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Un documento serio

Con gran preocupación leímos el informe de la Comisión de Periodistas relacionada con el asesinato de Orlando Sierra Hernández, publicado el día domingo en los más importantes medios impresos del país.

Julio Edison Ramos Salazar, presidente Consejo Seccional (siguen
18 de marzo de 2002

Con gran preocupación leímos el informe de la Comisión de Periodistas relacionada con el asesinato de Orlando Sierra Hernández, publicado el día domingo en los más importantes medios impresos del país.

Como ciudadanos y funcionarios judiciales rechazamos todo acto de violencia y particularmente cualquiera que trate de amordazar la libertad de prensa. Nuestro mayor deseo es que la justicia colombiana logre identificar y sancionar a los autores intelectuales de tan horrendo crimen, que ha puesto en peligro la estabilidad misma de nuestra democracia.

El Informe de la Comisión Especial de Periodistas es un documento serio que invita a la reflexión sobre los últimos acontecimientos políticos y de violencia en nuestra región. Sin embargo consideramos que se incurrió en una imprecisión cuando en el listado de entidades en las que supuestamente hay infiltración de la denominada coalición política, se hace mención del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas.

Al respecto queremos precisar que los magistrados y los empleados que pertenecemos al Consejo Seccional de la Judicatura no tenemos ningún tipo de relación o vínculo con organizaciones políticas. Los cuatro magistrados que integramos las Salas Administrativa y Disciplinaria fuimos seleccionados mediante un concurso de méritos, público y abierto a nivel nacional, para el cual se debió superar una prueba de conocimientos y una estricta evaluación de la hoja de vida. Los puntajes obtenidos en dichos concursos son el resultado exclusivo de nuestro mérito personal. Al ocupar los primeros puestos en el registro de legibles fuimos designados en los cargos que hoy ejercemos con la dignidad que los mismos conllevan. Por tanto, en nuestros nombramientos no hubo ninguna intervención o recomendación política, distorsión que no permite la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996).

Si en algo nos hemos caracterizado todos nosotros es precisamente por nuestra independencia y rectitud democrática, frente a las demás ramas del Poder Público y a las diferentes organizaciones políticas activas en nuestra región.

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