Una sombra de sospecha

En la edición #1.084 de su prestigiosa revista se ha publicado un reportaje con la señora Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el cual hace afirmaciones genéricas que lesionan la honra de todos los funcionarios del Inurbe. Sorprende la ignorancia de la señora Ministra sobre el funcionamiento del sistema de subsidio de vivienda, lo cual le ha hecho incurrir en el error de afirmar que se han concedido por el Inurbe subsidios a quienes no los necesitaban, y que "algunos de los directores regionales entregaban los subsidios a proyectos o viviendas que no cumplían con los requisitos con los que habían sido elegidos". Y concluye: "Esos 137.000 millones los tienen los bancos, y probablemente a los constructores que hicieron bien la tarea no les han pagado, porque encontramos que en el Inurbe, en el día que se movilizó la plata de Hacienda, muchos funcionarios sacaron de los cajones las facturas de ciertos constructores y las pusieron para que fueran pagadas primero". Al preguntársele quiénes son esos constructores, se limitó a decir: "No quiero entrar en detalles. Estamos investigando cuenta por cuenta".

Pues bien, la señora Ministra está en la obligación de dar los nombres de los constructores favorecidos y concretar las irregularidades que dice haber encontrado en el Inurbe, y denunciar a los responsables ante los órganos de control, pero no puede lanzar un juicio temerario sobre todos los funcionarios y entregar al escarnio público su nombre, porque ello encarna una conducta que demanda sanción judicial conforme a nuestro ordenamiento jurídico.