligar funciones de la Rama Judicial en favor del Poder Ejecutivo”.

Una reforma agraria con desafíos

En materia de reforma agraria, el país encara varios desafíos legales que, a decir de firmas de abogados, son oportunidades para el Gobierno.

Lo primero que señalan es sincerar las cifras. Según Amparo Rua, el país debe distinguir claramente entre tierras anunciadas, gestionadas, adquiridas, incorporadas al Fondo de Tierras, adjudicadas, registradas y entregadas materialmente.

Un segundo reto señalado por Diana Ocampo es “abandonar el romanticismo de la gran compra de tierras. La desproporción lo dice todo: frente a los cerca de 8 billones de pesos que costó la reforma agraria, la Agencia de Desarrollo Rural ejecutó del orden de 496.000 millones en 172 proyectos productivos para todo el campo, y el instrumento para financiar la producción en los predios entregados apenas se creó en 2025”.

Un tercer desafío que señala Juan Carlos Rocha es que la reforma agraria sea en pro del campesinado, pero aliada con la empresa.

“Sin empresa no hay agro sostenible. La sola titulación no es suficiente para que el campesino pueda promover proyectos sostenibles. Ahí es donde entra la empresa: un aliado en el proyecto productivo”, afirma.

Un cuarto reto, a decir de Margarita Llorente, es la articulación institucional. La Agencia Nacional de Tierras, el Igac y la Superintendencia de Notariado deben trabajar de manera coordinada para evitar duplicidades, tiempos impredecibles y riesgo de inconsistencia entre la información catastral y registral, entre otros.

“La administración entrante recibe una agencia técnicamente sólida”, dice Linares, y señala que, según su propia rendición de cuentas, en 2025 la Andje alcanzó una tasa de éxito cercana al 81 por ciento y evitó condenas contra la Nación por más de 545 billones de pesos. En materia de inversión, una sola condena quedó en firme durante el cuatrienio: Glencore I, por 20,7 millones de dólares. El costo promedio de la defensa internacional fue de 2,5 millones de dólares por caso, menos de la mitad del promedio latinoamericano, que supera los 5,6 millones.

Para el exmagistrado, el hito del periodo fue el acuerdo con Aris Mining, en 2025. Fue la primera transacción de Colombia en un arbitraje Ciadi, celebrada bajo el TLC con Canadá. “La transacción es el contrato por el cual las partes terminan un litigio mediante concesiones recíprocas. Se evitó una condena estimada en 380 millones de dólares, no implicó pago alguno en efectivo e incluyó diez años de cooperación en Segovia y Marmato”, dice.

El balance de los casos de inversión concluidos entre agosto de 2022 y julio de 2026 confirma la tendencia: cinco victorias totales, tres laudos condenatorios —solo uno de ellos en firme— y una transacción, con contingencias evitadas cercanas a 720 millones de dólares, unos 2,9 billones de pesos.

Ahora, la otra cara. Al cierre del gobierno anterior, la Andje registraba 19 arbitrajes internacionales de inversión activos y 16 controversias en etapa prearbitral. Las pretensiones suman 73,8 billones de pesos, frente a los 59,9 billones que registraba la agencia a mediados de 2025. La mayor es la de Sea Search Armada, por 33,8 billones. “Buena parte de estas controversias nació de medidas regulatorias adoptadas durante el cuatrienio. La lección es simple: prevenir el daño antijurídico –evitar que el Estado cause el daño que luego deberá indemnizar– es tan importante como litigar bien. A ello se suman los procedimientos posteriores al laudo: Colombia solicitó la anulación en los casos Telefónica, Eco Oro, Glencore II y Seda”.

En concepto de Linares, los casos más recientes ilustran bien ese origen regulatorio. Dos grupos generadores térmicos acudieron al Ciadi en 2026 por la crisis del mercado eléctrico, agravada por la intervención estatal de Air-e. El primero es Termocandelaria Power (TPL), sociedad española dueña de Tebsa y Termocandelaria, que suman cerca de 1.466 megavatios. Su solicitud se funda en el acuerdo de protección de inversiones entre España y Colombia: alega que las medidas adoptadas desde 2024, incluidas decisiones regulatorias de la Creg, impidieron a los generadores recibir una remuneración adecuada por la energía suministrada a Air-e, y reclama pérdidas superiores a 198,4 millones de dólares, más daños futuros por cuantificar.

El segundo es el grupo Glenfarne–EnfraGen, dueño de Termoflores, en Barranquilla; Termonorte, en Santa Marta, y TermoValle, en Palmira. Su demanda ante el Ciadi, revelada por la prensa especializada y de cuantía aún no pública, fue presentada por la matriz estadounidense y sus vehículos españoles, invocando el acuerdo Colombia-España y el TLC con Estados Unidos. Alega la falta de gas para sus plantas térmicas y la incertidumbre sobre los pagos de la energía de respaldo, en medio del riesgo de racionamiento. “La lección se repite: el daño antijurídico se produjo en la gestión administrativa y regulatoria de la crisis, y la factura llega por la vía del arbitraje de inversión”.

A su vez, Linares resalta que el riesgo mayor está fuera de la agencia. Según las cifras conocidas al cierre del Gobierno, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) asumió condenas y una conciliación por 5,3 billones de pesos en tres arbitrajes internacionales tramitados sin la coordinación de la Andje: Ruta al Mar, con un laudo de 3,57 billones del 30 de abril de 2026 que además declaró la terminación anticipada del contrato de concesión; Perimetral Oriente de Cundinamarca, por 1,3 billones, con laudo de junio de 2026; y Autopistas del Caribe, que cerró mediante conciliación arbitral por 0,48 billones. A ellos se agrega un arbitraje de inversión ante el Ciadi iniciado por un accionista de Ruta al Mar y 48 tribunales de arbitramento activos en concesiones de infraestructura, con pretensiones por 18,3 billones de pesos: el doble de la carga litigiosa registrada al inicio del cuatrienio. La ANI reconoce obligaciones por 8,9 billones de pesos en laudos y sentencias sin pagar, de los cuales 7,9 billones corresponden a capital y un billón a intereses. Afirma Linares que el factor común de las condenas fue la alteración del esquema tarifario de peajes ordenada por el Decreto 050 de 2023.

“Lo paradójico es que la propia Ley del Plan del Gobierno anterior prohibía esa dispersión”, dice, y explica que el artículo 206 de la Ley 2294 de 2023 creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, orientado a garantizar, de manera coordinada, la eficacia de la defensa jurídica en las entidades públicas, nacionales y territoriales. Y le asignó a la Andje la función de coordinarlo. “Los arbitrajes de la ANI se litigaron al margen de ese sistema. El resultado fue una defensa fragmentada, sin estrategia unificada del Estado, y el costo está a la vista”, destaca.

Además, los anuncios presidenciales agravaron el panorama. El 26 de marzo de 2026 se anunció el retiro de Colombia del Ciadi, sobre una premisa inexacta: Estados Unidos no ha denunciado el convenio. Su único efecto verificable fue el aumento de inversionistas en etapa prearbitral, que lo leyeron como señal de cierre del sistema. Y aun si se ejecutara, el retiro dejaría intactos los mecanismos de solución de controversias.

La anunciada renegociación del TLC con Estados Unidos terminó en una nota interpretativa de ocho subcláusulas del Capítulo 10 de un tratado de 22 capítulos. Su efecto sobre tribunales futuros es incierto, porque obliga a los Gobiernos y no a los árbitros. El TLC con la Unión Europea no se renegoció y la denuncia anunciada del TLC con Israel nunca se ejecutó. El único acuerdo nuevo del cuatrienio fue el de protección de inversiones con Venezuela, declarado exequible por la Corte Constitucional.

En conclusión, dice Linares, tres prioridades se imponen. Una, prevenir el daño antijurídico, porque la mejor defensa es no generar el pleito. Dos, hacer efectivo el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, centralizando en la Andje la coordinación de los arbitrajes internacionales, incluidos los de la ANI. Tres, consolidar los mecanismos alternativos de solución de conflictos como política de Estado.

En 2025 se registraron 288 transacciones por más de 10.000 millones de dólares, según cálculos de Cuatrecasas. Sin embargo, los movimientos marcaron una tendencia: durante el primer semestre de 2026 bajó el número de operaciones en relación con el mismo periodo de 2025, pero aumentó alrededor de un 50 por ciento el capital movilizado.

“Hacia el final del gobierno, quedó claro que los inversionistas aprendieron a navegar en la incertidumbre y encontraron formas de administrarla”, señalan Felipe Aristizábal y Juan Carlos Gambín, socios de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (MQMGL&D).

Como advierte Felipe Mariño, socio de Cuatrecasas, las operaciones que se han dado recientemente tienen un denominador común: todas necesitan escala y un uso mucho más eficiente del capital.

Desde Brigard Urrutia, su equipo de M&A, Sergio Michelsen, Jaime Robledo, Fernando Castillo, Tomás Holguín y Ángela García, destacan que las movidas en estaciones de servicio, telecomunicaciones y cemento corresponden a industrias de consumo masivo que se mueven a partir de la demanda de las clases medias principalmente. “Nuevamente se ve el protagonismo de una amplia clase media en Colombia. El inversionista internacional le cree a la escala de la clase media colombiana”, señalan.

Ahora, con la llegada de un nuevo gobierno más cercano a la empresa privada y a la inversión extranjera, se espera un mayor apetito en materia de inversión. Incluso que se materialicen negocios que estaban a la espera de un cambio en el péndulo político. En especial, tras los anuncios de incentivar de nuevo la exploración petrolera, que incluye el fracking, recomponer la compleja situación del sector de salud, promover la vivienda y, particularmente, atender el proceso de reconstrucción que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó al Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

“Es altamente probable que veamos flujos entrantes inéditos de compañías norteamericanas dada la apertura del nuevo Gobierno con Estados Unidos”, agregan desde Brigard Urrutia.

Sin embargo, el escenario se enfrenta a retos significativos, que van desde el ajuste fiscal que debe adelantar el Gobierno y las decisiones tributarias hasta una mayor estabilidad política y económica. ¿La razón? Son inversiones de largo plazo que irán más allá de estos cuatro años y aún hay preocupación porque el péndulo político se devuelva.

Además, factores económicos como el precio del dólar, las tasas de interés y la misma inflación son claves para definir las nuevas inversiones.

“No creo que el mercado vaya a despegar de un día para otro. Con una tasa de política monetaria del 12 por ciento, la financiación sigue siendo costosa y todavía hay una distancia importante entre lo que los vendedores creen que valen sus compañías y lo que los compradores están dispuestos a pagar”, dice Mariño.

Para los voceros de Brigard Urrutia, unas tasas de interés como las actuales dificultan la inversión. “Es difícil en este momento apalancarse con tasas así de altas y todo proyecto conlleva generalmente un componente de deuda. Además, la tasa de cambio va a convertir los activos colombianos en activos más costosos, pero eso por sí solo no es un desestimulante para la inversión si los retornos son adecuados. Sin embargo, una tasa representativa del mercado (TRM) en los niveles en los que está desestimulará la inversión en activos y proyectos de vocación exportadora. Será más difícil un proyecto de nearshoring con esta TRM. Y la inflación es un enemigo constante para cualquier tesis de inversión. Con escenarios de inflación alta o creciente, se hace difícil proyectar flujos para proyectos”.

Este contexto, advierten los socios de MQMGL&D, ha obligado a incorporar mecanismos de protección en las inversiones que permiten reducir el impacto de estos cambios sobre la ecuación económica que tienen los inversionistas. “Cada vez es más común identificar cláusulas de distribución de riesgo cambiario e incluso el uso de derivados financieros que buscan limitar este impacto. De la misma forma, se ha reevaluado y renegociado la realidad económica de varias operaciones por fenómenos inflacionarios”, anticipan.

A su vez, Lina Uribe, socia de Pérez-Llorca Colombia, explica que el problema no es tanto de incentivos económicos como de reglas de juego: “Al inversionista, sea local o extranjero, no lo asusta tanto pagar impuestos como no saber qué impuestos va a pagar el próximo año. Y esa incertidumbre, en el fondo, es inseguridad jurídica, cambios normativos frecuentes, reformas tributarias que se anuncian y se caen, trámites lentos para licencias y permisos. A eso se suma que las tres calificadoras de riesgo bajaron la calificación a Colombia por el desorden fiscal, lo que encarece el crédito tanto para el Estado como, indirectamente, para las empresas”.

Además, hay entornos internacionales que están impactando las decisiones de inversión. Por un lado, los cambios que se están generando en Venezuela han despertado un nuevo interés de los inversionistas.

“Con este movimiento político, Colombia claramente dejará de ser un receptor pasivo de inversiones, para convertirse también en un inversionista activo en industrias caídas o ya inexistentes en Venezuela. De hecho, ya hay empresarios de diversas industrias explorando oportunidades en ese país, no solamente para intensificar su actividad comercial, sino también para establecer allá algún nivel de presencia permanente”, señala Felipe Cuberos, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU).

Y, por otro, las tensiones geopolíticas que se han generado por el conflicto en Oriente Medio, las decisiones arancelarias que está tomando Estados Unidos y el giro a la derecha en materia política en la región.

Uribe, de Pérez-Llorca, afirma que las tensiones en Oriente Medio han beneficiado, paradójicamente, a los activos energéticos de la región: el riesgo sobre el suministro global disparó los precios del petróleo y el gas, reforzando el papel de América Latina como proveedor alterno de hidrocarburos. “Los aranceles de Estados Unidos, en cambio, han sido más selectivos: países con acercamiento diplomático temprano a Washington, tales como Colombia, Perú y Chile, quedaron en el grupo menos afectado, aunque la incertidumbre arancelaria global sigue enfriando el apetito por operaciones de fusiones y adquisiciones a nivel mundial”.

Para Aristizábal y Gambín, de MQMGL&D, las tensiones geopolíticas globales y las políticas de relocalización de las empresas están provocando una revalorización de los activos de la región, especialmente aquellos ligados a la energía, materias primas y cadenas de suministro. Simultáneamente, el “giro a la derecha” en países latinoamericanos reduce la percepción de riesgo, lo que se traduce en una apreciación del valor de los activos financieros y corporativos al aumentar la confianza de los inversionistas.

Desde Brigard Urrutia, es claro que el giro a la derecha sí influye. “Implica una colaboración muy cercana con el mercado de consumo más grande del mundo. Los hogares estadounidenses consumen el 30 por ciento de los productos del mundo y tienen el 4 por ciento de la población”. Y resalta que Colombia puede tener un papel muy relevante por su posición estratégica y los puertos en el Caribe y el Pacífico. “Acá existe un cuello de botella que debería solucionarse y es que las concesiones portuarias tendrían que renovarse o ampliarse el término para justificar la inversión de ampliación”.

Se torna imperativo atender las exigencias del mercado actual manteniendo el rigor jurídico, la independencia ética y el compromiso con la justicia, en un entorno complejo marcado por la tecnología, la aceleración del cambio y las nuevas necesidades de los clientes.

Ejercer el derecho hoy implica navegar un entorno en permanente transformación. Entre los principales factores que están redefiniendo la profesión, cabe destacar los siguientes:

La formación

Fruto de la transformación tecnológica y los cambios generacionales, resulta muy retador para las universidades tener una oferta de formación intelectualmente atractiva y con perspectiva rentable para los nuevos estudiantes. A su vez, genera incertidumbre para el estudiante unirse a una carrera que le tomará años y una alta inversión sin tener gran certeza del tipo de ejercicio que se requerirá una vez finalice.

La pregunta ya no es únicamente qué deben aprender los futuros abogados en las aulas, sino cómo deben ser formados para responder a retos que aún no se decantan y tecnologías que todavía no han sido desarrolladas plenamente.

Ejercicio profesional

A los dilemas éticos se les han sumado las implicaciones del uso de la inteligencia artificial, así como la manera como el cliente asume esta responsabilidad y el abogado asegura sus propios contenidos.

Resulta desafiante ejercer la profesión en un entorno cada vez más complejo, tecnológico y competitivo, sin perder de vista que la confianza sigue siendo uno de los activos más valiosos del derecho.

El cliente

El comportamiento del cliente sigue cambiando y, con este, la relación misma con el abogado. Hoy resulta frecuente encontrar documentos ya elaborados por consulta a la inteligencia artificial del cliente, quien ahora, en ocasiones, pretende del abogado simplemente su sello y verificación. El aporte más importante del abogado experimentado será el diferencial particular que solo el conocimiento y el criterio pueden otorgar.

El tiempo

La capacidad de analizar procesos de manera acelerada modificó las expectativas de los tiempos de respuesta, reduciéndolos a niveles no antes imaginados.

La competencia

Los competidores ya no se parecen entre sí y dejaron de tener oficinas en la misma ciudad, estructuras semejantes o incluso la misma tarjeta profesional.

Hoy se incluyen entre ellos softwares que automatizan procesos jurídicos, empresas de servicios legales alternativos que quizás no tienen abogados en su nómina, pero sí ingenieros y científicos de datos, entre otros.

La competencia ya no proviene únicamente de quienes hacen lo mismo. Proviene también de quienes resuelven el problema con procesos distintos.

El exceso normativo

A todo lo anterior se suma un contexto de sobreabundancia normativa, en el que los altos volúmenes de jurisprudencia y doctrina inundan los escritorios y elevan, paradójicamente, las posibilidades de errores (alucinaciones) o abundancia de criterios diversos.

¿Y dónde se traza la línea?

Todo este nuevo entorno termina recayendo en una misma realidad: el riesgo de aplicar menor tiempo al desarrollo del criterio jurídico, que es y seguirá siendo el activo más valioso de los abogados.

Difícilmente, un algoritmo de manera consistente puede reemplazar el criterio que surge de la experiencia, la capacidad de ponderar principios en conflicto o la responsabilidad ética que implica ejercer una profesión cuya base es la confianza.

Por eso, el mayor riesgo para los abogados no es la inteligencia artificial. Es asumir que es necesario saberla utilizar para seguir siendo relevantes sin renunciar a elementos esenciales de su práctica.

Los desafíos de equilibrar la velocidad y la reflexión, la innovación y la prudencia, la conveniencia y la ética, y la información frente al verdadero conocimiento se presentarán de manera incremental en el ejercicio de la profesión. Como nunca antes, se torna tan determinante evidenciar la línea que separa el sano criterio del automatismo.

Aunque, según la Administración Petro, la propuesta partió “de la necesidad de transformar el modelo de desarrollo minero, aprovechando la creciente demanda de minerales estratégicos para la transición energética”, para gran parte del sector esta movida se traduce en un intento más de desestimular y “estatizar” la actividad.

Más que defensa de la soberanía, como lo quería el Gobierno anterior, Sandra Manrique, socia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), lo que observó en ese periodo fue una caída de la producción minera en Colombia durante los últimos años sin que se revirtiera esa tendencia o se hubieran adoptado medidas para mitigar su impacto sobre la industria y las regiones productoras.

“En esa misma línea, dice Manrique, resultaron adversas la incertidumbre derivada de anuncios restrictivos no acompañados oportunamente de reglas claras antes de imponer las restricciones, la ampliación de zonas sujetas a exclusión o reserva sin mecanismos ágiles de coordinación y la suspensión de nuevas asignaciones de áreas para exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, que profundizó la incertidumbre”.

De hecho, según El libro de la verdad con el que el Gobierno de Abelardo De La Espriella hizo un corte de cuentas frente a la Administración Petro, en minas, señala, se recibió un volumen inusual de reglamentación dirigido a restringir la actividad. “Entre 2022 y 2026 se expidieron 333 normas con ese propósito (…) El resultado es una inestabilidad jurídica que ya se refleja en la caída de la inversión”, señala la nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda.

El principal desafío ante el deseo del nuevo Gobierno de reactivar el sector minero no es necesariamente la inexistencia de herramientas legales para hacerlo, sino el costo jurídico, institucional y político de desmontar o modificar las medidas adoptadas en los años recientes, como lo advierte Camila Jiménez, líder de la práctica de Derecho Ambiental en Baker McKenzie Colombia.

De hecho, algunas de las decisiones regulatorias y administrativas adoptadas por el Gobierno anterior “están amparadas por la presunción de legalidad. Esto significa que, mientras no sean derogadas, modificadas o suspendidas por las autoridades competentes, continúan produciendo efectos jurídicos y condicionan la actuación de la administración”, dice Jiménez.

Andrés Crump, socio de Garrigues, por su parte, considera que el país requiere reformas estructurales urgentes para recuperar la competitividad frente a pares regionales como Brasil, Chile y Perú.

Revertir esa tendencia sin debilitar la protección constitucional de las comunidades ni los estándares ambientales es clave y, en ese sentido, propone priorizar tres ejes en la agenda legislativa: celeridad y ventanilla única regulatoria, estandarización de la consulta previa y articulación institucional del territorio.

Uno de los hechos iniciales del Gobierno fue derogar el decreto que prohibía la exportación de carbón a Israel.

Milton Montoya, de Holland & Knight, advirtió que otros productores, como Sudáfrica, coparon el espacio ocupado antes por exportadores de carbón colombiano.

“Las empresas tienen la facultad de analizar la viabilidad de reclamaciones arbitrales en contra del Estado colombiano en tanto la mencionada prohibición podría haber implicado una vulneración al Tratado de Libre Comercio suscrito con Israel”, explicó Montoya.

Patricia Arrázola, socia de Pérez-Llorca Colombia, piensa que la reactivación de las exportaciones de carbón enfrenta barreras jurídicas específicas que van más allá de la simple voluntad política de cambio.

“El Decreto 949 de 2025 establece que el carbón es un recurso estratégico utilizado en industrias que inciden en la capacidad militar, y que Colombia actúa en cumplimiento de su obligación de cooperar para poner fin, por medios lícitos, a toda violación grave”, explica Arrázola.

Recuerda algunas otras restricciones y sobrecargas que se deben derogar o modificar e impiden reactivar las exportaciones de carbón.

“Esto evidencia la necesidad de analizar la eliminación de la sobretasa de renta de hasta el 10 por ciento adicional y la restauración de la deducibilidad de las regalías, factores que impactan directamente en la rentabilidad de las empresas que explotan carbón en Colombia”, dijo la jurista.

Uno de los aspectos prioritarios de otra decisión del saliente Gobierno fue la delimitación de áreas como el caso de Santurbán, por ejemplo.

El pasado 6 de agosto, mediante la Resolución 0992, el Gobierno saliente adoptó una delimitación progresiva del páramo de Santurbán. La decisión involucró 29.199 hectáreas, dejó abierto el proceso de participación ciudadana como lo estableció la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional y, en consecuencia, la delimitación aún no termina.

Ángela Salazar, socia de Recursos Naturales de Lloreda Camacho, considera que “la ausencia de delimitación no protege al ambiente, sino que permite la proliferación de la extracción ilícita de minerales”.

Para ella, una delimitación técnica y participativa genera certeza: define con precisión qué áreas están excluidas de la minería y cuáles no, permitiendo a los titulares existentes conocer su situación jurídica y a los potenciales inversionistas evaluar la viabilidad de nuevos proyectos.

Arrázola, de Pérez-Llorca, advierte que “la delimitación de los páramos permite combatir la inseguridad jurídica que hoy afecta tanto a las comunidades como a los mineros y permite tener reglas claras a la hora de solicitar y otorgar un título, evitando a futuro litigios contra el Estado”.

De otro lado, frente a minerales estratégicos y lo que se conoce como tierras raras, el tema en Colombia está empantanado. Juan Carlos Padilla, director de la práctica de Minería, Petróleo y Gas de Brigard Urrutia, afirmó que “actualmente las tierras raras no tienen la condición de minerales estratégicos en Colombia”.

Según Padilla, aunque la Agencia Nacional de Minería identificó las tierras raras como minerales relevantes para la transición energética, una resolución de noviembre de 2023, que actualizó el listado oficial de minerales estratégicos, no las incorporó y no pueden ser objeto de Áreas de Reserva Estratégica Minera. Sin embargo, explicó que “su exploración y explotación son jurídicamente viables a través del régimen ordinario de concesión minera establecido en el Código de Minas” y dijo que existen al menos tres títulos mineros vigentes.

Aunque las tierras raras estén un poco “empantanadas”, Sandra Manrique, socia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), destacó la actualización del listado de minerales estratégicos. Advirtió que, en la medida en que el país avance en agilizar los tiempos en el otorgamiento de títulos, licenciamiento ambiental, articulación con la consulta previa, cierre de brechas de conocimiento geológico, trazabilidad y procesamiento local, estará en mejor posición para aprovechar la demanda internacional por estos recursos.

Otro de los retos en el sector minero es la explotación ilegal de oro. El entonces ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló: “Se estima que el 80 por ciento del oro del país es ilegal. Esos son billones en regalías, billones en impuestos y millones en pérdidas de pasivos ambientales, laborales y sociales”, dijo, tras reconocer que la idea de que el Banco de la República sea el único comprador de oro está “un poco inacabada” y ante la propuesta del anterior Gobierno de comprarles oro a los pequeños mineros, a través de empresas administradas por el Ministerio de Minas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

De hecho, Montoya considera que una determinación en este sentido plantea desafíos constitucionales y legales para ampliar el mandato al banco sin desnaturalizar su función, proteger la libre empresa y a los comercializadores de oro legales y desarrollar una infraestructura operativa, entre otros.

“Sería más viable fortalecer el Registro Único de Comercializadores de Minerales, Rucom, endurecer la trazabilidad obligatoria y ampliar las facultades de la Dian y la Fiscalía para perseguir el lavado de activos a través del comercio aurífero ilegal”, dijo Montoya.

El Banco de la República tiene la obligación de comprar el oro que se le ofrezca y expresamente, sin perjuicio de la libre competencia, recuerda Padilla, quien agrega que no se puede generar un monopolio estatal en la compra de oro en favor del banco.

Según él, finalidades como la lucha contra la minería ilegal, el lavado de activos y la protección ambiental podrían justificar una mayor intervención estatal en el mercado del oro. “La normativa actual no permite establecer al Banco de la República como comprador exclusivo sin una habilitación legal expresa y constitucionalmente proporcional”, dice Padilla.

En ese entorno se dieron importantes movidas empresariales. Por ejemplo, se concretaron las compras de Movistar y la participación de EPM en Tigo UNE, por parte de Millicom; Biomax, del grupo hondureño Uno Corp, que compró las acciones de Primax para quedarse con el 30 por ciento del mercado de combustibles en Colombia; la cementera Holcim se quedó con cerca de 20 centros de producción de Cemex en Colombia, y la chilena Cencosud compró las 21 tiendas que tenía Makro. Ahora, la expectativa con la llegada del nuevo Gobierno se centra en los ajustes para fortalecer el tejido empresarial en la era de la “patria milagro”.

Para Nicolás Tirado, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), el principal ajuste normativo que podría hacer el nuevo Gobierno “es concentrar sus esfuerzos en consolidar la seguridad jurídica para las empresas nacionales”. Considera que la seguridad jurídica no es sinónimo de desregulación, sino que la estabilidad se construye legislando en el Congreso, respetando laudos y decisiones arbitrales, evitando la dispersión de normas y permitiendo que los ciudadanos puedan encontrar en línea las normas que aplican a su actividad.

Por su parte, Martín Escobar, director de KPMG Legal, advierte que “el ajuste más urgente es modernizar y simplificar el ‘ciclo de vida’ de las sociedades: constitución, reformas, capitalizaciones y liquidaciones o cierres”. Esto se traduce en que el Gobierno debería impulsar una agenda de digitalización real (actas, libros, poderes, asambleas y juntas ciento por ciento electrónicas con reglas claras), mayor estandarización registral entre cámaras de comercio y depuración normativa que reduzca cargas y tiempos para operar, invertir y reorganizarse.

“Sería bueno pensar en consolidar un marco coherente sobre beneficiario final, conflictos de interés y operaciones con vinculados para evitar duplicidades y costos de cumplimiento que hoy se sienten más ‘formales’ que útiles”, dijo Escobar.

En su criterio, también sería valioso que el Gobierno se enfocara en la protección de los minoritarios mediante el fortalecimiento de mecanismos para resolver conflictos societarios como las medidas cautelares, acciones de responsabilidad administrativas, reglas sobre información y abusos de mayoría.

En este mismo sentido se expresó Andrés Hidalgo, socio de Lloreda Camacho, ante la alta concentración de capital en la estructura de propiedad de las empresas en el país. “Hay que introducir ajustes normativos orientados a fortalecer la protección de los accionistas minoritarios frente al poder de decisión de los accionistas mayoritarios”.

Para Hidalgo, es deseable que, en la nueva legislatura, el Congreso retome la iniciativa presentada en 2025 y que incorporaba reformas estructurales para modernizar y continuar impulsando la actualización del régimen societario colombiano.

A su vez, Andrés Ordóñez-Rizo, socio de Garrigues Colombia, “más que una nueva ola de reformas, Colombia necesita fortalecer la estabilidad y predictibilidad del marco normativo, así como agilizar los procesos para la obtención de autorizaciones, licencias y permisos regulatorios”. Considera que los inversionistas pueden adaptarse a distintas reglas, pero les preocupa la incertidumbre sobre su duración, interpretación y aplicación, al igual que los tiempos asociados a las decisiones del Gobierno porque afectan la estructuración y ejecución de nuevas inversiones.

“Lo verdaderamente determinante es contar con un marco jurídico estable, predecible, que permita evaluar riesgos y ejecutar las transacciones con un nivel razonable de certeza”, comentó.

Para él, la estabilidad regulatoria y la capacidad de desarrollar negocios con agilidad continúan siendo factores decisivos para atraer inversión de largo plazo.

Aunque el régimen societario colombiano ha evolucionado, las empresas –especialmente las mipymes– continúan enfrentando cargas regulatorias significativas derivadas de obligaciones tributarias, laborales, societarias y de cumplimiento.

Así lo explicó Carolina Munar, socia en Scola Abogados, para quien el reto del nuevo Gobierno, más que promover nuevas reformas, es consolidar un marco regulatorio estable, coherente y previsible. “En línea con los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, resulta conveniente fortalecer criterios de proporcionalidad regulatoria, de manera que las exigencias aplicables guarden relación con el tamaño, la capacidad económica y el nivel de riesgo de cada empresa”, afirmó.

Felipe Pinilla Acevedo, socio fundador de PGP, tampoco ve urgencia en introducir ajustes normativos al sistema legal societario colombiano porque lo considera ordenado, pero sí tiene “gran expectativa” frente a la anunciada flexibilización tributaria y la eliminación de medidas adoptadas con sesgo ideológico durante el cuatrienio anterior.

A su turno, Alessandro Quinto, asociado de Godoy, explicó que el régimen societario vigente tiene bases sólidas, pero sigue apoyado en normas dispersas que no siempre responden a la forma en que hoy se constituyen, financian, gobiernan y reorganizan las compañías.

Insiste en que la lógica con la que se creó el modelo de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que, a su juicio, favoreció la formalización sin sacrificar la supervisión, debería extenderse a otros aspectos del régimen, especialmente en materia de conflictos entre socios, responsabilidad y deberes de administradores, abuso de control y protección de minoritarios.

En este sentido, Clare Montgomery, socia de Baker McKenzie Colombia, propone crear la acción derivada, mecanismo para proteger a los accionistas minoritarios, quienes con la regulación actual tienen problemas para reclamar sus derechos ante el sistema judicial en eventos de abuso de los controlantes. Cree que, en la medida en que aumenten los requisitos y las obligaciones para los emprendimientos y startups, se desincentiva la creación de empresa en Colombia y por eso, entre otros, plantea reducir costos en trámites y obligaciones.

Álvaro Cala y Johann Schomberger, de Brigard Urrutia, reconocen que, en Colombia, liquidar una empresa suele ser mucho más costoso, demorado y complejo que constituirla: “La liquidación voluntaria exige etapas rigurosas de avisos y aprobaciones que pueden tardar meses o incluso años, especialmente por las formalidades de los documentos requeridos”.

Según los cálculos del consultor empresarial Mauricio Serna, “el 65 por ciento de las empresas en insolvencia llegan allí por temas de gobierno corporativo, no alineación de accionistas, separaciones matrimoniales, robos de unos a otros o fallida transición generacional”.

Increíblemente, en 2026, exceptuando al xenomorfo (que, creemos, no existe), ya no se puede pensar en ese escenario como una distopía. Decirlo suena extremo hasta que se da con el ideólogo de cabecera de varios jugadores de poder en Silicon Valley, un señor llamado Curtis Yarvin, que gente tan influyente como Peter Thiel cita como inspiración y guía. Yarvin profesa ideas sobre un futuro dividido en zonas corporativas, feudos controlados por empresas, y se ha referido a la democracia como un aparato obsoleto. Por eso proyecta la nueva estructura de gobierno como una de “corporaciones autocráticas, similares a dictaduras, con poder absoluto sobre sus ciudadanos”.

Puede no creernos, pero créales a ellos mismos, porque estos ideólogos influyentes en la Casa Blanca todo lo han dicho en discursos, pódcasts y ensayos. Y tienen autoridad de culto por herencia de los capos de Silicon Valley, los empoderados aliados tecnológicos del segundo periodo presidencial de Donald Trump, con planes que congelan el espíritu (no por nada, Facebook resolvió esta semana una demanda de 1,4 billones de dólares por afinar su algoritmo y hacer su plataforma adictiva para los niños).

Discursos, pódcasts y ensayos fueron precisamente las fuentes que consultó el periodista californiano Gil Durán, hijo de inmigrantes mexicanos, experimentado en el trabajo por dentro y por fuera del poder, para componer The Nerd Reich, el libro que viene de lanzar y en el que denuncia el elefante en la sala: Silicon Valley en su faceta más fascista llegó al poder, y el panorama para el hombre común es alarmante. El título propone un juego de palabras entre el Tercer Reich de Hitler y el neofascismo tecnológico que ya dejó de ocultar sus dientes (voluntariamente o no). La expresión no se la inventó él; la escuchó de algunos personajes del mundo tecnológico que consultó para su libro, conscientes de que la promesa de inclusión y liberación tecnológica ha dado paso al fundamentalismo.

Y sí, Yarvin, un profeta social demente que no le habla al viento, le habla al poder detrás del poder, escribió en su blog que estas corporaciones autocráticas “podrían convertir a las personas ‘no productivas’ en biodiésel para alimentar los autobuses de la ciudad”. Durán explica que Yarvin aclaró que bromeaba sobre esto, pero poco después “dijo que lo que realmente se necesita para los pobres es ‘una alternativa humanitaria al genocidio’. “Ese es el tipo de ideas que manejan”, sentencia el periodista, con pánico ante la normalización de estos preceptos y su influencia en gente que tiene códigos nucleares. En ese marco, no parece casualidad que estos días ya no se hable de natalidad, sino de reposición. Durán subraya que Yarvin no sabe nada de gobernanza real, pero “es considerado un genio por estos multimillonarios porque les dice exactamente lo que quieren escuchar”.

En ese punto, es pertinente volver a uno de sus iluminados más poderosos, Peter Thiel, el billonario que inventó PayPal con Elon Musk y luego vio el beneficio de vastos contratos estatales de vigilancia de su empresa Palantir. Thiel pesa además porque su huella ideológica se siente fuerte en Argentina, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y más países de la región. Fue él quien inspiró a J. D. Vance, hoy vicepresidente de Estados Unidos, a tomar la ruta de las inversiones; fue él quien impulsó sus campañas políticas, fue quien lo puso ahí (y a otros cuantos del círculo cercano de Trump). Por eso se da por descontado que Vance será el candidato de la continuidad en 2028 en el país del norte, si la democracia llega…

Para Durán y para la mayoría de la prensa libre en Estados Unidos, el actual VP es más extremo que el mandatario actual. En una entrevista de 2021, sugirió que, al ganar las elecciones, siguiendo postulados de Yarvin, Trump “debía purgar el Gobierno federal y debería desafiar a los tribunales y a la ley, obligando a los jueces de la Corte Suprema a intentar hacer cumplir sus dictámenes por la fuerza”.

EN ESTA PRESIDENCIA DE TRUMP, LOS CAPOS TECNOLÓGICOS HAN TENIDO CAMPO FÉRTIL PARA PROYECTAR TERRIBLES FANTASÍAS SOCIALES E IMPLEMENTAR ALGUNAS.

El eco del eco se escucha y se ejecuta. Porque, como añade Durán en su Nerd Reich, en 2010, Thiel afirmó ante algunos libertarios que el Gobierno es fundamentalmente malo. El periodista anota el descaro de ser un contratista de vigilancia estatal y afirmar tal cosa. “Estos hombres solo se oponían al Gobierno hasta que vieron la oportunidad de apoderarse de él para sus fines comerciales”, exhorta Durán. Y considerando que Palantir está recaudando miles de millones de dólares en contratos con la administración Trump y Silicon Valley bombea miles de millones a las arcas y empresas de la familia presidencial (entre varias maneras, por medio de esquemas desregulados de criptomonedas), razón no le falta. Por eso, para el investigador, “la tecnología parece haberse convertido en un arma de corrupción masiva en Washington”. El clima era distinto en su primera presidencia. En esos distantes tiempos, Twitter y Facebook bloquearon a Trump. Hoy alimentan su mensaje de odio y sus arcas.

En una profunda entrevista con Democracy Now, Durán asegura que, a pesar de la oscura situación, la ciudadanía se está dando cuenta de la amenaza: “Se ven protestas en todo el país de comunidades enteras que se oponen a la instalación de centros de datos masivos en sus vecindarios, o que se movilizan contra el despliegue de tecnologías de vigilancia de Palantir o cámaras de reconocimiento facial en las calles (de la compañía Flock). Hay una resistencia comunitaria real e inspiradora que trasciende las divisiones partidistas”, cuenta, pero aterriza el entusiasmo anotando que son muy pocos los políticos que abordan el tema con la urgencia que amerita. Y atado a todo esto, el marketing extremo de los capos de Silicon Valley de la inteligencia artificial como la solución a los problemas del hombre común y de las criptomonedas, cuyas bondades sienten muy pocos.

La semana pasada, en Buenos Aires, Argentina, la capital en la que Peter Thiel compró la casa más cara a la venta para mudarse después de dejar su país, una legión de hombres y mujeres disfrazados del hechicero Gandalf se hicieron sentir en su puerta, exclamando simbólicamente hacia el dueño de la propiedad “¡No pasarás!”, como lo gritaba el personaje de J. R. R. Tolkien (que Ian McKellen también hizo eterno en el cine). En El señor de los anillos, Palantir es un dispositivo mágico que permite a los magos oscuros ver más allá, y el hechicero de sombrero puntiagudo, en nombre del bien común, se opone a sus efectos nefastos. En este plano real, Palantir es sinónimo de hipervigilancia estatal, esa que alimenta a ICE y ya busca expandir su alcance global, y queda en la gente detenerlo. Quizá ya habitamos la ficción.

El desmonte del esquema Mi Casa Ya dejó esa discusión en evidencia. Los cambios en las reglas de acceso y asignación de los subsidios generaron incertidumbre entre hogares que habían iniciado procesos de compra y entre constructoras, entidades financieras y cajas de compensación. Ahora, una de las primeras decisiones que deberá tomar el nuevo Gobierno será definir si retoma este esquema, lo modifica o crea uno nuevo, y bajo qué reglas jurídicas. Más aún, con los efectos que generó el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó cerca de 30.000 viviendas destruidas y alrededor de 140.000 averiadas.

Para Juan Manuel González, socio fundador y director de la práctica de Derecho Urbanístico de Pinilla, González & Prieto, reactivar Mi Casa Ya o crear otro esquema no presenta obstáculos jurídicos fundamentales, pues los subsidios pueden establecerse mediante decretos. El problema, advierte, es presupuestal: se requieren recursos suficientes y ajustes para focalizarlos hacia estos programas.

Por su parte, Esteban García Jimeno, de Holland & Knight, plantea reglas claras sobre acceso, asignación y desembolso. Propone llevar a la ley elementos esenciales del sistema –elegibilidad, montos, financiación y vigencia– para reducir la dependencia de resoluciones y circulares.

Melissa Castro, de Garrigues, coincide en que una ley evitaría cambios de reglas en perjuicio de compradores y ayudaría a recuperar la confianza del sector.

Uno de los desafíos será resolver qué ocurre con quienes quedaron en medio de los cambios. García Jimeno y Castro concuerdan en que hay que establecer regímenes de transición que protejan a las familias que iniciaron sus procesos bajo reglas anteriores, apelando al principio de confianza legítima.

El otro gran frente es territorial. Ante la reducción de los subsidios nacionales, alcaldías, gobernaciones y cajas de compensación han ganado protagonismo. González considera positivo que hayan surgido subsidios regionales, pero insiste en articularlos con la nación.

El riesgo, explica García Jimeno, es que una descentralización sin reglas comunes produzca desigualdades entre territorios, con requisitos diferentes que dificulten la participación del sector privado a escala nacional.

Castro advierte, además, que estas diferencias podrían desincentivar la construcción en municipios donde las condiciones para acceder a los subsidios sean más restrictivas.

La Ley 2079 de 2021 ya reconoce la vivienda y el hábitat digno como política de Estado y plantea la articulación entre nación y entidades territoriales. El reto será convertir ese principio en corresponsabilidad efectiva.

Problemas de la oferta

En cuanto a la oferta, que enfrenta obstáculos jurídicos, Juan Carlos Rocha, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), advierte sobre la necesidad de reducir costos, promover alternativas como el arriendo social y dar claridad regulatoria.

Por su parte, Jaime Ramírez, asociado del área inmobiliaria de PPU, dice que las reglamentaciones promovidas por el Gobierno saliente resultaron ser vagas y confusas para los empresarios que intervienen en el sector vivienda. “El Gobierno entrante debe escuchar al empresariado y promover reglamentaciones acordes con la realidad del mercado”.

Así, el desafío jurídico del nuevo Gobierno será no solamente volver a subsidiar la compra de vivienda. Será construir reglas estables para que los subsidios tengan respaldo presupuestal, proteger las expectativas legítimas de los hogares y coordinar nación y territorios, mientras se reducen las barreras que encarecen y retrasan la producción de vivienda VIS y VIP.

El alcance del fallo es importante, toda vez que este no declaró la constitucionalidad integral de la reforma, sino que ordenó devolver a la Cámara de Representantes nueve artículos y una proposición para corregir su trámite.

“Con esta decisión, el futuro de la reforma pensional deja de estar completamente en manos de la Corte Constitucional y pasa, en una primera etapa, nuevamente al Congreso”, explica Carolina Camacho, socia de Garrigues.

La Cámara tiene ahora 30 días hábiles, contados a partir de la notificación de la sentencia, para volver a discutir y votar los asuntos señalados por la Corte. Si en ese trámite se introducen modificaciones que impliquen una diferencia frente al texto aprobado por el Senado, deberá surtirse la correspondiente conciliación dentro de la actual legislatura.

La Corte, además, fijó el primero de abril de 2027 como fecha para que comience a funcionar el nuevo sistema pensional. De esta manera, la reforma conserva, por ahora, su estructura central: los pilares solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario, así como elementos como la cotización del 16 por ciento del ingreso, las edades de pensión y el régimen de transición.

Laura Pérez, de Scola Abogados, considera que la decisión representa un punto de inflexión frente al escenario que existía antes del fallo. La discusión ahora se centra en determinar cómo se subsanan los asuntos devueltos a la Cámara y qué ocurrirá posteriormente con las demandas que cuestionan el contenido de la ley.

El alto tribunal encontró problemas de procedimiento en varios asuntos; entre ellos, las disposiciones relacionadas con la naturaleza de los recursos del sistema, las características de las prestaciones, el pilar contributivo, la distribución de las cotizaciones, el beneficio de semanas para las mujeres por cada hijo, la inversión de los recursos, el tratamiento tributario, la administración del Fondo del Pilar Contributivo y las reglas aplicables a determinadas comunidades. También deberá discutirse una proposición que buscaba incorporar un nuevo artículo.

El punto resulta relevante porque la Corte no ordenó rehacer todo el trámite de la reforma. La devolución se limita a los asuntos en los que encontró el vicio. El resto del articulado quedó avalado frente al cargo de procedimiento analizado en esta sentencia.

Para Rafael Serrano, profesor asociado de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario, eso significa que la reforma conserva buena parte de su arquitectura, pero la discusión jurídica no termina. El alto tribunal deberá abordar posteriormente las demandas que cuestionan aspectos sustantivos de la Ley 2381.

Así, el fallo de esta semana no equivale a una declaración definitiva de constitucionalidad de todo el contenido de la reforma. Es, más bien, una primera definición que permite mantenerla con vida y abre una nueva etapa en el Congreso. La discusión de fondo sobre asuntos como el diseño de los pilares, el manejo del ahorro individual, la distribución de las cotizaciones y la sostenibilidad del sistema seguirá siendo objeto de debate judicial.

Una reforma con efectos ya producidos

Mientras la Corte y el Congreso avanzaban en este proceso, algunas disposiciones de la Ley 2381 ya habían producido efectos concretos. El artículo 76, que quedó exceptuado de la suspensión inicial, permitió la llamada ventana de traslado para personas próximas a la edad de pensión.

La ventana estuvo abierta entre julio de 2024 y julio de 2026. Según las cifras citadas por Serrano, 1.033.019 personas cumplían las condiciones para acceder a ella, más de 237.000 recibieron la doble asesoría exigida y más de 166.000 terminaron trasladándose. Cerca de nueve de cada diez lo hicieron hacia Colpensiones.

Para Misael Triana Cardona, socio fundador de Abogados Triana, fue “un sueño hecho realidad que duró dos años”. En su opinión, la posibilidad permitió descongestionar despachos judiciales y reivindicar el derecho de los afiliados a recibir la prestación que más los beneficiaba.

Serrano observa el fenómeno desde otra perspectiva. Considera que el hecho de que más de 800.000 personas que podían utilizar la ventana no lo hicieran muestra un problema de educación financiera y de diseño de la decisión. Para él, la doble asesoría terminó funcionando sobre todo como requisito de trámite y no necesariamente como un mecanismo eficaz para tomar una decisión.

El cierre de la ventana, sin embargo, no resolvió todos los problemas jurídicos. Quedó pendiente qué ocurriría con los recursos asociados a los traslados. El Gobierno expidió el Decreto 415 de 2026 para reglamentar el traslado de recursos desde las administradoras privadas hacia Colpensiones, pero el Consejo de Estado suspendió provisionalmente sus efectos. El mecanismo para materializar esos movimientos continúa, por tanto, en disputa.

“Queda, además, un asunto sin resolver”, advierte Serrano al referirse a los recursos de quienes se trasladaron: mientras se consolida el derecho pensional, los saldos permanecen en las administradoras de fondos privados. El manejo de esos recursos y su eventual traslado a Colpensiones es otro de los asuntos que deberá resolverse, independientemente de la suerte definitiva de la reforma.

También está pendiente establecer qué sucederá con quienes tomaron decisiones amparados en las disposiciones que estuvieron vigentes. Pérez identifica como un desafío la operatividad de las decisiones ya tomadas al amparo de la ley, particularmente los traslados entre regímenes.

Serrano plantea el asunto desde los efectos temporales de las decisiones judiciales. A su juicio, incluso frente a modificaciones posteriores de la reforma, será necesario determinar qué ocurre con las situaciones que se consolidaron durante el periodo en que estuvieron vigentes las disposiciones que permitieron esos traslados.

El papel de la Corte

La actuación de la Corte Constitucional también tendrá consecuencias hacia adelante. Para Pérez, su decisión mantiene una línea de control sobre el procedimiento legislativo, coherente con su función de garantizar el respeto de las reglas constitucionales que rigen la formación de las leyes.

Pero el alto tribunal todavía tiene pendiente una segunda discusión: la constitucionalidad del contenido de la reforma.

La diferencia es importante. La Sentencia C-264 de 2026 resolvió el cargo relacionado con el trámite legislativo. Las demás demandas, dirigidas contra distintos contenidos de la Ley 2381, deberán ser analizadas posteriormente.

Esto significa que la seguridad jurídica que requiere el sistema aún es incompleta. La reforma tiene ahora una ruta definida, pero no un punto final.

El nuevo Gobierno, además, anunció que quiere modificar algunos elementos del modelo. El planteamiento de la nueva administración, según lo expuesto por Serrano, incluye hacer opcional el pilar semicontributivo, restablecer la libertad de elección entre regímenes, buscar un blindaje constitucional para el ahorro individual y aumentar el subsidio dirigido a la población mayor vulnerable.

Pero esos anuncios no sustituyen el trámite legislativo. Si el Gobierno quiere cambiar la arquitectura del sistema, que acaba de recibir un respaldo mayoritario de la Corte, tendrá que acudir nuevamente al Congreso.

Para Camacho, este punto no ofrece mayor margen de discusión: si la nueva administración pretende modificar aspectos del sistema pensional, deberá radicar los proyectos que considere ante el Legislativo, pues corresponde al Congreso expedir las leyes que modifiquen el sistema.

El nuevo Gobierno tendrá, además, que enfrentar problemas que no desaparecen con el fallo. Triana menciona, entre los desafíos de una eventual implementación del nuevo modelo, la identificación de los beneficiarios del pilar solidario, la definición de prioridades, la financiación de las rentas y los efectos sobre quienes cotizan por encima de los 2,3 salarios mínimos.

Serrano lleva la discusión a un problema que, independientemente del modelo que termine imponiéndose, seguirá sobre la mesa: en Colombia solo una cuarta parte de los trabajadores alcanzan una pensión. La informalidad, la baja densidad de cotización y la presión financiera del sistema no desaparecen porque sobreviva la Ley 100 o entre en vigencia la Ley 2381.

Por eso, el nuevo Gobierno enfrenta ahora una discusión con varios tiempos. Primero, el Congreso deberá subsanar los asuntos señalados por la Corte. Después, el alto tribunal tendrá que verificar si se corrigió adecuadamente el procedimiento. Si todo el trámite resulta satisfactorio, el nuevo sistema, tal como se dijo, tiene previsto comenzar a funcionar el próximo año.

Los retos

Rafael Serrano, profesor asociado de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario, considera que el nuevo Gobierno hereda tres frentes simultáneos. El primero es una reforma que sobrevivió al examen de procedimiento, pero que todavía debe ser subsanada en algunos puntos antes de su entrada en vigencia. El segundo es el litigio alrededor del traslado de recursos entre administradoras. Y el tercero es un problema estructural que ninguna reforma ha resuelto por completo: la baja cobertura pensional.

De acuerdo con el académico, el programa del presidente De La Espriella apunta a preservar la libre elección entre Colpensiones y los fondos privados, es decir, a modificar uno de los elementos centrales del modelo de pilares.

“El vicepresidente José Manuel Restrepo ha planteado algo más matizado. Ha señalado que, si la reforma supera el examen de la Corte, se necesitaría una reforma adicional para corregir el régimen semicontributivo y la libertad de elección en el componente contributivo”, precisa.

Empecemos por ahí. El abogado defensor no es el cómplice de su cliente ni el vocero de sus conductas. Es el contrapeso del poder más grande que tiene el Estado sobre una persona, que es el de quitarle la libertad. Sin defensa técnica no hay proceso, hay trámite. Y un trámite que encarcela tiene otro nombre, uno que este país ya conoció y que no debería volver a conocer.

Lo he escrito muchas veces y hoy lo sostengo desde otra silla: las garantías no se diseñaron para los simpáticos, ni para los conocidos, ni para quienes despiertan aplausos. Se diseñaron para los que incomodan. Ahí se prueban. Si se debilitan para uno, se debilitan para todos, porque son indivisibles. Por eso el abogado que asume la defensa de la persona más impopular del país está prestando un servicio público, aunque casi nadie se lo agradezca.

Pero sería injusto reducir la profesión al litigio de defensa, porque también me tocó conocer la otra orilla. Como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, aprendí algo que no siempre se enseña bien en las aulas: acusar es tan difícil y tan digno como defender. El fiscal que archiva cuando debe archivar también hace justicia. Y la objetividad, que a veces se lleva como un estorbo, es en realidad todo el cargo. Confieso que esos años me hicieron mejor defensor, porque entendí que del otro lado del expediente hay un profesional con una responsabilidad enorme y, casi siempre, con demasiados casos encima.

Y están los jueces, que también son abogados, aunque a veces lo olvidemos. Nuestros jueces trabajan con despachos congestionados, con salas que se caen a pedazos, con audiencias que se aplazan por razones que darían risa si no dieran rabia, y encima cargan con el linchamiento digital de quien perdió el pleito. Un juez insultado por decidir es un juez presionado para decidir distinto, y un juez presionado ya no es del todo un juez. Eso lo pagamos todos. Dignificar el oficio de jueces y fiscales no es un eslogan bonito, es la condición para que las decisiones se tomen con expedientes y no con tendencias.

Ahora bien, la profesión tampoco es la que sale en televisión. El país jurídico real es otro. Es la abogada que en un municipio del Atlántico redacta una tutela para que le autoricen una cirugía a una señora que ya no sabe a quién más acudir. Es el defensor público con ochenta procesos a cuestas que igual se estudia el suyo con juicio. Es el litigante de provincia al que la virtualidad, por fin, le permitió competir, porque antes el cliente contrataba donde estaba el juzgado y no donde estaba el mejor. Es el abogado laboralista, el de familia, el que hace una sucesión por honorarios modestos y termina además haciendo de psicólogo, de contador y de paño de lágrimas. Esos son los que sostienen el acceso a la justicia en Colombia, y ninguno sale en los titulares.

No es un tema menor. Para millones de colombianos, la primera cara del Estado es la de un abogado, mucho antes que la de un juez o un funcionario.

Y ahora lo incómodo, porque defender la profesión no puede volverse un ejercicio de autocomplacencia. También tenemos nuestras vergüenzas. El que cobra por lo que sabe que no puede cumplir. El que promete resultados en vez de gestión. El que ofrece “contactos” en lugar de argumentos. El que abusa de la confianza de una familia desesperada. Callarlo sería deshonesto. Defender la profesión no es defender a todos los que la ejercen, y quien más daño le hace al abogado honesto es el que la usa de disfraz.

De ahí que haya un debate pendiente que tenemos que dar en serio, y lo digo también como profesor y como hijo de una decana de derecho: calidad de la enseñanza del derecho, número y nivel de las facultades, formación práctica, ética profesional. Pero démoslo como corresponde, con propuestas concretas y no con diagnósticos rabiosos, que de esos ya tenemos suficientes.

Hoy miro todo esto desde un lugar distinto, y ese lugar me obliga a hablar con otra prudencia. Desde el Ministerio uno entiende rápido que ninguna reforma, por bien redactada que esté, funciona sin abogados que la hagan andar. Se puede cambiar un código completo, pero si el defensor no tiene tiempo para estudiar el caso, si el fiscal no tiene equipo, si el juez no tiene sala, la norma se queda en el papel y el ciudadano se queda sin justicia. Las instituciones se sostienen en personas con formación, con condiciones dignas y con independencia.

Hay algo, eso sí, que no cambia con el cargo. La convicción de que una sociedad que desprecia a sus abogados termina despreciando sus propias garantías, y que ese desprecio siempre se cobra tarde, cuando ya es uno el que necesita que alguien lo defienda.

Así que cuando vuelvan a preguntarme cómo se hace para defender a esa gente, la respuesta seguirá siendo la misma, aunque hoy la firme desde otra silla: se defiende porque alguien tiene que hacerlo, porque el día que nadie quiera hacerlo, el problema no será de los abogados. Ahí no pierde el defensor. Pierde el país.

Quiero decirles a los miles de abogados que ejercen con honestidad, muchas veces sin reconocimiento y casi siempre sin aplausos: ustedes son, todos los días, la primera línea de defensa de la libertad de los demás. Gracias por sostenerla.

La magnitud de estos conflictos y la complejidad de algunos casos muestran, además, que los litigios se han convertido en un termómetro de la relación entre las decisiones públicas, la actividad empresarial y la confianza de los inversionistas.

Una mirada a las cifras permite dimensionar el alcance que han tenido estos procesos. En los litigios contra el Estado, por ejemplo, al cierre de 2025, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) reportó pretensiones económicas superiores a 699 billones de pesos. Para el primer trimestre de 2026, esa cifra aumentó a 832,39 billones.

En tanto, con corte a junio de 2026, el Estado colombiano registró un total de 329.293 procesos abiertos en jurisdicciones locales, 19 procesos abiertos en arbitraje de inversión y casi 500 arbitrajes domésticos.

Estos números, según Camilo Martínez, José Miguel Mendoza y Sergio Rojas, socios de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa (MQMGL&D), son muy relevantes para un Estado con el tamaño del colombiano.

Sostienen que algo semejante sucede con las controversias entre particulares que, aunque no arrojan una estadística oficial, sí cuentan con informes provenientes de diferentes centros de resolución de disputas, como los centros de arbitraje de las cámaras de comercio de Bogotá y de Medellín, los cuales coinciden en un incremento en las cuantías en disputa, lo que supone un mayor monto expuesto al litigio.

Sergio Rodríguez Azuero, socio fundador de CMS Rodríguez-Azuero, afirma que, con respecto a litigios contra el Estado, los cambios regulatorios han aumentado la litigiosidad, particularmente en el sector salud, donde históricamente el Estado no enfrentaba tantos reclamos.

También dice que se ha detectado un aumento en las reclamaciones judiciales en el sector inmobiliario, que responde a las dificultades del renglón.

Por su parte, los socios de MQMGL&D sostienen que trabajo, hacienda y educación concentran cerca del 60 por ciento de los pleitos contra el Estado.

El sector trabajo, explican, tiene una fuerte presencia de controversias pensionales, mientras que educación nacional aparece también entre los ámbitos con mayor número de demandas.

La infraestructura también conserva un peso importante. Rafael Rincón, socio de Rincón Castro Asociados, identifica este sector, junto con el de energía, como dos de los principales focos de demandas arbitrales nacionales e internacionales. En este terreno, los laudos contra entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) muestran la complejidad que pueden alcanzar las controversias relacionadas con grandes proyectos.

Para Rincón, uno de los casos relevantes es el arbitraje de la Concesionaria Ruta al Mar contra la ANI, que pone sobre la mesa la necesidad de repensar ciertos aspectos del sector de infraestructura, incluyendo la necesidad de promover la seguridad jurídica en las asociaciones público-privadas bajo la modalidad de iniciativas privadas.

Dice que esto es fundamental para atraer inversión privada en nuevos proyectos en un momento de crisis fiscal.

Energía y minería también están ganando protagonismo. Rincón advierte sobre arbitrajes internacionales de inversión iniciados por inversionistas extranjeros vinculados a generación y transmisión de energía, a raíz de medidas que, según los reclamantes, afectan la sostenibilidad financiera necesaria para la prestación del servicio. Para el abogado, la forma en que se resuelvan estas controversias tendrá implicaciones incluso para la seguridad y soberanía energética del país.

Los socios de MQMGL&D se refieren también al crecimiento del arbitraje internacional de inversión. Destacan que, según las cifras de la ANDJE, Colombia pasó de tener 13 procesos en etapa arbitral y ocho en etapa prearbitral en 2022, a 19 y 16, respectivamente, con corte al 30 de junio de 2026.

La tendencia también se refleja en los arbitrajes domésticos. De acuerdo con la misma firma, había cerca de 480 procesos activos, con transporte a la cabeza, con 192 casos, seguido de minas y energía, con 80.

En el sector privado, en tanto, aparece otro cambio de fondo: las controversias societarias están adquiriendo mayor relevancia. Las disputas contractuales tradicionales, incluso en proyectos sofisticados de infraestructura, incorporan cada vez más discusiones sobre las relaciones entre socios y accionistas.

Se trata de una señal de que el litigio empresarial ya no se limita a determinar si un contrato se cumplió o no, sino que aborda la estructura de gobierno de las compañías, los derechos de los accionistas y las decisiones que pueden afectar el valor de las empresas.

Rodríguez Azuero señala que las partes acuden cada vez más a mecanismos como el arbitraje para evitar los tiempos propios de un proceso judicial. Según su experiencia, un proceso en primera instancia puede tardar entre tres y cinco años. En la jurisdicción contencioso-administrativa, la situación puede ser aún más crítica: incluso una decisión sobre una medida cautelar puede tomar más de un año.

El fenómeno no es exclusivamente colombiano. De acuerdo con Claudia Benavides Galvis, socia de Benavides Mejía-Dispute Resolution, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) registró 894 nuevos casos en 2025, una de las tres cifras más altas de su historia. América Latina tuvo una participación destacada y Brasil y México estuvieron entre los países con mayor presencia.

De igual manera, Benavides afirma que Colombia suscribió un acuerdo con la Corte Permanente de Arbitraje, lo que fortalece las posibilidades de administrar arbitrajes internacionales desde el país.

Uno de los rasgos que más ha cambiado el panorama es la creciente internacionalización de las disputas. Los arbitrajes de inversión, que durante años fueron un terreno relativamente reducido para Colombia, hoy ocupan un lugar central en la discusión sobre seguridad jurídica y confianza inversionista.

Felipe González Arrieta, socio de Benavides Mejía-Dispute Resolution, indicó que la CCI registró 31 arbitrajes en 2025, en los que al menos una de las partes era colombiana, lo que ubicó al país como el tercero de América Latina con mayor participación en casos de esa institución, después de Brasil y México. Ese mismo año fueron designados 23 árbitros colombianos en casos CCI.

La relevancia de estos procesos no depende únicamente del monto. También está en juego la capacidad del Estado para regular sectores estratégicos sin generar incertidumbre que termine traduciéndose en reclamaciones internacionales. Energía, petróleo y gas, minería e infraestructura concentran buena parte de las controversias en América Latina y, previsiblemente, seguirán haciéndolo.

Cristina Mejía Rivas, socia de la misma firma, precisó que actualmente, una parte importante de las disputas internacionales se concentra en los sectores de energía, minería, construcción e infraestructura. En América Latina, cerca de la mitad de las reclamaciones registradas ante el CIADI están relacionadas con proyectos de energía, petróleo y gas, minería o infraestructura. En Colombia, estos sectores seguirán siendo especialmente relevantes por la magnitud de las inversiones involucradas, la participación del Estado en muchos de estos proyectos y el impacto que pueden tener las decisiones regulatorias sobre inversiones de largo plazo.

La ejecutiva especificó que, de cara a los próximos años, es previsible un incremento de las controversias asociadas con la transición energética y el desarrollo de minerales críticos, donde confluyen intereses económicos, objetivos ambientales y expectativas de las comunidades. Asimismo, cobrarán mayor relevancia las disputas derivadas de medidas tributarias, transformación digital, nuevas tecnologías y grandes proyectos de infraestructura.

Además, el anuncio del gobierno saliente de una eventual denuncia del Convenio CIADI abrió un debate sobre hasta dónde puede llegar la potestad regulatoria del Estado sin afectar la confianza de quienes invierten en el país. Para los abogados consultados, preservar reglas claras será determinante.

Nuevas herramientas

Rincón destaca dos desarrollos que pueden modificar el mapa de resolución de controversias: el arbitraje ejecutivo y la entrada en vigor para Colombia de la Convención de Singapur sobre la Mediación.

La evolución tecnológica también empieza a cambiar la práctica. Rivas identifica el uso responsable de la inteligencia artificial como uno de los asuntos que están marcando la discusión en el arbitraje internacional. A esto se suman el third-party funding, mediante el cual terceros financian litigios, y una mayor disposición de las empresas a buscar soluciones tempranas.

La pregunta que queda sobre la mesa es si estas herramientas serán suficientes para aliviar la presión sobre la justicia. Para Rodríguez Azuero, el problema es estructural: el volumen de conflictos crece más rápido que la capacidad del sistema para resolverlos. La descongestión judicial, por tanto, seguirá siendo una de las principales tareas pendientes.

El cambio de gobierno llega en un momento particularmente sensible. Los abogados consultados coinciden en que las decisiones de la nueva administración pueden tener un impacto directo sobre los litigios existentes y sobre los que están por venir.

Una de las principales expectativas está relacionada con la seguridad jurídica. Los inversionistas nacionales y extranjeros necesitan señales de confianza, como acuerdos de estabilidad jurídica y garantías a la inversión que permitan dar mayor certeza a los proyectos de largo plazo.

Uno de los principales focos de atención radica en la incursión de entidades financieras de base tecnológica. Los abogados consultados coinciden en que el ordenamiento colombiano exige un proceso estrictamente dividido en dos fases para operar legalmente como establecimiento de crédito: la “autorización de constitución” y la “licencia de funcionamiento”.

En este escenario, firmas como Plata y Revolut muestran momentos de avance distintos. De un lado, Plata S. A. recorrió el camino completo: constituyéndose como compañía de financiamiento en 2025 y obteniendo su licencia de funcionamiento en julio de 2026, lo que la habilita plenamente para operar. De otra parte, Revolut obtuvo su autorización de constitución como banco el 6 de octubre de 2025 y avanza en la implementación de sus sistemas operativos, pero aún no puede atender al público general por estar a la espera del certificado final de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Al respecto, Felipe Serrano, socio director de Serrano Martínez, precisa que el portafolio y el volumen de exigencia cambian según la figura elegida. “Las diferencias sustanciales entre un banco y una compañía de financiamiento se reducen al capital mínimo regulatorio y al portafolio autorizado: el banco exige un monto de capital sustancialmente mayor y cuenta con la facultad exclusiva de ofrecer cuentas corrientes”. Asimismo, recalca que el otorgamiento de crédito con recursos propios es una actividad no vigilada en Colombia, por lo que la licencia ante la Superfinanciera solo resulta obligatoria cuando existe captación masiva y habitual de recursos.

Tiempos y tecnología del supervisor

Frente a la capacidad de la normatividad actual para vigilar a neobancos sin sucursales físicas, la lectura jurídica presenta matices de contraste. Por un lado, Serrano asegura que “Colombia tiene una amplia regulación en materia financiera; de hecho, de alguna forma estamos sobrerregulados, así que no hay vacíos”, subrayando que el reto central es la educación financiera para que el usuario entienda que la banca digital tiene exactamente el mismo nivel de supervisión y exigencia prudencial que la tradicional. En un sentido equivalente, Roberto Borrás, socio de Garrigues, destaca que la regulación mediante decretos y circulares de la SFC ha evolucionado de forma activa, reconociendo las características de las entidades digitales.

No obstante, desde la perspectiva de la operatividad y la inteligencia artificial, se identifican cuellos de botella. Natalia Alarcón, de Posse Herrera Ruiz, sostiene que la velocidad regulatoria debe alinearse con la dinámica de la industria tecnológica: “La velocidad de un negocio basado en la tecnología se mide en días y horas; el reto es mantener los estándares prudenciales moviéndose con la eficiencia que requiere el mercado”.

¿Intervención o facilitación?

Los analistas de Garrigues, encabezados por David Toro, proyectan un panorama favorable para la libertad económica. “Esperamos un gobierno más afín en ese aspecto. Nuestra economía digital, hoy más que nunca, necesita dinamismos. Necesitamos dejar de poner trabas a los empresarios para que tengan la libertad de competir e innovar”.

El debate entre flexibilizar la carga sobre las plataformas o nivelar el terreno con la economía tradicional divide las visiones regulatorias. Para la firma Serrano Martínez, la presión de sectores como transporte y comercio no desaparecerá, por lo que prevén un equilibrio pragmático que proteja al consumidor sin ahogar la innovación con cargas tributarias severas.

En contraste, desde la perspectiva del libre mercado, David Toro, de Garrigues, argumenta que el enfoque debería ser la desregulación de las industrias tradicionales en lugar de encarecer a las aplicaciones. “Cargas anacrónicas y trabas que limitan injustificadamente la libertad económica pueden frenar el progreso. Pongamos un ejemplo: el debate de las plataformas de movilidad urbana. El problema no es la supuesta ventaja competitiva a la que se enfrentan los taxis regulados. El verdadero problema son los sobrecostos sin fundamento que tienen que asumir esos taxis”.

El dilema laboral en la gig economy

El debate en torno a las aplicaciones de reparto y transporte (como Rappi, Uber o DiDi) exige soluciones jurídicas que superen los esquemas del contrato de trabajo convencional. Los juristas concuerdan en que forzar la gig economy dentro del Código Sustantivo del Trabajo tradicional terminaría desincentivando una fuente crucial de ingresos.

De otro lado, Carolina Camacho, socia de Garrigues, señala que el marco normativo actual ya cuenta con un precedente clave en la Ley 2466 de 2025 para el trabajo en plataformas de reparto, el cual probablemente se extenderá a otros servicios de la economía colaborativa. Esta norma establece una dualidad: permite tanto contratos de trabajo subordinados como relaciones autónomas e independientes. En este último caso, “la norma estableció que, sin que se desnaturalice esta relación contractual, la plataforma digital de reparto deberá pagar el 60 por ciento del aporte a pensión y el 100 por ciento del aporte a riesgos laborales del trabajador independiente”.

En esa misma línea, Alarcón propone consolidar una figura intermedia que distinga la coordinación algorítmica de la subordinación clásica, acompañada de un esquema de seguridad social adaptado. “Microcotizaciones automáticas por transacción con una posible cofinanciación entre plataforma y participante aumentarían la formalización y el acceso efectivo de los participantes al sistema”.

La economía de las plataformas en Colombia avanza hacia una fase de madurez que exige seguridad jurídica, flexibilidad y adaptabilidad institucional. El gran desafío para las autoridades, encabezadas por el MinComercio y la Superfinanciera, radicará en agilizar las licencias y modernizar la supervisión algorítmica sin sofocar el desarrollo de los neobancos y las aplicaciones.

El futuro del sector dependerá de lograr un marco normativo que proteja al consumidor, amplíe la inclusión financiera y permita la formalización laboral flexible sin frenar la economía digital ni la competitividad.

La mayor preocupación viene del lado del gas. Ya el país está importando más del 30 por ciento de la demanda nacional y las reservas probadas han venido disminuyendo y hoy representan cerca de 5,9 años de autonomía, según el Libro de la verdad, que presentó el Gobierno De La Espriella, ante un déficit en aumento, situación que se agravaría por una mayor generación térmica durante el fenómeno de El Niño.

Como advierte Manuel Gómez, socio de Cuatrecasas, es imperativo darle un vuelco a lo que ha sido el sector de hidrocarburos en los últimos cuatro años. Para él, esto pasa por reactivar la asignación de áreas, tomar medidas para desentrabar proyectos off-shore (incluyendo retos ambientales y de consulta previa), resolver el problema de desabastecimiento creado por la crisis de Canacol, solucionar los retos tarifarios y de expansión del Sistema Nacional de Transporte de Gas, eliminar los cuellos de botella de los proyectos de importación y regasificación de gas natural, reactivar la exploración y producción de yacimientos no convencionales (fracking) y proteger las inversiones mediante regímenes como los de estabilidad jurídica.

Para Juan Carlos Padilla, director de la práctica de Minería, Petróleo y Gas de Brigard Urrutia, se debe articular una política de reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos, combinada con desregulación en materia de comercialización de gas natural que permita viabilizar una mayor producción de petróleo y gas para lograr una soberanía energética estable y duradera. Coincide con la necesidad de agilizar los trámites de consultas previas y ambientales para proyectos existentes, clave para el desarrollo de reservas.

Insiste en retomar la explotación de yacimientos no convencionales con acompañamiento de las autoridades para obtener pronto los resultados de los pilotos. “Si bien el marco regulatorio que permite adelantar Proyectos Piloto de Investigación Integral continúa vigente, los proyectos desarrollados bajo este esquema enfrentaron suspensiones y procesos judiciales que impidieron su ejecución. Por lo tanto, un acompañamiento técnico permitirá desarrollar esta tecnología de manera segura y amigable con el ambiente”, dice Padilla.

En este sentido, vienen tareas clave. Como destacan Johanna Cajigas y Lucas Arboleda, socios de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (MQMGL&D), un reto enorme para el nuevo gobierno estará dado por la confiabilidad en materia de gas que permita garantizar la atención de la oferta nacional. “Las decisiones urgentes serán fundamentales”, dicen y resaltan contar con una regulación que permita la incorporación efectiva del gas proveniente de las importaciones, en especial frente al riesgo que produce el fenómeno de El Niño. Para el mediano plazo, afirman que es clave el impulso de fuentes locales que contrarreste la pérdida de autosuficiencia energética. “Esto implica ajustes profundos, como retomar la firma de nuevos contratos de exploración y producción, garantizar la estabilidad jurídica y fiscal a largo plazo, optimizar los procesos de licenciamiento y consulta previa, y activar el desarrollo de recursos estratégicos como los yacimientos no convencionales (YNC) y los proyectos offshore”.

Algunos analistas gremiales han advertido que, si no entran al menos dos regasificadoras antes de acabar el año, la situación del gas a nivel nacional se aprieta. “Los proyectos de regasificación requieren de seguir profundizando la flexibilidad de esquemas contractuales como el contrato firme sujeto a condiciones, de facilitar las condiciones impuestas para la construcción y operación de gasoductos de conexión y de crear los incentivos o realizar las convocatorias para el desarrollo de la infraestructura necesaria”, dice Gómez, de Cuatrecasas.

Por su parte, Padilla asegura que el sector del gas natural necesita bajar su carga regulatoria y los agentes en toda la cadena necesitan mayor flexibilidad para poder tomar las decisiones de inversión necesarias para asegurar el desarrollo del sector. “En el caso de la importación de gas natural, la flexibilización de la comercialización de gas natural en el mercado colombiano y en las condiciones contractuales que no coinciden con los términos del mercado internacional son elementos indispensables para dinamizar este proceso necesario para garantizar estabilidad en la canasta energética colombiana”, agrega.

Para los voceros de MQMGL&D, los proyectos de importación de gas natural enfrentan problemas en la colocación de los volúmenes en el mercado local, como consecuencia de las dificultades para trasladar las condiciones comerciales y contractuales del mercado internacional en los contratos locales. Por ello, el principal reto es “armonizar las dinámicas de contratación del mercado internacional que operan bajo lógicas de mayor libertad comercial y contractual vis a vis un esquema colombiano altamente regulado en materia contractual y en materia de procedimientos para comercializar el gas comprado en los mercados internacionales”.

Y desde MQMGL&D agregan que, para reactivar los contratos de exploración, es fundamental abordar varios factores jurídicos clave: la agilidad y predictibilidad de los trámites administrativos para levantar suspensiones, la flexibilidad en los términos y plazos contractuales y una institucionalidad pública que sea coordinada y eficaz. “La magnitud del reto es significativa: a febrero de 2026, de los 355 contratos y convenios de hidrocarburos vigentes en el país, 24 están suspendidos por imposibilidad de operar y 37 más se encuentran en trámite de terminación”, dicen Cajigas y Arboleda.

Los abogados consultados coinciden en las posibilidades de modificar las condiciones de los contratos vigentes para incentivar la inversión incremental a través de beneficios a la exploración voluntaria, ajustes al esquema de regalías y la extensión de su vigencia hasta el límite económico; y superar las barreras ambientales, sociales y regulatorias que mantienen varios contratos suspendidos.

Sin embargo, como anticipan desde MQMGL&D, la viabilidad de estas soluciones enfrenta retos significativos, como la complejidad y los largos tiempos de los trámites burocráticos, la persistencia de la conflictividad social y los problemas de orden público.

Los daños materiales también son de gran magnitud: 187.839 viviendas averiadas y 33.925 destruidas, además de 6.732 edificios afectados y 655 colapsados.

La infraestructura pública y de servicios también registra daños: 377 centros de salud, 3.833 instituciones educativas y 4.358 centros comunitarios resultaron impactados por el sismo. A esto se suman afectaciones en 473 vías, cinco aeropuertos, 121 acueductos, 76 puentes vehiculares y nueve puentes peatonales.

El país enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. La reconstrucción costaría inicialmente unos 30 billones de pesos, según el presidente Abelardo De La Espriella. El Gobierno ya decretó la emergencia económica para abrir espacio fiscal y atender a las víctimas y a las zonas afectadas. Además, avanza en la creación del Fondo Milagro, que canalizará los recursos para financiar la reconstrucción.

Se está a la expectativa de los decretos que saldrán a la luz de la emergencia económica y cómo será la operación del Fondo Milagro.

La situación presenta una paradoja, pues ahora el Estado tiene que volcarse a atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción, que con las obras de infraestructura y vivienda generará crecimiento vía inversión.

“Esa inversión en infraestructura, vivienda y salud, que estaba atrasada, ahora es prioritaria. Ese tipo de inversión sí será productiva”, dice Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca Colombia.

Con la tragedia, se trajo a la memoria el modelo del Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec) tras el terremoto de finales del siglo pasado que sacudió esa región del país y dejó más de mil muertos.

Para Alejandro Mesa, managing partner de Baker McKenzie, este es uno de los temas clave en materia de institucionalidad para manejar los recursos. “Muchos están diciendo que implementemos un esquema similar porque ese funcionó bastante bien hace 27 años”, afirma.

Por su parte, Martín Acero, socio director de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), advierte que para enfrentar esta situación debe darse un conjunto de esfuerzos públicos y privados. “Lo del Forec es un excelente precedente para revisar, con todo y los aprendizajes que eso dejó”.

Ahora, hay que analizar cómo queda la agenda del Gobierno, porque a su llegada, y luego de la segunda vuelta, reafirmó su compromiso de austeridad fiscal, “pero eso creo que va a cambiar con el terremoto, porque va a ser necesario invertir sumas importantes de dinero”, dice José Alejandro Torres, socio de Posse Herrera Ruiz. Explica que la racionalización de cargas tributarias es fundamental para recuperar la rentabilidad de las empresas, hecho que va de la mano con la disciplina fiscal. “Pero hay que repensar cómo podemos cumplir esos dos propósitos de manera simultánea tras el sismo”.

Aunque el Gobierno en principio ha advertido que no habrá impuestos para atender la emergencia, el abanico jurídico para buscar recursos puede ser amplio: exenciones tributarias o modelos como la Ley Páez, para facilitar la inserción de nuevas empresas en la región.

Para Piñeros, un tema clave en este momento es el de obras por impuestos. Explica que en Colombia existe una regulación que les permite a las empresas pagar parte de sus impuestos realizando proyectos que pueden ser de infraestructura. “Le hemos dicho al Gobierno: tiene que flexibilizar las obras por impuestos para enfocarlas en la reconstrucción y que las empresas puedan hacer obras en las zonas afectadas, reconstruir hospitales, escuelas, universidades”.

También se esperan mayores incentivos, por ejemplo, a la generación de empleo o en materia de donaciones para darles mayor espacio. Solo en los primeros días, las grandes empresas del país aportaron cerca de 1,5 billones de pesos para la reconstrucción. “Ese tipo de cosas es lo que va a ocurrir seguramente a partir del decreto de emergencia y serán medidas que se podrían tomar”, agrega Piñeros.

Acero pide, como todos, que haya pulcritud y transparencia en la forma en que se invierten los recursos, pero también advierte la oportunidad que se puede estar abriendo para las zonas afectadas. “Imagine cuántas empresas pueden terminar estableciéndose en Cali para su recuperación, después de muchos años. O el Estado volteándose al Chocó y llevando la inversión privada a una zona que históricamente ha sido olvidada”.

Cuatro hechos enmarcan el complejo panorama: de los 4.475 MW de nueva generación esperados para 2026, solo ha entrado en operación el 15,5 por ciento; cerca del 60 por ciento de los proyectos de transmisión presenta atrasos; entre abril y julio de 2026 se registraron 216 desconexiones por sobrecarga y el escenario crítico de Air-e, que pasó de un patrimonio positivo de 2,22 billones de pesos en 2023 a uno negativo, con una pérdida neta en 2025 de 1,15 billones. Esta situación puede generar un riesgo sistémico.

A ello se suma un desafío urgente: el abastecimiento de gas natural. Para este segundo semestre, ya el país importa el 30 por ciento de la demanda nacional, con unas reservas que vienen disminuyendo.

Claudia Navarro, socia de Brigard Urrutia, pide al nuevo Gobierno “adoptar medidas urgentes para evitar que haya un racionamiento de energía ante el 90 por ciento de probabilidad de la ocurrencia del fenómeno de El Niño en nuestro país”.

A diferencia de eventos anteriores de El Niño, como el ocurrido en 2015-2016, cuando las medidas se enfocaron en fortalecer la oferta de generación, Patricia Arrázola, socia y directora de energía y recursos naturales en Pérez-Llorca Colombia, explica que la estrategia actual combina dos líneas de acción: “Garantizar la disponibilidad de generación y combustibles y promover la participación activa de los usuarios mediante el consumo eficiente de energía”.

En este contexto, Juan Pablo Gutiérrez, socio del área de energía y recursos naturales de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du y Uría (PPU), considera que el nuevo Gobierno “deberá revisar la posibilidad de fomentar la expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de nueva infraestructura que permita la conexión de nuevos proyectos y la mitigación de interrupciones del servicio a los usuarios por activos deficientes”.

Gutiérrez también piensa que es necesario apoyar la inversión nacional y extranjera en el desarrollo de proyectos de generación y tomar medidas para fortalecer instituciones como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme).

En este mismo sentido, la socia de Garrigues plantea la necesidad de que el nuevo Gobierno fortalezca el mecanismo del Cargo por Confiabilidad y garantice que las subastas de expansión de Obligaciones de Energía Firme se realicen oportunamente y con señales de precio adecuadas para atraer nueva inversión.

“Este es un sector de inversiones intensivas en capital con horizontes de recuperación de 20 a 30 años. Elementos que estaban en la base de las decisiones de inversión se han modificado por vía de resolución o decreto y se ha afectado la bancabilidad de los proyectos y desincentivado la inversión de largo plazo necesaria para la expansión del sistema”, comenta Espinosa.

Recuperar la seguridad jurídica para atraer nuevas inversiones en generación, transmisión y distribución de energía es prioritario para José Vicente Zapata, de Holland & Knight, y hace algunas recomendaciones.

“El Gobierno entrante no solo afronta el reto de atraer nueva inversión, sino también el de garantizar estabilidad normativa a quienes continuaron apostando por el país pese a los desafíos de los últimos años, asegurándoles las condiciones necesarias para continuar ejecutando sus proyectos con certeza y confianza”, dijo.

Para Zapata, parte de los cambios en las políticas públicas deben estar orientados a “contener el riesgo de desabastecimiento” con las subastas y también modernizando las redes de distribución y tomando medidas que mitiguen los impactos del fenómeno de El Niño.

En este contexto, Alejandro Zapata, asociado del área de energía y recursos naturales de PPU, llama la atención sobre el hecho de que “la capacidad de regasificación existente, concentrada en la terminal de Cartagena, fue diseñada primordialmente como respaldo del sector eléctrico ante escenarios de baja hidrología, no como plataforma para atender de manera permanente la demanda residencial e industrial de gas natural.

“El debate central seguirá siendo si estas inversiones deben remunerarse mediante tarifas reguladas, sujetas a criterios de necesidad, eficiencia y beneficio sistémico, o desarrollarse bajo riesgo exclusivamente privado”, dijo Zapata.

Respecto a las tarifas y teniendo en cuenta que en un escenario de escasez habría impacto en las facturas de los usuarios de energía y gas, Adriana Espinosa, socia de Garrigues, advierte que “las intervenciones administrativas sobre precios, si bien pueden ser políticamente atractivas, generan distorsiones que comprometen la sostenibilidad financiera del sector y desincentivan la inversión futura”.

Precisamente, Camila Jiménez Lara, de Baker McKenzie, propone que el nuevo Gobierno revise con urgencia la normatividad existente. “Es necesario proteger el régimen de libertad de precios que ha fortalecido el sector energético desde 1994 y derogar el Decreto 1072 de 2025, que obliga a los generadores hidráulicos a contratar al menos el 95 por ciento de su generación horaria”.

Los abogados consultados destacan movidas del Gobierno anterior como las comunidades energéticas –de las cuales hay cerca de 400 en el país–, la Resolución 40333 de 2026, expedida por el Ministerio de Minas para anticipar riesgos, fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro seguro, confiable y continuo, entre otras.

El ministerio publicó dos proyectos de resolución para reforzar la coordinación institucional y garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas natural ante posibles contingencias climáticas durante el segundo semestre de 2026.

Actualizaron los criterios para elaborar el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional con el fin de planear de manera conjunta las obras de transmisión, los nuevos proyectos de generación con el fin de fortalecer la confiabilidad del servicio eléctrico, y se creó la Licencia Ambiental Solar con Diseño Optimizado.

(LASolar).

El 19 de junio de 2026, la Creg expidió la Resolución 101 113, mediante la cual definió los mecanismos para incorporar los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica con batería al Sistema Interconectado Nacional para brindar seguridad a los procesos de incorporación de energías renovables al sistema.

Si bien el número de transacciones bajó con relación a un año atrás, se trata de operaciones estratégicas de mayor tamaño y en diferentes sectores productivos como el de cementos, combustibles, retail y energía, entre otros, que de una u otra forma modifican la estructura competitiva del mercado, cuyo impacto en la competencia depende de cada caso.

Firmas de abogados especialistas en competencia aclaran que concentración o integración no es automáticamente perjuicio. Por el contrario, puede significar la entrada de nuevos jugadores que inyecten inversión, mayores eficiencias, más dinámica en la competencia y aceleración en procesos de innovación.

“Lo verdaderamente importante es analizar, entre otras cosas, los beneficios o eficiencias que se pueden generar, la capacidad de respuesta del mercado, la posibilidad de entrada de nuevos competidores, las condiciones de demanda y los posibles efectos frente a los consumidores”, señala Laura Torrado, socia en Posse Herrera Ruiz.

En eso coincide Alejandro García, socio de Brigard Urrutia, quien complementa que las integraciones empresariales exitosas generan valor, impulsan el crecimiento económico y fortalecen la competitividad de los sectores en los que se presentan.

“Cada operación es distinta y responde a lógicas de mercado particulares, pero en conjunto estas transacciones muestran confianza en el país como destino de inversión”, destaca.

Para Jorge Jaeckel, socio fundador de Jaeckel Montoya Abogados, incluso pueden incrementar la dinámica y promover el acceso de mejores productos y servicios para el consumidor.

Sin embargo, otros advierten que no deja de existir un riesgo en las integraciones, aunque eso dependerá de cada caso: la desaparición de una fuente de competencia, lo que puede reducir el número de oferentes o compradores, aumentar la concentración y modificar incentivos competitivos de las empresas restantes en el respectivo sector productivo.

“El problema aparece cuando la integración facilita aumentos de precios, reducción de calidad, menor innovación, exclusión de competidores, deterioro de las condiciones para proveedores o consumidores, o una coordinación más sencilla entre los pocos actores que permanecen en el mercado. La evaluación, por tanto, debe concentrarse en establecer si esos riesgos son probables y si existen mecanismos efectivos para prevenirlos”, advierte Jorge Sánchez, socio en JSM Abogados.

Laura Torrado agrega que lo que debe vigilarse de cerca es que no se eleven las barreras de entrada, que no se cierre el mercado a nuevos competidores y que no se creen condiciones que faciliten el abuso de posición dominante.

Para Pablo Márquez, socio de la firma Veria Asesores, lo preocupante en una integración es el efecto acumulativo. “Si en un mismo periodo convergen integraciones en telecomunicaciones, retail y combustibles, la economía colombiana podría experimentar una reconfiguración simultánea de la estructura competitiva de varios mercados de bienes esenciales. Eso exige de la SIC no solo un análisis caso por caso, sino una visión sistémica que hasta ahora el marco normativo colombiano no contempla expresamente”.

Control previo

En Colombia, la SIC cuenta con las herramientas y los mecanismos que le permiten establecer si una operación genera poder de mercado de las empresas que intervienen en la transacción.

Para Felipe Serrano, socio director de Serrano Martínez CMA en derecho de competencia y antimonopolio, Colombia cuenta con un régimen de control previo para mitigar los riesgos que puedan implicar las integraciones.

“La Ley 1340 de 2009 faculta a la SIC para intervenir antes de que la operación se materialice. Cuando una integración tiende a restringir indebidamente la competencia, la autoridad puede objetarla o, si considera que los efectos anticompetitivos son mitigables, aprobarla sujeta a condicionamientos estructurales o de comportamiento —como la desinversión de activos o la obligación de mantener condiciones comerciales no discriminatorias—”, explicó.

Por su parte, Diego Cardona, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), señala que la gran mayoría de las integraciones que se informan a la SIC son aprobadas sin condicionamientos, precisamente porque no restringen la competencia.

“El control de integraciones no existe porque las fusiones sean sospechosas, sino para identificar los casos en que sí hay riesgo para el mercado”, dijo.

Y ese control ha funcionado. Torrado explica que ese régimen contempla un trámite abreviado de simple notificación para las operaciones en las que los que intervienen tienen menos del 20 por ciento de participación en todos los mercados relevantes y un trámite de preevaluación por fases para casos más complejos.

“Esto le da pie a la SIC para autorizar, condicionar u objetar operaciones que puedan producir efectos restrictivos antes de que se consuman. Además, tiene facultades amplias: puede recolectar información de mercado y realizar estudios sectoriales independientes de las operaciones de integración, lo que le permite conocer a fondo las dinámicas competitivas”, señaló.

Hay peros

Si bien las firmas de abogados consultadas destacan las herramientas que tiene y el trabajo técnico que realiza la Superintendencia en el cuidado de la libre competencia, hay alertas sobre lo que llaman la atención.

Nicolás Cardona, socio de Brigard Urrutia, advierte que de tiempo atrás, abogados expertos en competencia han llamado la atención sobre la necesidad de una mayor independencia de la SIC frente al Gobierno.

Por su parte, Jorge Sánchez, de JSM Abogados, señala además que es indispensable también que la SIC aplique las herramientas con que cuenta con mayor rigor.

“La autoridad debe exigir información completa, realizar análisis económicos suficientemente profundos y evitar que una actitud excesivamente deferente frente a las empresas termine generando distorsiones difíciles de revertir”, señaló.

Y para Jorge Jaeckel, es necesario crear una agencia dedicada exclusivamente a decidir los procesos “en que se cuestionan prácticas restrictivas de la competencia y que esa autoridad sea independiente del Gobierno. En esa estructura es vital que la entidad que decide sea distinta e independiente de la que acusa (que puede seguir siendo la SIC o una agencia del Gobierno), de tal forma que el acusador y el fallador no sean la misma entidad y exista igualdad de armas frente a quien decide el proceso e impone la sanción”.

Al evaluar el estado del trámite y las proyecciones políticas, los expertos consultados señalan que el panorama legislativo exige un consenso amplio. Adolfo Gómez, asociado de Garrigues, explica que “actualmente se tramita ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley n.º 025 de 2026, que replica en gran medida el articulado del proyecto presentado durante la legislatura anterior, aunque incorpora, entre otros, algunos cambios en materia de principios relacionados con el aprovechamiento del conocimiento local y la libre competencia económica”.

Por otra parte, Sergio Michelsen, socio de Brigard Urrutia, precisa que “el proyecto de ley está archivado” y advierte que, “como se trata de un archivo y no de una suspensión, el trámite no puede retomarse en el punto en que quedó y una eventual ley de inteligencia artificial exigiría radicar un texto nuevo y agotar los correspondientes debates desde el comienzo”.

En ese mismo sentido, Lorenzo Villegas-Carrasquilla, socio de Serrano Martínez, argumenta que “sería previsible que el nuevo Gobierno no respalde el proyecto radicado nuevamente, tal como está, pues una regulación de este tipo podría tener efectos negativos para el sector”.

Para Michelle Jacquin, abogada de Scola Abogados, “es posible que, de retomarse una iniciativa legislativa sobre IA, se busque un enfoque regulatorio menos estricto que el previsto en el proyecto archivado”. Asimismo, Mariana Jiménez, asociada de PPU, resalta que “la inteligencia artificial forma parte de la agenda del Gobierno entrante, pues ha sido mencionada recurrentemente como una herramienta de eficiencia, inversión y gestión pública, transversal a varios sectores”. Natalia Alarcón, socia de Posse Herrera Ruiz, sostiene que la propuesta “presenta fricciones de fondo con las promesas de campaña del presidente Abelardo De La Espriella, en tanto el articulado impone obligaciones, restricciones y requisitos precisamente sobre los usos de IA en aquellas funciones estatales de las que depende el cumplimiento de sus metas”.

Por su parte, Luisa Fernanda Jiménez, directora de Innovación y AI de Lloreda Camacho, enfatiza que “la aprobación dependerá de que logre construir consensos técnicos y políticos amplios”.

Respecto a la idoneidad del enfoque basado en niveles de riesgo inspirado en el marco europeo, las opiniones de la doctrina legal convergen en la necesidad de adaptar el texto a las particularidades del ecosistema productivo nacional.

Así lo indica Danilo Romero, socio de Holland & Knight, quien sostiene que “deberíamos tener regulaciones adecuadas a nuestra realidad. Es un hecho que nos hemos equivocado en otras ocasiones teniendo legislaciones que aplican en contextos que no necesariamente se replican en Colombia”.

En ese mismo sentido, Juan Sebastián Gómez, asociado de PPU, afirma que “el riesgo de replicar un modelo de esta naturaleza está en imponer obligaciones de difícil y costoso cumplimiento para los desarrolladores o usuarios de sistemas de alto riesgo”. Adicionalmente, Natalia Escobar indica que “trasplantar un régimen de control ex ante sin acompañarlo de los instrumentos de habilitación correspondientes (i. e. incentivos, formación, infraestructura y compras públicas) podría producir el efecto contrario al deseado”.

No obstante, Sergio Michelsen acota que “la clasificación por niveles de riesgo es un estándar internacional que ha tomado fuerza y tiene la ventaja de graduar las obligaciones según el daño potencial en lugar de imponer un régimen uniforme a todos los actores”.

Frente a la existencia de vacíos jurídicos para proteger derechos fundamentales en áreas como crédito, empleo y justicia mientras se aprueba una ley marco, varios de los abogados consultados coinciden en que Colombia no parte de un vacío absoluto, sino de un esquema normativo disperso que requiere mayor especificidad. Luisa Fernanda Jiménez destaca que “muchas de las conductas asociadas al uso indebido de sistemas de IA ya pueden ser examinadas y sancionadas bajo el marco jurídico existente”, aunque persisten zonas grises en transparencia algorítmica.

En este contexto, Adolfo Gómez agrega que, “mientras no exista una regulación específica, estos riesgos deben abordarse mediante la aplicación de los marcos jurídicos actualmente vigentes”.

Sobre la atribución de responsabilidad civil y penal cuando un sistema de IA de propósito general es desviado por un tercero para usos de alto riesgo, la jurisprudencia y los analistas señalan que la sanción o indemnización debe orientarse hacia quien mantiene el control de la conducta.

Gerardo Flórez, asociado de PPU, explica que, “en materia civil, el análisis no dependería únicamente de quién desarrolló la herramienta, sino de quién tenía su control material y jurídico al momento del daño”.

En cuanto al diseño institucional y la conveniencia de crear una autoridad nacional de IA bajo MinCiencias o delegar la vigilancia en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), las opiniones se dividen entre el fomento público y la capacidad operativa de inspección.

Lorenzo Villegas-Carrasquilla expresa que “MinCiencias es un ministerio de fomento y a cargo del desarrollo del sector, no un órgano de inspección, vigilancia y control (IVC)”. En este aspecto, Mariana Jiménez sugiere que “las funciones de vigilancia, investigación y sanción podrían recaer en autoridades sectoriales que ya tienen experiencia en protección de derechos e inspección de mercados, como la SIC”.

Finalmente, frente a la articulación con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos y el marco de ciberseguridad, los juristas concluyen que las normas deben ser complementarias para evitar duplicidades.

Adolfo Gómez recomienda que la nueva regulación “debería complementar y supeditar su existencia a las normas existentes en materia de privacidad, y no sustituirlas ni generar regímenes paralelos que produzcan incertidumbre sobre su aplicación”.

Michelle Jacquin señala que “una ley específica de IA podría complementar ese régimen incorporando obligaciones relacionadas con la transparencia de las decisiones automatizadas, la evaluación de riesgos y la gestión de sesgos”.

En similar sentido, Juan Sebastián Gómez concluye que, cuando un sistema trate datos personales o dependa de infraestructuras tecnológicas, los regímenes de privacidad, ciberseguridad e IA “deberían aplicarse de forma simultánea y coordinada, sin que uno sustituya o desplace al otro”.

El futuro de la regulación de la inteligencia artificial en Colombia dependerá de la capacidad del Congreso y del nuevo Ejecutivo para estructurar un marco normativo flexible, proporcional a la escala de las pymes y coordinado con las autoridades de vigilancia existentes.

A eso se suma la Ley 2153 de 2025 y la propuesta de multas de hasta el 5 por ciento de los ingresos anuales por incumplimientos B2B, en un proyecto que terminó archivado en el Congreso. Abogados especializados analizaron el futuro de esta agenda bajo el nuevo Gobierno.

Sobre si la actualización seguirá siendo prioridad, las opiniones se dividen. Daniel Duque, asociado de Godoy, advierte que “el programa de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella no contiene ninguna propuesta específica sobre protección de datos personales, privacidad o reforma a la Ley 1581”, en momentos en que el eje central de esa agenda es una desregulación amplia.

En ese mismo sentido, Lorenzo Villegas-Carrasquilla, socio de Serrano Martínez CMA, considera poco probable que la reforma sea prioridad inmediata, no por una visión menos intervencionista, sino porque “hay otros desafíos que probablemente demandarán mayor atención política y legislativa en el corto plazo”. Darío Cadena, socio de Lloreda Camacho, coincide en que una reforma integral difícilmente estará entre las prioridades legislativas, entre otras cosas, porque el proyecto vigente fue desarrollado bajo la administración anterior.

Por otra parte, Diego Cardona, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), sostiene una postura distinta: la modernización debería ser prioridad sin importar el perfil del nuevo Gobierno, porque “el desafío no consiste en reducir la protección de los titulares, sino en actualizar las reglas para que sigan siendo efectivas y relevantes en un entorno tecnológico y económico que cambió sustancialmente desde 2012”. Laura Torrado, asociada de Posse Herrera Ruiz, plantea que la modernización es una necesidad que trasciende la línea política de turno, mientras que Anna Catalina Pérez, de Holland & Knight, cree probable que el tema entre en revisión bajo un Gobierno que ha enviado señales de querer desregularizar.

Asimismo, los expertos coinciden en que la Ley 1581 no está obsoleta en sus principios, pero sí presenta vacíos frente a la inteligencia artificial, los datos biométricos y el tratamiento masivo en la nube.

Anna Catalina Pérez lo resume así: “Los vacíos más relevantes se encuentran en las decisiones automatizadas, el perfilamiento algorítmico y los mecanismos para auditar sistemas de IA que procesan datos personales”. Para Villegas-Carrasquilla, “la Ley 1581 debe verse más como un marco vigente que requiere una interpretación dinámica y, eventualmente, algunos ajustes puntuales” frente a los desafíos tecnológicos. Adolfo Enrique Gómez, asociado de Garrigues, agrega que la norma necesita ampliar el catálogo de bases legitimadoras del tratamiento sin depender tan significativamente del consentimiento.

En cuanto a la viabilidad del proyecto radicado en agosto de 2025, el diagnóstico es homogéneo. Los expertos aseguran que su aprobación es incierta o poco probable en el corto plazo. Cardona recuerda que la iniciativa, contemplada en un proyecto de ley de 2025, acumulada con otro proyecto, fue archivada por vencimiento de términos, aunque sus disposiciones habrían implicado costos adicionales, como la figura del oficial de protección de datos y las evaluaciones de impacto para tratamientos de alto riesgo. Duque añade que el nuevo Congreso podría retomar el texto, pero no hay señales claras de que sea parte de la agenda del Ejecutivo.

Sobre las multas de hasta el 5 por ciento de los ingresos anuales por incumplimientos B2B, el consenso gira en torno a la proporcionalidad más que a la cifra en sí. Cadena advierte que “una multa calculada sobre ingresos corre el riesgo de desconocer el estado real de la compañía, que no se refleja en el ingreso, sino en el resultado operacional”, y propone que el esquema sancionatorio considere la gravedad de la conducta, la reincidencia y la capacidad económica del infractor. Duque señala que la cifra se acerca al parámetro del GDPR, un 4 por ciento de la facturación global, razonable para grandes compañías, pero desproporcionada para las pymes si no se gradúa según el tamaño del infractor.

Por otra parte, los abogados reconocen el papel histórico de la SIC en la construcción del régimen colombiano, pero advierten que un modelo tipo GDPR exigiría un salto en capacidad institucional. Gómez sostiene que la autoridad “necesitará robustecer su capacidad operativa” para atender un volumen de reclamos que ya supera ampliamente los 10.000 casos anuales y, a la vez, asumir un régimen modernizado. Torrado matiza el diagnóstico desde la práctica profesional y dice que “se han sancionado empresas por incumplimientos de forma sin evaluar si existía un daño real o potencial al titular”, por lo que, más que recursos, la SIC necesitaría un cambio de enfoque hacia los casos de alto impacto.

Falta la ley

Frente al tratamiento de datos por sistemas de IA, mientras no exista una ley específica, los expertos coinciden en que no hay un vacío regulatorio absoluto: los principios de la Ley 1581 –finalidad, transparencia, seguridad y responsabilidad demostrada– siguen siendo exigibles sin importar la tecnología usada. Cardona insiste en que lo que cambia con la IA no es el principio aplicable, sino el nivel de exigencia, y que documentar cómo funciona cada sistema es hoy la mejor defensa de una empresa ante la SIC.

Finalmente, los abogados aseguran que las empresas no deberían esperar a que se apruebe una reforma para actuar. Las voces coinciden en la necesidad de construir una cultura de gobernanza de datos: entender qué información se recopila, para qué se utiliza, con quién se comparte y qué riesgos genera cada tratamiento, además de fortalecer la ciberseguridad y la documentación de procesos.

Aunque el futuro legislativo de la Ley 1581 es incierto, los consultados comparten una conclusión: la protección de datos dejó de ser un asunto exclusivamente jurídico para convertirse en un factor de competitividad, confianza y sostenibilidad empresarial, con o sin reforma en el horizonte.

En lo que tiene que ver con Manuel Neuer, es uno de los arqueros más importantes en la historia del fútbol alemán y uno de los más reconocidos en Europa. El campeón del mundo en Brasil 2014 ya tiene 40 años de edad e impuso un logro que hace resonar su brillante carrera deportiva.

Y es que Manuel Neuer, contra el Stuttgart, disputó su partido oficial número 600 con el Bayern. El escenario no pudo ser otro que el Allianz Arena, en el partido inaugural de la Bundesliga, que planea ganarla nuevamente con el club de sus amores.

Hasta ahora, solo las leyendas del club Thomas Müller, Sepp Maier, Oliver Kahn y Gerd Müller habían superado esta marca con el Bayern. Neuer entra por la alfombra roja a este exclusivo club.

El portero y capitán ha respaldado al equipo de Múnich en los últimos años como casi ningún otro. Neuer es un símbolo de los grandes éxitos del pasado reciente. Desde su fichaje, procedente del FC Schalke 04, este jugador acumula en estos 15 años números brillantes: 13 ligas alemanas, siete Copas de Alemania y dos Champions.

Por si fuera poco, tiene 269 partidos sin encajar gol. Manuel Neuer subraya de forma impresionante su excepcional posición como uno de los mejores porteros del mundo, sin duda alguna.

El trámite del Bayern ante el Stuttgart

En medio del récord de Neuer, cayó el festival de goles. Una anotación del central francés Dayot Upamecano, tras certero cabezazo, en un saque de esquina en el minuto 21, puso en ventaja al Bayern y ya no lo paró nadie.

El Stuttgart igualó en el 52’, gracias a Josha Vagnoman, pero eso fue un espejismo, ya que el gigante bávaro no tardó en responder y marcó dos más muy rápido para asegurar el triunfo.

Michael Olise (55’) y un autogol de Josha Vagnoman (58’) dañaron los planes del visitante de al menos aguantar el empate. Luego, Aleksandar Pavlović (82’) y Luis Díaz (90+2’) ampliaron el marcador y concretaron el 5-1 para sumar los primeros tres puntos en la Bundesliga.

De esta manera, el contundente resultado marca de entrada el tono fuerte de un equipo que conquistó 13 de las últimas 14 Bundesliga. Solo se le escapó en la campaña 2023-2024, cuando Bayer Leverkusen se la arrebató con Xabi Alonso como técnico.