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| 5/8/2000 12:00:00 AM

Sobre la corrupción

Leí con interés (y lo archivé) el informe especial sobre la corrupción (SEMANA #928) porque coincide con aspectos contemplados en un estudio en proceso sobre conflictos aduaneros.

Sobre la corrupción, Sección Cartas, edición 936, May  8 2000 Sobre la corrupción
Leí con interés (y lo archivé) el informe especial sobre la corrupción (SEMANA #928) porque coincide con aspectos contemplados en un estudio en proceso sobre conflictos aduaneros. Entre ellos cito la corresponsabilidad del sector privado en los actos irregulares, la inestabilidad de los servidores del Estado como factor explicativo en muchos de tales actos, los rasgos del régimen requerido de sanciones y la convicción de ser posible la reducción de la impudicia en el largo plazo como lo creyó Gunnar Myrdal.

Estoy en desacuerdo con Martha Elvira Rincón y Clara Inés Ospina al sostener que la sociedad colombiana no castiga moralmente a los corruptos. Aquí surge, en ocasiones, el problema de la falta de eficiencia de la justicia tanto institucional como la paralela, es decir, la emprendida en los términos señalados en la Constitución y las leyes, de un lado, y la adelantada por los medios de comunicación. Las consecuencias de las equivocaciones de los dos esquemas judiciales indicados, en especial del segundo, suelen ser irreversibles e irreparables.

SEMANA enuncia las causas de la corrupción según varias universidades y entidades públicas y me refiero a dos: la ineficiencia y la discrecionalidad. A mis alumnos de comercio internacional, en la Tadeo Lozano, les comento que ciertos conceptos van juntos: el bien y el mal o, como recordaba Danilo Cruz Vélez, la teoría y la praxis con los antiguos griegos. En esta categoría entran la moralidad y la eficiencia y la ausencia de alguno de estos rasgos produce resultados desastrosos y similares.

Respecto a la segunda noción, creo que el Estado colombiano debe eliminar sus facultades discrecionales y reemplazarlas por la transparencia absoluta. La respectiva propuesta se formuló, sin éxito, a la Asamblea Nacional Constitucional de 1991, a través de la Asociación Colombiana de Agentes de Aduana.

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