Cartas

Absoluta impunidad
Mis más reconocidas felicitaciones por el artículo ‘Se cierra el círculo’, de la edición #1463. Si no fuera por la extraordinaria labor de investigación de sus periodistas en relación con las ‘chuzadas’ del DAS, este detestable operativo del dizque ‘Departamento Administrativo de Seguridad’ (DAS) hubiera quedado en la absoluta impunidad. Les reitero mi reconocimiento. También necesitamos urgentemente los colombianos un gobierno, o sea un Presidente en la Casa de Nariño, que no sea proclive a estos lamentables acontecimientos que nos dejan muy mal parados tanto nacional como internacionalmente.

Joaquín Emilio Duque V.
Bogotá

 
Seguridad y legalidad
En su artículo ‘La reestructuración de Santos’ (SEMANA #1462), el columnista Alfredo Rangel contrapone ?lo que él denomina el “falso dilema” de “legalidad contra seguridad”, al que –para él–es el “verdadero dilema” de “confianza contra inversión”, y para ello propone algunas razones. Si se formula bien el dilema apelando a la disyunción, las razones aducidas por Rangel pierden todo su peso, pues seguridad no es lo opuesto a legalidad.

De hecho, en la propuesta programática del candidato Mockus, a quien Rangel censura porque se equivoca y tiene el valor civil de reconocer sus errores aun a costa de votos, la política de seguridad no le es ajena, pues la protección de la vida es su propósito fundamental, solo que en ella –así se trate de minorías– el fin no justifica los medios y, en consecuencia, los ciudadanos y las autoridades deben actuar siempre dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

Hablar de “legalidad democrática” como una política orientada a crear el rechazo social a la ilegalidad no es asumir un maniqueísmo para dividir el mundo entre honrados (los verdes) y los corruptos (los demás), como lo sugiere Rangel. Se trata de ?tomar partido por uno de los cuernos de lo que debe ser el verdadero dilema: seguridad con legalidad o seguridad con ilegalidad. Sabemos que los ‘falsos positivos’, las ‘chuzadas’, la oferta de canonjías para obtener determinados fines (caso yidispolítica), la política del atajo, etcétera, son graves afrentas a la legalidad que, querámoslo o no, han desdibujado la imagen de la seguridad democrática.

Juan Manuel Jaramillo Uribe
Manizales


Una apreciable suma
Estoy un poco inconforme con el resultado de las operaciones matemáticas que presenta la edición # 1398, al referirse a la difícil situación de TransMilenio. Multipli-cando los 1.400.000 usuarios o los 1.610.000 por 365 días del año no encontré el resultado de 438 millones de personas que dijo el gerente de la empresa que se movían al año. Pero si multiplico esta cifra (438 millones) por el valor del pasaje, obtengo una apreciable suma que bien utilizada (el porcentaje que le corresponde al Distrito) con contratistas serios y profesionales, le permitiría a la Administración acelerar la compra de buses, mejorar los sistemas de ingreso y salida de las estaciones, evitar las larguísimas filas para la compra de los tiquetes y el arreglo de las vías (grave problema tratado en la edición de SEMANA #1398). Es imposible que el TransMilenio, como eje de movilidad de la ciudad, no tenga un equipo humano capaz de tomar decisiones y otro capaz de ejecutarlas.

José Álvaro Vargas Lancheros
Bogotá


Procesos constitucionales
Quienes hemos sido defensores de la libertad de prensa como instrumento para preservar la democracia hemos defendido no solo el derecho a informar, a investigar, a opinar, sino incluso a equivocarse y también a la crítica, así sea despiadada. Pero cuando la revista en una de sus secciones editoriales toma posición y además adjetiva, como en su sección ‘Sube y Baja’, por falta de información del comunicador, se comete lo que podemos llamar un error periodístico.

En el marco de la preparación de nuestra propuesta de reforma política, hemos trabajado propuestas que incluyen la apertura de dos espacios democráticos. Supone la existencia en los tres niveles del Ejecutivo: nacional, departamental y municipal, de una curul en Senado, Asamblea y Concejo o Cabildo Distrital para el segundo candidato perdedor en las elecciones inmediatamente anteriores, para que durante el cuatrienio siguiente su proyecto no se desvanezca y en cambio defienda las banderas de su partido como alternativa de poder. También propusimos que el gobernante saliente, presidente, gobernador o alcalde, durante el cuatrienio siguiente tuviese, con voz pero sin voto ni remuneración, un espacio similar para defender su obra de gobierno.

Jamás propuse un Senado vitalicio exclusivo para Uribe. Porque entre otras cosas, sería el único que no podría beneficiarse de una propuesta de tal naturaleza, porque se va en 90 días. Y cualquiera que entienda los procesos constitucionales sabría que se trata de una propuesta para los próximos gobernantes, en la que además –estoy seguro– el presidente Uribe no está interesado.

Roy Barreras, senador electo
Bogotá