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| 6/19/2000 12:00:00 AM

De Jaime Buenahora para María Isabel Rueda

De Jaime Buenahora para María Isabel Rueda De Jaime Buenahora para María Isabel Rueda
En concordancia con nuestra conversación, permítame resumir tres o cuatro puntos relacionados con el párrafo que ha producido inmenso daño a mi honra, inserto en la columna titulada ‘El ossazo’, publicada en la revista SEMANA edición #938 (24 de abril-1 de mayo, del año en curso).

En primer lugar, quiero explicarle que el señor Castro en ningún momento dijo lo que usted pone en boca suya. Si leemos otra vez la ampliación de indagatoria del señor Castro, concluiremos que me menciona en relación con la Resolución Nº 818 del 18 de agosto de 1999, en virtud de la cual el presidente de la Cámara delegó en el director administrativo la contratación. Seguidamente aparece el párrafo que nada tiene que ver conmigo, pero que usted desafortunadamente utilizó para señalarme, toda vez que —según Castro— es el presidente de la Cámara el que le manifiesta cómo debía operar la contratación. No obstante, en ese párrafo paréntesis textualmente me coloca como vil razonero para la contratación.

Mi gestión en esta materia se limitó a estudiar la Ley 80 y la viabilidad de la delegación de la ordenación del gasto, con base en los parámetros señalados por la mesa directiva, que se había reunido el día anterior (17 de agosto del año pasado). El acto administrativo tiene fundamento legal. Y, por supuesto, con o sin delegación, las cosas tenían que manejarse correctamente. La Resolución 818 se firmó en agosto, no en diciembre de 1999. Lo digo porque la feria contractual se presentó a finales de diciembre, con los recursos provenientes del Fondo Interministerial.

Mi labor como asesor en la corporación estuvo orientada a temas legislativos. Tengo suficientes documentos que lo prueban. Organizaba los proyectos de ley, revisando la unidad de materia y el contenido para encaminarlos hacia las comisiones respectivas; absolvía asuntos constitucionales; daba respuesta a derechos de petición y algunas acciones de tutela; preparaba distintas intervenciones y discursos; estudiaba proyectos de ley específicos, como los relacionados con los distritos de Barranquilla y Santa Marta, o el de las regiones administrativas y de planificación.

La revisión de los documentos le permitirá concluir que vulneró mi honra y la tranquilidad de mi familia. Ante la opinión pública, me colocó como si hubiese participado de los bochornosos actos contractuales de la Cámara.

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