Introvertido, resuelto, valiente, inexperto en coberturas de orden público, Mateo llegó a Briceño al día siguiente de un operativo militar en la vereda Palmichal.

A unas dos horas de su Yarumal natal, tomó el desvío de la carretera nacional para recorrer los últimos 28 kilómetros por una vía solitaria, destapada, entre montañas frondosas. Al arribar al pueblo, demasiado pequeño para disimular sus pasos, dejó su mochila en el diminuto hotel que había reservado, situado en la única calle comercial. Escaso de fondos, regateó y consiguió rebajar a 25.000 pesos la noche. Luego se dirigió a la estación de Policía, la Alcaldía y la Personería, sitas en el parque principal, dominado por una escalinata que termina en la parroquia.

A todos comunicó su intención de seguir hacia las veredas. Y todos le advirtieron de la peligrosidad de su empeño y que no podían ayudarlo. Nadie se aventura más allá del casco urbano sin permiso expreso del frente 36 de las Farc. Deben solicitarlo a las Juntas de Acción Comunal, meras intermediarias de los amos del municipio.

Además, la moto bomba que estalló el Viernes Santo junto a la Policía, cuando los vecinos estaban en el templo. No causó víctimas de milagro, pero infundió aún más temor. Unido a los ataques con drones a las unidades del Ejército.

Briceño, en manos de las Farc desde hace lustros, fue el municipio más cocalero de Antioquia y, después, pionero en erradicar las matas para dedicarse al café, la caña, los trapiches y la ganadería. Pero lo están abandonando, atraídos por la fiebre del oro, que se recrudeció hace dos años con la maquinaria amarilla. “Muchos dejan las fincas y ahora son mineros”, me susurró un vecino. “Están acabando con el río Espíritu Santo (afluente del Cauca)”.

También es un disputado corredor estratégico que comunica con Toledo, Ituango, Puerto Valdivia, entre otros enclaves. De ahí que los Gaitanistas, con mayor influencia en Yarumal, quieran conquistarlo. Se aliaron, me dijeron unas fuentes, con los Cabuyos, disidencia del 36 y del frente 18, que formó un tal Cabuyo, ya muerto, y otros guerrilleros por una pelea interna. No son fuertes, pero enmarañan aún más el complejo panorama.

“Si veo al muchacho y me pregunta, le digo: por allá no vaya, lo matan. Si va, no vuelve”, comentó un lugareño, cuando inquirí, a media voz, sobre lo ocurrido. “Hace mes y medio desapareció un señor y su sobrino y su camioneta”, agregó. Se refería a John Hernán Arango y Álex, que mataron el 2 de abril en Palmichal y yacen en alguna fosa que el Estado no se molesta en buscar.

Mateo no hubiese hecho caso, como cualquier reportero. Contaría con un contacto que consideró suficiente garantía.

Dejó el casco en la habitación, prohibido por la guerrilla para identificar a la gente, y en el recorrido dio con dos patrullas del Ejército. Le repitieron los riesgos que corría y él, con su carnet de su periódico digital, El Confidente, insistió en hacer su trabajo.Se detuvo a almorzar en Las Auras, pese a conocer que a las 6:00 p. m. nadie puede circular y aún debía llegar a Palmichal, que, al parecer, era su destino final.

Cuando integrantes del frente 36 lo detuvieron, Mateo no los convenció sobre su identidad. Dudaron de que fuese periodista, de su carnet, de los motivos de su presencia, de que no fuese infiltrado de los Gaitanistas o del Ejército.

En el interrogatorio a palos, Mateo solo dijo la verdad, pero flotaba la máxima de “La duda se entierra”. Reunieron a miembros de la comunidad y nadie respondió por él. Imposible juzgarlos; la solidaridad con forasteros es escasa bajo el régimen del terror. Le dispararon y lo enterraron en cualquier lado, como siempre. Debió ser un campesino conmovido el que recogió el carnet de Mateo y lo colgó de una rama por si su familia lo buscaba y, al menos, sabría que por allá estuvo.

Es una escena común. En esa otra Colombia, los pobladores están carnetizados o registrados, y el forastero, sin una referencia y sin prueba que justifique su presencia, arriesga su vida o su libertad. Cada día respetan menos a la prensa, peor si es de pueblo o provincia chica, y todo el mundo nos pone más trabas.

En Cauca, por ejemplo, la Cric te corta el paso y el Consejo Comunitario de Francia Márquez te rodea con motos, ordena borrar las imágenes y te saca si no eres de su agrado. En otras zonas, nadie te habla sin el beneplácito del presidente de la JAC.

Mateo despertó una ola de solidaridad, pero su asesinato evidenció una realidad: las bandas criminales controlan sus dominios y el Estado es un frustrado convidado de piedra.

Claudia López, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella, Mauricio Lizcano y el ya retirado Luis Gilberto Murillo coincidieron en que el sector privado es el protagonista en el desarrollode obras públicas. Para ellos, el papel del Estado es facilitar jugosos negocios al capital privado o regular y componer litigios.Subordinan el equipamiento nacional a los cierres financieros con tasas de retorno muy superiores al 7 por ciento, usual en el mundo en este sector, y a utilidades del 100 por ciento. Elemento clave que no se trató porque la competencia fue por la generosidad con los consorcios.

El panorama colombiano contrasta con los líderes globales. Mientras Suiza (94,8), Dinamarca (88,39), Suecia (86), Finlandia (85) y Canadá (84) encabezan los rankings de puntuación en infraestructura –en una escala hasta 100–, Colombia apenas suma 31 puntos. El país debería aprender de Suiza, que edifica con ingresos del Gobierno, de impuestos a la circulación de automóviles y los combustibles; de Singapur, donde los organismos públicos y las empresas estatales desempeñan un rol activo; o de Suecia, que financia sus carreteras y ferrocarriles con fondos del presupuesto del Gobierno (WPR 2026).

(https://www.globalhighways.com/) (https://www.mas.gov.sg/development/infrastructure) (https://www.epppc.hu/documents/)

“Hay que resolver ya los 30 tribunales de arbitraje por 50 billones”, espetó Abelardo de la Espriella. Lizcano lo corrigió: que eran “70 por 100 billones”; mientras Paloma lanzó la fórmula para resolverlos: “Disminuir el valor de los peajes y prorrogar los años de las concesiones”. Tanto fervor pone en duda si la aspiración es a ser personeros de los trusts o a ser jefes de Estado, cuyo encargo es abogar por los intereses públicos.

Fajardo fue más de lo mismo: propuso un menú de fondos para apalancar las concesiones. Nadie cuestionó los peajes, la valorización –como Petro–, las regalías, las obras por impuestos, las inicuas APP y la plusvalía. Se carga al Estado, a los contribuyentes y a los usuarios la financiación lucrativa de abusos como en las Autopistas del Café, del Grupo Argos, que cobra por peajes un dólar cada 8 kilómetros, que busca prorrogar por 30 años en la IP Conexión Centro, con la silenciosa complicidad del Gobierno Petro.

Los planes expuestos son una lista de “proyectos-negocio”, ajenos a una estrategia articulada y sistémica con norte en el desarrollo nacional. De la Espriella leyó unos cuantos y aseguró que podían ser 80 o más que “estaban listos”, que “no tenía experiencia gubernamental, pero sí en ser exitoso” y los pondría a andar ipso facto. Otro de sus “milagros”.

Claudia López propuso añadirle al modelo APP una C, que se traduce en “involucrar comunidades”, agregar el componente “social”, que las integre al negocio, que las coopte, como si esa inclusión, por novedosa que suene, pudiera sustituir la función rectora del Estado en un área esencial para cualquier nación.

Resulta insólito que, excepto ciertas salvedades ambientales, todos apoyaran el tren de Buenaventura a Barranquilla, la entelequia petrista. La promesa se adorna con 30.000 o 35.000 kilómetros de vías terciarias para “nuestros campesinos” y con la transversal de la Orinoquía al Pacífico, el “sueño” de Mariano Ospina Hernández, que se resucita cada cuatrienio.

La consigna común fue extender concesiones a aeropuertos –“Urge hacerlas”, dijo Paloma–, a puertos, al dragado del de Buenaventura y al Canal del Dique, a colegios y hospitales, a la navegabilidad por el río Magdalena y a diez megacárceles que plantea hacer el Tigre, remedo de Bukele. “Business” es el factor clave para estos candidatos privatizadores, hasta en la conectividad en internet. Es el caso de Lizcano, iniciador del perverso duopolio TIC que Petro deja como legado.

La ausencia de Cepeda no lo salva. Su programa de gobierno menciona 84 veces a Álvaro Uribe, pero apenas dedica siete menciones a los puertos, tres a los trenes y cuatro a ferrocarriles, sin conexión a un plan de desarrollo o al comercio exterior. Lo más decepcionante es que, pese a la retórica antineoliberal, Cepeda preserva el negocio de los peajes, esquema que tiene como rehén de los concesionarios al bolsillo ciudadano. “Propuesta mediocre y ensimismada, sin visión global, aislada de los problemas técnicos de Colombia”, la definió un experto.

Al concluir el foro, la presidenta de la CCI, María Consuelo Araújo, resaltó la armonía en el debate. Obvio, si todos concuerdan en “privatizar las ganancias y socializar los costos”, igualitos, una razón más para votar en blanco.

¿La razón? Rusia, Irán y Venezuela utilizaron el petróleo y el gas como un instrumento de guerra mucho antes de la respuesta de Occidente a estas amenazas o acciones que estos países ejecutaron. Comencemos por Venezuela, que con Petrocaribe, por un lado, y elregalo de petróleo a Cuba, por otro, además de la financiación y apoyo a organizaciones terroristas con dinero producto del petróleo, mostró en este continente cómo el uso de esa fuente de energía era un instrumento político de apoyo al populismo y al comunismo de paso. Las revelaciones que saldrán en el juicio a Nicolás Maduro mostrarán además otros aspectos de esta política, como la financiación de actores legales e ilegales a lo largo y ancho del continente, siempre con un fin: el de desestabilizar las democracias de la región.

Hoy, la respuesta de Estados Unidos en Venezuela y en Cuba, país que en 70 años de revolución nunca se preocupó de asegurar una fuente de energía, pues prefirió el regalo de la Unión Soviética, primero, y de Hugo Chávez, después, demostró con claridad cómo el uso político del petróleo facilitó la supervivencia de un Estado terrorista como Cuba y de otro como Venezuela, un Gobierno que promocionaba el terrorismo, algo que ojalá ya no esté haciendo, lo que está aún por verse.

Lo de Rusia ha sido clarísimo. Antes de la invasión de Ucrania, extorsionó en varias ocasiones a Europa con el petróleo y el gas baratos. Después de la invasión y ante la obvia reacción de Europa en contra de esta operación militar, les cortó el acceso a estas fuentes de energía. Lo de Irán es igual, pues su financiación de los terroristas hutíes para controlar la entrada y salida al golfo de Adén y su permanente extorsión con el estrecho de Ormuz, que ahora se convirtió en un cierre, muestran con claridad que el petróleo para esa dictadura fanática es un instrumento político de financiación de terrorismo y de extorsión.

Pues bien, el final del mundo energético como lo conocíamos y en el que Rusia, Irán y los países de Oriente Medio eran los grandes jugadores es apenas cuestión de tiempo. Un nuevo mundo de la energía y, por ende, del poder se está construyendo y América Latina tiene una gran oportunidad si hace las cosas bien.

La salida de los Emiratos Árabes de la Opep tiene una clara razón de ser: quieren exportar todo el petróleo que puedan, sin límites, lo antes posible. Tiene absolutamente claro el nuevo mundo energético que se va a construir y quieren capitalizar, lo más rápido posible, el petróleo y el gas que ya tienen. Saben que en unos años nuevas fuentes de petróleo y gas les van a competir. Saco lo que pueda ya; es el mensaje que manda y que seguramente otros países petroleros del Oriente Medio van a seguir.

El nuevo mundo energético va a tener a Rusia e Irán abasteciendo a China. Ese eje autoritario ya trabaja junto, y China solo va a mantener compras en otros países para poder bajar el precio, pues lo que viene durante un tiempo es una sobreproducción de petróleo por cuenta de este nuevo escenario geoestratégico y económico. Además, ya hay gasoductos que no tenían viabilidad en el anterior mundo energético y hoy están reviviendo, en especial en los países de la antigua Unión Soviética. Eso sí, no pasan por Rusia ni por Irán para no tener que pagar el precio de la inestabilidad política y la extorsión de estos dos países.

¿Y América Latina qué? Una gran oportunidad si dejamos de lado el populismo y creamos las condiciones necesarias para la inversión petrolera, que va a estar ávida de nuevas fuentes de petróleo y gas. Gran ganador: Guyana, que va a exportar petróleo rápidamente, sin contratiempos. Argentina y su reserva Vaca Muerta entran en producción en el momento exacto. Brasil tiene grandes posibilidades, al igual que México, pero el populismo en este último país mata cualquier posibilidad de revivir la industria petrolera. Es más, hoy Pemex es insalvable, como lo es PDVSA, y si seguimos en el mismo camino, Ecopetrol en Colombia.

Venezuela puede ser el gran beneficiado de este nuevo mundo, pero la transición se debe consolidar, y la democracia y la seguridad jurídica, que hoy no hay, son absolutamente necesarias para desarrollar todo ese potencial energético. Colombia igual tiene que despertarse y hacer las cosas que durante años no se hicieron.

Lo primero es permitir el fracking en las zonas donde no se dejó hacer durante los dos últimos gobiernos. Lo segundo es acelerar el desarrollo del gas en el Caribe. Lo tercero, crear condiciones económicas y de seguridad jurídica, con contratos de estabilidad con penalizaciones internacionales, para exploración en el país y así sacar hasta la última gota de petróleo para invertir en el país. Y quinto, recuperar Ecopetrol, que se robaron en este Gobierno. Hay que dejarlo limpio y con los mecanismos que eviten que esta mafia pueda regresar a acabar el trabajo que Ricardo Roa, quien debería estar en la cárcel, comenzó.

Es más, no se debería descartar la privatización de Ecopetrol para que no acabe como las petroleras estatales de México y Venezuela.

El mundo multilateral cambió. El de energía cambió. El próximo presidente de Colombia, si no es Iván Cepeda, que está alineado con el autoritarismo, debe navegar esas aguas para sacar provecho. Ya veremos.

Durante años nos hicieron creer que defender las fronteras era intolerancia, que ejercer autoridad era fascismo y que combatir el crimen con firmeza era ‘violencia institucional’. El resultado salta a la vista: mafias fortalecidas, fronteras desbordadas y democracias debilitadas por gobiernos incapaces de imponer orden.

Texas es el símbolo más brutal de esa decadencia. Bajo la Administración Biden, la frontera se convirtió en un infierno de anarquía y violencia, mientras el progresismo celebraba el colapso de la soberanía. Y, detrás de las caravanas del sueño americano, llegaron también los depredadores: el Tren de Aragua, carteles chinos, indios y Hezbolá, junto con el tráfico de niños y el narcotráfico. Una ola de violencia criminal sin precedentes en la historia de los Estados Unidos.

El presidente Donald Trump entendió, antes que muchos, que una vez un Estado pierde sus fronteras, empieza a perder también su destino. Le pasó a Europa. Por eso actuó con velocidad: desmontó buena parte del caos migratorio y devolvió la seguridad al centro de la acción del Estado. Porque proteger una frontera es defender la propia supervivencia de su sociedad.

La lección verdaderamente impactante al haber participado en el North America Summit del America First Policy fue comprender que esto ya no se trata únicamente de Estados Unidos. En esta cumbre se congregaron ministros de Defensa, estrategas y gobiernos aliados en torno a una preocupación común: el avance del narcotráfico, el crimen organizado y el abandono de las fronteras en nombre del progresismo globalista.

En Washington se está consolidando una nueva doctrina hemisférica y los documentos estratégicos, recientemente desclasificados y publicados en revistas del Pentágono, dejan ver que Estados Unidos está reconstruyendo su política de defensa alrededor del concepto de “paz a través de la fuerza” y de una recuperación abierta del liderazgo estratégico en el continente. Y América Latina volvió al centro de las preocupaciones de la seguridad estratégica de los Estados Unidos.

En consecuencia, esta visita fue para mí reveladora porque entendí que blindar una frontera es apenas el primer paso de una arquitectura mucho más robusta. Es el nacimiento del Escudo de las Américas: una alianza política, militar y económicadestinada a impedir que los carteles, las dictaduras y el terrorismo terminen apoderándose del continente.

Pero esta alianza tiene una línea roja clarísima. El Departamento de Defensa de Estados Unidos hace énfasis en que llegó el momento de definir, sin ambigüedades, de qué lado está cada gobierno de la región. O se firma una alianza estratégica con los Estados Unidos para proteger la libertad, preservar el orden y combatir sin contemplaciones el narcotráfico, o se termina ubicado del lado de quienes amenazan la seguridad hemisférica.

Ya no hay espacio para gobiernos ambiguos que hablan de paz mientras negocian con criminales. Ya no habrá paciencia para presidentes que debilitan a sus Fuerzas Armadas mientras permiten que los carteles controlen territorios enteros. El mensaje es contundente: quien sea complaciente con las mafias y los dictadores del socialismo del siglo XXI, será considerado un obstáculo para la estabilidad del continente.

Mientras otros países fortalecen alianzas estratégicas, Colombia avanza peligrosamente en dirección contraria. Aquí se desmonta la seguridad, se desacredita a la fuerza pública, se premia políticamente a estructuras criminales y se romantiza el caos bajo el disfraz de la ‘paz total’. Y mientras el mundo libre blinda sus fronteras, aquí las entregamos.

Trump hoy es el símbolo de una reacción global frente al colapso del orden occidental. Está reorganizando el tablero geopolítico alrededor de la seguridad, la soberanía y la autoridad legítima del Estado. Y América Latina tendrá que decidir si quiere ser parte del mundo libre o seguir atrapada en el pantano del populismo criminal.

Colombia tiene que escoger. No podemos continuar alineados con dictaduras financiadas por el narcotráfico mientras destruimos desde adentro nuestras instituciones. No podemos seguir premiando a quienes incendian el país mientras se castiga al ciudadano honesto que trabaja, produce y paga impuestos.

La seguridad no es un lujo. Tampoco es una narrativa electoral. Es el deber legal y moral más importante de cualquier Estado serio. Lo dije en campaña y hoy lo repito con más convicción que nunca: la paz no se negocia; la paz se impone con la fuerza legítima del Estado

Mauricio Gaona viene prestando un gran servicio público, como vástago de un hombre dedicado al imperio del derecho, no a la barbarie de las armas. Es hoy un faro en un país que no tiene guardián en la heredad. Han calado muy hondo sus opiniones, que extracto aquí como retazos textuales: “No le quedan tantos días a la república. Vamos hacia una dictadura. Petro quiere llegar al hiperpresidencialismo. Me parece que a la democracia colombiana le quedan unas semanas para tomar una decisión trascendental. Soy pesimista sobre el futuro de Colombia. La derecha hace mucho ruido, mientras que la izquierda trabaja silenciosamente. Esta es una izquierda que viene de la violencia de grupos armados asociada a organizaciones que cometieron crímenes contra la humanidad. La democracia ya no muere en un cuartel, sino en una constituyente hecha para asesinarla”. Mauricio Gaona hace esta veraz síntesis del Gobierno Petro: “El balance no es positivo desde el punto de vista de la ética del Estado, de la decencia y del honor. Le fallaron a la historia, les fallaron a quienes los eligieron y le fallaron a Colombia”. Es idóneo que sea otro gran jurista de apellido Gaona quien emita hoy la sentencia implacable, a la luz del derecho constitucional, contra los gobernantes inmerecidos.

Empero, discrepo de Mauricio Gaona cuando sugiere que los regímenes de Nicaragua y Venezuela podrían reproducirse en Colombia. En Nicaragua existe hoy una dictadura de unos bandidos provenientes del sandinismo, y en el siglo XX los Somoza sanguinarios gobernaron durante 32 años. Hay tradición de dictadura. En Venezuela también hay tradición de dictadura.

En el siglo XX brillaron los tiranos Cipriano Castro (9 años), Juan Vicente Gómez (27 años) y Marcos Pérez Jiménez (4 años). Este último no duró más tiempo porque le advirtieron que su vida corría peligro y se marchó al exilio dorado en Madrid al son de la famosa frase: “El pescuezo no retoña”. Estamos hablando de 41 años de yugo militar el siglo pasado, más todo este siglo. En 126 años de historia suman 67 años de despotismo, más de la mitad.

En Colombia, Gustavo Rojas Pinilla solo duró 4 años. No ha habido otros dictadores. Tal vez no hemos tenido una verdadera democracia, pero sí democracia electoral en cuanto al cambio de Gobierno cada 4 años. No creo que unos gobernantes inmerecidos sean capaces de modificar la historia. Todo podría suceder, pero invoco, como amuleto, la añeja frase: “Colombia no es tierra fértil para las dictaduras”. Para instaurar una tiranía, se necesita un pelotón de fusilamiento, al estilo Fidel Castro en Cuba. En un país anegado desde siempre en la violencia, es curioso que el pelotón de fusilamiento sea anatema en Colombia.

Mi pronóstico si triunfa el Pacto Histórico es más de lo mismo: más desfalcos, más pronunciada danielquinterización de los cargos públicos, más impunidad para los asesinos, más minga indígena, seguirán desgañitándose inútilmente, pero una verdadera dictadura que quiebre la economía colombiana –que es privada, no estatal– no se atreverán a intentarlo. Repito lo que escribí hace cuatro años cuando se temía que Petro sería otro Maduro: en Colombia, si escasea la media de aguardiente en las tiendas y en los supermercados, el pueblo se levanta y tumba a Cepeda. Ídem si faltan el aceite, el azúcar y la areparina. Colombia no es Venezuela. La gente tolera muchas injusticias, pero no el desabastecimiento. Cuando fuimos un solo país, se decía que Caracas era el cuartel, Quito, el convento y Bogotá, la universidad. La universidad de la cual fue prez y gloria Manuel Gaona Cruz.

La democracia no se destruye solamente cuando aparecen dictadores o cuando los militares salen a las calles. También se erosiona lentamente cuando los ciudadanos dejan de tener herramientas suficientes para tomar decisiones informadas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Colombia. Trágico.

Llegamos a unas elecciones presidenciales sin debates serios, sin encuestas libres y con un ambiente profundamente contaminado por la presión política, la propaganda digital y el miedo impuesto por grupos armados ilegales en varias regiones del país. Todo esto, mientras el Gobierno participa abiertamente en política para favorecer el proyecto de la llamada “paz total”.

Pero hay algo aún más preocupante: buena parte de este deterioro fue aprobado desde el propio Congreso. Los políticos haciendo leyes para elegirse. Actuando para ellos, no para nosotros. Nada sorprendente.

Hace apenas unos meses se consolidó una regulación absurda sobre las encuestas electorales que, en la práctica, terminó destruyendo la posibilidad real de hacer sondeos técnicamente viables y competitivos. Se les impuso a las firmas encuestadoras un nivel de exigencia y restricciones tan rígido que el resultado terminó siendo el peor posible: el silencio.

El país pasó de discutir si las encuestas acertaban o no a simplemente quedarse sin ellas.

Y las encuestas son fundamentales en cualquier democracia moderna. No porque definan elecciones, sino porque permiten entender el estado de ánimo de una sociedad, identificar tendencias, abrir debates y obligar a los candidatos a reaccionar frente a la opinión pública. La libre competencia entre firmas, metodologías y resultados debería fortalecerlas. Aquí optamos por asfixiarlas.

A eso se suma el espectáculo vergonzoso de los debates presidenciales. Los candidatos llevan semanas jugando al escondite: un día aceptan debatir, al siguiente se retractan, luego condicionan, después desaparecen. El resultado es una campaña superficial, vacía y emocionalmente manipulada, en la que importa más un video viral o un trino agresivo que una discusión seria sobre seguridad, economía, salud o educación.

Y, mientras tanto, los ciudadanos votarán prácticamente a ciegas.

En Estados Unidos, por ejemplo, apenas cierran las urnas, los medios y centros de análisis ya tienen una radiografía detallada del comportamiento electoral: cómo votaron los ciudadanos según edad, sexo, nivel socioeconómico, región o grupo étnico. Existen enormes esfuerzos conjuntos entre medios de comunicación y firmas especializadas para entender lo que ocurrió en las urnas.

En Colombia ni siquiera tenemos eso. Tampoco existen verdaderas encuestas a boca de urna y, además, la ley prohíbe publicar sondeos en la recta final de la campaña. Una completa barbaridad en tiempos en los que las redes sociales, los influencers y la inteligencia artificial llenan el vacío de información seria con propaganda, manipulación y desinformación.

El resultado es devastador: una democracia degradada en la que las emociones reemplazan los argumentos y los ciudadanos terminan atrapados en guerras digitales diseñadas para polarizar, no para informar.

Y lo más irónico es que muchos de los políticos que hoy se quejan del deterioro democrático son exactamente los mismos que ayudaron a construir este sistema opaco, restrictivo y profundamente inconveniente para el votante.

Ojalá el próximo Gobierno y el nuevo Congreso entiendan que llegó el momento de desmontar estas barreras y devolverle transparencia al proceso democrático colombiano.Aunque, sinceramente, tengo mis dudas.

Porque, para muchos, el sistema actual está funcionando perfectamente

Si bien los mercados descontaban algo de reducciones en las tasas de interés, también había un contexto de estabilidad en el crecimiento y un mercado laboral menos dinámico, pero no débil, que proponían alguna estabilidad en las tasas de interés. En sí la tendencia de desinflación se había ralentizado y la inflación se mantenía por fuera de la definición de estabilidad de precios. Dada la fuerte demanda de inversiones de capital de la inteligencia artificial –recientemente elevada a más de setecientos mil millones de dólares este año–, el déficit fiscal y las presiones políticas sobre la Reserva Federal, algunos contemplaban riesgos para las tasas de los bonos del Gobierno y posibles efectos para las condiciones globales.

Los mercados de capitales en esta década empezaron a experimentar fuertes cambios de la mano de los ajustes en las políticas públicas y en la transformación económica y productiva.

Este año, la redefinición geopolítica global elevó las secuelas sobre las cadenas de suministros, en especial sobre los mercados de petróleo tras la guerra con Irán que empezó el 28 de febrero. Una pauta que no se esperaba y que empieza a prolongarse. Precios de la referencia Brent sobre los cien dólares, presiones en el valor de los fertilizantes y otras materias primas parecen un episodio que trae a la memoria el año 2022. Los precios del petróleo y del gas han empezado a reflejarse en un repunte en los precios del consumidor y en los precios del productor, como ha sido confirmado esta semana en Estados Unidos.

Las sorpresas negativas para la inflación hace unos años golpearon los mercados de valores, tanto en acciones como en bonos, y hubo pocos beneficios favorables en la diversificación de portafolios de inversión.

Esta vez, y desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, han profundizado la diferenciación y dispersión de retornos en los activos financieros.

Mientras los países exportadores de materias primas han sido ganadores, y en general la región Asia Pacifico ha sido golpeada por ser importadora de esos bienes, algunas naciones de la región como Corea del Sur y Taiwán sobresalen por sus altos retornos producto de la industria tecnológica vinculada a la inteligencia artificial.

Del mismo modo, las acciones y los mercados de crédito en Estados Unidos se mantienen resilientes, marcando una pauta de buena salud financiera de las empresas. Esto a pesar de lo que pasa en los mercados de materias primas y las crecientes presiones de inflación. Para que esto se haya materializado ha sido fundamental el fuerte crecimiento en las ganancias de las empresas tecnológicas.

Esas ganancias marcan un elemento distintivo frente a 2022. El desarrollo que viene teniendo la inteligencia artificial se observa en la creciente penetración y adopción, en las utilidades de las empresas dedicadas a su desarrollo y la velocidad de crecimiento en el valor de estas empresas. Las expectativas de ingresos apuntan a tasas de más del 160 por ciento.

La nueva versión en boga de la inteligencia artificial es capaz de definir el mejor curso de acción sin tener una previa guía secuencial. De manera independiente, esta inteligencia planifica tareas complejas y puede hacerlo utilizando limitada supervisión humana. Se adapta y trabaja en forma colaborativa con aplicaciones e internet para lograr ejecución de tareas con autonomía.

Frente a la inteligencia artificial basada en razonamiento, su prioridad no es generar texto sino pensamiento lógico multinivel. El año pasado el foco era lograr una inteligencia artificial capaz de responder consultas a través de análisis profundos; este año, es la forma en que el conocimiento se transforma en ejecución. Estas formas de inteligencia no compiten, sino que se complementan.

En ese sentido la adopción de la inteligencia artificial se profundiza y ha sido clave para la resiliencia de los mercados de capitales en general.

Sin embargo, otro elemento que no debe descuidarse es el cambio en la cabeza del banco central de Estados Unidos. Dicho cambio en relación con aspectos que han sido fundamentales para el manejo de las condiciones financieras en un contexto de mayores presiones de inflación podría afectar la resiliencia de los mercados. Aún es una incógnita si se va a cambiar la orientación prospectiva y la frecuencia de dicha orientación por parte de la Reserva Federal. Del mismo modo, qué tan relevantes serán los pronósticos del banco central para guiar al mercado. Lo anterior podría generar mayores deferencias entre los gobernadores que deciden la senda de las tasas de interés e impactar los niveles de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos.

Por fortuna, la Corte Constitucional de Colombia ha dado pasos importantes para esclarecer este equívoco al señalar expresamente que el subsidio familiar no es recurso del Estado y que su único titular es el trabajador y su familia. En consecuencia, ha advertido que esta prestación no puede utilizarse para financiar política pública. Sin embargo, hoy subsiste una dificultad conceptual, y es que, para llegar a esa conclusión y ante la imposibilidad de encuadrar esta figura laboral en un esquema fiscal, la Corte ha sostenido que se trataría de un “parafiscal atípico”. La categoría resulta problemática: ningún tributo puede ser atípico, pues necesariamente debe encontrarse definido por la ley como expresión del poder fiscal del Estado. Admitir lo contrario implicaría aceptar la creación de contribuciones parafiscales por vía de interpretación, lo cual resulta incompatible con los principios básicos del derecho tributario.

Por tal razón, vale la pena profundizar en la distinción entre prestación social y gravamen parafiscal, pues no son lo mismo, aunque ambas erogaciones tengan origen legal. La prestación social constituye un derecho laboral irrenunciable del trabajador, protegido por el artículo 48 de la Constitución. El tributo, en cambio, equivale al deber de todo ciudadano de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, bien bajo el principio de universalidad y con criterio de solidaridad —como ocurre con los impuestos— o con destinación específica para promover una actividad económica determinada, como sucede con las verdaderas contribuciones parafiscales.

Con independencia de la elasticidad con la que se ha utilizado el concepto de parafiscalidad en Colombia —muchas veces más por conveniencia que por rigor jurídico—, lo cierto es que no todo pago obligatorio ordenado por la ley es un tributo. Este aspecto ha sido objeto de amplias discusiones en sistemas jurídicos como los de Chile o Francia, donde se ha concluido que los aportes destinados a la seguridad social y a la protección social no comparten la naturaleza jurídica de los tributos. En Colombia, el propio Consejo de Estado ha venido advirtiéndolo cuando su Sección Cuarta, frente a demandas relacionadas con aportes al sistema de seguridad social, ha remitido los asuntos a la Sección Primera de la Corporación, al señalar falta de competencia por considerar que no se trata de contribuciones parafiscales —es decir, de tributos—. La claridad en este punto resulta cada vez más necesaria, dado que con creciente frecuencia el subsidio familiar es visto por los distintos gobiernos como fuente de recursos para financiar programas públicos que, aunque puedan ser urgentes o necesarios, no son responsabilidad del trabajador ni de su ingreso laboral, sino del Estado mediante impuestos y contribuciones diseñadas conforme al principio de solidaridad.

Un ejemplo particularmente revelador de esta confusión se encuentra en el artículo 217 de la Ley 100 de 1993, que ordena a las cajas de compensación familiar girar hasta el 7 % de los recursos del subsidio familiar al Adres para contribuir al sostenimiento del régimen subsidiado de salud. Aunque la norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, esta decisión plantea tensiones evidentes: si el subsidio familiar fuera realmente una contribución parafiscal, sus recursos solo podrían destinarse al sector que los aporta y, en ningún caso, a población vulnerable no trabajadora, para la cual se destinan recursos recaudados a título de impuestos con destinación universal en virtud del principio de solidaridad. Pero si, como en realidad ocurre, se trata de una prestación social de titularidad del trabajador, el punto es aún más problemático y evidente: por un lado, se detrae parte de esos recursos para financiar asuntos distintos de aquellos para los cuales la prestación fue concebida: soportar las cargas familiares del trabajador formal y, por otro, se desconoce que el financiamiento del régimen subsidiado de salud responde a un modelo mixto al cual ya concurren tanto el Estado —a través de impuestos— como trabajadores y empleadores mediante los aportes obligatorios que efectúan al sistema de salud. En efecto, del 4 % que aportan los trabajadores y del 8,5 % que aportan los empleadores al sistema de salud, un porcentaje se destina al sostenimiento del régimen subsidiado, con lo cual el sostenimiento del régimen subsidiado de salud está cargando por doble vía los ingresos de los trabajadores y los aportes de los empleadores. En la práctica, el mismo hecho económico —la nómina laboral— termina soportando múltiples cargas destinadas al mismo propósito, lo cual no solo desdibuja la naturaleza jurídica de la prestación social, sino que se erosiona la frontera constitucional entre el derecho del trabajador y el poder de imposición del Estado.

Aceptar que el subsidio familiar pueda ser al mismo tiempo una prestación social y un gravamen parafiscal conduce a una consecuencia institucionalmente peligrosa: convertir un derecho laboral de los trabajadores en una fuente disponible para financiar gasto público. Y ese no es un peligro menor. Si se desdibuja la frontera entre lo que pertenece al trabajador y lo que corresponde al Estado, se termina legitimando que recursos destinados a proteger el ingreso de las familias trabajadoras sean tratados como caja fiscal.

*Presidenta de Asocajas.

Cepeda reaccionó rechazando públicamente cualquier presión sobre el electorado y pidió investigaciones. Hizo lo mínimo que cualquier candidato democrático está obligado a hacer. Pero cuando estructuras armadas aparecen promoviendo una candidatura presidencial mediante amenazas e intimidación territorial, el debate no puede agotarse en un comunicado de prensa. Debería traducirse en acciones concretas para garantizar transparencia electoral en las zonas mencionadas, desde verificaciones independientes hasta acompañamiento reforzado de organismos de control y observación electoral. Quien aspira a gobernar no puede limitarse a negar una relación ilegal. También tiene la responsabilidad política de despejar cualquier percepción de beneficio derivado del miedo.

En un Estado de derecho no basta un audio ni una sospecha para destruir políticamente a una persona. El derecho penal colombiano exige pruebas de coordinación, financiación, instrucciones o acuerdos concretos para atribuir responsabilidad a un candidato. Y debe seguir siendo así. Lo contrario abriría la puerta a que cualquier grupo armado intente contaminar campañas rivales mediante apoyos oportunistas o declaraciones interesadas.

Sin embargo, el hecho de que el estándar jurídico sea alto no elimina la distorsión democrática.

El Código Penal castiga el constreñimiento al sufragante y existen herramientas para investigar alianzas criminales entre políticos y estructuras armadas. Colombia además ha construido mecanismos importantes de prevención electoral, desde alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo hasta mapas de riesgo de la MOE, comisiones de seguimiento electoral y esquemas especiales de seguridad para candidatos. La dificultad no es la ausencia absoluta de instrumentos, es que esas capacidades siguen siendo limitadas para corregir oportunamente distorsiones producidas por el dominio territorial de grupos armados.

En varias regiones del país la competencia política ocurre bajo condiciones profundamente desiguales. Hay municipios donde algunas campañas reducen eventos públicos por razones de seguridad, donde líderes sociales son amenazados por expresar preferencias políticas y donde comunidades enteras terminan condicionadas por actores armados que regulan aspectos cotidianos de la vida local. En esos contextos, la presión armada puede alterar el ambiente electoral incluso sin que exista una coordinación directa y demostrable entre un candidato y una estructura criminal.

Ese es el principal vacío institucional.

El sistema colombiano aprendió, después de la parapolítica, a reaccionar frente a pactos explícitos entre políticos y grupos armados. Lo que todavía no ha logrado resolver adecuadamente son las zonas grises donde el beneficio político derivado de la intimidación existe, pero la responsabilidad jurídica resulta extremadamente difícil de probar. El derecho penal está diseñado para sancionar acuerdos verificables. Las democracias, en cambio, también pueden deteriorarse mediante incentivos indirectos, silencios territoriales y restricciones informales a la competencia.

Por eso la discusión no debería limitarse a si Iván Cepeda cometió o no un delito. Hoy no existe información pública suficiente para afirmarlo. La discusión más útil es otra. ¿Cómo protege el Estado la igualdad democrática en territorios donde el miedo condiciona el ejercicio de la política sin dejar necesariamente evidencia suficiente para una condena judicial?

La respuesta no pasa por inventar nuevas instituciones, sino por fortalecer y coordinar mejor las que ya existen. Las alertas tempranas y los mapas de riesgo suelen identificar con anticipación municipios vulnerables, pero muchas veces esa información no se traduce en medidas visibles para la ciudadanía ni en acciones rápidas sobre el terreno. Colombia necesita mecanismos más transparentes de seguimiento electoral territorial durante las campañas presidenciales. Informes periódicos sobre restricciones a la actividad política, denuncias verificadas de presión armada y afectaciones al ejercicio de campañas ayudarían a visibilizar un fenómeno que con frecuencia permanece fragmentado y disperso entre distintas entidades.

La amenaza para Colombia no es únicamente la posibilidad de pactos criminales. Es la normalización de territorios donde las ideas no compiten bajo las mismas condiciones. Y aunque esa presión no siempre deje pruebas suficientes para una condena judicial, sigue siendo una forma de desigualdad democrática que el Estado colombiano todavía no ha sabido enfrentar con suficiente eficacia.

Colombia impidió que Venezuela tratara de hacerse a todos los espacios marítimos en el Caribe Oriental, no obstante que, con sus ingentes recursos acreditó misiones diplomáticas, ayudó económicamente y vendió petróleo a muy bajo precio a los países de la subregión.

El diferendo aún no resuelto sobre la delimitación marítima en el Golfo de Venezuela y sus áreas adyacentes, así como los tratados de delimitación marítima concertados por Colombia con Haití, República Dominicana y Jamaica, impidieron el mare nostrum venezolano en el Caribe Oriental.

Cuba tiene desde hace décadas una tradición de cooperación militar y económica, antes con la Unión Soviética y ahora con Rusia. Aunque sin aspiraciones territoriales, ha tenido una influencia política fundamental en el Caribe, incluyendo a Centroamérica y naturalmente a Venezuela. Ha utilizado la educación, la medicina y la cooperación en caso de desastres naturales, para consolidarla.

Nicaragua, con un régimen presidido por Daniel Ortega y su combo que desde 1979 controla el país, pretendía todas las áreas del Caribe occidental hasta encontrar al oriente la jurisdicción marítima venezolana.

Nuestro país, sin embargo, se le atravesó a Nicaragua y no solo consolidó su soberanía sobre la totalidad del archipiélago de San Andrés y todos los cayos, que eran pretendidos por Jamaica, Nicaragua, Honduras y los Estados Unidos, sino que aseguró su jurisdicción marítima en el 64 % del Caribe Oriental.

El Gobierno nicaragüense, no se resigna todavía a abandonar sus recónditas pretensiones sobre el Archipiélago de San Andrés, que datan de 1890, no obstante que hayan mediado tratados y fallos de la Corte.

Ortega tiene ahogada a Nicaragua con una dictadura hereditaria y ha arremetido con todo contra los que se atreven a disentir. Sin embargo, parece que Estados Unidos no le pone demasiada atención. No obstante que ha entrado en vigor un acuerdo de cooperación militar que concertó con Rusia y que incluye entrenamiento conjunto e intercambio de inteligencia entre ambos países. Además, con alguna frecuencia buques de guerra y altos jefes militares rusos visitan al país.

Es así como, en este rompecabezas, Putin ha logrado sutilmente colocarse en ‘el primer círculo de defensa de los Estados Unidos’. No olvidar que nosotros estamos en él. Veremos qué pasa en el futuro inmediato.

Últimamente he escuchado repetirse una idea con una tranquilidad que me inquieta profundamente: que la moral y el derecho son mundos separados. Que una cosa es la ética y otra la norma. Que el derecho debe limitarse a aplicar reglas y no a preguntarse por lo justo. Y eso debería preocuparnos más de lo que creemos.

Y sí, esa postura tiene sustento teórico. El positivismo jurídico, desarrollado por autores como Hans Kelsen o H.L.A. Hart, defendió la idea de que el derecho podía analizarse independientemente de la moral. Que una norma no deja de existir porque sea injusta. Que no todo lo inmoral es ilegal.

Hasta ahí, la discusión filosófica es válida. Pero el problema empieza cuando esa distinción deja de ser una herramienta académica y se convierte en una forma de entender el poder.

Porque una cosa es distinguir entre moral y derecho. Y otra muy distinta es expulsar la moral del derecho. Porque cuando la moral sale del derecho, el ser humano sale con ella, esto nunca sale bien. Y entonces la justicia deja de preguntarse qué protege, qué dignifica o qué límites jamás deberían cruzarse. Solo empieza a preguntarse si el procedimiento fue correcto.

Ese es el verdadero abismo. Rebobinemos. Los mayores actos de violencia y abuso de la historia ocurrieron precisamente cuando el poder decidió separarse de toda obligación moral. Cuando los seres humanos dejaron de verse como personas y comenzaron a verse como cifras, amenazas, enemigos, razas inferiores o simples obstáculos políticos. La esclavitud fue legal, las leyes de Núremberg fueron legales, el apartheid fue legal.

Millones de personas fueron perseguidas, clasificadas, encarceladas, torturadas y exterminadas bajo sistemas jurídicos completamente funcionales. Había jueces. Había tribunales. Había normas. Había decretos. Había legalidad.

Y aun así había horror, esto que paso debería seguir consternándonos hasta hoy.

Por eso me preocupa tanto la idea de un derecho moralmente vacío. Porque la historia ya nos mostró lo que ocurre cuando la ley deja de tener como centro al ser humano. Ocurre que el derecho deja de proteger personas y empieza a proteger poder. Y de esas heridas, la humanidad casi nunca logra levantarse intacta.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entendió algo fundamental: el derecho no podía volver a convertirse en un arma contra los mismos seres humanos que debía proteger.

Por eso nacen los sistemas internacionales de derechos humanos. Por eso se crean tribunales internacionales. Por eso aparecen declaraciones universales, tratados, cortes y límites supranacionales.

Porque la humanidad entendió que incluso los Estados podían cometer atrocidades perfectamente legales. El siglo XX nos dejó una lección brutal, el Estado y el derecho también pueden convertirse en amenaza.

Y por eso el derecho tiene múltiples teorías, como la iusnaturalista: hay derechos que ningún poder puede tocar, incluso si logra convertir el abuso en ley.

Ahí está el verdadero corazón del derecho moderno. Nació para proteger seres humanos del abuso del poder. Por eso los derechos fundamentales no son simples adornos constitucionales, son barreras morales y la base de muchos sistemas jurídicos.

El derecho a la vida, la dignidad humana, la igualdad ante la ley, la prohibición de la tortura, el debido proceso. Nada de eso existe porque el Estado sea bondadoso. Existe porque sin importar cual se la ideología de las personas, la civilización humana realizo un consenso de qué es lo mínimo que deben de tener. Y todas esas son decisiones profundamente morales.

De hecho, incluso las constituciones que se presentan como ‘neutrales’ están llenas de moralidad. Proteger la vida es una decisión moral. Prohibir la tortura es una decisión moral. Reconocer que ningún ser humano puede ser tratado como objeto del Estado es una decisión moral.

El derecho jamás ha sido moralmente neutro. Nunca lo fue. Solo hay sistemas jurídicos que esconden mejor sus valores que otros.

Leo Strauss advirtió algo profundamente perturbador sobre esto. Decía que cuando una sociedad abandona toda idea de bien y de mal objetivos, termina perdiendo también la capacidad de distinguir entre justicia y abuso. Todo se vuelve relativo. Todo depende del poder que no tiene frenos, de la utilidad o de quién tenga la capacidad de imponer su versión de la legalidad.

Y cuando eso pasa, la democracia y la tiranía empiezan a separarse cada vez menos.

Que algo deje de parecernos correcto simplemente porque fue aprobado; que el ciudadano ya no sea visto como una persona con dignidad, sino como alguien sometido a normas. Por eso me niego a aceptar que la moral sea apenas un adorno del derecho.

No lo es.

Es su límite.

Es su conciencia.

Es su brújula.

Porque el derecho no regula máquinas, regula seres humanos. Y el ser humano no es solamente un sujeto político o biológico, es un ser moral por naturaleza. Tiene conciencia, empatía, noción de justicia y capacidad de reconocer el sufrimiento del otro. Por eso un derecho completamente vacío de moral puede ser brutal.

Ronald Dworkin lo entendió con claridad cuando explicó que los jueces no aplican solamente reglas, sino también principios. Eso mismo entendió la Constitución colombiana de 1991. Nuestra Constitución no es únicamente un conjunto de artículos, es una advertencia al poder, una promesa moral convertida en norma. El derecho está ahí para recordarle al poder que hay límites que no puede cruzar. Esa es la raíz moral del derecho.

Y ahí es donde esto deja de ser una discusión teórica entre abogados y se convierte en algo muchísimo más peligroso. Porque si quitamos la moral del derecho, el ciudadano desaparece del centro del derecho. Ahí las normas dejan de proteger al ser humano y empiezan a proteger al poder. Y cuando eso pasa, el ciudadano queda solo frente a sistemas mucho más poderoso que su simple voz.

Como politóloga en formación, esto me preocupa aún más.

Aristóteles entendía la política como la búsqueda del bien común. No como una maquinaria para conquistar cargos, no como una estrategia para administrar intereses, sino como una actividad orientada al bien de la comunidad.

No al interés.

No a la conveniencia.

No a la imposición.

Porque un mundo donde se separa el derecho de la moral es también un mundo donde el poder aprende a hablar en lenguaje jurídico para no tener que responder en lenguaje moral.

Y esa es, precisamente, mi mayor distopía. No un mundo caótico. Un mundo perfectamente ordenado, donde el derecho positivo lo justifica todo y le sirve a cada quien para blindar sus actuaciones. Un mundo en el que los derechos fundamentales existen solo mientras la norma quiera reconocerlos y desaparecen en el momento en que el poder decide cambiarlos. Un mundo en el que nadie puede decir ‘esto está mal’, porque el único criterio válido pasó a ser ‘esto es legal’.

Ese mundo ya existió, se llamó de muchas formas; ninguna de ellas fue buena.

Por eso el derecho necesita a la moral como necesita al ser humano en su centro: no como decoración, no como retórica, sino como fundamento y límite.

Porque un derecho que puede justificarlo todo no protege a nadie. Es solo poder con mejor presentación. Y cuando el poder político deja de tener límites morales, la dignidad humana siempre termina pagando el precio. La historia ya lo demostró mas de una vez. Por lo que me parece totalmente valido hacernos esta pregunta: ¿cuál es el papel que queremos que jueguen la ética y la moral en los próximos gobiernos?

La tecnología nos permite hoy conocer las mejores rutas, saber dónde están los trancones y hasta programar nuestros viajes. Este sistema puede compararse con la realidad de Bogotá y Cundinamarca como región, y no hablo solo de movilidad; me refiero también a los demás asuntos que nos impactan a los ciudadanos, como los alimentos en nuestra mesa, la tranquilidad al movernos, el aire y el agua que aprovechamos, el acceso a los servicios públicos.

Estas dinámicas que nos unen y que plantean múltiples desafíos exigen atención y soluciones compartidas. Por eso, la Región Metropolitana construye el Plan Estratégico y de Ordenamiento (Planeo), la hoja de ruta que, en esencia, funciona como el GPS regional para orientar un destino común: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Así como estas plataformas digitales no operan por intuición, el Planeo tampoco se construye con percepciones aisladas. Su base son los datos y la evidencia técnica. Se nutre de la información aportada por los socios (Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, Soacha y Fusagasugá), y de estudios especializados como el de huella urbana y el de relaciones funcionales, desarrollado junto con Urbanpro y ONU-Hábitat, en los cuales se incluyen las dinámicas de todos los municipios de la región. Pero, sobre todo, incorpora las voces ciudadanas. Sin información confiable, cualquier territorio corre el riesgo de avanzar en la dirección equivocada.

Es muy importante aclarar algo: esto no se trata de una imposición ni de la pérdida de autonomía territorial. Igual que pasa con un vehículo, cada uno tiene sus llaves y toma sus determinaciones. Por supuesto, se necesitan vías conectadas y en el mejor estado para que todos puedan llegar a sus destinos a tiempo.

En escenarios académicos, comunitarios e, incluso, políticos —como los concejos municipales—, hemos reiterado desde la Región Metropolitana que cada socio conserva plenamente sus competencias y capacidades de decisión; Todos tienen el mismo peso. Aquí nadie se sube al vehículo del otro ni le arrebata el volante. El Planeo es una herramienta para coordinar rutas, evitar choques y avanzar con mayor eficiencia.

Ahora bien, el mapa debe configurarse de la mejor manera posible. Hoy, por ejemplo, el 75 % de los planes de ordenamiento territorial están desactualizados. A muchos nos ha pasado: eso es como transitar por una ruta rural que, aunque no se ve en el GPS, existe y es utilizada por varias personas.

Los desafíos son evidentes. Recientemente, presentamos el estudio de huella urbana mencionado en líneas anteriores —tema central de mi columna anterior en este espacio— que revela un panorama catastrófico en materia de expansión territorial y densidad demográfica. Recordemos que entre 1997 y 2024 Bogotá y 35 municipios vecinos crecieron el equivalente a un área construida de la capital, y la tendencia señala que podría duplicarse nuevamente al 2050, en muchos casos sobre suelos de protección ambiental y bajo una presión cada vez mayor sobre los recursos naturales y los servicios públicos.

Las cifras hablan por sí solas. ¿Sabían, por ejemplo, que las deficiencias en la conectividad vial y en la logística encarecen hasta en un 35 % el transporte de productos agropecuarios desde el campo hacia Bogotá?, ¿o que habitantes de municipios como Soacha o Facatativá gastan más de 100 minutos para llegar a un destino en la capital y que pueden destinar hasta el 25 % del ingreso mensual familiar en transporte?, ¿o que el corredor Sumapaz-Chingaza-Guerrero, que provee agua a más de 10 millones de personas, presenta vulnerabilidad hídrica alta en 9 de 14 de sus subcuencas?

Frente a este panorama, la tarea es urgente y necesaria. El Planeo busca reducir la desarticulación territorial, resolver problemas comunes que nos impactan en lo cotidiano, procurar un mejor mañana y garantizar la existencia de un futuro sostenible.

Retomando la analogía del GPS, este plan estratégico nos permite identificar alertas, anticipar riesgos y reconocer las situaciones relevantes u oportunidades que se pueden desarrollar, solo si actuamos de manera conjunta. El desarrollo regional exige visión compartida y coordinación.

Por eso, esta hoja de ruta —con horizonte inicial de 12 años— evita que transitemos en círculos, nos marca el norte, abre caminos, nos brinda un panorama prospectivo y, como un organismo vivo, permite recalcular la ruta de manera articulada, siempre pensando en las necesidades y expectativas de los ciudadanos, y con base en los datos y la evidencia técnica.

El Planeo, que tras el diagnóstico entrará en su fase de formulación, es un acuerdo entre iguales y su éxito dependerá de un principio fundamental: que todos los actores participen en igualdad de condiciones para proteger y potenciar el territorio.

Agradecemos a alcaldes, diputados, Gobernación de Cundinamarca, Bogotá, académicos, gremios y especialmente a los ciudadanos que contribuyen a construir esta visión colectiva.

Al final, compartir el viaje es la esencia de la Región Metropolitana. Transitamos por una ruta común y diseñada entre todos con el propósito de llegar al destino que queremos: el progreso y el desarrollo regional. Juntos llegamos más lejos.

Básicamente, se usa para describir el ciclo de vida de las plataformas en línea, que primero atraen a los usuarios con servicios gratuitos o subsidiados y, una vez alcanzan una masa acostumbrada a usar tales servicios, la relega en favor de clientes comerciales para, finalmente, exprimir a ambos grupos y maximizar sus beneficios.

Piense en cada cosa que alguna vez le haya gustado de Internet: de Amazon a Uber, de Netflix a ChatGPT. Al comienzo, eran la opción económica, expedita, divertida. Poco a poco, lo que se daba por sentado empezó a convertirse en un tier más alto, que a menudo conlleva un costo adicional.

La experiencia de compra de Amazon ha empeorado debido a un mercado saturado lleno de productos genéricos y resultados de búsqueda fuertemente influenciados por anuncios. Los días en que Netflix decía que “amar es compartir una contraseña” son cosa del pasado. Hoy usar Uber es una opción crecientemente costosa, en la que los cargos se acumulan y, pese a ello, no evitan las demoras, las cancelaciones y el mal servicio. Y ChatGPT se “apendejó” en una de sus actualizaciones, viendo cómo la superaban competidores que alguna vez pensamos inferiores.

Algunos de esos competidores, a su vez, han comenzado a elevar sus costos y limitar sus procesos.

Las plataformas tecnológicas triunfan cuando detectan una falla en los mercados tradicionales y una necesidad o dificultad que enfrentan los individuos y ofrecen una solución que los impulse a migrar su vida digital a sus servicios.

Mi cuenta de Facebook, por ejemplo, era simplemente una forma más práctica de mantener a familiares y amigos al tanto de mi vida. En lugar de enviar múltiples correos, o de esperar a que leyeran un blog, ahí estaba Facebook con actualizaciones ágiles para que todos supiéramos de todos. Hoy Facebook es una sucesión de mensajes virales llenos de nada, contenido patrocinado y AI slop en la que, con suerte, una de diez publicaciones roza algo parecido a lo que alguna vez fue una comunidad.

Eso es porque Facebook —y otras redes sociales como Twitter (OK, como X) o Instagram— actúan menos como redes y más como jaulas. La comunidad ya no cumple otro papel que ser el acumulado que cuesta dejar. Pero lo cierto es que la distribución de Twitter después de que la compró Elon Musk no garantiza ni que lo que un usuario publica sea visto por sus seguidores, ni que lo que publican las cuentas que sigue aparezca en su timeline por delante de los mensajes más virales, los patrocinados y los del propio Musk.

Meta ha utilizado su ventaja en el mercado para inundar los muros de noticias con contenido sugerido por algoritmos y anuncios, reduciendo la visibilidad de las publicaciones de amigos y familiares. Un estudio de la Universidad de Princeton sobre patrones oscuros en la web destaca cómo estas empresas utilizan interfaces diseñadas para manipular el comportamiento, que dificultan el cierre de cuentas o la protección de la privacidad.

El reparto de comida a domicilio ofrece otro ejemplo técnico. Innumerables empresas en docenas de países han quemado miles de millones de dólares de capital de riesgo para desplazar a la competencia tradicional mediante precios artificialmente bajos para el consumidor. Pero al alcanzar una posición dominante, las plataformas aumentaron los precios, añadieron tarifas de servicio opacas y redujeron los ingresos netos de los trabajadores.

El problema es que a pesar de la innovación que ostentan en otras áreas, en cuanto al modelo de negocio poco ha cambiado. Como el dinero viene de la publicidad y la publicidad se deriva del engagement, la tecnología publicitaria termina siendo el motor de la degradación. Google, que posee tanto las herramientas de compra como las de venta de publicidad y el mercado donde se intercambian, ha sido objeto de demandas por parte de la Comisión Europea por este motivo. La tesis es que cuando una plataforma controla el ecosistema completo, pierde el incentivo para innovar en calidad y se enfoca en la extracción de rentas.

Este patrón de comportamiento se apoya en lo que los economistas denominan “costos de cambio”. Son la suma del tiempo, el esfuerzo, las barreras psicológicas y hasta el dinero que le representa a un consumidor cambiar de marca, producto o proveedor. Los usuarios permanecen allí porque sus datos, sus contactos, sus fotos o sus canciones están allí, pero no porque el servicio sea satisfactorio.

Es verdad que todos estos no son problemas que hayan nacido con Internet, pero no cabe duda de que la arquitectura de Internet permite que estas dinámicas se ejecuten a una escala y con una velocidad sin precedentes. La modularidad que antes fomentaba la interoperabilidad ha sido sustituida por silos cerrados. Apple mantiene un sistema de pagos y una tienda de aplicaciones que operan bajo su estricto control —y con peaje del 30 % sobre las transacciones digitales— argumentando motivos de seguridad. Sin embargo, tribunales en diversas jurisdicciones han cuestionado si estas restricciones responden realmente a la protección del usuario o son una estrategia para impedir que surjan alternativas que ofrezcan mejores condiciones económicas.

Esto no solo es lamentable sino, en últimas, riesgoso, porque representa el fin de la era del crecimiento basado en la utilidad. La transición de una economía de servicios a una de extracción de datos y capital requiere un escrutinio que supere las promesas de los mensajes publicitarios. A menudo, lo que se presenta como una mejora en la seguridad o en la personalización es, en realidad, un mecanismo para dificultar que el usuario salga de la plataforma o para forzarlo a ver contenido publicitario, a pagar más, o ambas cosas.

La regulación estatal comienza a responder a estos desafíos mediante leyes como la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. No obstante, la capacidad técnica y financiera de las grandes tecnológicas para eludir estas reglas es considerable. La respuesta efectiva a la degradación de los servicios digitales debe combinar una legislación antimonopolio estricta con el fomento de estándares abiertos que devuelvan el control de los datos a los individuos.

Y, por supuesto, los usuarios debemos ser los principales heraldos de esta causa. Cuando el valor extraído supera la tolerancia de los usuarios y estos encuentran una vía de escape, a pesar de los obstáculos, el ciclo de vida de una plataforma llega a su fin. La historia de Yahoo o MySpace sirve como recordatorio de que ninguna posición es inexpugnable. El mercado tecnológico enfrenta una crisis de confianza derivada de la priorización del beneficio inmediato sobre la sostenibilidad del producto. Pero las empresas que deciden sacrificar la experiencia del cliente para satisfacer demandas financieras a corto plazo deberían recordar que ese camino conduce a la destrucción del ecosistema que las hizo exitosas.

Esa no es una virtud menor. Es, quizás, la más escasa en el ejercicio del poder. Su paso por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dejó una marca social imborrable. La implementación del programa de las 100.000 viviendas gratuitas diseñó soluciones habitacionales para las poblaciones más vulnerables y desplazadas del país, convirtiéndose en uno de los pilares sociales más tangibles de la época.

Como vicepresidente, asumió la agenda de infraestructura del país con una ambición que el mundo reconoció. Bajo su supervisión y liderazgo se dio marcha al programa de autopistas 4G que movilizó 1.200 kilómetros de vías nuevas, el cuarto programa de su tipo más grande en el mundo. Él entendió que la competitividad de un país se construye ladrillo a ladrillo, kilómetro a kilómetro. Y ahí estaba su verdadero carácter.

No era un hombre cómodo. Era exigente, directo, a veces incómodo para sus interlocutores. Pero esa aspereza era la de quien no tolera la mediocridad cuando hay resultados que alcanzar. Fuera del poder, era un lector voraz, un extraordinario hombre de familia, melómano, profundamente inspirado en la obra de Winston Churchill, ese otro hombre de carácter que entendió que liderar es resistir. Era también un animalista y un amante genuino de la naturaleza, dimensiones de su persona que quienes solo lo conocieron desde la tribuna política raramente alcanzaron a ver. En tiempos dominados por el marketing político, la indignación digital y la superficialidad, figuras como Germán Vargas Lleras recuerdan una verdad incómoda: gobernar exige carácter.

Su partida nos llega en un momento particularmente difícil para Colombia. Hay en todo esto una tristeza más profunda que el duelo por un hombre. Es el duelo por una cantera de líderes que este país no supo, o no pudo, aprovechar. Cada uno de ellos representó una versión de Colombia que pudo haber sido. El país que nos debemos.

Clemencia, Enrique, Socorro, José Antonio y familia: ojalá el dolor de estos días se vaya transformando en el orgullo de saber que Germán le entregó a Colombia lo mejor de sí mismo. Que descanse en paz. Y que su legado nos recuerde a todos los que quedamos la altura a la que debemos aspirar.