El presidente Iván Duque firmó el Decreto 830, el pasado 26 de julio, con el fin de ampliar el listado de los cargos públicos que tienen un alto riesgo de corrupción y lavado de activos.
La primera lista venía del 2016 y el Gobierno actualizó el listado cumpliendo una recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Se calcula que el nuevo listado abarca a unos 50.000 cargos públicos (antes la cifra estaba en 35.000), según cálculos realizados por la firma consultora Infolaft.
En el nuevo listado de las llamadas personas expuestas políticamente (PEP) aparecen cargos nacionales como:
- Oficiales y suboficiales facultados para ordenar gasto o comprometer recursos de las instituciones públicas.
- Directores y subdirectores de departamentos administrativos de la Presidencia.
- Ordenadores del gasto de corporaciones autónomas regionales.
- Tesoreros y ordenadores del gasto de altas cortes y tribunales.
- Ordenadores del gasto de la Fiscalía General.
- Directores de la Fiscalía General.
- Ordenadores del gasto de Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contaduría y Auditoría General.
- Notarios y curadores urbanos.
- Ordenadores del gasto de universidades públicas.
Estos cargos complementan el listado anterior, donde se encuentran el presidente de la República, la vicepresidenta, los ministros, los superintendentes, los generales de las Fuerzas Militares y de Policía, entre otros.