Es importante tener en cuenta que los embargos deben ser ordenados dentro de un proceso judicial, en el cual se evalúan las condiciones de la deuda y se confirma que la persona no ha asistido a las instancias de negociación ni ha cumplido con sus obligaciones de pago, a pesar de haber sido notificada en varias ocasiones por las entidades correspondientes.

Asimismo, la legislación establece que los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones del proceso y los valores que serán objeto de embargo, ya que existen límites legales y ciertos bienes que no pueden ser afectados por esta medida.

No obstante, algunos ciudadanos desconocen que sus cuentas están siendo embargadas. Por ello, a través del portal de la Rama Judicial, es posible consultar el estado frente a las entidades del país y verificar si existe algún proceso en curso en el 2026. En esta plataforma, las personas pueden revisar, utilizando su nombre, los procesos activos en distintas ciudades y el lugar donde se están llevando a cabo.

Con esta información, es posible contactar a las entidades involucradas para conocer directamente los detalles del caso y las opciones disponibles.

En la mayoría de los casos, los embargos se aplican como una medida preventiva, y los ciudadanos pueden llegar a acuerdos de pago que les permitan ponerse al día y obtener el paz y salvo. Aunque no existe un monto mínimo de deuda establecido para aplicar esta medida, suele utilizarse principalmente en deudas elevadas, especialmente cuando no hay acuerdos de pago o cuando el deudor no responde a las notificaciones.

En cuanto a los productos financieros susceptibles de embargo, la normativa nacional contempla varios, aunque cada situación debe ser evaluada por las autoridades judiciales competentes. Entre ellos se encuentran: los Certificados de Depósito a Término (CDT) y los Certificados de Ahorro a Término (CDAT), los fondos de inversión, las inversiones virtuales, las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, las cuentas AFC y los depósitos de bajo monto.

Recientemente, se conoció una nueva propuesta que permitiría que ahora varias entidades puedan otorgar crédito a personas reportadas en esta central de riesgo. Este cambio se daría tras la iniciativa de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que busca la ampliación del acceso a financiación, en medio de un contexto en el que los bancos cuentan con altas tasas de interés.

La iniciativa buscaría un giro en la manera en la que se evalúa el riesgo crediticio, permitiendo que las cooperativas puedan evaluar la viabilidad de proyectos productivos, por encima del comportamiento financiero y el historial.

Con esta propuesta se busca que el perfil ya no sea solo evaluado en una vía, sino que también se tenga en cuenta la capacidad de generación de ingresos futuros, a partir de actividades productivas, flujos de caja proyectados o también a partir de dinámicas económicas colectivas.

Adicional a ello, se establecería un foco en poblaciones que han enfrentado mayores barreras para acceder a un crédito formal. Además, la superintendencia mencionada indica que el 85% de los asociados a cooperativas de ahorro y crédito hace parte de los estratos 1, 2 y 3.

Indicaron además que la exclusión financiera no siempre responde a una falta de capacidad de pago, sino también a varios modelos tradicionales que históricamente pueden excluir a determinadas poblaciones. Estos modelos no logran captar la dinámica de otros usuarios que llegan a emprender, trabajar en colectivo y producir.