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| 6/27/2009 12:00:00 AM

Cartas

Cartas, Edición 1417, Sección Cartas Cartas
¿Cuándo carajos?
Realmente hermosa en todos sus aspectos la edición de SEMANA dedicada a la confianza. Todo ha sido escrito y por consiguiente ya todo está dicho. Por lo demás, mañana formará parte de la basura, con excepción de los ejemplares que van a templar a los consultorios de todas las especialidades, en donde serán leídos por los ciegos, los mudos y los sordos, mientras me seguiré preguntando: 1. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? 2. ¿Y cuándo, carajos, tendremos confianza?

Bernardo Martínez Sanclemente
Cali

La palabrita del relator
La visita de Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias (SEMANA #1416) deja un sabor amargo en la fuerza pública, no por su presencia, que de hecho es valiosa, pero sí por la conclusión a que llega al señalar a los falsos positivos como un problema sistemático y estructural, es decir, concertado desde alguna posición de mando. Sin desconocer la realidad de lo sucedido, la percepción de Alston aumenta la sensación de inseguridad jurídica en el medio castrense, algo de lo cual poco se habla, pero que es una realidad.

Hoy, como nunca, las operaciones militares están enmarcadas dentro del principio de la legalidad, pero qué podrán pensar soldados y policías en el momento de enfrentar los grupos ilegales si cada captura o baja en combate les representa un engorroso proceso cuyas consecuencias son impredecibles, ¿acaso combatirán con la misma efectividad? Se sabe que las Farc y el ELN ya han dado instrucciones a sus hombres para procurar presentar cada muerte de uno de sus miembros como una ejecución fuera de combate.

Es indiscutible el temor de los militares de ser objeto de falsas acusaciones que se conviertan en lentas muertes morales que terminan desgastando oficiales, suboficiales y soldados, generalmente aquellos que han logrado mayores éxitos operacionales. En el momento de exigir resultados cuantitativos, ojalá la clase política y la sociedad recuerden por cuántas cosas, además del riesgo físico, deben pasar los militares y los policías en aras de preservar esa seguridad por la cual tanto se clama.

Capitán(r) César A. Castaño Rubiano
Bogotá

Fidelidad repartida
Admirador de la cultura francesa, cimentada en la pluralidad y en el rigor, siempre he sido; pero ex alumno del Liceo Francés, como se afirma en el artículo ‘El Francés en sus 75’ (edición #1415) no lo soy. Aunque mis tres hijos estudiaron en el Liceo y algunos de mis más interesantes proyectos están en ese colegio, soy bachiller del Colegio Anglo Colombiano de Bogotá. Mi fidelidad se reparte entre los agradables recuerdos que tengo del Anglo y la interesantísima experiencia de trabajar con el Estado y la comunidad francesa para mantener el Liceo en su sede actual.

Daniel Bermúdez, arquitecto
Bogotá

Doble moral
Me preocupa e incluso indigna cómo el secretario de comunicaciones de Palacio, Cesár Mauricio Velásquez, responde a los interrogantes de Gustavo Gómez (SEMANA #1410). Esa doble moral, la de rezar e ir a misa los domingos con la familia y en la semana reunirse en su lugar de trabajo con los enviados de paramilitares, asesinos confesos y causantes de muerte y terror en el país. Y la actitud asumida por consejeros presidenciales, amenazando periodistas. La gente en Internet, en sus comentarios, respalda a estos señores, califican a los hijos de Uribe como “muchachos trabajadores”, y las pruebas presentadas por Daniel Coronell parecen no ser suficientes, o lo triste, no se tienen en cuenta, no se leen, porque a ese grueso de la población, y a muchos en palacio, no les gusta que les digan la verdad, les incomoda. No les causa vergüenza, no la tienen, la perdieron hace mucho tiempo.

Fernando Salamanca Rozo
Bogotá

Una singular mezcla
El relevante artículo el ‘Pulso de poder’ (SEMANA, edición #1415), en el cual se advierte de los peligros de la crisis entre el gobierno del presidente Uribe y la Corte Suprema, puso sutilmente al desnudo las intenciones reeleccionistas a perpetuidad del gobierno, y de paso permitió suponer que la consigna en defensa de la perturbadora teoría falaz del Estado de Opinión, será: “Uribe siempre tiene la razón”, al mejor estilo de las tristemente célebres camisas negras.

De igual manera, confirma la creencia generalizada en que la génesis del inacabado desbarajuste institucional se encuentra en los fallos históricos que dictó la Corte Suprema frente a la para-política y la yidis-política, coadyuvados en gran medida por las valientes y fundadas denuncias de medios escritos como SEMANA, y que permitieran finalmente revelar a Colombia y al mundo las profundidades abisales de la corruptela oficial agenciadas por las dirigencias regionales del uribismo; así como notificar –y condenar a los implicados bajo su órbita–, en lo que concierne a las prácticas ilegales y politiqueras usadas de manera descarada por altos funcionarios del gobierno con rango ministerial, en su afán por apuntalar el acto legislativo que diera vía libre a la primera reelección del presidente Uribe.

Es por todo ello que ante las elevadas razones que le asisten al influyente semanario para pedir que se desactiven “los prejuicios, las teorías conspirativas y las guerras de comunicados”, cobra especial significado el hecho de que en cabeza de la Corte Suprema se encuentre actualmente el magistrado Augusto Ibáñez, cuyo talante parece responder a una singular mezcla de firmeza, sobriedad y gallardía. Sin embargo, no deja ser tentador parafrasear el pasaje bíblico y afirmar que el camino de la segunda reelección está empedrado de buenas intenciones…

Ramón Francisco García
Bogotá

Jugosas gabelas
En el artículo ‘¿Todos ponen?’ (Semana, 1416) se presenta la preocupante noticia de un nuevo gravamen tributario para cubrir el déficit de un billón de pesos que, según el gobierno, tendría su programa bandera, la seguridad democrática, a partir de 2011. Con esta medida se hace eco de sugerencias hechas en el pasado por Luis Carlos Sarmiento, presidente del mayor conglomerado financiero del país, el Grupo Aval, recientemente recogidas por el presidente de Anif, Sergio Clavijo, quien a nombre de esta asociación propuso ampliar dicho gravamen impositivo para patrimonios de 200 millones de pesos en adelante, lo que en la práctica equivale a extenderlo a toda la clase media.

Llama la atención la misma revista SEMANA del hecho de que han sido los mismos empresarios, abanderados de esta iniciativa, quienes de parte del gobierno han recibido jugosas gabelas tributarias con el argumento de la generación de empleo y que, el año pasado, hicieron que el fisco dejara de percibir 7,3 billones de pesos. Pero lo paradójico es que tales beneficios tributarios no se vieron reflejados en la generación de nuevos empleos. Todo lo contrario.

Mientras la tasa de desempleo ha crecido, las grandes empresas y las entidades financieras han registrado balances con ganancias billonarias. Si esto es así, la nueva propuesta tributaria del gobierno resulta inconveniente para la inmensa mayoría de colombianos, sobre todo en momentos tan críticos como los que vive la economía mundial y, por supuesto, el país, cuyo crecimiento económico será en promedio del 3,3 por ciento entre el presente año y 2014, según cifras oficiales consultadas por SEMANA. Si no queremos aumentar los índices de iniquidad, el gobierno debe buscar otras estrategias como la de gravar verdaderamente a los terratenientes y a todos aquellos que, en este gobierno, han sido beneficiarios de cuantiosas exenciones tributarias.

Más aun,antes que pensar exclusivamente en el programa de la seguridad democrática, el gobierno debería pensar en programas sociales urgentes como la salud, la educación, los más de tres millones de desplazados que viven en la inopia, entre muchos otros.

Juan Manuel Jaramillo U.
Manizales

De la Ministra de comunicaciones
En la edición #1415, ‘Los micos hacen fiesta’, se hacen afirmaciones que no corresponden al texto del proyecto de ley “por la cual se definen principios y conceptos sobre la Sociedad de la Información y la organización de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”.

Desde cuando fue radicado por mi despacho, en septiembre de 2007, siempre ha planteado que las telecomunicaciones son servicios públicos no de carácter domiciliario. El devenir sectorial, así como las perspectivas futuras, centra en las tecnologías móviles e inalámbricas las telecomunicaciones. Seguir pensando que son ante todo servicios domiciliarios significa desconocer una realidad tecnológica y de mercado.

El proyecto propone unificar la entidad competente para la inspección y la vigilancia de la competencia del sector de telecomunicaciones. Esta propuesta, consistente con la convergencia tecnológica que ha facilitado prestar múltiples servicios (voz, datos y video) por la red de un mismo operador, permite, entre otros, que los usuarios convergentes dejen de acudir separadamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para sus quejas y reclamos sobre servicios de telefonía móvil o Internet, según el operador, y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la telefonía fija.

De otro lado, en el proyecto la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones mantiene su espíritu regulador, con herramientas claras como la promoción de la competencia entre los operadores de telecomunicaciones y la protección de los usuarios. La CRT ha tenido y continuará con la facultad de regular las condiciones de acceso y uso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones, así como las responsabilidades de los operadores.

Por otra parte, sorprende que se califique negativamente la creación de la Agencia Nacional del Espectro, como ente asesor del Ministerio de Comunicaciones en el espectro radioeléctrico, estratégico recurso por ser escaso y limitado. Se habla de burocracia sin preguntarse cómo y con quién se ha pensado conformar dicha entidad técnica clave para el despliegue de nuevos servicios de telecomunicaciones.

Tal vez por desconocimiento sectorial se afirma que el proyecto de ley no ataca los problemas de fondo, y se olvida que este no considera los temas de televisión y así se plantea desde el artículo primero en el que se enuncia el objeto de la ley.

María del Rosario Guerra, ministra de Comunicaciones
Bogotá

Ausencia por vacaciones
N. de la R. En la presente edición de SEMANA no aparece la columna de Antonio Caballero, quien se encuentra disfrutando de unas cortas vacaciones.

Aclaración
N. de la R. En el artículo ‘En otras manos’ (SEMANA #1414), se menciona a la empresa Netsac como proveedora de servicios para EPM. Aclaramos que Netsac no ha prestado servicios de ‘outsourcing’ tecnológico a EPM, que ha recurrido a otras compañías con este fin.

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