Los periodistas se encuentran alerta ante la posibilidad de que avance un artículo en la Ley Anticorrupción que impulsa la Fiscalía General y a la cual le falta un último debate. Se trata de un párrafo en el que se propone que haya cárcel para los funcionarios que filtren información que sea secreta y que, de ser aprobado en el Senado, implicaría una práctica a favor de la censura. El texto aprobado en tercer debate señala que: “El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantenerse en secreto o reserva, incurrirá en pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de veinte (20) a ciento veinte (120) salario mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por diez (10) años”. La violación a la libertad de prensa estaría dada por dos hechos. En primer lugar porque los funcionarios manejan información que, más que noticiosa, en la mayoría de los casos puede considerarse pública. En segundo término, porque no se le puede imponer a nadie la obligación de ‘no ser fuente‘ de información. En casos extremos, este artículo también podría implicar que los funcionarios tendrían una mordaza para denunciar situaciones irregulares, o presuntamente irregulares, que ellos consideren noticia.

2019-06-12

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