Ex fiscal Luis Camilo Osorio responde por su gestión

México, D.F., 12 de febrero de 2007
Revista Semana
Alejandro Santos Rubino, Director


Apreciado señor Director:

El día 5 de febrero del año en curso, la revista, en buena hora bajo su dirección, en la sección “nota”, “el año de la verdad”, titula un artículo sobre mi gestión, así: “El fiscal de la discordia”. Sobra advertir que no se me hizo referencia previa a los cuestionamientos formulados. La publicación menciona servidores retirados por mi administración, otros nombrados por la misma y procesos que, según su editor, “no son claros”. Sobre cada uno de los temas, me permito responder, para su publicación.

Pedro Díaz y Pablo Elías González, salieron 72 horas después de mi posesión, ya que ocultaron que una decisión tomada por la Fiscal del caso en la Unidad de Derechos Humanos, había sido suscrita; y además, con mala intención se me propuso modificarla, si no la compartía. Este hecho se ha explicado al país una y otra vez durante los últimos cinco años. Pedro Díaz fue reemplazado por el doctor Alejandro Ramelli, académico de la Universidad Externado de Colombia, con título de Doctor en Derechos Humanos en España. A su vez, como Vicefiscal fue designado el jurista Gustavo Morales Marín, catedrático y autor de siete obras científicas en materia de investigación penal; todos los fiscales que en el mundo han sido, han designado un colaborador de su confianza, como Vicefiscal; también yo lo hice.
Lucía Luna y Mónica Gaitán, fiscales de Derechos Humanos, salieron ambas en condiciones muy particulares, voluntariamente de parte de ellas, y prácticamente sin anunciar su retiro. La primera, dejó carta de renuncia, la cual hizo efectiva ante sí, ya que estando en uso de vacaciones, no regresó a entregar el cargo; por su parte, la fiscal Gaitán también renunció; las dos salieron al exterior, para desarrollar actividades con instituciones internacionales.
César Rincón, fue un fiscal que prestó algún tiempo funciones en la institución durante mi administración; fue reemplazado por la fiscal Mariela González veterana funcionaria de fiscalía, con título en la Universidad Nacional, quien valientemente adelanta investigaciones muy complejas dentro de la Unidad de Derechos Humanos.
Luis Augusto Sepúlveda efectivamente manejó la investigación por el atentado contra el Congresista Borja; al momento de su retiro y en relación con esta investigación, se había vencido un término que, por fortuna, fue recuperado por su reemplazo, la Fiscal Claudia Milena Suárez; también eficiente Fiscal, quien por cierto, se hizo cargo de la investigación que condujo a los hallazgos de cadáveres por masacres de paramilitares en Sucre, investigación consolidada en mi administración.
Richard Maok Riaño Botina. Este técnico del CTI, de carácter administrativo, sin funciones de policía judicial, fue retirado; en efecto, es el mismo que le pasó información al congresista Petro y a su vez, sacado del país por intervención de Petro; había organizado fiscalía por cuenta propia y, por sí y ante sí: interceptó teléfonos, elaboró informes y produjo “investigaciones”, careciendo de competencia, sin orden superior, es decir, por fuera de la ley, lo cual dio origen a investigación en su contra.
En relación con Diego Rojas y Ana María Flórez, directores de oficina en el Valle del Cauca y Norte de Santander, respectivamente, quienes acreditaron título de idoneidad, conocimientos y experiencia al momento de su vinculación, no honraron la función como correspondía; fueron despedidos, pero previamente perseguidos por la propia fiscalía a mi cargo, para privarlos de la libertad, con fundamento en conductas que prestaron mérito para su vinculación en sendos procesos penales. Rojas fue detenido también bajo mi administración y Flórez huye de la justicia; esta orden de captura, fue dictada por mi despacho.
Alix Cecilia Daza, ex directora de Fiscalía en el Cesar, fue mencionada en las últimas semanas, con motivo de la separación del cargo del Coronel Mejía. Por estar cursando una investigación, lo único que puedo decir es: se trata de servidora que venía del poder judicial, por largos años vinculada como juez y magistrada de Tribunal, recomendada por sus propias ejecutorias en ejercicio de la función judicial.
Finalmente, Andrés Ramírez y Carlos Hernando Arias, ambos abogados Javerianos, catedráticos y reputados juristas, cumplieron funciones importantes en la Fiscalía; en su momento salieron de la administración, situación que ampliamente conoció el país y ellos explicaron ante los medios de comunicación y la opinión pública. El Vicefiscal Ramírez, es actualmente conjuez de la Suprema Corte, Sala de Casación Penal y Director de postgrados en Derecho Penal de la Universidad Javeriana.

Debe recordarse, señor Director, que la nómina de la Fiscalía se componía entonces, de abultada cantidad de servidores, más de veinte mil (por cierto, con eficiencia mayor, la reduje a 17.000).

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Masacre de Macayepo, Sucre. Los hechos tuvieron lugar el 14 de Octubre de 2000, fueron vinculados durante mi administración en el año 2002, Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena” y alias “Barreton”. El testimonio de Jairo Castillo no aparece en esta investigación, como lo afirma el editor de la revista, y la referencia a la investigación contra el Gobernador Salvador Arana, no es como se ha querido mostrar, exaltando sus virtudes, sino que al momento de hacer el análisis de la personalidad del sindicado, se advirtió, como obliga la ley en cada providencia, que en ese momento no tenía antecedentes penales y hasta entonces, gozaba de buena reputación.

Caso del ex ministro Carlos Arturo Marulanda. Efectivamente bajo mi administración se obtuvo su extradición a Colombia y una vez oído y valorado el acervo probatorio con su declaración, un Fiscal delegado ante el Tribunal, ordenó la libertad, en proceso donde en cambio, sí fue condenado su hermano por los mismos hechos (se recordará que el sindicado, al momento de los hechos no vivía en Colombia). Sin embargo, en mi administración y por acusación distinta, el ex ministro Marulanda sí fue condenado a pena privativa de la libertad (varios años), cuando resultaron pruebas contundentes por la autoría de otros hechos punibles.

Paramilitares en Urabá. El General Rito Alejo del Río, es cierto, fue investigado durante varios anos, y finalmente detenido por la administración Gómez Méndez, 10 días antes de que yo asumiera el cargo de Fiscal General. En cambio, no es verdad, así lo he afirmado repetidamente, que yo hubiera desautorizado a la Fiscal Luna, quien dejó en firme la detención ordenada por ella misma. La decisión de la fiscal Luna fue objeto del amparo constitucional, Habeas Corpus, interpuesto ante juez, el cual prosperó y dejó sin efecto la orden de la Fiscalía. Posteriormente mi despacho asumió la investigación, como lo afirma el editor, pero no es verdad que se haya archivado el proceso. Al contrario, hubo amplio debate sobre las evidencias recogidas de tiempo atrás; desde luego, observancia del debido proceso, acceso a la defensa, respeto por la presunción de inocencia y de todas las reglas fundamentales que se aplican en derecho, incluida la del in dubio pro reo. La investigación concluyó con decisión judicial de fondo: preclusión.

Masacre de Chenge. Estos hechos ocurrieron también, antes de mi administración, en Ovejas Sucre, donde se produjo el asesinato de 26 personas, incendio y saqueo. Fue vinculado alias “Cadena” y, también, se elevaron cargos contra la organización paramilitar, al mando de Carlos Castaño, a quien se dictó orden de captura. Se abrió investigación doble, una contra el General Quiñónez( fiscales ante la Corte ) y otra en la unidad de derechos humanos; resultaron vinculados varios oficiales de la Armada, también de la Policía, sin encontrar mérito para acusar al primero (para la fecha de los hechos se encontraba fuera de la jurisdicción). En este caso, igualmente, la decisión de la Fiscalía estuvo precedida de todas las formas procesales y garantías que constituyen derechos fundamentales para los sindicados.

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Señor Director, durante cuatro años correspondí al alto honor dispensado por la República para cumplir altas funciones de Estado, con responsabilidad, con justicia y buena fe. Sistemáticamente he venido recibiendo ataques que parecieran orquestados por una sola voluntad, porque son repeticiones que no alcanzarán jamás la condición de verdad, por el solo hecho de su reiteración . He explicado, que la mayoría de las masacres, ocurrieron antes de asumir funciones; sin embargo no fue óbice para continuar las investigaciones que venían y todas las demás, con seriedad y dedicación. Además de las mencionadas en el artículo, podrían agregarse las siguientes, que incluyeron actuación de fiscales bajo mi administración: Salado, año 2000 (condenadas 18 personas a 34 y 38 años y acusado Carlos Castaño), Ciénaga año 2000 (capturadas 24 personas y vinculado Jorge Tobar, alias “Jorge 40”). En San Onofre, Sucre, la Fiscalía ubicó casi un centenar de cadáveres, ordenó la captura de 15 paramilitares y vinculó a alias ”Cadena”; esta investigación, con otra iniciada también bajo mi administración, por hechos sucedidos en Barranquilla y atribuidos a paramilitares, dio origen al acceso de información que recientemente lograron la Fiscalía y la Corte Suprema y permitió la vinculación de algunos miembros de la clase política, sobre los cuales no existían evidencias (concretamente, el computador de “Jorge 40”).

Las evidencias que vienen apareciendo y continuarán, con motivo de los mecanismos de justicia y paz, lo cual incluye la verdad de los hechos y beneficios para quienes colaboren con la justicia, traerá como consecuencia, el acceso a pruebas antes no conocidas, que permitirán condenas contra los autores de los graves delitos atribuidos al paramilitarismo (el magnicidio de Luis Carlos Galán, apenas logró completar los elementos probatorios necesarios para formular acusación contra su determinador, después de 16 años de sucedidos los hechos).

Además, he dicho con verdad, durante mi administración hubo sistemática persecución de toda la criminalidad, que incluyó idéntica contundencia contra los paramilitares.
Las cifras muestran como multipliqué varias veces las actuaciones, en contraste con el período inmediatamente anterior, contra personas que conformaban dichos grupos (resoluciones de acusación contra paramilitares, de 306, pasó a 870, casi tres veces más; sentencias anticipadas, de 41 a 153, se multiplicaron por tres). He podido explicar todos los casos específicos de actuaciones concretas que arrojaron, entre otros resultados, la vinculación múltiple de cabecillas como Mancuso, Jorge 40 y Carlos Castaño y de muchos otros, autores de graves hechos. Lo propio aconteció en la persecución contra cabecillas de la guerrilla, del narcotráfico, los lavadores de activos (9 400 millones de dólares incautados) en fin, contra toda la criminalidad. Nunca antes se había ejercido la acción de extinción del derecho de la propiedad sobre tantos bienes como en mi administración (6 600 millones de dólares), ni perseguido la criminalidad con resultados efectivos de privación de la libertad a los autores de graves delitos, como entonces.

Parece que es hora de evaluación seria de una gestión , que con valientes servidores del Estado, fiscales e investigadores que arriesgaron su vida a diario, se logró consolidar, en complemento con la política de seguridad democrática, resultados que muestran la disminución de graves delitos como terrorismo, secuestro y homicidio (incluidas las masacres que se redujeron sustancialmente estos últimos años), cuyo resultado muestra que Colombia tiene uno de los indicadores de disminución de criminalidad, de mayor eficacia en el mundo.

Si a ello se agrega la plena vigencia de un sistema acusatorio, oral, en audiencia pública, de cara a los ciudadanos, ciudadanos que a su vez califican la actuación del juez, de la fiscalía y de la defensa; el cual ha mostrado eficacia en delitos gravísimos como el secuestro y asesinato de la hermana del ex presidente Gaviria, con condenas en firme en pocas semanas; el de una menor, cuyo autor en 17 días recibió condena de 40 años; el homicidio de un congresista, resuelto en pocas semanas; en fin, condenas contra narcotraficantes y asesinos que han recibido penas de 40, 30, 20 años de prisión (no propiamente delitos menores), en pocas semanas. Una justicia que pasa de 70%, casos demorados, al 70% de justicia rápida, que resuelve con agilidad, en 30 semanas, promedio, contadas desde los hechos hasta la sentencia, con calidad en la justicia impartida; menos gente en la cárcel, pero mayor cantidad de personas privadas de la libertad, por ser autoras de delitos, según sentenciada de juez competente.

Finalmente, afirmo: jamás he tenido relación con paramilitares (ni con delincuente alguno), no los he defendido, ni beneficiado como servidor, tampoco como litigante.

Del señor Director, cordialmente,





Luis Camilo Osorio