EDITORIAL: La guerra por la legitimidad

La purga de 30 oficiales del Ejército, entre ellos tres generales y diez coroneles, es la más grande en la historia por violación de los derechos humanos. Se hizo sin titubear y de cara al país. No se trataba de casos aislados, de manzanas podridas, de denuncias infundadas de ONG o de grupos ideológicos radicales. Esta vez, el Presidente, su Ministro de Defensa y el comandante en jefe de las Fuerzas Militares tuvieron que admitir, con franqueza pero con vergüenza, que sectores del Ejército estaban cometiendo actos tan atroces como asesinar y desaparecer a civiles inocentes para hacerlos pasar como bajas en combates con la guerrilla.

La caja de Pandora se destapó en Soacha, al sur de Bogotá, donde 11 jóvenes de barrios marginales desaparecieron y terminaron en una fosa común en Ocaña identificados como guerrilleros abatidos por el Ejército. Pero Soacha era sólo la punta del iceberg. Las desapariciones se estaban presentando en todo el país. Las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales de la Fiscalía y la Procuraduría estaban disparadas. Pasaron de 246 en 2004, a 458 en 2005, a 795 en 2006, a 911 en 2007. La película, en la mayoría de los casos, es escalofriante: se reclutaban jóvenes de escasos recursos, drogadictos, indigentes y ciudadanos vulnerables y sin fuertes vínculos familiares para asesinarlos y presentar 'positivos' ante los mandos superiores.

La esencia del problema es que en toda guerra se trastornan los valores morales de los combatientes y se incurre en excesos impensables. Sobre todo cuando la lógica del conflicto se mide más por el número de muertos que por la tranquilidad ciudadana. Esta situación ha llevado a nuestras fuerzas militares a la cultura del bodycount, inspirada en la guerra del Vietnam, y que llevó a la derrota a los norteamericanos en el sureste asiático por sus atropellos contra la población civil. Hoy en Colombia, el ascenso de un oficial se mide, en gran parte, por las bajas en combate. Si a esto se le suma una política de recompensas que premia el cadáver, se desemboca inevitablemente en excesos como el de los falsos positivos.

Frente a esta grave situación el gobierno cogió el toro por los cuernos. Y hay que reconocer que la decisión de la purga, además de histórica, fue valiente. En primer lugar, envió un mensaje claro y contundente de que no se tolerarán las violaciones a los derechos humanos. Y no sólo a quienes cometen estos crímenes, sino a todos aquellos que, por omisión, permiten que sus tropas desborden los cauces constitucionales. Para algunos oficiales, cuya responsabilidad es sólo política, puede ser devastador, y en cierta forma injusto, sobre todo después de que han puesto el pecho durante décadas en la defensa de la democracia. Sin embargo, los altos mandos no sólo deben responder por la eficacia en el campo de batalla, sino por la legitimidad de la institución castrense. Nadie discute que no hay guerras limpias. De lo que se trata es de salvaguardar el honor militar.

Para un sector de la opinión pública resulta incomprensible que los militares que le han servido a la patria, aun con ciertos excesos, acaben en la cárcel o condenados socialmente, mientras guerrilleros y paramilitares -que han matado y secuestrado durante años- son presentados como héroes, reciben recompensas y les ofrecen asilo en el exterior.

Sin duda son mensajes confusos y que se pueden ver como una exaltación de los bandidos y de la ilegalidad. Pero las guerras tienen dos caras. La cara de una sociedad que debe buscar fórmulas distintas a la dialéctica de la sangre y el plomo para combatir los grupos irregulares. Y de ser generoso con el enemigo que se rinde. De ahí la reducción de penas, recompensas y beneficios a quienes se desmovilizan. Y la cara de un Estado que nunca puede perder la legitimidad en su lucha contra la violencia y el terrorismo. Un Estado que, como lo personificaba un general británico, lucha con una mano amarrada debido al estricto respeto a los derechos humanos y el derecho humanitario. De ahí la firmeza contra los militares que cometen crímenes con el uniforme. Ese control garantiza que no sean los propios Ejércitos los que destruyan la democracia cuando maten en su nombre.

A pesar de que el Ministerio de Defensa ha diseñado una política de derechos humanos -elogiada incluso por Naciones Unidas- hasta ahora ha sido más un ejercicio retórico que un parámetro real para evitar los desbordamientos. Muchos de los procesos contra los militares por violación de los derechos humanos no prosperan, hay solidaridad de cuerpo o las investigaciones son interpretadas por algunos sectores retardatarios del Ejército como una 'guerra jurídica' de la guerrilla.

Incluso, en el interior de la Fuerzas Armadas, se ha generado una división frente al tema de los derechos humanos. Por un lado, hay una línea encabezada por el general Montoya, que todavía ve con sospecha las investigaciones de la justicia, protege a sus tropas, y cree todavía en el 'síndrome de la Procuraduría'. Su incuestionable eficacia militar -que lo convirtió en el héroe de la Operación 'Jaque'- es comparable al anacronismo de su visión de las fuerzas militares, más anclada en la Doctrina de la Seguridad Nacional que en la filosofía de las guerras modernas. La otra línea la encabeza el general Padilla de León, un hombre menos tropero, pero con una visión moderna y universal del papel de un Ejército en una sociedad en conflicto. Para Padilla, en esta etapa de la confrontación militar, con las Farc debilitadas, y con un control del territorio, los militares tienen que poner su legitimidad como su centro de gravedad, pues de la confianza que generen entre la población depende la consolidación de la política de seguridad democrática.

Pero más allá de los estilos de liderazgo de los generales, es necesario desmontar una cultura militar donde el fin justifica los medios y donde los 'positivos' son la tierra prometida para los ascensos, las condecoraciones y los permisos. Es indispensable cambiar de paradigma y buscar otros incentivos donde, como lo señaló Padilla, "es preferible un desmovilizado a un capturado, y un capturado a un muerto". Esto reforzaría el mensaje de que el respeto a los derechos humanos no es incompatible con los buenos resultados en las operaciones militares. Por eso, es de esperarse que los cambios en las normas, en el sistema de ascensos y de control interno, se reflejen en un cambio de cultura y de doctrina militar.

Las épocas de la Guerra Fría y de la doctrina de seguridad nacional quedaron en el pasado y son ingratamente recordadas por las naciones que sufrieron abusos de los miliares en nombre de la libertad. Sobre todo cuando se rompió el mito de que las sanciones y los escándalos de las fuerzas militares generan la desmoralización de la tropa y su estigmatización por la sociedad.

A pesar de los excesos, nunca como ahora los militares han tenido tantos recursos económicos, respaldo político y apoyo popular. El soldado de Colombia es hoy visto como un héroe de la patria. Y los resultados militares del último año, incluido el golpe espectacular de la Operación 'Jaque', demuestran que se está ganando la guerra. La nueva batalla ahora es por la legitimidad de nuestra fuerza pública, de su capacidad de conectarse con la sociedad civil, de conquistar 'el corazón y la mente' de la población, sin lo cual nunca se podrá ganar la guerra. Esta nueva guerra apenas comienza.