Cartas

Con estupefacción, decepción y desconcierto leí los artículos alusivos al señor procurador Alejandro Ordóñez (SEMANA n.° 1640). La escalofriante tesis de grado –de la que habló Daniel Coronell en su columna de opinión, titulada Presupuestos fundamentales del Estado católico– parece sacada de las épocas más oscuras de la Edad Media. Un personaje de esta naturaleza es lo más nocivo que puede existir en una democracia. El procurador debe entender que no es un obispo sino un servidor público que no puede abusar de su investidura constitucional. 

El artículo 13 de la Constitución Política reza: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.

 

Así que no es un favor que le pedimos al procurador cuando le decimos que no mezcle sus convicciones religiosas con sus funciones públicas sino que se trata de un mandato inexorable de la Constitución. Su sueldo sale de nuestros impuestos, incluyendo los que pagan los ateos, los homosexuales, los judíos y todas las culturas que a él le parecen pecaminosas y demoníacas. Pero, ¿qué podemos esperar de alguien que sin el menor remordimiento ha quemado libros al mejor estilo del sacerdote del Quijote? ¿Creía el hoy procurador que quemándolos iba a acabar con la libertad de pensar diferente? Qué equivocado está. 

Lo delicado es, como lo mostró SEMANA en su portada titulada ‘El poder del procurador’, que se trata de un hombre muy poderoso. Llevamos quinientos años de avances paulatinos en las libertades individuales, ¡No podemos volver a la Inquisición!

Permítanme unas precisiones al comentario ‘¿Ebrios o temerarios?’ en la edición n.° 1640: 1. La accidentalidad vial causa más lesiones y muertes que el conflicto armado interno, razón por la cual no se debe soslayar. Durante 2013 se han presentado 21.808 accidentes de tránsito, en donde han perdido la vida 3.933 personas y han resultado lesionadas 28.458. 

En comparación al conflicto, en lo corrido del año se han presentado 543 personas muertas y 677 lesionadas. 2. La accidentalidad vial no es solo cuestión de embriaguez. Igual y más importante son el exceso de velocidad y el irrespeto de los semáforos y de las señales de pare, entre otros. El 6,9 por ciento de los accidentes obedecen a la conducción en estado de embriaguez, el 10,9 por ciento a la desobediencia a las señales de tránsito y el 10,7 por ciento al exceso de velocidad entre otros.

Por eso el gobierno propone crear una conducta que incorpore varios factores de riesgo y no solo el alcohol, y sugiere llamarla conducción temeraria en lo administrativo y en lo penal. 3. Para efectos de las sanciones administrativas, propone multas mayores que se incrementen en razón del daño; igual con la inmovilización del vehículo y tiempos de suspensión de la licencia. 

En materia penal, que la conducción temeraria sea un agravante de las lesiones causadas a terceros, y en el homicidio equipararlo al homicidio simple ya existente, el cual da penas de 17 a 38 años de prisión y, como está establecido en el artículo 68 A del Código Penal, en caso de reincidencia se eliminan los subrogados penales. Lo anterior no es populismo como comentan algunas personas, ni adolece de creatividad como se sugiere. Corresponde a la sociedad decidir qué tanto censura la conducción temeraria y las lesiones y muertes que causa. Y en el marco de ese debate definir las medidas pertinentes

Como suscriptor desde hace varios años de SEMANA, he notado que para los columnistas no hay más temas que el procurador y sus correrías, o los escarceos izquierdistas de los izquierdosos, o los chistes flojos del sobrino del tío.

Entre tanto por la Justicia colombiana campea la injusticia, por la corrupción campea la impunidad, por los muertos de los borrachos al volante campea la libertad, por los niños y niñas violentados campea la indiferencia... Esos temas y muchos otros, no merecen la mirada de los ‘columnistas’ o ‘escribidores’ profesionales, porque ahí se les acaba la materia gris, o no se atreven a decir ni pío...

Me ha parecido magistral la entrevista que concedió el economista y politólogo James Robinson a SEMANA (edición n.° 1640). Es extraño que un extranjero sepa más de la realidad colombiana que los mismos colombianos. Comparto su postura de que las elites son las culpables de la problemática de nuestro país. Las tierras, los monopolios y los emporios industriales están en manos de unos pocos, sin ninguna restricción por parte del Estado. Siempre he pensado que esta guerra fratricida solo llegará a feliz término si el Estado reconoce su directa responsabilidad en el conflicto.

Y no me parecen tan descabelladas las pretensiones de las Farc cuando proponen una constituyente. Ese grupo al margen necesita una garantía inviolable para dejar las armas y hacer política desde la legalidad. También me parece acertado cuando James Robinson afirma que el pueblo colombiano no está preparado para la reconciliación y el perdón. Las Farc hoy por hoy están totalmente desacreditadas. 

Las han envilecido sus acciones extremistas y en parte la opinión pública – que todo ataque, protesta o acto vandálico lo atribuye a las Farc– hace que los colombianos veamos a sus miembros como terroristas con sed de poder y no como ideólogos con ilusiones reformistas. Debido a esa satanización, la izquierda moderada está deslegitimada y la confianza en sus ideas es débil y reticente. 

Si el presidente quiere la paz, me parece que debe empezar por desmontar la oligarquía, a la cual él mismo pertenece; así que la ilusión de la paz es más una quimera que algo realizable. Si leemos con atención la carta de Timochenko a María Jimena Duzán, encontramos un discurso menos radical y por supuesto verídico: la paz no es un simple acuerdo, una firma y unas concesiones precarias. Es la voluntad del gobierno de ponerle mano dura a los terratenientes y disminuir esta enfermedad crónica que es la desigualdad. 

Parece que el presidente ve la realidad del país desde los noticieros privados, pues acaba de firmar un decreto que les da 8 millones de pesos como prima a los congresistas; en este momento tan álgido de su gobierno, con la popularidad por el piso, esa jugada le va a salir bien cara.