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| 2011/05/07

Les prohibieron la entrada

La Superintendencia de Industria y Comercio fue la semana pasada a allanar las oficinas de Julio Gómez, el controvertido contratista mencionado en el carrusel de la contratación. Él no se encontraba en sus oficinas y quien abrió la puerta les manifestó que no tenía autorización de dejar entrar a nadie y que el abogado de la empresa le había dicho que la única entidad que podía ordenar una inspección de esa naturaleza era la Fiscalía o la Supersociedades. Los allanadores, algo desconcertados ante este debate jurídico en la puerta, finalmente se retiraron. La multa por negarse a un allanamiento puede llegar a ser hasta de 100.000 salarios mínimos (53.000 millones de pesos). En la Superintendencia de Industria y Comercio se está diciendo que horas después había un camión de mudanza al frente de la oficina de Julio Gómez y que se llevó docenas de cajas.

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