En vísperas de elecciones regionales, el Congreso de la República parece estar viviendo una época prolífica en radicación de proyectos de ley. Los senadores y representantes se han dedicado a presentar iniciativas, algunas de las cuales, en caso de aprobarse, podrían terminar costándole al país, especialmente en materia de empleo y finanzas públicas.

Si bien la mayoría de estos proyectos tienen buenas intenciones, expertos han señalado que esto podría terminar afectando aún más a los ciudadanos, pues los costos los terminaría asumiendo el Estado, es decir, todos los colombianos.

Por ejemplo, en este momento están listos para ser debatidos proyectos que podrían impactar la creación de empleo, como el que obliga a las empresas a dar almuerzo a los empleados, el que aumenta las vacaciones de 15 a 20 días, el que crea una licencia remunerada para quienes se casen.

A pesar de que estos beneficios son importantes para el trabajador, podrían generar el efecto contrario al desestimular la creación de empleo, al aumentar los costos de contratación.

A esto se suman las iniciativas que podrían costarle a las finanzas del país, como el que busca reducir el aporte a salud de pensionados que ganen hasta 10 millones de pesos (que podría costarle 3, 5 billones anuales al país) y eliminar el cobro por reconexión de servicios públicos, dinero que deberá pagar el Estado.

Esta tendencia a presentar y aprobar leyes que tienen impacto fiscal no es exclusiva de este Congreso.

Según se evidencia en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda, en 2021 se aprobaron 16 leyes con impacto fiscal, el monto involucrado es abultado: asciende a 1,5 billones de pesos y no es una plata que se deba rebuscar para un solo año y ahí pare de contar.