La decisión quedó consignada en la sentencia T-227 del 25 de mayo de 2026, emitida por el Juzgado Veintiuno Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, que tuteló los derechos fundamentales del demandante y declaró la nulidad de todas las actuaciones adelantadas por la Inspección Segunda de Policía de Jamundí desde la audiencia realizada el pasado 13 de abril.

El fallo representa un duro golpe para la administración municipal, luego del escándalo revelado por SEMANA sobre presuntas irregularidades, vicios de procedimiento y posibles extralimitaciones en el manejo del proceso urbanístico dentro del exclusivo condominio, caso que también ha llegado a instancias disciplinarias y penales en la Procuraduría, así como la Fiscalía General de la Nación por delitos como fraude procesal, prevaricato por acción y omisión. Los principales señalados, y sobre quienes pesan estas acciones judiciales son Yexica Karime Obando Martínez, secretaria de Planeación y Coordinación Municipal; Fenelly Quijano Cerquera, inspectora tercera de Policía; y Alejandra Janeth Jaramillo Quintero, quien se desempeñó como inspectora segunda de Policía en calidad de encargada.

En la sentencia, la jueza concluyó que la autoridad policiva adelantó actuaciones administrativas sin garantizar plenamente el acceso oportuno al expediente y sin brindar condiciones materiales reales para que el propietario pudiera ejercer su defensa.

“El accionante solicitó reiteradamente acceso y remisión íntegra del expediente administrativo con anterioridad a la realización de la audiencia pública adelantada el 13 de abril de 2026”, señala el fallo judicial.

Según el expediente, el demandante radicó múltiples solicitudes entre marzo y abril de este año pidiendo acceso completo a la actuación administrativa, alegando que desconocía información clave para responder a las acusaciones relacionadas con una presunta infracción urbanística en el lote 287 del condominio.

Pese a ello, la Inspección Segunda de Policía continuó el procedimiento y realizó la audiencia pública del 13 de abril, donde escuchó a la parte quejosa, decretó nuevas pruebas y ordenó la suspensión de la obra.

El juez concluyó que esas decisiones se tomaron cuando el propietario aún no contaba materialmente con el expediente completo.

“La audiencia fue adelantada y dentro de la misma la autoridad accionada escuchó a la parte quejosa, decretó pruebas adicionales y ordenó la suspensión de la obra, aun cuando las copias materiales del expediente administrativo únicamente fueron puestas a disposición del accionante y su apoderado judicial con posterioridad a dicha diligencia”, dice la providencia.

De hecho, el despacho judicial advirtió que la propia Inspección reconoció que las copias del expediente fueron entregadas apenas el 28 de abril, es decir, dos semanas después de la audiencia cuestionada.

Para el juzgado, eso vulneró garantías constitucionales básicas. “Las actuaciones surtidas dentro de la audiencia adelantada el 13 de abril de 2026 se desarrollaron sin que el accionante contara con condiciones materiales reales y suficientes para ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción”, concluyó la jueza.

La sentencia también cuestionó que varias solicitudes presentadas por la defensa no fueron resueltas de manera clara, completa y oportuna antes de adoptar decisiones relevantes dentro del proceso policivo.

“Del material probatorio allegado no se evidencia que varias de dichas solicitudes hubiesen sido resueltas de manera clara, completa, congruente y oportuna antes de surtirse actuaciones relevantes dentro del procedimiento administrativo”, indica el fallo.

El juzgado recordó además que incluso dentro de procesos policivos verbales abreviados las autoridades están obligadas a garantizar el debido proceso y el acceso efectivo a los expedientes administrativos.

En su análisis, el despacho citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y advirtió que la oralidad y celeridad de estos procedimientos no pueden convertirse en excusa para restringir garantías fundamentales.

“El derecho de defensa exige que el presunto infractor conozca de manera suficiente y oportuna las actuaciones y elementos obrantes dentro del expediente, antes de adoptarse decisiones que puedan afectar directamente su situación jurídica”, señaló la jueza.

Como consecuencia de la tutela, el despacho ordenó anular todas las actuaciones realizadas desde la audiencia del 13 de abril, incluyendo las medidas adoptadas contra la obra.

Asimismo, ordenó a la Inspección Segunda de Policía de Jamundí rehacer el trámite en un plazo de 48 horas, garantizando acceso íntegro y actualizado al expediente, así como respuestas de fondo frente a las solicitudes y recursos formulados por la defensa.

“Tutelar los derechos fundamentales de petición, debido proceso, defensa y contradicción del demandante”, resolvió el juzgado en la parte final de la sentencia.

El fallo judicial se convierte en el primer pronunciamiento de fondo que ratifica las denuncias que habían salido a la luz tras la publicación de SEMANA sobre las actuaciones adelantadas dentro del condominio donde reside la mandataria local.

Ese reportaje reveló cuestionamientos sobre presuntas inconsistencias en inspecciones urbanísticas, cambios de competencia entre despachos policivos, suspensión de la obra y posibles vulneraciones al derecho a la defensa dentro del proceso administrativo.

Posteriormente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra funcionarias del municipio por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del caso.

Ospina reconoció que el escenario político en Cali y el Valle es hoy profundamente distinto al que enfrentó en sus dos administraciones. “Hay ahora un planteamiento de democracia directa muy consolidado, nuevas formas de participación ciudadana y unas tensiones que todavía no se han resuelto”, señaló, y advirtió que quien aspire a gobernar la ciudad o el departamento deberá “leer este tipo de nuevos momentos”.

La segunda administración de Ospina al frente de Cali fue especialmente turbulenta. El exmandatario reconoció que su popularidad llegó a desplomarse hasta el 10 %, después de haber alcanzado el 80 % en su primer período, y que eso “le dio duro”. Sin embargo, reflexionó que la gestión pública y la popularidad son cosas distintas, y que los gobernantes deben aprender a separarlas.

A su juicio, dos fenómenos externos explican el deterioro de su imagen. El primero fue el estallido social del 28 de abril de 2021, desencadenado por una reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque que pretendía gravar la canasta familiar en plena pandemia. “Todo por una decisión inaudita del presidente Duque, quien, aun conociendo que estábamos en pandemia, que no teníamos economía en nuestros hogares, se le ocurre plantear esa reforma”, dijo Ospina. En Cali, según relató, hubo 900 bloqueos, 70.000 personas movilizadas directamente de acuerdo con cifras de la Fiscalía y 16 muertes violentas de jóvenes.

El segundo fenómeno fue la pandemia de covid-19, que en Cali provocó más de 7.000 muertes. “La pandemia nos trajo una afección de la psiquis colectiva. Se rompieron hogares, se perdieron empleos, se dificultó la vida en familia”, describió. Esa presión colectiva, añadió, terminó descargándose sobre quien institucionalmente representaba la conducción de la ciudad.

Ospina relató con crudeza los efectos personales de ese período: ser silbado en el estadio al ir a ver al América de Cali, enfrentar miradas hostiles en centros comerciales y ver a sus sobrinos sufrir agresiones en la escuela por causa de la polarización política. “Son cosas difíciles de administrar, no todo el mundo tiene la formación para poder entender la atención y no todo el mundo sabe lo que significa la presión del público”, afirmó. Su respuesta fue no retirarse: “Fui el que tomé la decisión de asumir, no moverme del territorio, mantener habitualmente mis actividades y continuar trabajando contra viento y marea”.

Feria virtual

Uno de los episodios más cuestionados de su gestión fue la realización de la Feria de Cali en formato virtual durante la pandemia de 2020, que derivó en una sanción de la Procuraduría, posteriormente levantada, y en señalamientos por presuntos sobrecostos. Ospina defendió la decisión: hacer el alumbrado tradicional habría generado concentraciones masivas que habrían disparado el contagio del virus. Por eso, explicó, optaron por un alumbrado móvil con mensajes pedagógicos sobre bioseguridad, y por usar los recursos de la feria para apoyar a los artistas, músicos y bailarines que, según él, nadie más estaba teniendo en cuenta.

Sobre los señalamientos de sobrecostos, televisores de 66 millones de pesos, sillas de 12 millones, fue categórico: “Es una vil mentira. A tal punto que después de esa avalancha noticiosa y ese show mediático no hay ni siquiera investigación, porque no ocurrió este tipo de evento”. Sí reconoció, en cambio, que esa campaña mediática logró frenar la implementación de un sistema de sensores para medir el consumo energético de grandes usuarios, que según él habría generado ahorros de hasta 35.000 millones de pesos por año para Emcali.

Respecto a los más de 26 procesos disciplinarios y judiciales que enfrenta en la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, Ospina los relativizó: “Funcionario público que no tenga investigaciones, o es un pusilánime o nunca ha desarrollado la agenda pública”. Dijo estar “más tranquilo que una lechuga” porque, a su juicio, en Colombia la contradicción política se ha judicializado como instrumento. Como ejemplo, citó una imputación que le formularon diez días después de ganar su segunda elección, en un proceso que lleva años sin avanzar y que la Fiscalía ha pospuesto cinco veces.

El tema más inmediato es el embargo de sus cuentas por parte de la Contraloría, que cumple ya casi cuatro años, relacionado con un contrato de mantenimiento de videocámaras de seguridad de la Secretaría de Seguridad. “El estallido social generó un gran vandalismo que destruyó parte de esa infraestructura, pero para la Contraloría es difícil evaluar ese asunto después de lo que pasó”, explicó, y señaló que ni siquiera firmó el contrato cuestionado.

Duro contra Eder

El exalcalde fue especialmente duro con su sucesor, Alejandro Eder. Rechazó que la actual administración haya recibido la ciudad endeudada. “Te dejé 700.000 millones de pesos de superávit”, dijo, y contrastó el endeudamiento de 650.000 millones que realizó su administración, con los 3,5 billones que, según él, contrató Eder. Lo acusó además de haber inaugurado obras de la gestión anterior, cambiándoles el nombre y quitando las placas que las identificaban con su gobierno: “Ahí hay una pequeñez oligárquica de tal magnitud que debería darles pena.”

Ospina calificó la gestión de Eder con “menos dos” en una escala de cero a diez, argumentando que el actual alcalde llegó al cargo con todos los recursos a su favor y aun así acumula apenas un 12 % de popularidad. “Pensaron que gobernar la ciudad es gobernar su hacienda. Cuando gobernar la ciudad es entender la diversidad cultural, comprender la magnitud de nuestro pueblo”, sentenció.

“El mejor trabajo de mi vida”

Ospina describió su rol como agente interventor de la Nueva EPS como “el mejor trabajo que he tenido en toda mi vida”, por encima incluso de haber sido alcalde, senador o médico de urgencias. La razón: la responsabilidad de garantizar atención en salud a 11,5 millones de personas en todo el territorio nacional, con un presupuesto de 27,3 billones de pesos.

Al asumir el cargo, encontró, sin embargo, una entidad en estado crítico. La principal sorpresa fue la ausencia de una nota técnica sólida, es decir, un perfil epidemiológico detallado de la población afiliada que permita planificar adecuadamente la red de servicios y los contratos con prestadores. “No tener una nota técnica sofisticada significa fallar en la contratación y tal vez no tener el proveedor que necesitas”, advirtió.

La deuda total de la entidad supera los 21,3 billones de pesos, aunque Ospina matizó la cifra: la Nueva EPS ha entregado anticipos por 14 billones a proveedores, lo que permitirá, según él, reducir el déficit real tras la conciliación de cuentas. A eso se suma que cuatro juzgados, en Florencia, Cartagena, Puerto Rico (Caquetá) y Bogotá, embargaron el 80 % de 2,3 billones de pesos de recursos de la entidad, violando, a su juicio, el principio de que los dineros de la salud son inembargables y rompiendo los planes de pago con clínicas y laboratorios. “Un tribunal ya sacó una sentencia señalando que los recursos son inembargables”, informó, y dijo estar trabajando con los proveedores en acuerdos de pago para evitar nuevos embargos.

Sobre el futuro de la entidad, fue enfático en que su liquidación sería “terrible”, pues no existe en Colombia ninguna otra organización capaz de absorber a esa cantidad de afiliados. Y fue más allá: aprovechó el debate para defender la necesidad de transformar el modelo de salud en el país, que calificó de “muy mercantil”, con incentivos perversos, costos operativos altos y poca atención primaria. Respaldó en ese sentido la reforma que intentó impulsar el presidente Gustavo Petro y que, dijo, el Congreso ha bloqueado reiteradamente.

En cuanto a su permanencia en el cargo, la respuesta fue cauta. “Estamos en procesos políticos, es muy difícil saberlo, porque no sabemos quién va a ser el nuevo presidente y cuáles sean sus decisiones”, dijo. Lo que sí garantizó es que, mientras esté, trabajará para estabilizar la entidad, recuperar la red de servicios y pagar a los proveedores de medicamentos. Su gestión anterior como gerente del Hospital Universitario del Valle y como secretario de Salud de Cali, sumada a su formación médica, es, según él, el respaldo que lo diferencia de los cuatro interventores anteriores, quienes a su juicio “no tenían la envergadura de lo que significa tener una entidad de esta dimensión”.

Las disposiciones hacen parte de las medidas contempladas por el Gobierno nacional para garantizar el normal desarrollo de las votaciones y prevenir alteraciones del orden público, las cuales se consignan en el Decreto 0188 de febrero de 2026. Además de la ley seca, también se prevén controles sobre reuniones públicas, propaganda electoral y movilidad en algunos sectores cercanos a los puestos de votación.

Para la jornada presidencial del 31 de mayo de 2026, la ley seca en Cali comenzará el sábado 30 de mayo a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el lunes 1 de junio a las 12:00 del mediodía. Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos públicos y privados abiertos al público, según las medidas definidas por el Gobierno nacional dentro del decreto de orden público expedido para las elecciones presidenciales.

Además de la restricción que aplica a nivel nacional, la Alcaldía de Alejandro Eder sumó 790 uniformados adicionales de la Policía Nacional para reforzar la seguridad en la ciudad. “Con este apoyo, tendremos más de 3.200 efectivos desplegados en puestos de votación y puntos estratégicos”, anunció el mandatario a través de sus redes sociales.

La Gobernación del Valle también podrá adoptar medidas adicionales dependiendo de las condiciones de seguridad de cada territorio. El decreto también permite que las autoridades locales soliciten ampliaciones o modificaciones si consideran que existen riesgos que puedan afectar el desarrollo de la jornada electoral.

En procesos electorales anteriores realizados este año, la Alcaldía de Cali ya había implementado restricciones complementarias junto con la ley seca. Para las elecciones legislativas del 8 de marzo, por ejemplo, también se prohibió el transporte de escombros, carga pesada, cilindros de gas y mudanzas durante el fin de semana electoral.

Las autoridades nacionales han señalado que estas medidas buscan preservar la tranquilidad durante las votaciones y facilitar el trabajo de la fuerza pública y los organismos electorales. Según el Ministerio del Interior, la ley seca hace parte de los protocolos tradicionales de seguridad aplicados en Colombia durante jornadas de elecciones presidenciales y legislativas.

Este domingo Cali podrá votar con tranquilidad. Estamos listos para garantizar unas elecciones seguras, en paz y con todas las garantías, junto a la @Registraduria

Ya comenzaron a llegar 790 uniformados adicionales de la @PoliciaColombia para reforzar la seguridad en la ciudad.… pic.twitter.com/aopx6CVOJU

— Alejandro Eder (@alejoeder) May 25, 2026

Además de las restricciones al expendio de licor, el Gobierno también anunció controles fronterizos temporales y posibles limitaciones a la movilidad de vehículos de carga en algunos corredores viales estratégicos del país durante el fin de semana electoral.

Las elecciones presidenciales de Colombia se realizarán el domingo 31 de mayo de 2026. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría requerida para ser presidente, el calendario electoral contempla una eventual segunda vuelta programada para el 21 de junio.

La restricción vehicular tiene un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes. Durante fines de semana y festivos, los conductores se podrán movilizar libremente.

Pico y placa en Cali del 26 al 29 de mayo

Los vehículos particulares con placas que finalicen en 1 y 2 no podrán circular por las calles en el horario de la medida durante este lunes 25 de mayo. Así quedó la restricción para el resto de la semana:

• Martes 26: 3 y 4
• Miércoles 27: 5 y 6
• Jueves 28: 7 y 8
• Viernes 29: 9 y 0

La medida de pico y placa en Cali no aplica para taxis o motocicletas. Las multas por incumplir la normativa corresponden a un salario mínimo. Las personas que deseen pagar la tasa de congestión y circular libremente, tienen hasta las 5:00 p. m. del día para adquirir el beneficio.

Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:

• Semestral: $2.920.000.
• Mensual: $480.000.
• Diario: $121.000.

Vehículos exentos

• Carros de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja.
• Vehículos de servicio oficial, diplomáticos y consulares.
• Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.
• Carros eléctricos o híbridos.
• Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.
• Usuarios que liquiden la tasa de congestión o contaminación.
• Motocicletas.
• Taxis