De Jaime Gilinski

El titular de su artículo sobre las irregularidades en que incurrió el Sindicato Antioqueño en la compra del Banco de Colombia, ‘Gilinski vs Sindicato’ (edición #987), desafortunadamente no refleja el alcance del asunto. Porque no se trata de un pleito privado.

Ninguna de las denuncias que recientemente han sido presentadas ante las autoridades colombianas constituye reclamación económica alguna. Por ello, las mismas no han sido precedidas de ninguna exigencia; de hecho en los últimos dos años no he tenido contacto alguno con los compradores del banco. Por estas razones mis abogados han interpuesto las correspondientes denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Superintendencia Bancaria por la toma de control de una institución financiera, que por sus características causó daño a miles de ahorradores colombianos, accionistas de Bancolombia S.A.

Ante las autoridades se ha demostrado que el Banco de Colombia fue prácticamente comprado con la cédula. Baste comprobar que de la capitalización ofrecida a la Superintendencia Bancaria por 150 millones de dólares, los accionistas sólo pusieron 90 millones de dólares. Por lo que la compra se llevó a cabo en buena parte con recursos del propio banco o con cargo a todos sus accionistas, que durante dos años no percibieron dividendos y vieron deteriorado el valor de su acción en gran medida por el esfuerzo financiero que significó la atención de un crédito millonario en dólares.

El resultado fue evidente; se socializaron las pérdidas y se ‘sindicalizaron’ los activos. Por ello no desfalleceré en demostrar ante la Superintendencia Bancaria y la Fiscalía General de la Nación, la verdad de los hechos. En sus manos está la responsabilidad de que el país conozca la realidad porque nadie podrá admitir que los ‘autopréstamos’ del pasado fueron malos y que las operaciones financieras de ahora están llenas de virtudes.

Para su redactor son denuncias viejas. Entonces, la pregunta es obvia: si se trata de los mismos cargos ¿por qué la Superintendencia de la época no actuó, a diferencia de la actual? Lo cierto es que el deber de denuncia no prescribe, como tampoco nuestra fe en la justicia y en las instituciones, en medio de la descomposición nacional.