Su argumento es que la medida pone en riesgo el sustento de miles de familias y vulnera derechos fundamentales, pues se estima que en Bogotá más de 10.000 vendedores informales de comida dependen de esta actividad como su única fuente de ingresos.

Alejandro Martínez Villegas, presidente de Gasnova, señaló que el uso de cilindros de Gas Licuado del Petróleo (GLP) ha demostrado ser seguro durante décadas y cuenta con lineamientos técnicos definidos por el Gobierno Nacional.

Además, sostuvo que la medida desconoce el carácter del GLP como servicio público, respaldado por la Constitución, y advirtió que podría generar efectos contrarios a los buscados. Entre ellos, el regreso al uso de combustibles más contaminantes como la leña o el carbón, lo que incrementaría riesgos para la salud y mayores costos sociales.

Los puestos de comida en la calle son actualmente uno de los pilares de la economía popular de la capital y también son usados de la misma forma en las vías de grandes urbes como Nueva York y París. En ese contexto, Martínez insistió en que la prohibición no solo es inviable, sino que va en contravía de tendencias internacionales donde las ventas callejeras son promovidas como parte del turismo y la oferta gastronómica urbana.

Desde el Distrito justifican la prohibición como un mecanismo para organizar el espacio público —que es de todas las personas— y para proteger la vida de quienes ejercen su labor en la calle y la de los transeúntes. El cumplimiento de estas medidas será verificado por las autoridades de Policía, las alcaldías locales, el Ipes (Instituto Para La Economía Social) y la Defensoría del Espacio Público, quienes iniciarán los procedimientos correspondientes ante comportamientos contrarios a la convivencia.

Desde Gasnova proponen como alternativa a la prohibición trabajar con la Administración Distrital en programas de capacitación y formalización que permitan regular la actividad sin eliminarla. Esta propuesta busca construir sin estigmatizar el acceso al servicio público de GLP, ni a sus usuarios de venta ambulante. Para el gremio, el reto no está en prohibir, sino en integrar de manera segura y ordenada a estos actores dentro de la dinámica económica de la ciudad.

La multa que tendría que asumir el directivo es de $100 millones, tras incumplir varias de las órdenes impartidas por la autoridad. La autoridad informó que el investigado interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron debidamente analizados. Sin embargo, decidieron no aceptar los argumentos presentados contra el acto administrativo recurrido.

Entre las razones que expone la Supersociedades para imponer la multa, detallan que López Bedoya hizo caso omiso a la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad, registrados a 31 de diciembre de 2022 por $9.573.247.868, y la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión.

“Nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, en beneficio de los grupos de interés, mediante acciones preventivas y de supervisión. Los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”, precisó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.

Es importante recordar que el Deportivo Pereira ha enfrentado graves problemas desde hace varios meses, por cuenta de una situación financiera complicada. El club no ha podido pagar salarios, obligaciones laborales tanto a jugadores como a trabajadores internos durante varios meses del 2025.

La situación es tan preocupante que el Ministerio de Trabajo impuso algunas medidas cautelares contra el club y a inicios del 2026, la Supersociedades sometió a control al Deportivo Pereira.

El decreto se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política y la Ley 105 de 1993, que regula el transporte como un servicio público esencial. Por medio del mismo, se reafirma que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la adecuada prestación del servicio, así como de ejercer control, vigilancia y regulación sobre el mismo.

Noticia importante para dueños de vehículos de carga en el país.
La ministra @maferojas anuncia que avanzamos en el decreto que permitirá a quienes tienen pendientes en el registro inicial de sus vehículos ponerse al día con nuevas facilidades. Pronto tendrá sanción presidencial. pic.twitter.com/MzdOKUV1sx

— MinTransporte (@MinTransporteCo) April 22, 2026

Esta medida surge como respuesta a una problemática persistente dentro del sector transporte, que ha generado incertidumbre tanto para propietarios como para autoridades encargadas de la regulación y control.

“¿Qué cambia?Se abre un nuevo plazo de 18 meses para normalizar la situación. Además, habrá facilidades de pago: se podrá hacer en una o dos cuotas, y desde el primer pago el vehículo podrá seguir operando mientras completa el proceso", señala MinTransporte.

Uno de los puntos centrales del decreto es la modificación de disposiciones previas contenidas en el Decreto 1079 de 2015. En particular, se introducen ajustes relacionados con la vigencia y derogatoria de artículos que regulaban aspectos del registro de vehículos de carga. Con esto, se busca actualizar el marco normativo y brindar herramientas más efectivas para la gestión de irregularidades.

“También habrá ajustes para vehículos con errores en su peso registrado y reglas claras: quienes no se pongan al día dentro del plazo se exponen a sanciones.La idea es clara: ordenar el sistema, facilitar el proceso y que más transportadores puedan trabajar sin trabas”, complementa la cartera de transporte.

La norma también establece un plazo específico para que los actores involucrados regularicen su situación, lo cual representa una oportunidad para formalizar operaciones y evitar sanciones futuras. Este enfoque no solo pretende ordenar el sistema, sino también fortalecer la transparencia y la legalidad en el sector.

Dicha relación fue para que la empresa del entorno familiar de León le adquiriera a Ecopetrol insumos industriales para un beneficio privado.

Ante lo revelado sobre la directora de La Silla Vacía, Petro señaló que: “Los dueños son socios y tienen contratos, como se ha descubierto en algunos familiares de medios desde ayer, con Ecopetrol por 65.000 millones de pesos, un solo medio. Imagínense, toda la derecha colombiana tiene contratos en Ecopetrol. Como nosotros somos ingenuos, ahí están. Solo que en este mes cambia, y apenas se dieron cuenta de que en este mes cambia; y en el otro, pues ayudaron a amenazar a Roa, y otros le creyeron y lo sacaron en vacaciones”.

Además, el presidente aprovechó para referirse nuevamente al caso de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, quien se encuentra en vacaciones para atender su situación judicial, pues la Fiscalía lo acusa de delitos electorales, justamente por ser el responsable de la campaña del hoy jefe de Estado y las presuntas irregularidades en que se incurrieron.

Petro señaló que el país no debe vigilar si este entra o no en vacaciones, sino qué pasa con los contratos de Ecopetrol. También mencionó que a la empresa la estarían robando y que la principal batalla del país debe ser contra la supuesta corrupción que existe dentro del grupo.

“Lo que toca vigilar no es si Roa entra o no en vacaciones, sino qué pasa con los contratos por 20 billones, ministro de Justicia. Todo el Gobierno tiene que vigilar eso, porque si lo prorrogan, debe tener cláusulas de prórroga automática. El designio de Echeverry padre, que viene desde, no sé, todo este siglo, sigue, y Ecopetrol va a la quiebra si eso pasa. Se lo chupan, se lo roban; a Ecopetrol la roban, y es la principal empresa de Colombia. Si queremos luchar contra la corrupción, hay que comenzar ahí”, puntualizó Petro.

“La energía ha dejado de ser un tema exclusivamente técnico. Hoy se consolida como un activo estratégico ligado a la soberanía nacional, la seguridad económica, la competitividad y el desarrollo sostenible“, destaca el informe.

Por otro lado, señala que existe una serie de desafíos importantes para el sector:

• El aumento de las tensiones internacionales.
• La volatilidad financiera y las restricciones fiscales que han afectado la capacidad de los países para sostener las inversiones necesarias en infraestructura energética, innovación y modernización de redes.
• La creciente percepción de fragilidad del sistema internacional, debido a conflictos geopolíticos en regiones clave.

“Aunque el 65% de los países mejoró su desempeño en el Índice de Transición Energética (ITE) en 2025, los avances en seguridad energética han sido limitados, evidenciando vulnerabilidades en la flexibilidad y diversidad del suministro. En este contexto, Colombia ocupa el puesto 38, por detrás de países como Brasil, Uruguay y Chile. A nivel regional, América Latina y el Caribe se posiciona en tercer lugar entre seis regiones del mundo, aunque aún por debajo del promedio global”, indica el informe.

En este escenario, la región tiene una oportunidad clave: consolidarse como proveedora estratégica en la economía de energía limpia. Esto dependerá en gran medida de la construcción de un ecosistema sólido de minerales críticos, integrando fuentes convencionales, renovables y recursos minerales.

Otro aparte del informe destaca que Colombia cuenta con una ventaja estratégica, ya que puede posicionarse como proveedora confiable de energía y minerales críticos bajo altos estándares ambientales y sociales.

Además, el sector minero juega un papel central en esta transición, al suministrar insumos esenciales para la electrificación, las energías renovables y el desarrollo industrial.

No obstante, para aprovechar este potencial, se requiere una política pública de largo plazo, basada en evidencia técnica, con estabilidad jurídica y amplio consenso social.

Desde el punto de vista económico, en el informe se destaca que la minería es uno de los sectores que más aporta en renta en relación con su participación en el PIB: por cada punto porcentual, genera aproximadamente $ 4,3 billones.

Junto con el sector de hidrocarburos, constituye un motor clave para financiar la transición energética y atender necesidades fiscales del país.

“A pesar de ello, la minería en Colombia sigue siendo más pequeña y menos diversificada de lo que su potencial geológico permitiría. Problemas estructurales, conflictos sociales y percepciones negativas han limitado su desarrollo. Además, la inversión en exploración minera cayó un 37% en 2024, representando apenas el 3,3% de la inversión regional y el 0,9% a nivel global”, complementa el informe.

Por último, a nivel internacional, el análisis añade que se observa un cambio en los flujos de inversión extranjera directa (IED), que se orientan a industrias estratégicas, como inteligencia artificial, semiconductores, vehículos eléctricos y manufactura avanzada.

En este contexto, cerca del 50 % de la IED en metales desde 2022 se ha destinado a minerales clave como cobre, litio y níquel, fundamentales para estas nuevas industrias.

Para Santiago José Castro Agudelo, rector del British International School, el problema no es coyuntural, sino de adaptación.

“Los colegios que no se entienden como empresas están destinados a desaparecer”, afirma, al señalar que durante años el sector operó bajo la premisa de que la demanda superaría a la oferta, algo que hoy no ocurre.

El directivo identifica varios factores detrás de la caída en la matrícula. Entre ellos, un ajuste demográfico asociado a la incertidumbre económica y al aumento del costo de vida, que ha llevado a muchas familias a replantear la decisión de tener hijos.

A esto se suma un cambio en las prioridades sociales, donde, según advierte, “tener muchas veces está por encima de ser”, lo que modifica las decisiones de inversión en educación.

El entorno regulatorio también juega un papel clave. Castro cuestiona que los incrementos en matrículas autorizados estén por debajo del aumento del salario mínimo, lo que, en su opinión, pone presión sobre la sostenibilidad financiera de los colegios.

“Son miles de instituciones las que hacen de tripas corazón para cumplir con nómina y exigencias regulatorias cada vez mayores”, sostiene.

A pesar de este panorama, no todos los colegios enfrentan el mismo destino. El rector explica que existe una creciente polarización en el sector: mientras las familias con mayores ingresos acceden a instituciones de alto costo, una parte importante de la clase media ha migrado hacia la educación pública, fenómeno que denomina como la “población sánduche”. Esto ha afectado especialmente al segmento medio del mercado educativo.

En contraste, el British International School ha logrado mantener una senda de crecimiento. Actualmente, supera los 1.100 estudiantes, registra una tasa de retención superior al 95 % y mantiene resultados académicos destacados.

Según Castro, esto responde a una estrategia basada en la coherencia institucional, la excelencia académica y la capacidad de adaptación sin perder identidad.

El contexto regional también marca diferencias. Mientras Bogotá enfrenta problemas de movilidad, seguridad e incluso acceso a servicios básicos, Barranquilla se consolida como un polo de crecimiento, impulsado por la inversión, la construcción de vivienda y la llegada de nuevas familias.

Para Castro, el futuro del sector no depende exclusivamente de adoptar modelos internacionales o innovaciones aisladas, sino de mantener coherencia y evitar la burocracia excesiva. “Los colegios que se asumen como ‘oasis’ desconectados de la realidad corren el riesgo de desaparecer”, advierte.

En ese escenario, la educación privada en Colombia enfrenta un reto claro: adaptarse a un entorno más competitivo, con menos estudiantes y mayores exigencias, donde sobrevivir dependerá de su capacidad para evolucionar sin perder su esencia.

“Queremos insistirle al Gobierno nacional en las medidas que están pendientes de expedición, en el giro directo extendido y normalizado, en la capitalización de las EPS, muy especialmente la nueva EPS, en la desinversión de reservas técnicas, en la expedición de decretos que modifican, por ejemplo, el funcionamiento del SOAD, en la aplicación estricta de mecanismos que ya fueron expedidos como la circular 15, o también el echar a andar a AdresS como garante para el sector prestador de servicios frente al sector financiero”, destaca la ACHC.

Según estas cifras, también se incrementó el valor de la cartera en mora y su concentración, que pasó del 56 % al 58,0 % al cierre del año, más de $1,4 billones de pesos entre un corte y otro.

“El estudio revela que las EPS del Régimen Contributivo concentran el 50,0 % de la deuda total, lo que corresponde a cerca de $12,9 billones de pesos, seguido por las EPS del Régimen Subsidiado, que concentran el 27,6 % del total de la deuda, cerca de $7,1 billones de pesos. En tercer lugar, se encuentran los deudores agrupados en la categoría Estado, que concentran el 7,3 % del total de la deuda, cerca de $1,9 billones de pesos aproximados, incluyendo la deuda de los entes territoriales, la Adres y el extinto Fosyga”, destaca el estudio.

#ATENCIÓN | Según el estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) se dispara la deuda del sistema de salud en Colombia. Hospitales y clínicas reportan cartera por $25,7 billones con una morosidad del 58%,

Según la Asociación… pic.twitter.com/yPtwuUXizS

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 21, 2026

Por último, la ACHC señala que las aseguradoras (con el ramo SOAT) concentran el 2,5 %, las empresas que ofrecen planes complementarios y medicina prepagada el 1,7 % y las aseguradoras de riesgos laborales el 0,4 % de la deuda total.

Además, indicaron que van operando, pero señalan que requieren con urgencia la implementación de todas estas medidas dentro de ese plan extraordinario de liquidez y de emergencia para poder avanzar en esta transición y, posteriormente, analizar todas las opciones que se requieran para estabilizar definitivamente al sistema de salud.

La estrategia comercial llega en un momento clave del mes, cuando las familias buscan optimizar sus compras, y promete rebajas de hasta el 50 % en distintas categorías, además de promociones de “segunda unidad al 50 %” en productos seleccionados.

La iniciativa pone especial énfasis en alimentos frescos, uno de los rubros que más presión ejerce sobre el gasto de los hogares. Durante esta semana, los consumidores podrán encontrar descuentos significativos en frutas y verduras como lechuga, papaya, cebolla y ajo, productos esenciales en la canasta familiar.

A esto se suman reducciones de hasta el 25 % en artículos de mercado básico, como arroz, aceites y pastas, lo que convierte la jornada en una oportunidad para abastecerse sin desbalancear el presupuesto.

En la categoría de lácteos y refrigerados, la compañía también apuesta por incentivar el consumo, con descuentos de hasta el 25 % en bebidas lácteas, quesos y margarinas. Además, se destacan promociones de segunda unidad en carnes frías, congelados y helados, especialmente de su marca propia, una estrategia que busca impulsar el volumen de compra y fidelizar a los clientes.

Las proteínas, otro componente clave de la dieta, no quedan por fuera de la campaña.

Los consumidores podrán acceder a rebajas de hasta el 30 % en productos como tilapia, trucha, camarón y pollo, así como descuentos adicionales en cerdo y carnes frías. Este tipo de ofertas resulta relevante en un contexto donde el precio de los alimentos continúa siendo una de las principales preocupaciones económicas de los colombianos.

Por otro lado, la jornada incluye beneficios en productos de aseo del hogar y cuidado personal, con descuentos de hasta el 35 % en detergentes, limpiadores, productos capilares, higiene oral y papel higiénico. Estas promociones, sumadas a las dinámicas de segunda unidad, buscan incentivar compras de mayor volumen y generar ahorros sostenidos.

Finalmente, la campaña se extiende a categorías como despensa, bebidas y snacks, con ofertas en galletas, cereales y productos para lonchera. Con esta estrategia integral, Makro refuerza su apuesta por convertirse en un aliado del consumo inteligente en Colombia.

La multa se argumenta en un sobrecosto que va hasta el 400 % en el precio de algunos medicamentos, señalamiento al que este martes 21 de abril respondió Comfenalco Quindío, uno de los dos mencionados.

Fue un error de digitación

“El supuesto sobrecosto del 400 % no existió: lo que hubo fue un error de digitación en el código del medicamento Ferinject”, enfatizó la Caja de Compensación.

En la decisión anunciada por la Superindustria, de sancionar a las dos mencionadas, está explícito que la decisión es de primera instancia; por lo tanto, hay cabida a apelación.

Bayer, por su parte, dijo que solo se pronunciará luego de los descargos ante la SIC, en el contexto del debido proceso. Entre tanto, Comfenalco Quindío sí adelantó parte de lo que será su argumentación. “Los precios cobrados estuvieron dentro del límite legal establecido por la Comisión Nacional de Precios”.

Según dijo la Caja de Compensación, ante la SIC aportaron pruebas contundentes y señaló que el proceso continúa activo, bajo revisión de la misma entidad, que será la encargada de emitir el dictamen final.

“En 2023, un error en el sistema de facturación electrónica asignó un código equivocado al medicamento Ferinject: se registró el código de una presentación de 2 ml que no se comercializaba desde 2014, en lugar del código correcto correspondiente a la presentación de 10 ml que efectivamente fue entregada a los clientes”, manifestaron.

Según Comfenalco Quindío, "esa confusión en la codificación generó una comparación incorrecta durante la investigación: el precio cobrado fue comparado con el precio máximo de una referencia que llevaba más de una década fuera del mercado, y de ahí surgió la cifra del 400 % que no refleja lo que realmente ocurrió“.

En su defensa, Comfenalco Quindío sustentó que el precio cobrado por el medicamento mencionado osciló entre $407.554 y $413.760.

Al respecto, enfatizaron en que estaban haciendo lo que indicaba la Circular 13 de 2022 de la Comisión Nacional de Precios: “fijó para la presentación correcta y vigente un precio máximo de $413.760. Comfenalco Quindío operó dentro de ese límite en todo momento”, manifestaron.

Afectados en su reputación

Comfenalco Quindío subrayó que están ejerciendo su derecho a la defensa y a controvertir la decisión de la SuperIndustria.

No obstante, se declaran afectados por la divulgación de la decisión, de manera previa, sin que ellos pudieran exponer sus argumentos.

“Consideramos que la divulgación pública de una decisión que todavía está siendo revisada afecta injustamente la reputación de una institución que ha servido con responsabilidad a las familias del Quindío durante décadas”.

De acuerdo con el comunicado, la decisión fue adoptada luego de que el acuerdo con los acreedores obtuviera un 76,3 % de la votación favorable de los acreedores calificados y graduados, cumpliendo las mayorías legales exigidas, y que sus disposiciones se ajustan a los principios y requisitos previstos en el régimen de insolvencia empresarial, garantizando el respeto por el debido proceso concursal.

¿Cuánto de la deuda será renegociado?

Según el acuerdo confirmado, la empresa reorganizará un pasivo total aproximado de $ 76.000 millones, luego de que un acreedor de obligaciones solidarias aprobara la exclusión de créditos por cerca de $ 38.000 millones.

Indicaron que el pasivo objeto de reorganización será atendido en un plazo de diez años, conforme a las condiciones pactadas con los acreedores.

Es importante tener en cuenta que Restcafé S.A.S (OMA) fue una sociedad constituida en noviembre de 1993. Su función principal es la venta y distribución de productos alimenticios, así como la operación de restaurantes y cafeterías.

Es importante tener en cuenta que tras el acuerdo se podrán preservar unos 477 empleos directos y la continuidad operativa de 86 puntos de venta a nivel nacional, fortaleciendo la viabilidad de su unidad productiva.

“Esta decisión responde al cumplimiento de las mayorías legales y a la verificación de que el acuerdo se ajusta a los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006, reflejando la importancia de los mecanismos concursales como instrumentos de salvamento empresarial, en un marco de seguridad jurídica y protección de la prelación legal de créditos”, dijo Billy Escobar, superintendente de Sociedades.

¿Qué pasa con Presto?

Otra de las sociedades que tiene problemas y que pertenece al mismo grupo empresarial es Presto, una reconocida cadena de hamburguesas. En el comunicado se detalló que el juez del concurso dispuso la suspensión de la diligencia, en cumplimiento de la medida provisional decretada por el Juzgado Quinto de Familia de Medellín, dentro de una acción de tutela interpuesta por un acreedor contra la sociedad deudora, hasta tanto se adopte una decisión de fondo sobre la referida acción constitucional, relacionada con la presunta vulneración del derecho de petición.

De acuerdo con los testimonios de los manifestantes, su inconformidad y rechazo se debe a la decisión de Rappi de suspender a los domiciliarios sin haber comunicado previamente la acción.

Muchos mencionan que sus cuentas se encuentran bloqueadas sin ninguna explicación.

🚴‍♂️Domiciliarios de Rappi realizaron un plantón frente a la sede de la empresa en Bogotá. Los manifestantes denuncian bloqueos que consideran arbitrarios y acciones en su contra que califican como abusivas.

A esta hora los repartidores solicitan mayor claridad y garantías en la… pic.twitter.com/psvVuBvalR

— Portafolio (@Portafolioco) April 20, 2026

Algunos repartidores aseguran que los rechazos también se estarían generando por cambios de teléfono celular, ya que la plataforma tendría la capacidad de restringir dispositivos que no cumplen con sus términos y condiciones.

La falta de claridad en estos aspectos por parte de Rappi es lo que llevó a cientos de domiciliarios de la plataforma a manifestarse y pedir alternativas para resolver lo sucedido.

La decisión de Rappi ocurre luego de que esta recibiera una sanción económica de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por distintas anomalías, entre ellas la entrega de productos en mal estado, fuera del tiempo establecido o incompletos, además de la escasez de claridad en precios, información limitada sobre las membresías de la app y cobros no autorizados.

Todo esto conllevó una sanción de 4.000 millones de pesos por parte de la SIC.

Respuesta de Rappi ante la decisión

En su más reciente comunicado, la empresa Rappi aclaró las razones de bloquear a más de 2.300 domiciliarios de su app.

La empresa afirma que estas acciones derivan de su compromiso con la seguridad de los usuarios que utilizan la aplicación. En este sentido, se reforzaron los mecanismos de control, como las nuevas reglas antifraude, para identificar casos asociados al uso indebido de cuentas.

De acuerdo con Rappi, es por medio de estas nuevas implementaciones que el bloqueo de las más de 2.300 cuentas de su app deriva del uso indebido de múltiples cuentas por una sola persona, además de inconsistencias en información financiera, uso compartido o alquiler de cuentas y comportamientos relacionados con fraude o faltas graves.

“La seguridad en la plataforma no es negociable. Cuando detectamos y corroboramos un uso indebido, actuamos de inmediato con el bloqueo de la cuenta y medidas para prevenir reincidencias”, menciona Rappi en su comunicado.

Adicionalmente, Rappi aclaró que realiza diariamente más de 29.000 validaciones y que alrededor del 25 % de los intentos de registro son rechazados al no cumplir los requerimientos necesarios de la app.

Asimismo, la empresa añadió que lleva a cabo trabajos articulados con las autoridades competentes para investigar los casos de fraude en la app. Estas acciones, afirma Rappi, no forman parte de los más de 70.000 repartidores que utilizan de manera adecuada la aplicación.

“Nuestro compromiso es claro: seguir fortaleciendo los controles para garantizar una operación segura, confiable y transparente para todos los usuarios, aliados y repartidores”, concluyó la empresa.

Las cifras reflejan la relevancia del sector. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las mipymes representan cerca del 98 % del tejido empresarial y generan alrededor del 80 % del empleo.

En la base de este sistema están los micronegocios: el DANE estima que existen cerca de 2,5 millones en las principales ciudades, responsables de más de 3,1 millones de puestos de trabajo.

A pesar de su peso, el potencial de estos emprendimientos enfrenta múltiples limitaciones. Un análisis del DANE junto con la Fundación WWB Colombia evidencia que las desigualdades de género siguen siendo un factor determinante.

En términos de ingresos, la brecha es significativa: mientras los hombres reportan ventas mensuales promedio superiores a 3,3 millones de pesos, las mujeres apenas superan los 2 millones, una diferencia cercana al 40 %.

Para Johana Urrutia, una de las principales razones está en la distribución del tiempo. Según explica, la carga de trabajo de cuidado no remunerado recae mayoritariamente sobre las mujeres, lo que limita su capacidad para dedicar horas al crecimiento del negocio.

De hecho, el 97,3 % de las microempresarias realiza este tipo de labores y destina, en promedio, cinco horas adicionales al día frente a los hombres.

Las consecuencias de estas desigualdades también se reflejan en la formalización. Solo el 8,8 % de los micronegocios liderados por mujeres cotiza a salud o pensión, frente al 12,6% en el caso de los hombres.

A esto se suman barreras como el acceso limitado a crédito formal y la baja inclusión financiera, factores que dificultan la sostenibilidad de los emprendimientos.

En zonas rurales, el panorama es aún más complejo. Las mujeres enfrentan mayores restricciones en conectividad, redes de apoyo y financiamiento, lo que profundiza las brechas frente a contextos urbanos.

Las experiencias de las emprendedoras refuerzan estos datos. Dificultades para acceder a recursos, trámites complejos, falta de visibilidad en el mercado y el reto de equilibrar el negocio con la vida personal son algunos de los obstáculos más recurrentes.

Los expertos coinciden en que el reto no es solo impulsar la creación de nuevos negocios, sino cerrar las brechas que frenan su crecimiento.

Avanzar en políticas de equidad, fortalecer el acceso a financiamiento y reconocer el impacto del trabajo de cuidado son pasos clave para que el emprendimiento deje de ser solo una alternativa de subsistencia y se convierta en un verdadero motor de movilidad social en el país.