Agoniza la licitación pública

Sumamente grave que la Universidad de Cartagena, de acuerdo con la crónica 'La gran constructora', publicada en la edición #1.204, en su portafolio de servicios presente como ventaja comparativa la elusión de la Ley 80 de 1993.

La Sociedad Santandereana de Ingenieros considera que no es conveniente e incluso, puede convertirse en una competencia desleal, con sus egresados, que los centros de educación superior pretendan solventar sus penurias económicas, mediante el ejercicio de la construcción o la consultoría. El gobierno nacional y los entes territoriales si desean vincularse a la financiación de la Universidad Pública, deben promover la investigación en esos centros educativos, pues ellos cuentan con los medios idóneos para realizar con solvencia los trabajos, por supuesto remunerados que les puedan encomendar.

No se puede permitir que las universidades sustituyan las cooperativas de entes territoriales o las Agencias de Cooperación Internacional (OEI, Secab) sobre las cuales a buena hora se pronunció la Corte Constitucional el 16 de marzo de 2004, en su sentencia C-249.

Vale la pena que en la reforma de la Ley 80, tan aplazada, se tenga en cuenta el tema de los contratos interadministrativos, pues estos se han convertido en instrumento fundamental para decretar la muerte a la licitación pública.