Cartas

¡Qué desfachatez!

Como dicen ustedes en su artículo ‘Vergonzoso’ (SEMANA #1471), no hay derecho a que Íngrid Betancourt tenga la desfachatez de demandar al Estado colombiano. Es inconcebible que amparándose en su secuestro quiera obtener beneficios económicos después de que el Estado colombiano invirtió millones de pesos para traerla de la selva y rescatarla del trato inhumano al que la tenían sometida los terroristas de las Farc. Según parece, son varios los políticos liberados que quieren actuar de la misma forma. Desconocen de manera maliciosa todos los esfuerzos que han hecho nuestros militares y la sangre que derramaron buscándolos para liberarlos. ¡Qué vergüenza! ¿A dónde vamos a llegar?

Luz Eugenia Delgadillo
Manizales


Las reacciones no son las mismas

Con calificativos como “vergonzoso”, “indignante”, “puñalada al Ejército Nacional”, SEMANA, los medios de comunicación, autoridades y los colombianos en general han querido expresar su profundo malestar hacia Íngrid Betancourt y sus pretensiones frente al Estado colombiano. Y aunque algunas razones caben para esta molestia generalizada, no deja de ser, esto sí indignante, que frente a otros hechos de mucha mayor gravedad las reacciones no sean las mismas. Basta recordar el episodio de los llamados malintencionadamente ‘falsos positivos’ para observar que ni los medios, ni las autoridades, ni los colombianos en su mayoría expresaron su rechazo con ímpetu y rabia frente a este crimen de lesa humanidad, como lo hacen ahora con Íngrid. Sueño con un país y unos medios que titulen ‘Vergonzoso: siguen amenazando a las madres de Soacha’.

Fernando White Núñez
Bogotá
 

Se lo recomienda

Me reí mucho y disfruté hasta la última letra de la columna de Daniel Samper Ospina ‘Íngrid tiene huevo’ (SEMANA #1471). Excelente, se lo recomiendo a Íngrid Betancourt.

Yolima Uribe Lemos
Quibdó


Del embajador de Venezuela

Como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Colombia, deseo manifestar mi profunda preocupación ante los señalamientos realizados contra mi país en la edición #1471, en el artículo ‘¿El fin del santuario?’. Al mismo tiempo, quiero rechazar firme y categóricamente los pronunciamientos emitidos en dicho reportaje.

En el mismo, se hacen una serie de conjeturas que colocan en tela de juicio la responsabilidad del Estado y las instituciones venezolanas en la lucha contra el narcotráfico y su compromiso para acabar este terrible mal. Se pretende endosar a Venezuela un descrédito ajeno, al tiempo que se busca menoscabar nuestro gentilicio. El reportaje resalta afirmaciones tendenciosas, respaldadas en fuentes anónimas y en informaciones que no se corresponden con los hechos.

La finalidad de la presente es solicitar un espacio proporcional en la revista, para dar a conocer los logros y avances que hemos obtenido en esta materia, y a la vez dar respuesta a los señalamientos infundados que allí se hacen. Venezuela es una nación comprometida en la lucha contra ese terrible flagelo, que no reconoce nacionalidades ni fronteras, y es por ello que este tema no debería ser utilizado como arma política bajo ninguna circunstancia.

Como bien es sabido, el narcotráfico es una preocupación que compartimos con Colombia y el resto del mundo, y las actuales circunstancias exigen, de ambos lados de la frontera, actuar con suma transparencia y prudencia en el manejo de estos asuntos. Ello en aras de la hermandad que debe reinar entre nuestros pueblos.

Gustavo Márquez Marín, embajador
Bogotá


Absurda controversia

El comentario ‘Cepeda, pida perdón’ publicado en SEMANA (edición #1471), escrito por Alfredo Rangel, representa un absoluto exabrupto periodístico. Lo escrito por Rangel Suárez es absurdo al enfrentarse al electo representante a la Cámara por el Polo Democrático Iván Cepeda Castro, para controvertir un fallo que condena al Estado por el crimen del dirigente de la Unión Patriótica Manuel Cepeda.

Hoy en día es válido decir que lo que aconteció con Cepeda Vargas (un político asesinado en el marco del genocidio a la UP) fue un crimen realizado el 9 de agosto de l994, que ameritó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una condena contra el Estado colombiano. Los fallos de la justicia deben ser acatados en su integridad, y las controversias personales en torno a estos siempre serán inapropiadas. Ahora bien, a Alfredo Rangel, en su condición de abogado, no le queda bien controvertir fallos de la justicia y menos aún si estos son de la órbita internacional.

Jorge Giraldo Acevedo
Santa Marta