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| 1/26/2004 12:00:00 AM

Competente para las acciones populares

En el artículo 'Pena capital' publicado en la edición 1.128, se asevera que "a todas estas, le pareció a Fernando Londoño una aliada.

Competente para las acciones populares Competente para las acciones populares
En el artículo 'Pena capital' publicado en la edición 1.128, se asevera que "a todas estas, le pareció a Fernando Londoño una aliada. Se trataba de la magistrada Ligia López, quien consideraba que el Consejo de Estado no tenía competencia para conocer del caso (.) Esa interpretación fue bastante controvertida, pues la magistrada López había sido ponente en el caso de Dragacol, en el cual en circunstancias bastante parecidas nunca planteó ella la posibilidad de que este organismo no tuviera competencia".

En primer lugar, es un irrespeto para la investidura ser citada como "aliada" de alguna de las partes porque como juez actúo con absoluta independencia, autonomía y plena convicción. En segundo lugar, siempre he manifestado que el Consejo de Estado es competente para conocer de las acciones populares y, en tercer lugar, el caso de Invercolsa es diferente al de Dragacol.

En el salvamento de voto del fallo que declara la nulidad de la enajenación de las acciones de Invercolsa expongo los argumentos de mi desacuerdo y que son, entre otros: 1. Al no vincular al proceso a todas las personas que tuvieron relación con la venta de las acciones se violaron los derechos de defensa, igualdad y, sobre todo, el de la buena fe; 2. En principio, un particular por sí solo no puede violar la moralidad administrativa; 3. Toda vez que el contrato nació y produjo efectos entre las partes y en relación con terceros, no era posible restituir las cosas a su estado anterior, usurpando de manera definitiva y no cautelar, la jurisdicción ordinaria y desconociendo la acción legalmente prevista; 4. La acción popular puede prosperar para volver las cosas a su estado anterior; sin embargo, en este caso la providencia solamente ordenó la restitución de las acciones y no del capital pagado, constituyendo un enriquecimiento sin justa causa para el Estado y premiando la negligencia de las entidades que no velaron por la democratización de las acciones.

EDICIÓN 1879

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